Activistas de la diversidad sexual de Chihuahua acusan que se ignoraron identidades de género y se obstaculizó la presencia de la sociedad civil en la audiencia, por lo que denunciarán tales actos ante las instancias correspondientes.
Por Óscar Rosales / Raíchali
Chihuahua.- Con poca imparcialidad, hostilidad y transfobia, así fue como la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses calificó el actuar de la jueza Lucero Anaid Moreno Navarrete durante la audiencia de individualización de la pena contra Iván Arturo G.P., condenado el pasado martes a 34 de años de cárcel por el asesinato de de la activista trans Mireya Rodríguez Lemus, ocurrido en agosto del 2020.
Lucero Anaid fue una de las juezas que dejó en libertad a Iván Arturo en julio del 2022, junto con los jueces Aram Delgado García y Ricardo Márquez Torres, quienes pusieron en duda las más de 70 pruebas que aportó la Fiscalía para demostrar el crimen, entre ellas la necropsia de Mireya y el robo y venta que hizo Iván del vehículo de la víctima, así como la posesión de su celular tras el asesinato.
En conferencia de prensa afuera del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), un día después de la sentencia contra Iván, Mayte Regina Gardea, presidenta de Unión y Fuerza de Mujeres Trans, enumeró una serie de actitudes y decisiones que, para la organización, expusieron la transfobia que hay dentro de la dependencia.
La primera decisión que extrañó a las chicas fue el cambio de sala que se hizo para la audiencia a una más pequeña, donde sólo había seis asientos para público y medios de comunicación, lo que limitó la presencia de las representantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans, que son consideradas victimas indirectas del asesinato de Mireya.
Mayte explicó que cuando se les solicitó retirarse a algunas de ellas de la sala para dar espacio a la familia del imputado, a lo cual accedieron, una de las abogadas se refirió en un primer momento a ellas como “ellos”, ignorando por completo su identidad de género, por lo cual tuvieron que explicarle cómo debía dirigirse correctamente hacia ellas.
“La jueza envió miradas lacerantes, además dijo que estábamos en ese espacio por un asunto de violencia ejercido por las mujeres trans en contra de la voz, es decir ella; y derivado de las manifestaciones afuera del Tribunal Superior de Justicia”.
Detallaron que los recesos de la audiencia fueron demasiado largos y la temperatura dentro de la sala era excesiva.
Por otro lado, afirmaron que la jueza Lucero Anaid usó un tono hóstil e hizo alusiones al final, a “la violencia” que ejerció la asociación civil en contra de ella, por las diversas manifestaciones antes y después de la primera liberación de Iván Arturo G.P., donde se mencionaron los nombres de ella y los otros dos jueces.
“¿Desde cuándo manifestarte, decir los nombres de los que fallaron en el acceso a la justicia, es violencia? Yo jamás he criticado a la jueza en lo personal porque no la conozco. Yo critiqué, reproché su actuar en la liberación de un transfeminicida que me había arrancado la vida de mi hermana Mireya”, cuestionó la presidenta de Unión y Fuerza de Mujeres Trans.
Ante estos hechos, la organización adelantó que denunciará los actos de la jueza en los órganos internos correspondientes del Tribunal de Justicia así como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“Un juez o una jueza no me va venir a decir como tengo que luchar o como tengo que pedir justicia”, afirmó Mayte.
Tipificar el feminicidio, una deuda pendiente
La recaptura de Iván Arturo G.P. durante la semana pasada en un domicilio en Ciudad Juárez, se dio tras una sentencia condenatoria por parte de un Tribunal de Alzada, un órgano jurisdiccional de segunda instancia encargado de revisar, modificar, revocar o confirmar las sentencias emitidas por un juzgado de primera instancia, que en este caso fue el que permitió su liberación en julio del 2022.
Para Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses y el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, la pena de 34 años contra Iván por el delito de homicidio agravado en razón de género y robo no fue suficiente. Ambas organizaciones esperaban una sentencia mínima de, al menos, 50 años.
Afirmaron que la tipificación del delito de transfeminicidio en el estado, impulsado como la “Ley Mireya”, no ocurre por una falta de voluntad política y empatía de las y los diputados del Congreso. El actuar de la jueza en el tribunal es tan sólo una pequeña muestra de la transfobia que existe dentro de las instituciones de Chihuahua, aseguró Mayte.
Aitana, Paxy, Claudia, Ginna, Briana, Luz Clara, Pilar, son tan solo algunos de los nombres de las mujeres trans asesinadas desde 2010 en Chihuahua, refirió Mayte Regina.
De acuerdo con datos de Letra Ese, del 2013 al 2021, han asesinado en el estado de Chihuahua a 55 mujeres trans. La misma organización registra que, tan solo en 2023, se asesinaron a nueve personas de la población LGBTTTIQ+, lo que lo convierte en la tercera entidad federativa más peligrosa para este grupo.
“Puedes descansar en paz, compañera”
Tras seis años de resistencia, tanto Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses y el Cómite de la Diversidad Sexual, expresaron que este caso marca un precedente para la lucha de los derechos y el acceso a la justicia de la población LGBTIQA+ en todo México.
“Que sepa, que le quede claro, que nunca dejamos de luchar”, expresó hacia Mireya la activista Karla Arvizo, presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua.
“Puedes descansar en paz, compañera. Nosotras no vamos a descansar”.
En este reportaje puedes leer un poco más de la historia de Mireya y como a partir de su lucha, junto a Mayte, Kony, Tania y Kenia, fundaron Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses.
