Protección de parte del ex fiscal Zamarripa impidió investigar a integrantes de FSPE; que respondan mandos, pide una de las víctimas
Carmen Pizano / PopLab
Guanajuato – La protección que durante años brindó el entonces fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, a la policía estatal encabezada por Alvar Cabeza de Vaca llegó a su fin. Seis años después de la represión contra familiares de personas desaparecidas durante una protesta en Guanajuato capital, cuatro agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fueron citadas a la audiencia inicial del proceso penal que enfrentan por la detención de buscadoras y activistas.
En tres ocasiones, la Fiscalía General del Estado, todavía bajo la dirección de Carlos Zamarripa, determinó el no ejercicio de la acción penal contra las cuatro policías estatales que detuvieron a las buscadoras Isela Berenice Olimpia Montoya, Karla Martínez y Verónica Durán, así como a la activista Carmen Ramírez, quien acompañaba a las familias de personas desaparecidas durante la marcha del 10 de julio de 2020.
Pese a que la investigación ministerial dejó fuera de cualquier responsabilidad a los mandos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y al entonces secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, el abogado Roberto Saucedo Pimentel, asesor jurídico de las víctimas, consideró que el inicio del proceso penal contra las cuatro agentes representa un primer paso hacia la justicia.
No obstante, advirtió que la investigación podría ampliarse si las policías imputadas revelan quién ordenó la detención de las activistas.
Sin embargo, para Olimpia Montoya, una de las buscadoras que fue detenida hace seis años, la acción penal contra las policías no representa un avance en el acceso a la justicia para ellas, porque no hay mandos sujetos a investigación.
“Creo que no podemos dar como avance significativo el que hoy quien cargarán la culpa de la represión son quienes solo seguían órdenes de sus superiores”.
Para Montoya, el uso excesivo de la fuerza viene de ambas partes: mandos que dieron la orden y policías que actuaron.
“El verdadero logro sería que cada una de las partes que estuvieron involucradas tenga su castigo. Así podríamos hablar de justicia y no repetición”.
La insistencia de las buscadoras en el proceso penal por la represión es para que se garantice la no repetición en cualquier protesta que se realice en Guanajuato.
Desde el inicio del litigio, Saucedo Pimentel solicitó al Ministerio Público incorporar las sábanas de llamadas y los registros de comunicación por radio de las agentes, con el fin de acreditar si actuaron por instrucciones de un mando superior. Sin embargo, afirmó que la Fiscalía encabezada por Carlos Zamarripa rechazó esa diligencia durante más de un año. Cuando finalmente se requirió la información a las empresas de telecomunicaciones, estas respondieron que los registros ya habían sido eliminados.
Olimpia Montoya afirmó que desde el inicio el secretario de Seguridad, Cabeza de Vaca estuvo al tanto de la actuación de los policías estatales, aunque el ex funcionario estatal sigue sin estar imputado.
“Creo que es una burla porque siempre se ha argumentado que los oficiales no actuaron por cuenta propia, hubo un mando que les ordenó detenernos, que nos señaló una por una a quien detener y a su vez ese mando recibió la orden de más arriba”, señaló.
Sin Carlos Zamarripa en la Fiscalía del Estado y sin Alvar Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad Pública, el Ministerio Público determinó iniciar el proceso penal contra Atzimba, Elizabeth, Josefina y Alejandra, acusadas del delito de abuso de autoridad.
La audiencia inicial fue programada para el próximo 21 de agosto. Dos de ellas ya no forman parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
10 de julio de 2020
El 10 de julio de 2020, policías estatales que duplicaban en número a familiares de personas desaparecidas que protestaban en las inmediaciones de la caseta de cobro de la autopista Guanajuato-Silao, reprimieron la manifestación con la que activistas rechazaban el nombramiento de Héctor Díaz Ezquerra como comisionado de búsqueda en el estado.
Ese día, integrantes de colectivos de búsqueda iniciaron la protesta alrededor de las 8:30 de la mañana. Llegó un agente que se identificó como Osvaldo Chávez, quien solicitó trasladar la manifestación a la plancha de la glorieta Santa Fe para no obstaculizar los derechos de terceros, al tratarse de uno de los accesos principales a la capital del estado en horario pico.
Carmen Ramírez, quien ese día acompañó a familiares de personas desaparecidas, dijo al elemento que no se quitarían porque las familias lo que buscaban era ser vistas y escuchadas.
Las personas manifestantes llegaron a la glorieta, pero mantuvieron la protesta sobre la vialidad con vehículos particulares, hicieron una valla humana frente a los más de 100 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que llegaron para disolver la manifestación.
Empujones, gritos y golpes durante más de 20 minutos terminaron con la detención de cinco personas: tres mujeres de los colectivos de búsqueda, una integrante del Colectivo Guanajuato Despertó y un visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Otra integrante del colectivo “A tu encuentro” resultó con fractura en una pierna.
Con equipos antimotines, los elementos de la policía estatal se enfrentaron a las personas buscadoras. Las fuerzas estatales consiguieron contener a las familias de personas desaparecidas en la plancha de la glorieta Santa Fe y detuvieron a las cuatro mujeres y al visitador adjunto de la CNDH.
La justificación para la detención de las activistas fue la obstrucción de las vías de comunicación, luego, policías estatales varones las acusaron de agresiones.
Karla, Verónica, Olimpia y Carmen estuvieron retenidas durante cinco horas, luego salieron libres.
La salida jurídica de la Fiscalía General del Estado fue dar carpetazo tanto a la investigación en contra de las activistas como en contra de la policía estatal, pero las buscadoras han seguido con el proceso para evitar que se repitan los actos de represión por una protesta en Guanajuato.
En su momento, el entonces secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, dijo que la policía estatal había actuado dentro del marco legal.
“Se acercaron los elementos varias veces, les dijeron que se retiraran de la vialidad para permitir el libre acceso, y comenzaron los actos de violencia. Repito, tengo cuatro elementos lesionados, de ahí las detenciones que he informado”, declaró ante medios de comunicación Alvar Cabeza de Vaca después de los pronunciamientos de organismos internacionales por la detención de las buscadoras.
El proceso legal que han seguido las tres buscadoras se ha extendido durante seis años, con el cambio en la Fiscalía General del Estado, ahora a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste, ahora el Ministerio Público determinó llevar ante un juez a las cuatro policías que detuvieron a las activistas.
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