Pedro Matías / Página3
Autoridades, comunidades, maestros y colectivos acordaron conformar el Frente Regional de la Sierra Sur en Defensa del Territorio, los Recursos Naturales y la Autodeterminación de los Pueblos, al tiempo que declararon a Miahuatlán territorio prohibido para la minería.
Pese a que el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Genaro Hernández, pretendió boicotear la asamblea realizada este miércoles 26 de septiembre, el auditorio de la localidad se llenó y aprobó participar en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca” a realizarse el próximo 11 y 12 de octubre en esta capital.
Ante el peligro que representa la concesión de 90 mil hectáreas de los Valles Centrales para la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp., comunidades indígenas y campesinas que conforman los distritos de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, convocaron al juicio popular.
El objetivo es hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros”.
Entre los acuerdos emanados de la asamblea que se realizó en Miahuatlán sobresalen que en una sesión de cabildo en ese municipio de la Sierra Sur se declare territorio prohibido para la minería; que no haya cambio de uso de suelo y que siga siendo indígena.
También acordaron que dos representantes de cada organización social, del magisterio de la Sección 22, las autoridades y colectivos le den seguimiento a la asamblea y busquen generar actas de otros pueblos de “no a la minería, aunque no sean territorios concesionados”.
Además, acordaron conformar estrategias para informarse de los impactos de la minería y que la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) realice una asamblea estatal sobre el tema de las minerías y la lucha por la defensa de los territorios.
El objetivo, reiteraron es “sacar a la minería del territorio, que se gobierne para todo el pueblo y se participe en el juicio comunitario en Oaxaca.
