“No hay justicia para los de escasos recursos, no hay, es una pena…” dice el padre de Alan Omar, guardia de seguridad privada acusado por el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez. A la fecha, a cinco funcionarios del INM se les modificó la medida cautelar de prisión preventiva y enfrentan el proceso en libertad.
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez – Una jueza federal negó modificar la medida cautelar de prisión preventiva a Alan Omar P.V., quien se desempeñaba como guardia de seguridad al momento que se registró un incendio en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) donde murieron 40 personas migrantes y otros 27 resultaron lesionadas.
Contrario a la petición del acusado, la jueza Marina Guadalupe Hernández Maldonado, prolongó la prisión preventiva a Alan por todo el tiempo que dure el proceso penal, el cual está suspendido debido al amparo 955/2023 que presentó la asesoría jurídica de las víctimas en el 2023.
Gabriel García Otamendi, abogado de Alán, expuso que ya se excedieron los dos años de prisión preventiva que permite la Constitución Mexicana como plazo máximo de reclusión sin recibir sentencia, pues el próximo 31 el marzo su representado cumplirá tres años internado en el Cereso 3 de Ciudad Juárez sin ser sentenciado.
Además, la defensa afirmó que a casi todos los funcionarios públicos que están acusados de los mismos hechos se les ha permitido enfrentar el proceso penal en libertad y a su representado se le niega ese derecho por ser una persona pobre.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través del Ministerio Público, formuló cargos en contra de 11 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión en perjuicio de las 67 víctimas del incendio.
De los 11 imputados, a cinco ya se les modificó la medida cautelar de prisión preventiva y enfrentan el proceso en libertad, la mayoría depositaron garantías económicas de por lo menos un millón de pesos.
El 13 de abril del 2024 salió de prisión Eduardo A.M., él se desempeñaba como jefe de Recursos Materiales del Instituto, otros funcionarios del INM que también siguen su proceso en libertad son Daniel G.Y., quien al momento de ese hecho era el representante local Noroeste del INM; Juan Carlos M.C., quien se encargaba de la protección de migrantes como coordinador del Grupo Beta y el contralmirante Salvador G.G., quien al momento de l incendio se desempeñaba como jefe de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua; y Rodolfo C. de la T,, agente migratorio que salió de prisión en septiembre de 2025.
Al entonces comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, nunca se le envió a prisión, solo fue obligado a presentarse a firmar de forma periódica ante el juzgado federal; ya se aprobó la suspensión condicional del proceso a cambio de pedir una disculpa pública a las víctimas y concluir con la entrega de las compensaciones económicas del gobierno a las víctimas, entre otras medidas que no pueden llevar a cabo porque desde mayo del 2025 dejó su cargo. Y en enero pasado fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Solo una funcionaria pública continúa en prisión, Gloria Liliana R.G., quien se desempeñaba como agente migratoria, y dos migrantes venezolanos, Jeison D. C.R., y Carlos Eduardo C.R, acusados de haber iniciado el fuego. Además, a otro funcionario de primer nivel, Antonio Molina Díaz, también logró enfrentar el proceso en libertad, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023.
“Si el comisionado hasta premiado es, ya le dieron una dirección en la Secretaría de Educación y de ahí para abajo pues el delegado, el contraalmirante también están en libertad. Están en libertad muchas personas de las que estuvieron involucradas y estuvieron ese día en ese lugar. Mi defendido no es responsable, porque objetivamente no tenía ninguna potestad o función para poder auxiliar. No tenía llaves, no podía dejar, entrar, salir, su único error fue haber querido trabajar ese día”, dijo el abogado en entrevista al salir de la audiencia.
Por su parte, el Ministerio Público señaló que al momento del incendio existía un contrato entre CAMSA, la empresa de seguridad privada para la que trabajaba Alan Omar, y el INM y por ello el acusado tenía la calidad de garante, al igual que los funcionarios de Migración.
La audiencia
La revisión de la medida cautelar a Alán Omar P.V., se realizó este miércoles 25 de febrero en la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF), inició a las 9:35 de la mañana con la individualización de todos los intervinientes.
En la sala únicamente estuvieron presentes el Alán y su abogado, Gabriel García Otamendi; así como la jueza federal Hernández Maldonado.
Vía electrónica se “conectaron” a la diligencia dos agentes del Ministerio Público (MP) de la Federación, Nadia Karina Figueroa Castro e Isaías Barragán Guerrero; así como un asesor jurídico por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), Daniel Díaz Díaz; y el abogado de la organización Fundación para la Justicia, quien representa a ocho de los sobrevivientes y a nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas, Marcos Zavala Cruz.
García Otamendi le dijo al Tribunal federal que existe una vulneración de derechos humanos en perjuicio de Alan, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de la Constitución Mexicana apartado IX en la que se establece que la prisión preventiva no puede exceder de dos años y en caso de que se cumpla ese periodo sin que el justiciable reciba una sentencia debe ser puesto en libertad.
El abogado refirió que Alan está preso desde el 31 de marzo del 2023 y fue vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio y lesiones el 4 de abril.
“Con lo que su señoría son casi 35 meses o dos años y 11 meses privado de su libertad, pese a que no es funcionario, ni en su potestad estaba abrir, tener llaves o la salida”, expuso para luego indicar que en el edificio estaban cinco testigos que quería interrogar para acreditar que Alan tiene arraigo en Ciudad Juárez y que estaba dispuesto a seguir sometido al proceso penal estando en libertad.
García también dijo que al momento que se registró el incendio, el 27 de marzo del 2023, su representado tenía apenas dos semanas trabajando en el INM. Laboraba para pagar sus estudios -había concluido la preparatoria y pretendía ingresar a la universidad-, y costear sus medicamentos pues padece epilepsia.
En su turno la agente del MP, Nadia Karina Figueroa, se opuso a que el defensor desahogara las declaraciones de los testigos porque esa autoridad no había recibido con anticipación aviso de que habría testigos, por lo que -dijo- no estaban en posibilidad de contrainterrogar.
Además, la fiscal se opuso a que se modificara la medida cautelar de prisión preventiva argumentando que el asunto no ha avanzado a una sentencia porque es un caso complejo que incluye cinco causas penales y más de 200 anexos, con 40 víctimas de homicidio y 25 de lesiones -aunque en diligencias previas el MP había dicho que eran 27 las personas lesionadas-.
La fiscal también expuso a la jueza federal que los representantes de las víctimas, Fundación para la Justicia, presentaron el juicio de amparo 955/2023 en el que se ordenó suspender todas las causas penales y a la fecha no ha sido resuelto de fondo.
Figueroa dijo que no es atribuible al MP la falta de avance en el proceso penal y refirió que las víctimas son de diversas nacionalidades, incluso de países con los que México no tiene tratados internacionales y es difícil recabar información porque las víctimas requieren de asistencia jurídica internacional.
“El amparo 955/23 tiene suspendidas todas las causas. El juzgado está haciendo el análisis, no podemos coartar el derecho de las víctimas”, dijo la fiscal federal.
La agente del MP indicó que el cambio de medida cautelar podría representar un obstáculo para el proceso penal por un riesgo de sustracción por parte de Alan, dado que Ciudad Juárez hace frontera con Estados Unidos.
El abogado de la CEAVE, Daniel Díaz, avaló lo expuesto por la fiscal federal y agregó que a la fecha no se ha podido contactar a todas las víctimas de esta tragedia y que, en el caso de Venezuela, México no tiene un tratado que facilite el trabajo.
“No hay lentitud en el proceso, han sido diligentes. El paro de labores del Poder Judicial de la Federación, así como la Reforma Judicial retrasó, hubo cambios y transiciones. La prisión preventiva es la única que garantiza su presencia en el proceso, el pago de la reparación del daño y el acceso a la justicia. Nos oponemos a los testigos (a escucharlos)”, dijo Díaz.
En su turno, el abogado de Fundación para la Justicia, Marcos Zavala, coincidió en que se trata de un caso complejo. Respecto al amparo explicó que lo interpusieron porque la FGR y la CEAV fueron omisas en garantizar los derechos de las víctimas y a la fecha, dijo, el Juzgado Séptimo de Distrito no ha emitido una resolución.
Además, Zavala indicó que el abogado defensor de Alan no les notificó que pretendía desahogar a los testigos; dijo que no era claro en su petición y que se oponían a un cambio de medida cautelar porque existe el riesgo de que el guardia de seguridad se sustraiga y por existir un riesgo para las víctimas.
Después de esas argumentaciones, la jueza se negó a escuchar a los cinco testigos propuestos por la defensa legal del acusado Alan Omar, al considerar que no era pertinente y dijo que el debate debía concentrarse en la medida cautelar. Luego le vio la voz al defensor.
Entonces el litigante expuso que a Alan no se le puede atribuir una responsabilidad penal en la muerte y las lesiones a los migrantes porque él únicamente estaba a cargo del acceso al edificio.
García Otamendi también indicó que Alan tiene arraigo en Ciudad Juárez, proporcionó el domicilio donde vivía junto a su familia, afirmó que su representado tiene la intención de someterse al proceso penal estando en libertad; que no representa un riesgo para las víctimas pues no tiene recursos económicos para viajar a los países donde nacieron y radican, y que tampoco tiene documentos migratorios para viajar a Estados Unidos.
“Puede ser otra medida cautelar, tiene casi tres años en prisión, está enfermo. Los coimputados están libres, él en prisión preventiva, la voz más débil del lado de la cadena de hechos. Todos están en libertad, apeló a su sapiencia para otra medida cautelar que no sea tan gravosa y a la que pueda acceder de acuerdo a sus recursos”, pidió el defensor a la jueza.
Enseguida la fiscal tomó la palabra para afirmar que el defensor estaba argumentado que existe una discriminación en contra de Alan, pero la realidad, aseguró, es que al momento del incendio existía un contrato entre CAMSA la empresa de seguridad privada para la que trabajaba Alan Omar y el INM y por ello el acusado tenía obligaciones que cumplir.
“Había obligaciones a las que se comprometió la empresa y Alan estaba obligado a actuar en caso de un incendio. Había un contrato, 18/2023 (vigente) del primero de marzo al 31 de diciembre del 2023. Tenía funciones, un deber de garante, igual que los funcionarios de Migración”, reviró la fiscal.
La representante social también argumentó que no existe ninguna otra medida cautelar que garantice la presencia del acusado a juicio; respecto a que a otros imputados ya se les revocó la cautelar de prisión preventiva, indicó que el juzgado está obligado a actuar de forma diferenciada e interseccional.
El defensor respondió cuestionando cómo podría Alan haber auxiliado a las víctimas si no había extintores en la estación migratoria y él no tenía las llaves de la celda varonil.
“Si el INM no tenía ni extintores. Ni el personal del gobierno, ni Protección Civil, ni Bomberos, ni el personal de Migración pudieron hacer algo por las personas. Un humilde guardia de seguridad qué únicamente estaba a cargo del acceso y revisaba ¿qué podía haber hecho?”, cuestionó.
“No veo cómo Alan puede obstaculizar el proceso, cómo puede ser un riesgo. No tienen pasaporte, no puede ir a Venezuela, a El Salvador, los fallecidos en paz descansen. Entendemos que hay víctimas, que hay un amparo que impide la celeridad, si lo entendemos. Pero tiene la calidad de un ser humano” agregó.
Al final la juez concluyó que no procedía cambiar la medida cautelar de prisión preventiva y la prorrogó por tiempo indefinido.
“No soslayó lo manifestado por la defensa. Sin embargo, hago hincapié que el asunto es muy, muy complejo… se tiene un amparo que suspendió el proceso penal, se advierte justificada la prolongación de la prisión preventiva”, dijo la jueza Marina Guadalupe Hernández para luego decirle al acusado que hablara con su abogado para que le explicara su resolución.
Alan no hizo ningún pronunciamiento durante la audiencia. Al escuchar la determinación judicial se mantuvo en silencio y se limpió las lágrimas.
La familia pide justicia
Al salir de la audiencia, la familia de Alán Omar dijo que sin dinero no se puede tener acceso a la justicia y consideró excesivo el tiempo que su pariente ha permanecido en prisión sobre todo tomando en cuenta que al momento que ocurrió el incendio Alan llevaba apenas tres semanas laborando como guardia en la estancia migratoria.
“Me siento pues impotente porque ya son tres años, el cual no le han dado sentencia y nos están negando el proceso de que le den (cambien) la medida cautelar. Y aparte pues que él padece de epilepsia, tiene sus problemas de salud. Aparte también se nos hace una injusticia. porque él tenía muy poco laborando ahí, tenía apenas 15 días de haber entrado y pues le tocó el evento que sucedió en Migración… 15 días se nos hace injusto a tres años que ya está detenido sin que se solucione”, dijo Santiago Pascual Arias padre de Alan Omar.
El entrevistado señaló que cuando su hijo fue citado a declarar a la Fiscalía General de la República (FGR), él le pidió que se presentara para que afrontara la justicia confiando en que las autoridades iban a actuar apegados a Derecho, lo que consideró no ha sucedido.
Pascual Arias afirmó que su hijo tiene toda la disposición de cumplir con el proceso penal si lo dejan libre, pues no es un delincuente trabajaba para pagar sus estudios y los gastos en medicamentos debido a que padece epilepsia.
“No es una persona que se dedique a hacer cosas malas, estaba laborando para solventar sus estudios y otros medicamentos. Y pues le tocó la de mala, o sea, 15 días laborando en un empleo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué conocimiento puedes tener?
El papá de Alan también aseguró que su hijo no tenía acceso a las llaves del área varonil de la estancia para que hubiera podido abrir la puerta y evitar que las personas migrantes murieran. Afirmó que por tratarse de personas de escasos recursos económicos el Tribunal federal les negó la modificación de la medida cautelar
“Hay muchas evidencias que pueden sustentar que él no tiene nada que ver sobre las víctimas. Y aún así no nos resuelven nada. Ya creo que es el único que está preso, que está retenido. Definitivamente solicito el apoyo de las autoridades, del gobierno, que revise ese caso porque no es justo que una persona tanto como él, como nosotros, de escasos recursos no tenemos justicia. O sea, si no hay dinero de por medio no tenemos justicia”, demandó.
La familia de Alan -su madrastra, hermano, cuñada y el papá- dijeron que no habían aceptado dar entrevistas a los medios de comunicación porque habían confiado que dentro de los plazos legales se iba a impartir justicia, pero la sentencia no ha llegado y ya están por cumplirse tres años de que Alan permanece recluido en el Cereso 3 de Ciudad Juárez.
“Confiaba en que la justicia se iba a hacer, que se iba a resolver, pero veo que no. No hay justicia para los de escasos recursos, no hay. es una pena… es que si no hay dinero no se mueve la justicia”, añadió.
El abogado agregó que al inicio de la reclusión se tramitó un amparo para que en el Cereso 3 se le diera atención médica a Alan y se interpondrá un recurso en contra de la negativa de modificar la prisión preventiva.
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Este contenido fue originalmente publicado en La Verdad Juárez, integrante de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes ver el contenido.
