Raíchali

Organizaciones llevan a la CIDH denuncias contra fracking

Arturo Contreras / Pie de Página

Un grupo de más de 120 organizaciones de América Latina buscará que la Comisión Interamericana de derechos Humanos emita un pronunciamiento internacional en el que advierta a los países del continente los daños que causa la extracción de gas por medio de fracking.

El próximo 3 de octubre la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking presentará una serie de recomendaciones ante la Comisión, que espera se extienda a todos los países de América para que se frenen las violaciones de derechos humanos que conlleva este modelo de extracción de hidrocarburos.

El fracking, que es usado ampliamente en Estados Unidos, pone en riesgo el derecho al medio ambiente y al agua de miles de personas en todo el mundo; ya que puede causar graves afectaciones a la tierra y a los mantos acuíferos, según sus detractores.

Además, las experiencias de muchas comunidades en diversos países señalan que el desarrollo de estos pozos expulsa a los habitantes de las comunidades en donde se instalan, sumado al ataque y criminalización que sufren aquellas personas que deciden hacer frente a estas amenazas en sus comunidades.

“Para nosotros es muy importante dejar claro que es un tema que afecta a muchos integrantes de la región, como Estados Unidos, Canadá y Argentina que son países donde el fracking ha aumentado bastante”, dijo en entrevista Claudia Campero, activista de la Alianza Mexicana contra el Fracking. “La situación en nuestro país es muy preocupante por lo silencioso que ha sido ese avance¨.

La Alianza Latinoamericana calcula que en la región existen más de 5 mil pozos, con una concentración fuerte en Argentina, donde se calculan más de 2 mil en operación; unos 180 en Chile y más de 3 mil en México, en donde la atención se centra en que estos proyectos se desarrollan sin avisar a las comunidades, con gran secrecía.

“En México, el fracking se ha realizado en la opacidad por años sin que las comunidades estuvieran al tanto del uso de la técnica en sus territorios, pero sufriendo las afectaciones al agua, los cultivos y la vida campesina y comunitaria”, dijo Alejandra Jiménez, también de la Alianza Mexicana.

La puerta para estos pozos en el país se abrió a partir de la reforma energética promulgada durante el actual sexenio. Y sus afectaciones a la calidad del aire y del agua han sido documentadas ampliamente en el norte de Veracruz.

Sin embargo, en julio, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su gobierno (que inicia el 1 de diciembre próximo) no se usará ese método extractivo y hace una semana, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que se revisarían este tipo de proyectos. “Habitantes de varios estados han expresado su inconformidad por el fracking, técnica de fracturación hidráulica para extraer gas natural, que conlleva impacto ambiental y de salud pública. En el Senado revisaremos a fondo esta práctica y actuaremos en consecuencia”, escribió en su cuenta de Twitter el líder del grupo mayoritario en el Congreso de la Unión.

Dos días después, la senadora Leonor Noyola Cervantes presentó un punto de acuerdo para solicitar a distintas dependencias información sobre los criterios de viabilidad ambiental y seguridad para otorgar los contratos de explotación mediante este método.

Para Campero, “es relativamente reciente que se ha logrado exponer la cantidad de pozos pocos que han sido fracturado en nuestro país y los daños documentales que se han dado en la región”.

La oportunidad que tiene ahora la Alianza ha costado años de trabajo. Esta es la tercera vez que presentan una solicitud de audiencia ante la Comisión y la primera que se acepta. Para lograrlo, en julio pasado organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron la solicitud.

“La importancia de la audiencia es que se van a poder destacar las afectaciones a los derechos humanos que causa el fracking”, asegura Campero, “alertar a los Estados en cuanto a sus obligaciones de proteger y respetar los derechos humanos de su población”.


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