La eurodiputada y activistas internacionales así como locales, estuvieron en la zona de desplazamiento durante varios días. Recogieron testimonios y documentaron la situación. La eurodiputada dijo que antes de conocer la situación de violencia en Chihuahua, tenía como referencia el contexto de Michoacán y Chiapas, por lo que esperaba un contexto similar. Sin embargo, le impactó la sierra chihuahuense por su situación geográfica, principalmente.
Patricia Mayorga / Raíchali
Chihuahua – En Chihuahua hay un negocio del despojo. No hay datos que indiquen cuántas personas han sido desplazadas, cuántas han intentado o han retornado y han salido de su tierra de nuevo porque no hay condiciones para regresar, por lo tanto, no hay una atención efectiva para las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, advirtió al eurodiputada Diana Riba i Giner, del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo en representación de Esquerra Republicana de Cataluya.
Riba i Giner encabezó la Misión de Obervación internacional de Desplazamiento Forzado Interno en la que participaron organizaciones internacionales, nacionales y estatales, así como académicos y juristas internacionales. La misión abarcó un recorrido en la ciudad de Chihuahua, Parral, Guadalupe y Calvo, así como Baborigame, seccional de este último municipio. Después del recorrido dio, junto a más integrantes de la misión, una rueda de prensa en el Congreso del Estado a finales de la semana pasada.
“Hemos visto que hay un negocio del despojo aquí en Chihuahua. Las familias se van de sus territorios, pero las tierras y sus recursos se quedan en estos pueblos. Y creo que todos nos tenemos que hacernos una pregunta ante esta realidad del despojo: ¿quién se queda con ellos, quién hace negocio, quién se queda con estas tierras?”.
Diana Riba evidenció que las autoridades no tienen un censo transparente de personas desplazadas en la entidad. Se desconoce cuántas personas dejan sus territorios y las causas precisas, cuántas intentan o logran regresar ni cuántas deben salir de nuevo porque no hay condiciones para quedarse porque las regiones no están pacificadas y porque no se ha combatido el delito.
“Hay necesidad de los datos de los porqué y de las situaciones (…) el acceso a la justicia es uno de los derechos más importantes que tenemos los seres humanos”, dijo.
Las organizaciones que acompañan a las víctimas de desplazamiento forzado, denunciaron que dichas expulsiones se vinculan al control del territorio y que favorece una economía criminal, que incluye la tala ilegal y la extracción de mineral, principalmente del oro y la plata.
“Y por eso le llamamos el negocio del despojo, porque expulsan a las personas para controlar a eso que les pertenecen en su territorio, a sus recursos naturales. Y hay que investigar a quienes amenazan y a quienes se benefician, porque donde hemos visto que antiguamente había escuelas, niños, campos y una vida comunitaria, la violencia ha dejado un desierto humano. Y hay que impedir que el miedo siga pateando esos territorios”, añadió la parlamentaria.
Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos (TDT), dio a conocer que las personas desplazadas con quienes se entrevistaron, denunciaron que no hay condiciones para que retornen. Los gobiernos estatal y federal les han ofrecido regresar, “pero van y los dejan nada más, no hay personas detenidas ni atención integral, entonces deben volver a salir. Muchas personas están declarando que no hay condiciones para volver y solicitan vivienda, porque sus comunidades fueron desestructuradas”
Diana Villalobos Díaz, directora de la organización Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), dio a conocer que las cifras que les dio al Fiscalía General del Estado (FGE) es de 60 denuncias presentadas por las personas desplazadas y sólo una persona detenida por ese delito que fue tipificado en enero de 2023 en el estado de Chihuahua.
Las largas distancias en Chihuahua, aíslan más a las víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI)
En entrevista, la eurodiputada dijo que antes de conocer la situación de violencia en Chihuahua, tenía como referencia el contexto de Michoacán y Chiapas, por lo que esperaba un contexto similar. Sin embargo, le impactó la sierra chihuahuense por su situación geográfica, principalmente.
“La violencia es muy diferente. El tema de Desplazamiento forzado interno es otro país (en Chihuahua) con otras complejidades y otros retos. Lo primero que me impresionó es la extensión, cómo viven distantes unos de otros, lo difícil que es llegar a los pueblos. Esto es un reto enorme de infraestructura, pero sobre todo creo que es una de las causas de que estén tan aislados. El aislamiento motiva o aumenta todos los retos y complejidades, las violencias, los servicios públicos, los testimonios mismos, la visibilidad de los testimonios de los desplazados que también se ve mermada por una dificultad de llegar ayuda, eso me impresionó”.
En la sierra, muchas personas desplazadas se mueven hacia una sola zona, el desplazamiento es circular, indicó. “Encontrar pueblos que son motivo de desplazamiento y que la recepción de personas de otros pueblos donde encuentran donde instalarse, no lo había analizado. Es un tema negativo, en el mismo sitio donde hay violencia es crear un lugar donde se encuentran con otras desplazadas. Aumenta el problema cuando tienes a todos en un mismo sitio donde crean una comunidad de gente desplazada es preocupante porque no es un sitio seguro”.
Los médicos y otros agentes sociales con quienes se entrevistaron, dijo Diana Riba, reiteraron el reto de la atención de servicios básicos como vivienda, salud, educación, que son difíciles de exigir cuando se vive en un sitio tan asilado y con la estructura de los pueblos serranos.
“Me impactó cómo se ha de convivir con el crimen organizado, con la falta de empleo, con comunidades indígenas que saben vivir de sus propias tierras y cuando son despojados, en el sitio de recibimiento no se les da tierra y es culturalmente diferente”.
¿Qué se puede hacer desde el Parlamento Europeo?
La parlamentaria informó que desde el Parlamento Europeo se puede visibilizar la situación a nivel internacional y llevar la voz de todas las personas que vieron en Chihuahua, de la situación de las personas desplazadas, incorporar los factores y la información que conocieron.
“Además, como legislaciones, en términos de cuando las empresas europeas quieran invertir en terceros países, hacer una legislación mucho más fuerte. Dejar claro la necesidad que el tema de derechos humanos sea un pilar de los acuerdos de libre comercio, no sólo la parte económica (…) Hay voluntad de poner en texto de derechos humanos, pero que sean vinculantes, estas especificidades de derechos humanos cuando se va a otros países”
“Porque hemos visto en Chihuahua cómo empresas canadienses, estadounidenses y europeas invierten en las minas, y seguro se invierte en actividades ilegales en Chihuahua. Es nuestra propia responsabilidad ponerle fin y encontrar mayorías para que sea posible hacerlo en el Parlamento Europeo””, subrayó.
Personas indígenas desplazadas enfrentan más retos que las mestizas, no hay traductores
La eurodiputada destacó que hay diferencias entre las personas desplazadas de pueblos mestizos e indígenas. “Sus historias de vida (de mestizas) se relatan mejor, se establece más fuerte cuando son mestizos, se desenvuelven mucho mejor, han puesto denuncia, han encontrado trabajo, se han reinventado haciendo cosas artesanales, tienen una facilidad más grande para adaptarse a una ciudad con otras costumbres.
“Además, no siempre hay traductor, aunque las autoridades nos hayan dicho que sí tienen traductores, es evidente que no son suficientes porque cuando hemos tratado de hablar con algunos desplazados, nosotros necesitábamos de un intérprete y seguro que en estos casos la comunicación es mucho menos fácil cuando salen de su pueblo, cuando tienen que ir al médico, cuando sus hijos van a la escuela, por lo que aquí hay un tema de lengua y cultural, porque los servicios públicos no tienen plenamente esa diversidad cultural”, subrayó.
Esa situación se traduce en mayor precariedad para las personas indígenas desplazadas de manera forzada, con menos recursos ni capacidad de buscar. “Son básicamente agricultores y no les dan tierras, por lo tanto les es mucho más difícil sobrevivir”.
Quienes integran la MCIO dejaron cuatro propuestas al gobierno estatal, que leyó Diana Riba en rueda de prensa al finalizar la misión:
1. Tener una coordinación efectiva entre los niveles de gobierno. “Sabemos que si no hay una coordinación es muy difícil buscar soluciones, es imprescindible encontrar soluciones entre las diferentes competencias de cada gobierno, porque las familias necesitan una sola respuesta. La coordinación interinstitucional con responsables que se puedan identificar, con calendarios específicos y segumiento”
2. Un censo transparente. “Hay un déficit de datos, no hay censo de personas desplazadas, todos los políticos lo sabemos: es muy difícil hacer políticas públicas efectivas si no se conocen los datos para atener a las personas. Es importante hacer un censo coordinado entre las personas para dimensionar la problemática y encontrar solcuciones”.
3. Que haya presupuesto porque no hay. “Se atiende desde una partida que ya está destinada a las personas vulnerables. Si no hay partida diferenciada para personas desplazadas, no va a ser posible atenderlas porque son condiciones diferentes, empiezan de cero y hay necesidades como vivienda, educación, salud”.
4. Atender la emergencia para frenar el desplazamiento forzado. Es necesario actuar sobre las causas que obligan a la gente a seguir huyendo, por los intereses que alimentan el desplazamientos.
“Sabemos que hay empresas que vienen a Chihuahua, empresas de Canadá, Estados Unidos y también de la Unión Europea, tenemos que estar pendientes para que respeten los derechos humanos. Creemos que nadie debería perder su casa para que se queden con ella.
La eurodiputada agradeció a quienes formaron parte de la misión y a las autoridades que les brindaron seguridad en su recorrido. “Hemos conocido una realidad que exige una respuesta urgente, cuando una familia huye, pierde mucho más que un techo, están perdiendo su trabajo, están perdiendo sus tierras y están perdiendo una comunidad que les sostiene la vida (…) Y después de escapar de esta violencia, tienen que volver a empezar, muchas veces o casi todas las veces sin recursos, creemos que esta violencia tan desagarradora – tenemos que poner palabras-, tenemos que poner nuestras caras y nuestros cuerpos y también mucho trabajo para que no vuelva a suceder”.
