Rogelio Amaya y Noé Fuentes denuncian que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregó su información confidencial a gestores externos que exigen hasta el 40 por ciento de su compensación para destrabar el pago; además, la CEAV desacata una orden judicial para entregarles los recursos de la reparación del daño causado
Texto y fotografías: Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez– Dos sobrevivientes de tortura del caso del coche bomba ocurrido en julio de 2010 denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no solo ha incumplido con la reparación integral del daño, sino que presuntamente filtró sus datos personales a una presunta red de gestores externos —conocidos como “coyotes”— que les exigen el 40 por ciento de su compensación para destrabar el pago.
Rogelio Amaya Martínez y Noé Fuentes Chavira señalaron que la institución encargada de protegerlos como víctimas los somete a un proceso de revictimización y corrupción al coludirse con particulares para lucrar con su derecho a la reparación.
De acuerdo con su testimonio, personal de la CEAV entregó sus direcciones, números telefónicos y los nombres de sus esposas e hijos a supuestos abogados que acudieron directamente a sus domicilios. Ahí, les presentaron contratos de prestación de servicios para gestionar el fondo de compensación derivado de la Recomendación 75/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cambio de quedarse con el 40 por ciento del recurso del monto de la reparación del daño que aún esperan.
“Andan los mentados ‘coyotes’, abogados que ofrecen dinero adentro, con ellos mismos (en la CEAV) para agilizar los trámites y lleguen reparaciones más grandes, para posteriormente hacer el reparto de moche”, dijo denunció Rogelio Amaya. “Hay pruebas como ellos junto con funcionarios adentro de la institución hacen los procesos más fáciles y más rápidos; un claro ejemplo esta con nuestros compañeros”.
Explicó Amaya que los otros tres hombres que fueron detenidos arbitrariamente junto con ellos en 2010 aceptaron la representación de estos gestores y ya recibieron el pago, tras entregar el 40 por ciento acordado. De ese porcentaje, aseguró, la mitad se entrega a funcionarios de la propia Comisión.
Rogelio y Noé denunciaron en entrevista que han recibido varias llamadas telefónicas para presionarlos a firmar un contrato de prestación de servicios profesionales. En el domicilio de Rogelio Amaya se presentó una persona con un contrato que en la parte superior dice “Red Interamericana de Derechos Humanos S.C., y que consta de varias cláusulas. El documento tiene como objetivo que Amaya diera su autorización para ser representado por Salvador Moreno Vázquez y Marco Antonio Ramírez Barragán.
Sobre esta denuncia, la CEAV no ha tenido una postura pública.

“Nos están torturando otra vez”
El 10 de agosto de 2010, Amaya, Fuentes y otros tres hombres fueron detenidos por elementos de la extinta Policía Federal y presentados ante medios de comunicación como presuntos responsables de haber detonado un coche bomba en la avenida 16 de Septiembre, el 15 de julio de ese año. Todos eran ajenos a los hechos; sin embargo, permanecieron incomunicados y fueron sometidos a tortura física y psicológica para obligarlos a autoincriminarse, así lo determinó la CNDH en la recomendación 75/2011 emitida a finales del 2011
Como parte de esa recomendación, la CNDH ordenó al Gobierno Federal cumplir con siete acciones, entre estas la reparación del daño. Sin embargo, Amaya y Fuentes llevan siete años esperando el pago.
“Nos están torturando otra vez. La CEAV nos está haciendo lo mismo que nos hicieron en 2010, nomas que sin golpes. Es un fastidio estar peleando lo que por derecho debes tener. Nos sentimos burlados porque cuando llegan las resoluciones no especifican bien las cantidades y no nos toman en cuenta la pérdida de trabajo”, reclama Amaya.
Aunque recuperaron su libertad el 7 de marzo de 2014 tras casi cuatro años de prisión, las secuelas persisten. Amaya perdió su vivienda —que fue desmantelada luego de que agentes federales amenazaran a su familia y los obligaran a desplazarse—, además de enfrentar el deterioro de la salud de su madre y graves afectaciones psicológicas. Fuentes perdió su empleo y prestaciones de ley, sufrió secuelas emocionales y enfrentó la enfermedad de sus padres.
Incumplimiento de sentencia y de la recomendación
El 10 de agosto pasado, luego de que ambas personas expresaron que iban a realizar una conferencia de prensa afuera de las oficinas de la CEAV en la Ciudad de México, la dependencia emitió el dictamen conteniendo el monto a pagar, pero una cantidad que no cubre el daño y las pérdidas que sufrieron a raíz de la detención, incomunicación y tortura que sufrieron y el encarcelamiento de casi cuatro años. Salieron libres el 7 de marzo del 2014.
“Fue estar preso cuatro años, salimos muy mal psicológicamente a tal grado de pedir ayuda psicológica, psiquiátrica… Es otra tortura que estamos viviendo por parte de la CEAVE que supuesta es una institución que en lugar de torturarnos debe protegernos”, señaló Noé.

Ambas personas interpusieron el pasado 25 de agosto un juicio de amparo indirecto, con número de expediente 1791-2026, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México para inconformarse por el monto que pretende entregar la CEAV. El juez ya ordenó que se entregue la cantidad fijada por la Comisión mientras resuelve de fondo el amparo, pero hasta la fecha la dependencia de atención a víctimas no ha dado cumplimiento.
Ambas víctimas denunciaron que ninguno de las siete acciones que recomendó la CNDH han sido cumplidas. Entre las recomendaciones están que se “bajaran” de Internet los videos que fueron difundidos por el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en los que fueron presentados como responsables de la detonación del coche bomba, una disculpa pública, capacitar a los agentes en materia de Derechos Humanos, que las detenciones sean videograbadas y entregar una reparación del daño.
“Vean el caso, que hagan algo porque ya es mucho tiempo el que estamos esperando. Estamos siendo torturados por la CEAV, cuando nosotros somos víctimas”, agregó Noé.
La Policía Federal ya no existe. Cinco agentes que participaron en la detención de Amaya y Fuentes fueron identificados como responsables de la tortura; tres de ellos fueron detenidos y dos siguen prófugos. Pero de los tres arrestados, solo Adán Serafín Cárdenas Cruz fue sentenciado a cinco años de cárcel y ya salió libre.
Los otros expolicías federales detenidos son Federico López Pérez, arrestado en Tamaulipas junto con otros doce policías federales por secuestro y extorsión; Luis Alberto González Gutiérrez, ex director de Seguridad Pública de La Huacana, Michoacán, detenido en el 2025 aunque contaba con orden de aprehensión desde 2021; y Víctor Aquileo Lozano Vera. Ninguno ha sido sentenciado por el caso de Rogelio, Noé y los otros tres hombres.
Están pendientes las capturas de Manuel Granero Rugerio y Manuel Calleja Marín.
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Este contenido fue originalmente publicado en La Verdad Juárez, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes leerlo.

