Tras la renuncia del fiscal estatal y la apertura de investigaciones federales por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en la Sierra de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos publicó un acuerdo que supedita cualquier esquema de cooperación internacional a la autorización previa de instancias del Gobierno Federal
Por Redacción de La Verdad Juárez
Tras la crisis política desatada por la presencia de agentes de Estados Unidos en un operativo estatal, la gobernadora María Eugenia Campos Galván prohibió a las personas servidoras públicas de la administración estatal establecer mecanismos directos de cooperación con agentes extranjeros sin autorización expresa del Gobierno Federal.
La disposición, vigente desde el miércoles 29 de abril, quedó acentada en el acuerdo 043/2026 firmado por la gobernadora y publicado ese mismo día en el Periódico Oficial del Estado.
Se instruye a las dependencias centralizadas y paraestatales “a cumplir estrictamente con la normatividad vigente en toda acción, acuerdo o mecanismo de colaboración con gobiernos, agencias o entidades extranjeras, en materia de seguridad pública, procuración de justicia y seguridad nacional”.
“En todo momento deberá observarse el principio de no intervención previsto en el artículo 40, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ninguna autoridad podrá permitir o autorizar la participación de agentes extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado mexicano, sin contar con la autorización expresa de las autoridades competentes conforme a la legislación aplicable”, se ordena.
Se establece que cualquier coordinación, colaboración, capacitación, intercambio de información, contacto, comunicación y/o reunión con gobiernos, agencias o entidades extranjeras “únicamente podrá realizarse por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las Secretarías de Seguridad y Protección ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, de conformidad con los artículos 68 y 69 de la Ley de Seguridad Nacional”.
Se pide que antes de establecer colaboraciones con extranjeros deberán verificar su viabilidad jurídica, administrativa y operativa, en concoordancia con lo siguiente:
- Remitir el proyecto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para dictamen y, en su caso, registro;
- Coordinarse con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y gestionar, cuando proceda, la autorización correspondiente;
- Incluir en los instrumentos correspondientes cláusulas de protección de datos, confidencialidad y resguardo de la información conforme a la legislación aplicable.
Entre los considerandos del acuerdo se menciona que “la cooperación internacional en materia de seguridad deberá conducirse de manera institucional, ordenada y respetuosa, con estricto apego a un marco jurídico claro, a fin de prevenir riesgos y salvaguardar en todo momento la soberanía del Estado mexicano”.
También se indica que es necesario fortalecer la coordinación institucional entre el Estado de Chihuahua y el Gobierno de México, a fin de garantizar que cualquier mecanismo de cooperación internacional se conduzca estrictamente conforme a derecho.
Los nuevos lineamientos se establecieron en medio de la polémica desatada por la presencia ilegal de agentes estadounidenses, presuntamente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), en un operativo que derivó en el hallazgo de dos laboratorios para drogas sintéticas en el municipio de Morelos, al sur del estado de Chihuahua.
Esta medida se implementa días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara carpetas de investigación por la presunta presencia de elementos de la CIA en un operativo en el municipio de Morelos, hecho que derivó en la renuncia del fiscal César Jáuregui Moreno.
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Este trabajo fue originalmente publicado en La Verdad Juárez, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes ver su publicación.
