Por Andrea Cárdenas*
Imagen tomada de redes sociales
El pasado 1 de octubre, dos jóvenes de 18 años ingresaron a la Secundaria General No. 13 en Torreón, Coahuila, y atacaron con un machete y objetos explosivos al personal de la institución. En el ataque, la subdirectora de la escuela fue asesinada y varias personas resultaron heridas de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado y reportada por “La Jornada”. Tras su detención, la conversación pública se apresuró a encasillar los hechos bajo nomenclaturas construidas por la mirada adulta: que sí formaban parte de la True Crime Community (TCC), que sí responden a la lógica incel, o que si emulaban la masacre de Columbine.
Ante los dolorosos hechos, es comprensible la búsqueda de medidas de protección. Muestra de ello son los esfuerzos que ha encabezado la presidenta Claudia Sheinbaum al apelar a las plataformas digitales para exigir la regulación de contenidos que alientan la violencia. Esta postura parte de un objetivo claro: reconocer que las juventudes habitan entornos virtuales atravesados por riesgos y que el Estado debe construir redes de contención. Sin embargo, cuando analizamos este panorama desde un enfoque de derechos humanos, vale la pena reflexionar: ¿hasta dónde las respuestas prohibicionistas protegen y cuándo comienzan a aislar aún más a quienes debemos de cuidar?
Desde una mirada adultocentrista: solemos construir categorías rígidas para etiquetar los prejuicios y malestares que rodean a los adolescentes varones. Al reducir el problema a un consumo de “contenido misógino” “masculinidades resentidas” o “subculturas de internet”, cometemos el error de tratar el síntoma como si fuera la causa. La misoginia que permea en ciertos entornos digitales no nace en un algoritmo ajeno a su contexto; es la consecuencia directa de crecer en un entorno atravesado por la presencia recalcitrante e impune de la violencia contra las niñas y mujeres.
En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) revela que el 70.1 % de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, mientras que los índices de impunidad en delitos de género y feminicidio superan el 90 %.
Los adolescentes hombres no aprenden la violencia en el vacío: la normalizan al socializar(se) en un país donde la violencia contra las mujeres carece de consecuencias reales en el espacio simbólico, forense y comunitario. La censura o el bloqueo estricto de contenidos en internet busca evitar el daño, pero corre el riesgo de obviar la agencia de las adolescencias en dos sentidos. El primero, no reconoce la agencia ni las formas reales en las que operan las juventudes en la red; ante un bloqueo, los algoritmos y las comunidades digitales simplemente migran a espacios -más- clandestinos y difíciles de monitorear. Segundo, al dinamitar esos entornos, corremos el riesgo de romper el único puente de comunicación que nos queda con ellos, dejándolos en un estado de mayor indefensión y aislamiento. Cuando se cierra un canal digital sin abrir canales de atención en la vida presencial, el problema no desaparece; se desplaza a rincones más aislados.
La propia UNESCO ha advertido que los sistemas de redes sociales pueden amplificar estereotipos de género y que el diseño algorítmico de estas plataformas requiere consideraciones éticas y mecanismos de alfabetización mediática.
Para esta generación, el ámbito virtual no es solo una pantalla y el celular una accesorio. Son adolescentes que crecieron y socializaron en medio del aislamiento por la pandemia de COVID-19. En redes construyeron interacciones, nombraron sus dudas y buscaron pertenencia cuando el entorno físico ofreció pocas alternativas. Los datos actuales muestran hasta qué punto lo digital forma parte de la vida cotidiana de las adolescencias mexicanas.
De acuerdo con UNICEF México, con base en la ENDUTIH 2024 del INEGI, 95.1 % de las personas de 12 a 17 años tiene acceso a internet. UNICEF lo plantea de manera contundente: para millones de niñas, niños y adolescentes en México, internet no es un espacio aparte de la vida, sino parte de ella. Su estudio Disrupting Harm México, publicado en 2026, documentó además que los riesgos digitales pueden combinarse con interacciones presenciales y que la respuesta requiere prevención, acompañamiento, mecanismos de denuncia y protección especializada. Por eso, la pregunta central no es cómo clausurar el espacio digital, sino: ¿qué ocurre en el entorno físico para que la violencia en redes les resulte una vía para canalizar sus conflictos o buscar validación?
A este escenario se suma la tendencia social a privatizar la responsabilidad, señalando de manera punitiva al núcleo familiar y, de forma casi exclusiva, a la madre. Esta estigmatización tiene consecuencias directas: tras lo sucedido en Torreón, la propia familia de los jóvenes fue víctima de amenazas, agresiones y un posterior desplazamiento forzado. Cargar la responsabilidad de las violencias estructurales sobre las familias —en un país donde más del 32 % de los hogares cuentan con jefatura femenina y las mujeres asumen jornadas extenuantes de cuidados sin redes de apoyo— desvía la atención de la responsabilidad institucional y comunitaria.
¿Cuáles son las condiciones materiales, sociales y afectivas en las que estamos criando a niñeces y adolescentes varones? ¿Dónde están los espacios de escucha y protección en las escuelas antes de que las situaciones escalen? ¿quiénes deberían de integrar estos espacios? ¿Cuáles serían los órganos encargados de monitorear?
Atender la violencia escolar no requiere de operativos policiales ni de pánico moral contra la adolescencia, la tecnología o las familias. Exige desprivatizar los cuidados, reconociendo la crianza y la salud mental como responsabilidades comunitarias e institucionales.En lugar de apostar por la censura o la prohibición de espacios digitales, es fundamental avanzar hacia la creación de órganos especializados en seguridad digital para niñas, niños y adolescentes (NNA). Instituciones públicas capacitadas que, con un enfoque de derechos, alfabeticen digitalmente, monitoreen riesgos, prevengan la violencia en red y reaccionen de manera articulada sin criminalizar su derecho al uso de la tecnología ni clausurar la comunicación entre las juventudes. Esto debe ir de la mano con redes de acompañamiento psicosocial en el plano físico donde participen escuelas, profesionales de la salud mental y órganos de protección a la niñez para la co-construcción de entornos seguros —físicos y virtuales— que escuchen, acompañen y protejan de manera integral para el fortalecimiento del tejido social.
*Andrea Cárdenas es psicóloga comunitaria, perita en violencias y violaciones a derechos humanos e Investigadora. Se especializa en procesos psicosociales y forenses con niñeces, juventudes y sus redes de cuidado en contextos de migración, militarización, desplazamiento forzado y narcotráfico, a través de políticas de cuidado, metodologías artísticas, colaborativas y lúdicas para la reconstrucción del tejido social
