En el foro Diálogos de Resistencia participaron personas desplazadas, organizaciones civiles e instituciones públicas para realizar un análisis colaborativa sobre acciones gubernamentales frente a causas, impactos y consecuencias de DFI en la Sierra Tarahumara, para identificar propuestas de acción, prevención y conversar con personas desplazadas
Por Leo Barro/Raíchali
José externó la tristeza que le ha provocado el homicidio de su hijo Eugenio en un centro de rehabilitación. Llegó a ese centro por el alcoholismo ante la situación de desplazamiento forzado en la que viven desde hace tres años, cuando tuvieron que huir de su comunidad La Sierrita del municipio de Guadalupe y Calvo.
En su idioma ódami, José relató que viven en lugares hacinados con pocas posibilidades. La situación, como la de decenas de familias que salieron con ellos, ahora es complicada y como padre de familia lo que más le preocupa es el alcoholismo en los jóvenes, ya que hay quienes llegan a altas horas de la noche por trabajo o por diferentes circunstancias y eso representa un riesgo.
El líder ódami participó en el foro “Diálogos de Resistencia”, con otras personas desplazadas, organizaciones civiles y autoridades estatales, para confrontan realidades y exigir la atención integral emergente, realizado el pasado 23 de septiembre en la ciudad de Chihuahua.
José recordó que su hijo fue internado en el centro de rehabilitación “Resiliencia Nueva Esperanza” en la ciudad de Delicias. Después de varios intentos por apoyar a su hijo en centros de puertas abiertas, decidieron internarlo y apenas tenía tres días cuando le avisaron que Eugenio había fallecido por golpes en la cabeza. Hay dos hombres detenidos por este caso.
El padre de familia llamó a las autoridades a hacer lo posible por que no suceda otro caso más, ya que él mismo tiene otros hijos que por necesidad deben ir a trabajar a otros campos jornaleros o a otros lugares donde no hay buena comunicación y dura tiempo sin saber cómo están. Lo ideal sería prevenir ese tipo de situaciones en las personas desplazadas, que carecen de apoyo psicoemocional.
José pidió que les apoyen con empleos más seguros, que los capaciten en otros oficios porque ellos lo que saben hacer bien son las labores del campo y lo que implica vivir en la sierra, pero en la ciudad es otra realidad. Además, los trabajos que tienen son temporales y les pagan por día, no les alcanza para vivir dignamente por lo costoso que es vivir en ciudad y porque hay semanas que quedan sin trabajo.
La educación y la salud de los niños y niñas desplazados se ha convertido en otro reto, ya que no les han explicado las enfermedades por las que les impiden ingresar a clases, como la varicela y termina siendo doloroso para las familias porque pareciera que se trata de discriminación por la forma en que los tratan.
Por otra parte, el empleo les preocupa porque son temporales y les pagan por día. Comentan que no saben hacer muchas cosas porque no hay capacitación de otros tipos de empleo. Es costoso vivir en una ciudad donde no hay las mismas condiciones económicas, deben comprar maíz, frijol, trabajos temporales, etcétera.
Exhiben los resultados de la Misión de Observación de DFI frente a representante de gobierno
Durante ese foro “Diálogos de Resistencia”, dedicado a la atención integral emergente a personas en situación de desplazamiento interno, se reunieron para intercambiar diagnósticos, experiencias y propuestas en torno a una problemática que, de acuerdo con estimaciones presentadas durante el evento, se ha triplicado en la entidad entre 2021 y 2025, de acuerdo con estimaciones y fuentes periodísticas.
La sesión, convocada por la Misión Civil de Observación de Desplazamiento Forzado Interno, tuvo como propósito identificar propuestas de acción, prevención y atención, y conversarlas directamente con las personas afectadas.
José Antonio Mendoza, enlace para desplazamiento interno en Chihuahua de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), moderó el encuentro y presentó los hallazgos de la misión civil que registraron en 2025.
En el estado de Chihuahua hay al menos 4,492 personas desplazadas en el estado en 2025, de acuerdo con el reporte “Travesías Forzadas” de la Universidad Iberoamericana, de las cuales 1,335 salieron sólo del municipio de Guadalupe y Calvo. Asimismo, indicó que la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Estado ha reportado más de 5,000 atenciones a personas desplazadas. Hasta julio de este año reportaron al menos 5 mil atenciones a personas desplazadas.
Las causas: crimen organizado, territorio y recursos
La misión detecta que los factores que generan el desplazamiento forzado masivo, principalmente en el Triángulo Dorado, considerada una zona de importancia histórica para el narcotráfico, es el creciente interés de grupos criminales por controlar el territorio por sus recursos naturales, minerales y por la economía local, así como ataques focalizados contra comunidades y ha crecido el temor por el reclutamiento forzado de jóvenes.
Mendoza recordó que en el ejercicio de caracterización del DFI, iniciado en 2020 y dado a conocer en 2022, documentaron que los principales impactos documentados hacia la población son daños psicológicos y emocionales, la pérdida o abandono de empleo y fuentes de ingresos, la interrupción de la educación y la pérdida de familiares.
Detalló que al momento de desplazamiento, las necesidades más apremiantes son alojamiento, alimentos, transporte, ropa, calzado, bienes de aseo y medidas de protección.
La misión estableció que otras afectaciones son la pérdida de documentación, acceso a atención médica y a viviendas adecuadas, seguras y con pertinencia cultural, la pérdida de patrimonio y acceso a programas sociales.
Los niños, niñas y adolescentes enfrentan afectaciones individuales de salud física y psicológica como consecuencia de la violencia, los silencios e incertidumbres; hay afectación familiar porque algunos familiares se quedan o son víctimas de violencia; cambio de roles de cuidado, en actividades de juego y recreación por reconfiguración de dinámica familiar.
A nivel comunitario se identifica el duelo por pérdidas de relaciones de amista, dificultad para adaptarse a nuevos contextos y vincularse con sus padres, discriminación por diferencias académicas, físicas, culturales y estigmas en torno a personas desplazadas y foráneas.
Las personas desplazadas señalaron dificultades para acceder a apoyos de vivienda, atención especializada, falta de continuidad en programas de asistencia como Sembrando Vida; no se ha logrado atender necesidades más esenciales de las personas desplazadas. Algunas personas desplazadas han quedado en vacíos de protección.
La respuesta gubernamental: avances y limitaciones
Sahara Cárdenas Hernández, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, expuso las estrategias y acciones implementadas por la administración estatal. Recordó que desde 2022 se institucionalizó la atención al desplazamiento con la instalación de la Comisión de Desplazamiento Forzado del Estado, y que en 2023 se logró la tipificación del delito.
Cárdenas destacó la elaboración de un protocolo de atención emergente en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que incluye un cuestionario único para conocer las necesidades de las personas desplazadas.
La funcionaria, que coordina además la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, señaló que han brindado más de 11,000 atenciones, aunque aclaró que no se trata de una cifra oficial, pues la atención se otorga “de buena fe”, sin comprobar la condición de desplazado.
La funcionaria reconoció que no existe un marco jurídico nacional ni estatal para guiar la atención, y que tampoco hay una partida presupuestal etiquetada para desplazamiento. “Nunca ha faltado el recurso” para las atenciones emergentes, afirmó, pero admitió que se requiere un andamiaje jurídico que permita generar presupuestación y programas específicos.
Las voces de las comunidades: “El protocolo está muy lejos de la realidad”
Las intervenciones de las personas desplazadas y de quienes las acompañan, contrastaron con el informe oficial. La hermana Maribel Ramírez Lozano, religiosa en la parroquia en de la Virgen de Guadalupe en Baborigame, Guadalupe y Calvo, relató que los desplazamientos en la zona han sido intermitentes desde 2021 y que las comunidades indígenas piden seguridad permanente para poder retornar. “La gente se regresa aún con el riesgo porque quiere vivir en sus pueblos”, advirtió.
La realidad en los lugares donde llegan a vivir las personas desplazadas, es muy diferente a la de su comunidad. La hermana Marbiel explicó que son apoyadas en momentos críticos cuando hay enfrentamientos.
“Sí les han dado (apoyo) aunque no a tiempo por la falta de comunicación o por la lejanía, ha habido operativos, como en el último desplazamiento de Cinco Llagas de junio que se desplazaron, pero tenían 15 días con ataques”.
Añadió que las personas de las comunidades ódami lo que piden es seguridad para no salir, aunque es complejo. Dijo que desde el 5 de junio que llegaron las autoridades a Cinco Llagas había presencia de fuerzas de seguridad, pero hace quince días se retiraron y dejaron desprotegidos a quienes han decidieron regresar y también a las comunidades aledañas.
Refirió que en otras partes del municipio, como Santa Tulita o Llano Grande, ha habido desplazamientos forzados desde 2021.”Nadie tenemos la solución. Viven en alerta permanente para llevar su vida ordinaria. Es difícil que accedan a servicios de salud y ya no quiere ir a sus comunidades el servicio de Diconsa porque a veces los mismos grupos les prohíben entrar y a veces tienen miedo para transitar en los caminos”.
Sobre las familias que se desplazan a Baborigame, la mayoría son mujeres con sus hijas e hijos, porque los hombres temen ser reclutados ahí y otros más, van a buscar trabajo porque no hay en ese poblado. Las familias viven hacinadas porque es difícil el acceso a la vivienda.
La atención a la salud en Baborigame no es suficientes, parece que no hay conciencia humanitaria y falta comprensión gubernamental para entender la realidad de la región respecto del acceso a la salud.
El párroco de la parroquia de Baborigame, Octavio García, destacó la necesidad de una red de ayuda preventiva y denunció que las comunidades quedan en situación de vulnerabilidad extrema ante la ausencia de seguridad. “Nos sobrepasa la realidad que estamos viviendo”.
Enfatizó que por la experiencia que vivido con las personas desplazadas, desde su llegada hace ocho meses, urgió a que la red se realice en distintos canales de servicio para ayudar, para desplazar y atender a las personas en sus comunidades, y a que el mayor porcentaje es querer regresar a su tierra y continuar con su vida.
“El próximo mes, el primer sábado de octubre, hay fiesta de Nuestra Señora del Rosario y la gente quiere continuar con sus tradiciones, son cinco familias que se encargan de organizar la fiesta pero se requiere seguridad militar y estatal. Tienen esperanza de llevar a acabo su fiesta patronal. Es el 6 de octubre”.
Llamó a atender la situación de desplazamiento forzado con carácter preventivo.
“Yo creo que lo más importante que se vive es la salud”, coincidió el sacerdote con la hermana Maribel, “porque no hay condiciones para atener personas en situación crítica, menos para atender a personas víctimas de situaciones de delitos o de violencia, protección civil o de otro índole preventivo. Por ejemplo, estaría bien una ambulancia aérea y otros apoyos preventivos.
“Propiciar la seguridad es primordial, que haya paz y tranquilidad en las comunidades para que puedan continuar con su vida. Sabemos el interés por los que están desplazando, son grupos de choque, pero también, si nosotros damos cancha abierta para que ellos hagan campo de batalla en una comunidad pacífica y sobre todo de manera tan violenta, con drones y explosivos, es una gran amenaza y hay consecuencias traumáticos, cuesta trabajo poder superar”.
Leonel Barro, comunicador ódami y coordinador del colectivo Las Cuatro Raíces y originario del municipio de Guadalupe y Calvo, expuso cuatro ejes críticos: vivienda, educación, salud y seguridad.
El joven denunció que en Delicias hay hasta cuatro familias viviendo en un cuarto de 3×4 metros, sin servicios básicos; que niños han sido vacunados hasta tres veces con la misma dosis por falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y que se niega el acceso a traductores e intérpretes en la atención psicológica.
“Las personas no buscan que todo se les regale, sino que haya facilidades para poder ir pagando sus terrenos o sus casas, y que los niños indígenas puedan tener sus clases en su propia lengua”, subrayó Barro, quien recientemente estuvo en una participación en el Congreso de la Unión, en donde evidenció la desaparición de la lengua materna y el desplazamiento forzado.
“¿Dónde está la garantía de ingreso prometido? A una familia le prometieron un lugar en una escuela cerca, pero conforme pasó el tiempo les dijeron que quedaban en lista de espera porque no hay espacio. Seis niños se regresaron a su comunidad en condiciones que no son seguras”. Denunció además que los niños son discriminados no sólo por sus compañeros, sino por los propios maestros, y que no hay educación bilingüe ni intercultural.
Bertha Ramḿirez, en representación de la organización Nuevo Amanecer y acompañada de personas desplazadas de Tamazula del estado de Durango y de Badiraguato del estado de Sinaloa, relató que este año hubo un desplazamiento grande de la gente de Tamazula.
“Fueron muchas familias las que llegaron a Parral y luego se fueron a diferentes partes del país, como a Tijuana, algunos se quedaron en Parral y lugares aledaños. Hay hasta 26 o 28 personas viviendo en una casa de dos cuartos, sin estufa, sin cobijas, sin nada. (En el caso de las personas de Badiraguato) Se pidió el apoyo al gobierno municipal, atendió a algunas en el centro comunitario pero sólo una semana porque no los podían tener ahí, a la semana cada quién tenía que buscar donde pudiera. No han tenido apoyo de despensas ni cobijas, como pudieron, cada quién por su lado”.
Ramirez denunció que a las personas desplazadas de otros estados se les atendió de manera diferenciada respecto a las de Chihuahua, y que dos personas del contingente de Atascadero están desaparecidas y una mujer fue asesinada.
Sobre la educación de los niños desplazados, relató: “Dos nietas de una señora no encontraron cupo en ninguna escuela secundaria en Parral. Yo personalmente las llevé a Santa Bárbara. La secretaria del director me dijo: ‘Le tomo los datos y si hay algún espacio, le hablamos’. La única manera de que se nos atienda es por medio de los periodicazos. Pedí a una reportera que publicara el caso y sí se comunicó la regidora de educación y logró acomodar a las niñas, pero en otra escuela más lejana”.
Hay familias que han tenido que decidir qué niño o niña entra a la escuela porque las cuotas son muy altas, los uniformes y útiles son caros. “La educación tal vez es laica, pero gratuita no es”, sentenció Bertha Ramírez.
Respecto del desplazamiento forzado de la seccional de Atascaderos del municipio de Guadalupe y Calvo, también ocurrido en febrero de esta año, se les atendió un poco mejor.
“Se presentó el gobierno del estado, se les llevó una despensa por familia, las colchonetas no se les entregaron porque se les dijo que si se regresaban a su comunidad allá se les entregaban. Algunos se regresaron a su comunidad y hay dos personas desaparecidas y una mujer asesinada hace como menos de un mes. La Fiscalía no dijo nada”.
“No hay coordinación entre tres niveles de gobierno, seguimos pensando que se va a atender y no se atiende. Hemos pedido que atiendan la salud, educación, vivienda, trabajo y alimentación. Pero están lejos de esos ejes. Parral no tiene trabajo suficiente, son caras las rentas, los adultos mayores no tienen trabajo digno, se batalla para tener canasta básica, los sueldos son bajos”, agregó Bertha Ramírez.
Y llamó a las autoridades a “que se pongan a trabajar para lo que quiénes necesitan las personas desplazadas”.
La coordinadora de la organización conminó a las autoridades a que vayan a las casas de las personas desplazadas, a los terrenos baldíos donde han construido casas de madera y de cartón, para que puedan conocer sus realidades y les cuenten lo que están viviendo.
“Siento como que el protocolo está muy lejos de la realidad. Para entender a las personas desplazadas tendría que ir casa por casa como lo hemos hecho nosotros, atender directamente sus necesidades, sus problemas y todo lo que vienen cargando desde sus comunidades”.
Exigencias y propuestas
Durante el foro se plantearon demandas concretas: la creación de una ley estatal de desplazamiento interno que permita etiquetar presupuesto y coordinar a los tres niveles de gobierno; la instalación de una dependencia específica encargada del tema; atención permanente en salud, educación y vivienda con pertinencia cultural; y mecanismos de coordinación que trasciendan la buena voluntad política.
Víctor Quintana, director de la organización Cosyddhac presentó datos de la Encuesta Intercensal 2025: el 1.42% de las familias chihuahuenses manifestó haber dejado su vivienda y lugar de origen por violencia entre 2020 y 2025, lo que equivale a casi 17,000 familias. “Conocemos a una muy pequeña parte”, advirtió, y urgió a que se considere el desplazamiento interno como una política expresa con asignación presupuestal”.
Sahara Cárdenas respondió que el gobierno del estado está en la mejor disposición de generar reuniones y coordinar esfuerzos, pero insistió en que el marco jurídico es la base para sentar las bases de coordinación, atención y presupuestación. Sobre la seguridad, señaló que es un tema de los tres niveles de gobierno y que las causas —la disputa territorial entre grupos criminales— son de jurisdicción federal.
Reflexión de uno de los presentes: “El reto de la administración pública es humanizar la atención. Cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando de personas y de derechos. Los derechos humanos están por encima de cualquier ley reglamentaria. ¿Por qué gobierno del Estado no hace un decreto que ayude, que sea un ejemplo para la Federación y para los otros estados?”.
El foro concluyó con el compromiso de las organizaciones de la Misión Civil de Observación de dar seguimiento a los compromisos y de continuar con los “Diálogos de Resistencia”, que tendrán próximas ediciones para abordar otros ejes de la problemática.
La Misión de Observación está integrada por las organizaciones Alianza Sierra Madre, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehem), la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (COSYDDHAC), el colectivo Nuevo Amanecer, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz.
