Las organizaciones CDHPN y Cedimac solicitaron al Congreso del Estado instalar una mesa permanente encabezada principalmente por familias buscadoras y especialistas para la creación de la Ley de Personas Desaparecidas, y atender una crisis que suma más de 4,200 personas desaparecidas en Chihuahua
Por Redacción de La Verdad Juárez
Las organizaciones Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac) solicitaron al Congreso de Chihuahua la activación de una mesa de trabajo interinstitucional y permanente para la creación de la Ley de Personas Desaparecidas en el Estado de Chihuahua.
En la petición, presentada este 22 de octubre, se plantea que dicha mesa esté integrada principalmente por familias buscadoras, víctimas indirectas de este delito, representantes académicos, autoridades estatales, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), organizaciones de la sociedad civil y colectivos.
La desaparición forzada es un delito y una grave violación a los derechos humanos. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto ‘impone al Estado diversas obligaciones en materia de investigación, sanción y reparación, así como el deber de prever recursos judiciales efectivos, sustentan las organizaciones.
La propuesta llegó al Legislativo en un contexto de incremento en los casos de desaparición en la entidad, una crisis forense que mantiene a cientos de personas sin identificar y el hallazgo recurrente de fosas clandestinas en distintas regiones del estado.
A mayo de 2026, Chihuahua acumulaba 4,281 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el informe de Red Lupa, una iniciativa ciudadana que evalúa las acciones del Estado a partir de registros oficiales.
Dicha cifra refleja un aumento constante respecto a 2022, cuando se contabilizaban 3,493 casos. En cuatro años, el registro creció en 788 personas. Ciudad Juárez se mantiene como el municipio con mayor incidencia al sumar 1,012 casos registrados por Red Lupa. Le siguen Cuauhtémoc (659), Chihuahua capital (614), Nuevo Casas Grandes (302) e Hidalgo del Parral (233).
En su solicitud, el CDHPN y Cedimac señalan que atender la desaparición es una deuda histórica del Estado chihuahuense desde hace más de cinco décadas, que comenzó con las víctimas de la llamada Guerra Sucia y continuó con la ola de feminicidios y desapariciones de niñas y mujeres.
Asimismo, destacan que las estrategias de seguridad implementadas en las últimas dos décadas, como el Operativo Conjunto Chihuahua (2008-2013) o la operación Frontera Segura (2019), “lejos de contener la violencia, han contribuido a la normalización de prácticas atroces como la desaparición forzada, facilitando el ocultamiento sistemático de cuerpos en espacios rurales y de difícil acceso”.
Las agrupaciones advierten que existe una cifra negra de casos no denunciados por la inseguridad, el desconocimiento de los trámites o el temor de las familias.
“En función de ese contexto, se han creado diversos colectivos de madres y familiares buscadoras, grupos que han ido creciendo día con día, quienes se han capacitado en temas forenses, de prospecciones, sobre las búsquedas, en defender sus derechos realizando actos de verdad y memoria por sus seres queridos”, sostienen.
Las organizaciones consideran necesario que a la mesa se incorporen mecanismos formales de participación ciudadana –audiencias públicas, consultas con personas expertas y espacios para compartir opiniones y testimonios–. Con el objetivo de que las personas con un familiar desaparecido participen en el diseño y elaboración de la ley.
El documento contempla además la complejidad generada por la incursión de grupos del crimen organizado y la desaparición cometida por particulares. Aunque este tipo de desaparición no se catalogue de origen como una violación directa cometida por agentes del Estado bajo el Derecho Internacional, las organizaciones enfatizan que las autoridades mantienen obligaciones claras. En este supuesto, la responsabilidad estatal surge, por ejemplo, cuando se incumplen los deberes de prevención o investigación”, como lo estableción la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado.
“De aquí la importancia de contar con una ley estatal donde se fijen los mecanismos de prevención y la debida atención de estos constantes crímenes”, puntualizan en el documento presentado al Congreso local.
***
Este contenido fue originalmente publicado en La Verdad Juárez, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes ver su publicación.
