“Tenemos miedo”, habitantes quedan en medio de explosivos lanzados con drones en Guadalupe y Calvo

Por Patricia Mayorga / Raíchali

“Tenemos miedo”, “No hemos podido pizcar maíz ni frijoles”, “todavía no ha llegado la seguridad”, “tenemos miedo porque no queremos que se peleen aquí cerca, están por alrededor del rancho y qué tal si nos tocan balas y a algunos de los niños”,  “desde aquí se escuchan ruidos cerca”, “estamos asustados, no podemos correr de aquí”,  “se escuchan los drones, aquí, se alcanzan a ver a ratos, andan por todo lados, parecen como una aguililla muy arriba”.

Esas son algunas de las expresiones de las personas que habitan comunidades y rancherías como Santa Tuilita, Puerto Riyito, Puerto de Ánimas, Puerto Rodríguez, Cinco Llagas, San Juan Nepomuceno, El Ocote, Agua Amarilla, Nabogame y otras más del municipio de Guadalupe y Calvo, al sentirse atrapadas por el fuego cruzado de los enfrentamientos entre grupos criminales. Durante una semana han solicitado día y noche que regresen los militares y policías a la región, de manera permanente, pero no les han escuchado.

De acuerdo con autoridades federales, han enviado a elementos del Ejército para resguardar comunidades pero no se dan abasto porque la disputa por el territorio entre dos grupos delictivos se ha extendido por todo el municipio.

Desde 2021 ingresó al municipio, ubicado en el Triángulo Dorado, un grupo identificado con La Línea, abrazo armado del cártel de Juárez que presuntamente teje alianza con el Cartel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con habitantes de la región. Desde junio de aquel año, sostiene una lucha por el territorio de Guadalupe y Calvo con el cartel de Sinaloa, que también se ha fraccionado. 

En medio de las negociaciones criminales han quedado las comunidades conformadas en su mayoría por los pueblos ódami y rarámuri, así como personas mestizas. En esa nueva etapa de violencia en Guadalupe y Calvo, éste se ha convertido en el municipio con más registro de personas desplazadas de manera forzada y masiva.

No hay cifras oficiales que determinan el número de personas desplazadas (algunas han retornado y otra más han tenido que salir de nuevo), ya que no hay un padrón detallado por el gobierno municipal, estatal ni federal, son miles de personas, principalmente ódami. 

Decenas de comunidades han quedado confinadas, es decir, alguno de los grupos mantiene el control de las salidas y entradas de las personas que habitan las rancherías, lo que ha impactado en la atención a la salud, a la educación y al ingreso de alimentos. 

En la zona de El Ocote, Nabogame y Agua Amarilla, han llegado a las casas de los habitantes para robarles sus camionetas y en algunos casos, para reclutar a hombres “para luchar por la tierra”.

Algunas camionetas las han encontrado en Tejamanil, una localidad que se ubica entre Nabogame y Puerto de Talayotes, dónde mantenían uno de los enfrentamientos. Otros vehículos más, no aparecen aún.

Tampoco hay clases en Agua Amarilla, solo en el Tele bachillerato. Los maestros se fueron por la inseguridad.

Santa Tulita, Puerto Riyito, Puerto de Ánimas, Puerto Rodríguez y otra comunidades vecinas se ubican al suroeste de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo. Al noroeste de la cabecera se ubican comunidades como Los Otates, Hacienda de Los Carrillo, San Juan Nepomuceno, entre otras de donde también han huido personas y otras más resisten en sus viviendas. Cinco Llagas se encuentra al oeste de Guadalupe y Calvo.

Quienes forman parte de los grupos han advertido a la gente que se desplazarán a otras localidades como Barbechitos, Choréachi o Pino Gordo y otras más. De Atascaderos, al sureste, también ha continuado el desplazamiento forzado de otras personas. 

En Puerto de Ánimas, Puerto Riyito y Santa Tulita, así como otras rancherías aledañas, la gente ha decidido resistir encerrada en sus viviendas porque se les dificulta adaptarse a ciudades y a otros pueblos más grandes. Por lo menos han permanecido encerrados una semana y los alimentos escasean. 

Hace más de una semana, acudieron autoridades municipales encabezadas por la presidenta Ana Laura González, para entregar despensas en Puerto de Ánimas. No llegaron a Santa Tuilta ni a otras localidades. A esta situación, se suma que el maíz que dejaron listo para preparar alimentos, se lo ha comenzado a comer el ganado. 

“Aquí escuchamos los drones, se escuchan recio. Ya han tirado cerca de las casas algunos. Se calman de represente, la seguridad no llega y luego continúan aventando bombas por los cerros”, dijo uno de los habitantes de esa región, el domingo pasado. Pero el martes por la mañana, ya se escuchaban arriba de las casas. El miedo incrementó.

“Hace como ocho días empezaron cerca, dos días estuvieron tirando eso, llegó la seguridad y se escondieron. Pero después se fue la seguridad y llegaron otras vez los drones. Queremos que venga seguridad otra vez y se quede una semana o meses, el tiempo que sea necesario hasta que paren. Son muchos los niños aquí, muchos estudiantes que quieren continuar las clases”, externaron madres de familia.

El lunes de esta semana, algunas maestras regresaron a rancherías para iniciar clases el martes. Sin embargo, por la madrugada se acercaron más los grupos para enfrentarse en plenas comunidades e inhibieron el retorno de las clases.

“Que venga la seguridad, muchas persona salieron un día pero ya volvieron con todo e hijos, no podían estar fuer porque les falta comida, cobijas. Hay más de 200 niños en estas comunidades, son muchos y quieren estudiar”, urge sus habitantes,.

“Así como estaban recorriendo (los militares) por todos lados estábamos bien, queremos que regresen para estar agusto. Necesitamos pizcar maíz y frijol, lo tenemos tirado, cómo lo vamos a tener tirado (…)  Esa gente viene del lado de Baborigame y de San Juan, los que están tirando (…) en la noche tiran también en los cerros, no puede uno dormir. Los niños están asustados, la mayoría de las mujeres se desmayan de tanto pensar, es como ya una enfermedad” (…) Todos estamos asustados, cómo le vamos a hacer”, expresan constantemente las personas que solicitan apoyo y que se han comunicado con Raíchali.

El martes, el clamor ya fue para que fueran a sacarlos de las comunidades, desean resistir pero la violencia no para, al contrario, incrementa, y no acuden los miltiares ni policías a resguardarlos ni para salir.

Este jueves 19 de noviembre llegó un convoy del Ejército mexicano a la capital de Chihuahua, pero hasta ahora se desconoce hacia dónde los desplegarán.

“No salimos de la casa por miedo a que nos tiren una bomba”, insistieron. Incluso se han comunicado con funcionarios federales que les aseguran que los militares están en sus comunidades pero ellos no los ven y sí escuchan las bombas lanzadas con drones.

“Nos prometen que va a llegar la seguridad y no llega. Y también tenemos miedo de que recluten a la gente porque fue la amenaza que hicieron, que iban a reclutar a hombres. Tampoco podemos ir al monte porque están en los caminos, nos siguen los drones”, han expresado habitantes de la zona de Santa Tulita, Puerto Riyito, Puerto de Ánimas y localidades aledañas.

Está mañana, habitantes de la región donde se ubica la comunidad de Correcoyote o Guadachique, reportaron que hay enfrentamientos cerca del lugar. Se ubica a una hora y media aproximadamente de Barbechitos

Como puede, la gente se organiza para resistir o para solicitar apoyo para salir, ya que son muchos los niños y las niñas que deben cuidar.

El fiscal del Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojosa, dió a conocer que han tenido reportes de enfrentamientos en El Ocote, pero que hasta ahora no tienen nada confirmado.

El funcionario recordó que ahí hay una base de operaciones de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), pero tampoco han confirmado los enfrentamientos.

Hinojosa dió a conocer que tienen identificados a varias personas que encabezan grupos delictivos que están operando en la región. Sin embargo, no hay personas detenidas.

Raíchali solicitó información también a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero no han respondido hasta ahora.

Misión Civil de Observación exigió seguridad para la gente

Las organizaciones que conforman la Misión Civil de Observación sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Chihuahua y la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea, hicieron un balance de la visita que tuvieron hace varias semanas en las comunidades desplazadas de la Sierra Tarahumara y exigieron a las autoridades que otorguen atención y seguridad a las comunidades.

“Durante décadas, las organizaciones civiles en Chihuahua y en México hemos documentado la problemática del DFI y acompañado a sus víctimas, principalmente de pueblos y comunidades indígenas, quienes no solo han experimentado el trauma del desplazamiento, sino que también han sido despojadas de sus territorios ancestrales, de sus bienes naturales comunitarios y de la posibilidad de ejercer con libertad y tranquilidad su identidad cultural y sus medios de vida”, señalan en un comunicado.

Destacan que la resistencia y la valentía de las comunidades han sido el ejemplo a seguir para las organizaciones acompañantes, en cuanto a la defensa de sus derechos humanos y comunitarios.

“No sólo han resistido a la violencia estructural y a la invisibilización, sino también a la negación oficialista de las violencias de que son víctimas, a la criminalización y al desprecio por sus vidas y su bienestar. Es por esto que la mirada internacional se ha posado sobre Chihuahua y sus pueblos desplazados: por la digna lucha y la resistencia que han sostenido, en algunos casos, durante décadas”.

En el comunicado refieren que la visita de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea es un efecto de la lucha de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las acciones de acompañamiento, denuncia e incidencia política de las organizaciones locales y nacionales que las acompañamos. Y agradecieron a la comitiva internacional por su visita a la Sierra Tarahumara, principalmente a Baborigame y Guadalupe y Calvo.

“Si bien los tres niveles de gobierno del Estado mexicano han otorgado respuesta a las comunidades desplazadas, particularmente en acciones urgentes y atención humanitaria, la respuesta institucional de los tres niveles de gobierno continúa siendo insuficiente en términos de condiciones dignas de vida, justicia y reparación del daño. En este sentido, no basta que se contabilicen las atenciones a las familias afectadas si no hay una estructura política y económica (leyes y presupuestos públicos) adecuada para la atención a las víctimas”, advierten.

Y denuncian que el Estado mexicano carece por completo de planes y programas que puedan dar soluciones a mediano y largo plazo, los cuales incluyen: elaborar un censo confiable, otorgar recursos económicos específicos, atención institucional diferenciada, pacificación de las regiones, investigaciones penales, restitución de tierras y regreso seguro de las comunidades a sus lugares de origen.

“Ante el panorama político y electoral en Chihuahua y México, la MCO reitera que la exposición mediática selectiva por parte del Estado mexicano no es suficiente: hace falta realizar acciones afirmativas que sean integrales, que más allá de atender la emergencia consideren el plan de vida de las personas afectadas, y la implementación de acciones a largo plazo. Desde el inicio de los trabajos de la MCO, e incluso años antes, la coordinación entre niveles de gobierno ha dejado mucho qué desear, así como la colaboración entre instituciones, la responsabilidad social y la voluntad política del aparato gubernamental en sus tres niveles: municipal, estatal y federal”.

Las organizaciones recuerdan que algunas familias víctimas de desplazamiento forzado tienen más de diez años en la defensa de sus derechos y buscando justicia. “Han expresado sus preocupaciones, sus dolorosos testimonios y sus exigencias a lo largo de los años a todos los gobiernos, sin importar el partido político al que pertenezcan quienes se encuentran en el poder. Aclaramos que una persona desplazada no deja de serlo hasta que se encuentren soluciones duraderas que restituyan sus condiciones de vida antes del desplazamiento, según lo establece el marco internacional de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas”.

Exigieron la actuación de las autoridades para para defender la vida, la seguridad y la dignidad de toda la población mexicana, como lo dicta la Constitución Mexicana, que la atención a las personas desplazadas no debe ser condicionada por ninguna pugna política ni deberá convertirse en botín electoral de ningún partido o actor político; y finalmente, que la seguridad y la pacificación de los territorios debe ser, junto con la atención humanitaria, tema de central importancia de forma urgente, así como a mediano y largo plazo.

“Reiteramos que la visita de la eurodiputada Diana Riba i Giner a México y a Chihuahua es un ejercicio de diplomacia ciudadana entre los pueblos, de observación, diálogo e incidencia y defensa de los derechos humanos, así como para identificar ámbitos de colaboración y responsabilidades compartidas. Ella es activista por los derechos civiles y política española, es miembro del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo en representación de Esquerra Republicana de Catalunya. Ante la visita, las comunidades y las organizaciones de Chihuahua y de México nos congratulamos porque su presencia en suelo chihuahuense es el resultado de años de resistencia, de denuncia y de digna lucha”.

La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea se constituye por en la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); Grupo de Trabajo de Política Migratoria; Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Red por los Derechos de la Infancia en México; EU-Lat Network; Organización Mundial contra la Tortura; Brigadas Internacionales de Paz – México; Servicio Internacional para la Paz (Sipaz); Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR); Transnational Institute; ACAT Francia; CAREA e.V; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y la Taula per Mèxic.

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