En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, familiares, víctimas y sobrevivientes provenientes de nueve estados del país denunciaron que la tortura continúa siendo una práctica generalizada cometida por fuerzas de seguridad de todos los niveles. A través de un pronunciamiento conjunto, exigieron a la Presidencia de la República reconocer la existencia de esta violación a los derechos humanos, implementar medidas efectivas para erradicarla y garantizar justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas
Por Redacción ZonaDocs
Fotografías: Fundar
En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura de Baja California, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo hicieron público un pronunciamiento colectivo para denunciar que la tortura continúa siendo una práctica generalizada en México y que es cometida por fuerzas de seguridad de todos los niveles.
Las personas firmantes señalaron que la tortura no constituye un hecho aislado, sino una práctica que sustituye al debido proceso, se utiliza para obtener confesiones, fabricar culpables y sostener un sistema de justicia que castiga a personas inocentes.
“Hablamos desde nuestras propias vidas atravesadas por el dolor, la injusticia y la impunidad. En México, la tortura no es un hecho aislado: sustituye al debido proceso, se utiliza para arrancar confesiones, fabricar culpables y sostener un sistema de justicia que castiga a personas inocentes”, expresaron.
Las víctimas y sobrevivientes respaldaron esta denuncia con los resultados del Índice Global de Tortura publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura, el cual evidencia fallas estructurales en México para prevenir, investigar y sancionar la tortura, además de graves deficiencias en el acceso a la justicia y a la reparación integral.
Según señalaron, dicho índice muestra que, aunque México cuenta con un marco legal avanzado, existe una profunda brecha entre la legislación y su implementación, situación que perpetúa la impunidad y favorece la repetición de estas violaciones.
En el pronunciamiento también afirmaron que el propio marco legal e institucional ha facilitado la comisión de actos de tortura mediante figuras como la detención arbitraria, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, las cuales continúan vigentes pese a los llamados de organismos internacionales.
Recordaron el caso de Andrew Córdova, quien permaneció 18 años en prisión preventiva tras haber sido torturado, y citaron las palabras de su esposa Abigail: “Bajo tortura, cualquiera puede ser culpable de un delito que no cometió.”
Las y los firmantes sostuvieron que la tortura destruye familias enteras y deja daños irreparables. Recordaron las luchas emprendidas por las familias de Miguel y Pedro Peralta, así como de Ivonne e Inocencia, quienes después de 15 años lograron la libertad de Germán Heredia tras una serie de abusos cometidos por autoridades encargadas de la administración de justicia.
Asimismo, advirtieron que la tortura tiene impactos diferenciados sobre las mujeres. Recordaron a las 21 mujeres fallecidas bajo custodia en el Cefereso 16 desde 2021 y a Ángela Elizondo, quien murió a los 15 años tras sufrir abusos en un centro de rehabilitación.
También reconocieron la lucha de mujeres que han denunciado tortura sexual, entre ellas las sobrevivientes de Atenco, las integrantes del Colectivo 9N y Wendy Galarza, quien fue víctima de tortura por agentes policiales en Quintana Roo durante noviembre de 2020.
El pronunciamiento también llamó la atención sobre la violencia que enfrenta la población LGBTIQ+, particularmente las mujeres trans, quienes —afirmaron— son agredidas de manera cotidiana por fuerzas de seguridad, como ocurrió recientemente durante una protesta frente a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Las organizaciones denunciaron además que la tortura no se limita a los centros de detención, sino que también ocurre durante protestas sociales, en estaciones migratorias y en instituciones de salud mental y centros de rehabilitación para personas con consumo problemático de sustancias.
Frente a este panorama, señalaron que la respuesta institucional ha sido insuficiente. A casi una década de la entrada en vigor de la Ley General contra la Tortura, aseguraron que las fiscalías especializadas carecen de autonomía, recursos y capacidad; el Mecanismo Nacional de Prevención no actúa con independencia y herramientas como el Protocolo de Estambul han sido utilizadas para encubrir la tortura en lugar de investigarla.
Las víctimas también denunciaron que continúan enfrentando revictimización al buscar justicia. Mencionaron casos como el denominado “Caso Tlaxcala”, así como los de Yonny Ronnay, Juan Carlos Michaca y Nino Colman, quienes permanecen privados de la libertad pese a resoluciones internacionales.
En el caso de Chiapas, denunciaron que recientemente se documentó en medios de comunicación la comisión de actos de tortura dentro de instalaciones de la Fiscalía General del Estado y responsabilizaron a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de participar en detenciones arbitrarias, desapariciones y actos de tortura contra población civil y personas defensoras de derechos humanos.
En ese contexto exigieron la libertad de Oscar Trinidad Carbajal, Orbey, Orlando y José Julián —servidores de la Iglesia—, así como de Pedro Pérez Jiménez.
Asimismo, cuestionaron el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al señalar que incluso después de recuperar la libertad muchas personas sobrevivientes continúan siendo revictimizadas y se ven obligadas a litigar contra la propia institución para acceder a una reparación integral.
En el documento también solicitaron que las y los familiares de personas privadas de la libertad sean reconocidos como agentes de prevención de la tortura, al ser quienes reciben y documentan las denuncias y testimonios de malos tratos. Además, exigieron que cesen los tratos humillantes contra mujeres, niñas y niños que visitan a sus familiares en centros penitenciarios.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.
