Patricia Negrete Tafoya, atacada en Pénjamo se suma a la lista de víctimas de homicidio este año; activistas encuentran fallas en el atlas de riesgos presentado por el gobierno del estado de Guanajuato
Por Yajaira Gasca Ramírez / PopLab
León, Guanajuato- El asesinato de otra buscadora en Guanajuato volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes defienden derechos humanos en la entidad. En este contexto, organizaciones, colectivas y periodistas advirtieron que el Atlas de Riesgos 2025-2026 presentado por el Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras y Periodistas muestra fallas importantes, como la falta de identificación de los agresores, la omisión de la cifra negra y la ausencia de criterios claros para definir las zonas de silencio.
Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada este martes al salir de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo. Ella buscaba a su hermana, Laura Angélica Negrete, desaparecida desde enero de 2021. Es la segunda integrante de dicho colectivo víctima de homicidio, la primera fue Teresa Magueyal, en 2023.
Se trata de la cuarta mujer buscadora asesinada este año en la entidad. Cecilia García del colectivo Unidos Buscando Desaparecidos fue localizada sin vida en abril en Salamanca después de permanecer dos semanas desaparecida; en ese mismo municipio, en mayo fueron asesinadas a balazos Patricia Acosta Rangel y su hija, Katia Citlali Jáuregui, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. En ambos casos, autoridades estatales negaron que se tratara de buscadoras en activo.
La semana pasada, el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato presentó su informe anual y el mapeo de riesgos para el estado, el primero del que se maneja una versión pública, pues en 2020 se elaboró otro documento a través de la misma instancia, pero se mantuvo reservado.
En la versión pública del Atlas de Riesgos se registraron 219 agresiones documentadas: 145 contra personas periodistas y 61 contra personas defensoras de derechos humanos. También se identificaron 22 homicidios de personas vinculadas con la actividad periodística o la defensa de derechos humanos entre 2019 y 2026; con el asesinato de Patricia Negrete, la cifra incrementa a 23 casos.
Destaca Irapuato como el municipio que concentra el mayor número de expedientes de agresiones, con 48 casos, seguido por León y Celaya. Salamanca, por su parte, acumula ya tres víctimas en 2026.
El Atlas también identifica 11 municipios considerados “zonas de silencio”, caracterizados por una menor presencia de medios locales o de observación externa. Se trata de ciudades donde se han registrado hechos de violencia vinculados con grupos del crimen organizado.
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) sostiene que los municipios de mayor riesgo y aquellos identificados como zonas de silencio ya han sido plenamente reconocidos por personas defensoras y periodistas, y considera necesario atender las causas estructurales de la violencia en Guanajuato.
Cirenia Celestino Ortega, directora de CIMAC, apuntó que “más que una cartografía, falta conocer cómo se garantizará la prevención y la no repetición de estos actos en un contexto marcado por la impunidad, la corrupción y la negación de la labor periodística y de defensa de derechos humanos”.
Por su parte, Artículo 19 advierte que el diagnóstico del Consejo no permite conocer la evolución de los casos a lo largo del tiempo. Ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de identificar a las personas agresoras para desarrollar acciones preventivas.
De acuerdo con la documentación de Artículo 19, más del 50 por ciento de las agresiones contra la prensa provienen de personas funcionarias públicas, sobre todo a nivel estatal y municipal, “y eso genera desconfianza”, explicó Pedro Cárdenas, integrante de dicha organización defensora de libertad de expresión y periodistas.
Personas beneficiarias de medidas estatales sostienen que persisten violencias y problemáticas que no se consideran dentro del análisis, como los tiempos de respuesta a las solicitudes de protección y la capacidad limitada de atención en algunas zonas del estado debido a factores geográficos o a la insuficiencia de recursos humanos.
En el caso particular de las y los periodistas, señalaron la falta de regulación de la publicidad oficial, que genera autocensura por compromisos comerciales o políticos.
Atlas de Riesgos confirma violencia contra defensoras, pero omite a agresores
Fue la noche de este martes, según el reporte de autoridades, aproximadamente a las 10 de la noche, cuando Patricia salió de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo. Al salir de este lugar abordó una motocicleta y fue alcanzada por sujetos armados que viajaban en otra unidad del mismo tipo, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.
La buscadora era parte del colectivo Una Promesa por Cumplir, con el que participaba en jornadas de búsqueda, acompañamientos y reuniones con autoridades estatales con el objetivo de localizar a su hermana.
Ella es la segunda defensora asesinada perteneciente a este mismo colectivo: en mayo de 2023 Teresa Magueyal Ramírez fue asesinada en San Miguel Octopan, comunidad perteneciente a Celaya.
Registros de organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos sostienen que es la víctima número 13 identificada en esta categoría, aunque también hay cinco personas defensoras más desaparecidas.
En 2023, CIMAC elaboró un diagnóstico sobre la política de protección en Guanajuato, el cual incluyó la revisión del marco normativo, el contexto estatal y testimonios de periodistas, personas defensoras y buscadoras. Entre las recomendaciones planteadas se encontraba precisamente la actualización y difusión pública del Atlas de Riesgos, recordó Cirenia Celestino Ortega, directora de la organización.
“Ya señalábamos que Guanajuato es un estado de alto riesgo para periodistas, defensoras y particularmente para las buscadoras. En ese momento, incluso, nos decían que el 80 por ciento de los casos de riesgo afectaban a mujeres vinculadas con estas labores”, señaló.
Dijo que el Atlas de Riesgos confirma una realidad ampliamente conocida por periodistas y defensoras.
En el mapeo presentado por el Consejo Estatal se identifican plenamente a Pénjamo, Abasolo, Juventino Rosas y Comonfort. A estos se suman Atarjea, Valle de Santiago, Acámbaro, Cortazar, Salvatierra, Apaseo el Grande y Villagrán.
“No nos están dando a conocer algo que no sepamos. La cartografía del riesgo ya era conocida por las periodistas, las buscadoras y las defensoras. La pregunta es qué hará el Estado para garantizar la libertad de expresión y una vida libre de violencia frente a una realidad que existe desde hace muchos años”, expresó.
Cuestionó que, pese a que el documento reporta que el 43 por ciento de los casos corresponden a mujeres, no distingue cuántas son periodistas, defensoras o buscadoras, ni analiza las formas específicas de violencia que enfrentan.
Explicó que, en un estado con altos índices de desaparición y más de 20 colectivos de búsqueda, persisten problemas como la violencia institucional contra las defensoras de derechos humanos, la criminalización del trabajo periodístico y un trato diferenciado hacia las mujeres por parte de funcionarios públicos.
Celestino Ortega recordó que, de acuerdo con los registros de CIMAC, 2025 fue el año de mayor riesgo para las mujeres periodistas, situación que también fue advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en su informe de 2026, reiteró que México continúa siendo el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión en América Latina.
“Guanajuato no es un caso aislado. Es un estado que adquiere relevancia por las condiciones de violencia y por el peso que tienen los colectivos de búsqueda”, sostuvo.
Sin embargo, consideró que el Atlas deja pendiente un aspecto central: identificar y prevenir las agresiones cometidas por servidores públicos, pues se ha documentado que en este tipo de agresiones, los principales perpetradores son funcionarios públicos y esto no se señala en el documento.
Reconocen avances, pero piden considerar la cifra negra
Periodistas y defensoras beneficiarias de medidas consultados -que pidieron reservar su identidad por motivos de seguridad- celebraron que el documento se haya dado a conocer, pues recordaron que el mapeo realizado en 2020, durante el sexenio del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no fue público.
Sin embargo, detallaron que en el documento no se identifican problemáticas como los largos tiempos de espera para que el Consejo responda a las solicitudes de medidas. Una de las personas entrevistadas refirió, por ejemplo, que tuvo que esperar tres meses para que se resolviera un requerimiento.
También coincidieron en que, por cuestiones geográficas, algunas medidas que ofrece el mecanismo estatal en ocasiones no son prácticas ni aplicables. Por ejemplo, la implementación de escoltas en algunos municipios se complica por la capacidad de las policías municipales, o bien, la cobertura se dificulta por el lugar en donde vive la persona beneficiaria.
Incluso, la conectividad telefónica representa estas complicaciones, pues en algunos lugares ni siquiera hay señal.
Sobre la custodia policial, algunas personas refirieron desconfianza, ya que en ciertos casos estos servidores públicos han sido los mismos agresores y, específicamente en el caso de las y los periodistas, señalaron la censura que se vive por la falta de regulación de la publicidad oficial y los compromisos políticos y comerciales que se generan cuando algún gobierno o funcionario público paga por estos servicios.
Para Pedro Cárdenas, de la organización Artículo 19, la elaboración del Atlas de Riesgos 2025 por parte del Consejo Estatal representa un paso importante en la generación de información sobre las agresiones contra la prensa y las personas defensoras, pero el documento debe considerar la existencia de una cifra negra, identificar a los agresores y fortalecer las medidas preventivas.
Cárdenas destacó que uno de los principales problemas, tanto del mecanismo estatal como del federal, continúa siendo la lentitud en la atención de los casos.
Explicó que, primero, existe un proceso prolongado para determinar la incorporación de una persona beneficiaria y, posteriormente, las autoridades encargadas de ejecutar las medidas suelen tardar en implementarlas o incluso incumplirlas.
“Nos ha pasado que se solicitan visitas periódicas de la policía estatal al domicilio de un periodista y la corporación responde que no tiene capacidad para hacerlo por cuestiones de gasolina o por la distancia. Entonces, la medida existe en el papel, pero no se cumple”, comentó.
Por otro lado, explicó que las zonas de silencio identificadas por el Atlas deben analizarse considerando que la información proviene principalmente de los reportes internos del Consejo Estatal, por lo que existe una cifra negra derivada de la desconfianza hacia las autoridades.
También expresó que el Atlas contiene información valiosa sobre los tipos de agresión y la distribución territorial, pero advirtió que algunos gráficos no permiten conocer la evolución anual de los casos.
Además, señaló que la principal medida de protección otorgada por el Consejo es la asignación de números de emergencia, seguida de los rondines policiales, por lo que resulta indispensable que las corporaciones de seguridad conozcan las zonas de mayor riesgo y desarrollen estrategias preventivas.
En coincidencia con CIMAC, Cárdenas subrayó que uno de los principales vacíos del documento es la falta de información sobre quiénes son los agresores.
Añadió que, si los rondines policiales constituyen una de las principales medidas de protección, es indispensable garantizar que las propias corporaciones no sean las responsables de las agresiones.
“La data tiene que terminar abonando al trabajo preventivo. No basta con documentar el riesgo; la información debe servir para evitar que las agresiones se repitan”, subrayó.
El representante de Artículo 19 destacó, además, que, de acuerdo con el informe más reciente de la organización, correspondiente a 2024, Guanajuato fue la entidad con mayor gasto en publicidad oficial del país, con más de 756 millones de pesos.
Indicó que actualmente el 78 por ciento del gasto en publicidad oficial se concentra en los estados y que la falta de regulación permite que estos recursos sean utilizados de manera discrecional.
Las organizaciones coinciden en que el esquema de Medidas de Apoyo Inmediato y los apoyos económicos extraordinarios anunciados por el Consejo Estatal representan un acierto, debido a las afectaciones patrimoniales, económicas y de salud derivadas de las agresiones. No obstante, advirtieron que uno de los principales retos será garantizar que las personas beneficiarias conozcan y puedan acceder a estos recursos.
Asimismo, consideraron importante que las autoridades mantengan una visión amplia sobre quién ejerce el periodismo y la defensa de los derechos humanos, tomando en cuenta los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de evaluar las solicitudes de protección.
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Este trabajo fue publicado originalmente en POPLab que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.
