Los delitos ambientales en el norte de México suponen una amenaza existencial, ya que en ellos confluyen el crimen organizado, la degradación medioambiental, las malas prácticas institucionales y la vulnerabilidad de las comunidades. Este informe analiza la tala ilegal en Chihuahua, un de los problemas más acuciantes de la región, y la dinámica criminal de la minería en Sonora, todavía poco explorada.
Un informe de Global Initiative Against Transnational Organized Crime
En Chihuahua, la Sierra Tarahumara, una cadena montañosa que alberga una de las zonas arboladas con mayor biodiversidad de América del Norte, se ha convertido en un centro de violencia creciente y de explotación forestal no autorizada.
En los últimos años, algunas organizaciones criminales transnacionales, entre las que destacan el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han competido por el control de este tráfico tan lucrativo y han convertido la explotación forestal en una fuente de ingresos que mueve millones de dólares, ya que la madera ilegal de Chihuahua vale tanto como el mercado lícito: alrededor de 172 millones de dólares estadounidenses al año, establece el informe de Global Iniciative.
A menudo, las organizaciones criminales amenazan a las comunidades locales o actúan en colusión con los terratenientes para talar por encima de los límites legales y buena parte de la madera se convierte en tarimas para exportar productos a Estados Unidos. Esto incrementa la pérdida de cobertura arbórea, los incendios forestales y el desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas, lo que pone de relieve el elevado coste humano y ecológico de la tala ilegal. Además, preocupa la evidencia de que se está recurriendo a la violencia sexual como forma de gobernanza criminal en la sierra.
En Sonora, el estado mexicano que más minerales produce, la dinámica criminal en el sector minero
presenta un patrón característico, pero inquietante, de daño ambiental, corrupción y complicidad del
Estado. Se ha acusado a las grandes empresas mineras de colusión con las autoridades locales, lo que facilita la aprobación de permisos, las concesiones de derechos sobre el agua y una valoración laxa del impacto ambiental.
Algunos incidentes notorios, como el derrame tóxico de Grupo México en el río Sonora en el 2014, demuestran una combinación de negligencia institucional y complicidad regulatoria que perpetúa la injusticia ambiental. Al mismo tiempo, Sonora es el centro de un nuevo «triángulo dorado» de producción de fentanilo y homicidios relacionados con las armas de fuego, a medida que las organizaciones criminales compiten por el control de los corredores del contrabando a lo largo de la frontera estadounidense.
Algunos casos concretos, como el del ejido El Bajío, en Caborca, demuestran que estas organizaciones también recurren a la violencia para seguir controlando las actividades mineras. Aunque el nivel de colusión es discutible, se tiene constancia de acuerdos financieros entre las organizaciones criminales y las grandes empresas mineras.
Yuxtaponiendo estas dos economías extractivas, la explotación forestal y la minera, el informe demuestra que las regiones fronterizas del norte de México se han convertido en campos de batalla. Los delincuentes compiten por las fuentes de ingresos procedentes de la tala ilegal y la minería, mientras el Estado es, casi siempre, deliberadamente descuidado ante la innovación criminal y la búsqueda de rentas de las empresas. Para mitigar los delitos ambientales en Chihuahua y en Sonora hace falta una estrategia holística que integre el cumplimiento de la ley, medidas contra la corrupción, el desarrollo sostenible y la gestión de los indígenas para salvaguardar uno de los paisajes ecológicos y culturales más vitales de México.
Este informe se basa en investigaciones de primera mano e incluye numerosas solicitudes de información pública, además de entrevistas con fuentes muy diversas, como comunidades afectadas por el crimen organizado, funcionarios públicos mexicanos y expertos con un conocimiento exhaustivo de la dinámica del crimen organizado en la industria maderera de Chihuahua y en el sector minero de Sonora.
Se hacen en él las siguientes recomendaciones:
■ A las autoridades mexicanas: Reforzar las inspecciones y la capacidad judicial en Chihuahua y en
Sonora; publicar todos los permisos y las concesiones en registros en línea accesibles para el público
en general, con sus correspondientes mecanismos de atención de quejas; promulgar leyes vinculantes
y de diligencia debida para las empresas que trabajan en los sectores de alto riesgo; ampliar los
programas de protección para los defensores de los indígenas y del medioambiente.
■ Al sector privado: Identificar y revelar las cadenas de suministro de minerales según los estándares
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); incluir la salvaguarda
del medioambiente y de los derechos de los indígenas en las políticas ambientales, sociales y de
gobernanza (ASG); vincular la financiación a la verificación del cumplimiento de las normas
anticorrupción y las ambientales.
■ A las organizaciones de la sociedad civil: Apoyar los derechos de las tierras comunitarias; financiar redes locales de seguimiento para detectar y denunciar las actividades ilegales.
■ A los socios internacionales: Incluir la mitigación de los delitos ambientales en el contexto del
comercio y de la política exterior; brindar apoyo técnico para fortalecer la capacidad forense y de
vigilancia de México.
La dinámica criminal de la explotación forestal en Chihuahua
Chihuahua es el estado mexicano que más madera produce, estimada en 3 300 millones de pesos mexicanos (172 millones de dólares estadounidenses) al año, lo que equivale a un tercio de la producción total del país. La mayor parte de la madera de Chihuahua procede de la cadena montañosa de Sierra Tarahumara, una de las zonas boscosas con mayor biodiversidad de América del Norte.
En la sierra se encuentran alrededor de dos tercios de los árboles de México y una gran variedad de flora y de fauna, que incluye jaguares, osos negros americanos, cotorras serranas occidentales y otras especies endémicas. También es uno de los tesoros ecológicos que más peligran en el mundo. A nivel local, la tala legal y la ilegal se consideran la causa principal de la deforestación. En el 2018, la pérdida de cobertura arbórea en Chihuahua llegó a más que duplicarse, coincidiendo con el incremento de la talla ilegal que realizan las organizaciones criminales.
Hace mucho que en la sierra hay organizaciones criminales, que aprovechan lo remoto del terreno para producir droga. Durante décadas, los grupos locales de tipo mafioso se han dedicado a la tala ilegal, actuando a pequeña escala, sobre todo como clanes familiares, y casi sin recurrir a la violencia. Sin
embargo, en los últimos años los han expulsado las organizaciones criminales que controlan grandes
franjas de la sierra y están tratando de diversificar sus fuentes de ingresos para incluir la tala ilegal.
La participación de estas organizaciones en la tala ilegal ha intensificado la violencia y ha exacerbado otros problemas sociales y ambientales. Según los expertos locales y los habitantes de la zona, las organizaciones de narcotraficantes están luchando por el control territorial en la sierra, sobre todo el Cártel de Sinaloa, el CJNG y sus filiales locales.
Según los medios de comunicación locales y un experto en delincuencia a quien se entrevistó en mayo del 2024, después del 2021 se intensificó el conflicto por el control territorial entre las facciones locales del Cártel de Sinaloa y La Línea, una facción del Cártel de Juárez, cuando el CJNG entró en la región y se alió con La Línea. Además, los caciques locales (poderosas familias de terratenientes regionales) a menudo obligan a los residentes a colaborar o a prestar servicios a estas organizaciones criminales, como la tala ilegal.
Fuente: Global Forest Watch
El recrudecimiento de la violencia ha afectado negativamente a los grupos indígenas, como los rarámuri y los ódami, que viven en la sierra, sobre todo en regiones remotas que se ven afectadas por la tala ilegal. A lo largo de los ocho últimos años, 14 pueblos indígenas de la comunidad de Coloradas de la Virgen han sido asesinados, presuntamente por defender sus bosques de los grupos criminales. La violencia también ha provocado el desplazamiento de 300 miembros de Coloradas de la Virgen, muchos de los cuales se vieron obligados a huir cuando llegó el CJNG, en el 2021. Ese mismo año, Chihuahua figuraba entre los cinco puntos críticos de la tala ilegal del país.
Los funcionarios reconocen que la tala ilegal es un problema importante en la sierra y que la situación está empeorando, a pesar de que en el 2022 se creó un grupo de trabajo sobre este tema compuesto por organismos públicos de las fuerzas del orden y la protección ambiental, que se reúne una vez al mes para coordinar las operaciones. Según el coordinador del grupo, alrededor de la mitad de la madera que se produce en Chihuahua es ilegal mientras que el director de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) considera que «sin duda, hay más tala ilegal que legal». De hecho, se calcula que el 70 % de la madera de todo el país es de origen ilegal y que el Estado pierde unos 125 millones de dólares como consecuencia del tráfico de madera ilegal.
Los miembros de los ejidos, que son territorios administrados por la comunidad, pueden solicitar permisos para talar legalmente, pero también cumplen una función clave en la tala ilegal, tanto por su colusión con las organizaciones criminales como por ser víctimas de extorsión (véase el recuadro). En la sierra, los ejidos cuentan con 248 permisos, que abarcan 1,44 millones de hectáreas o alrededor del 80 % de la zona de bosques en la que está permitida la tala.
El sistema de ejidos
Los ejidos son una forma de propiedad social de la tierra que estableció la Constitución mexicana de 1917 fundamentalmente para beneficiar a las comunidades rurales y constituyen una parte importante de la estructura agraria del país. En las zonas arboladas, como la Sierra Tarahumara, los ejidos pueden solicitar permisos para talar en sus tierras. El comisariado es el órgano que se encarga de administrar el ejido, de gestionar el uso de la tierra y de los recursos y de garantizar los intereses y la participación de los ejidatarios, es decir, de los miembros del ejido.
Cada tres años, la asamblea general de ejidatarios elige al comisariado, cuyos miembros pueden pertenecer a comunidades indígenas y mestizas (no indígenas). Como ocurre con otras estructuras de gobierno locales, en los ejidos se pueden infiltrar las organizaciones criminales, que actúan en colusión con el comisariado o lo obligan a dedicarse a la tala ilegal o a entregar sus recursos forestales. Esto se complica aún más por las restricciones a la compra y a la venta de las tierras del ejido, lo que da lugar a una zona gris en la cual el crimen organizado puede coaccionar, corromper o manipular a las comunidades para tener acceso a las tierras y a los recursos.
En la sierra, las organizaciones criminales han asumido el control y han ampliado las operaciones de tala ilegal de diversas formas:
■ Blanqueando la madera que han talado de forma ilegal tanto los ejidos como las organizaciones criminales, mediante la falsificación de las guías forestales, como los permisos de explotación forestal y la documentación para transportar la madera. Con estos documentos, la madera puede entrar en la cadena de suministro legal, por lo general después de ser procesada en los aserraderos locales de San Juanito o de Parral. Las guías forestales se falsifican para ocultar la sobreexplotación de la madera más allá de los límites establecidos por los planes de gestión forestal (esto incluye las cantidades, las especies y el tamaño de los árboles) y/o el origen de la madera talada ilegalmente en una zona, sin el permiso correspondiente.
■ Falseando las guías forestales, a veces con la colusión (o la coerción) de los funcionarios locales o de los ejidatarios, sobre todo en el momento de la tala y del transporte. Por ejemplo, los inventarios forestales con «marcas de árboles» fraudulentas, hechas por ingenieros forestales amenazados o corruptos; las guías forestales en blanco, que se completan por encima de los límites legales; las guías que se alteran para poder aprovechar más madera o para ocultar la cantidad de madera que se transporta, y las guías forestales de otras regiones que se roban, se duplican o se reutilizan. Las organizaciones criminales también recurren a la intimidación para obligar a los funcionarios de inspección forestal a dejar pasar la madera ilegal por los puestos de control.
■ Trabajando en colusión con los ejidos u obligándolos a talar madera de forma ilegal. Este es el sistema más habitual, sobre todo en los puntos conflictivos de Guachochi y Guadalupe y Calvo. Por ejemplo, Los Salgueiro (una facción del Cártel de Sinaloa) y Los Tauneros (una facción local aliada de La Línea) trabajan en colusión con los ejidos o los obligan a talar madera de forma ilegal. Las organizaciones criminales empezaron extorsionando tanto a los ejidos que producen la madera como a los aserraderos que la reciben y los obligan o actúan en colusión con ellos para falsificar los documentos para sobreexplotar los bosques. Con el tiempo, las tarifas de la extorsión han ido aumentando, hasta que, hace tres o cuatro años, algunas organizaciones criminales empezaron a quedarse con todas las ganancias de la venta de la madera, ya sea obligando a los ejidos a vender a los aserraderos controlados por ellos o talando la madera ellos mismos. A menudo, para asegurarse el beneplácito, las organizaciones criminales colocan por la fuerza a sus propios miembros en los puestos decisivos del comisariado del ejido.
■ Dejando sin árboles las tierras de los ejidos o las tierras privadas sin permiso (legal o no). La práctica de talar todos los árboles en una zona determinada es menos habitual, pero ocurre en algunos municipios, como Bocoyna, que es un punto crítico para la tala ilegal. Las organizaciones criminales trabajan día y noche durante unos cuantos días o semanas, con sus propias máquinas, para despejar de árboles una zona y después queman la vegetación que queda, para que parezca que se ha producido un incendio. En el 2017, La Línea comenzó a talar todos los árboles y a provocar incendios cerca de San Juanito, una pequeña población con unos 20 aserraderos, de los cuales se supone que la mitad están controlados por ellos.
■ Controlar los aserraderos es una opción estratégica en San Juanito, Guachochi y Baborigame, ya que las organizaciones criminales también pueden usar la industria maderera para transportar droga y para lavar el dinero del narcotráfico. Mediante estos métodos, la madera ilegal, sobre todo de pino, entra en la cadena nacional de suministro legal. La madera se vende a fabricantes de diversas ciudades, como Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua, donde se procesa para obtener productos, por ejemplo, muebles, que después se venden por todo el país. En el estado de Chihuahua, más de 2 500 empresas trabajan en el sector de la elaboración y la fabricación de la madera. Con la mayor parte se fabrican tarimas, que se usan para exportar productos a Estados Unidos desde ciudades limítrofes, como Ciudad Juárez y un pequeño porcentaje, por lo general, el pino de mejor calidad, se exporta a Estados Unidos para hacer productos de madera especializados.
El mercado local de la madera ilegal
Baborigame, una pequeña población de alrededor de 3,000 habitantes, es un ejemplo de lo que podrían ganar las organizaciones criminales con la tala ilegal. Se sitúa en Guadalupe y Calvo, uno de los municipios de la sierra más afectados por la tala ilegal. En la actualidad la controlan Los Salgueiro, una facción local del Cártel de Sinaloa, aunque Los Tauneros, aliados de La Línea y del CJNG, están ganando
terreno en las localidades vecinas. Los Salgueiro obligan al ejido de Baborigame a talar el triple de la cantidad legal de madera permitida y a vender alrededor de 1 millón de pies de madera por año, a razón de 5,50 pesos mexicanos el pie, de los cuales la cuota extorsiva que ellos reciben, tanto del ejido como de los aserraderos, es de 1,50 pesos mexicano por pie, lo que asciende a 3 millones de pesos mexicanos (153 523 dólares estadounidenses) Los Salgueiro también obtienen ingresos por extorsionar a los ejidos vecinos que tienen que transportar la madera pasando por Baborigame.
En mayo y en junio del 2024, algunos observadores locales contaron que salían de Baborigame 15 camiones diarios, cada uno de los cuales transportaba alrededor de 7 000 pies de madera. Si se supone que el 50 % de la madera es de origen ilegal y que se siguen manteniendo los mismos acuerdos extorsivos, es posible que Los Salgueiro reciban 157 500 pesos mexicano (8 060 dólares estadounidenses) por día. Se estima que las ganancias de la tala ilegal son mayores en otras zonas. En julio del 2020, el fiscal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua calculó que La Línea recibe entre 75 000 y 220 000 pesos mexicanos (entre 3 700 y 11 000 dólares estadounidenses) por cada camión cargado de madera obtenida de la tala indiscriminada de bosques en Bocoyna.
La reacción del Estado ante el incremento de la tala ilegal es peligrosamente inadecuada. En los últimos
años han disminuido las inspecciones de los aserraderos y de las instalaciones donde se procesa la madera. Entre el 2010 y el 2014 se concedieron 580 permisos a aserraderos y plantas de procesamiento en el estado de Chihuahua. Sin embargo, en el 2022 solo se llevaron a cabo 22 inspecciones, lo que equivale a casi la mitad de las que se realizaron en el 2019, y solo se impusieron siete sanciones.
El programa Sembrando Vida y la delincuencia
En el 2019, la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el programa Sembrando Vida, por el cual los productores rurales reciben 5 000 pesos mexicanos (más o menos 268 dólares estadounidenses) mensuales para proyectos agroforestales, a fin de combatir la pobreza y de reforestar la tierra degradada. Aunque se pagaron miles de millones de dólares, las ONG y los medios de comunicación locales han criticado el programa, porque favorece la deforestación y la corrupción, y han acusado a sus beneficiarios de talar los bosques para poder recibir las ayudas.
También se critica la falta de supervisión y de control por parte del Gobierno para garantizar que las transferencias de efectivo se utilicen para la agrosilvicultura. Como el Gobierno no ha supervisado su implementación, las organizaciones criminales han podido aprovechar el programa Sembrando Vida en la Sierra Tarahumara para obtener más ingresos, porque también extorsionan a los beneficiarios, reciben fondos directamente del programa como ejidatarios y arrebatan tierras a los beneficiarios legítimos.
FUENTE: Dirección Forestal, Gobierno del Estado de Chihuahua
En todo el estado de Chihuahua, 16 puestos de control, la mayoría de los cuales no están situados en la sierra, supervisan los camiones de madera y revisan los troncos en bruto que se transportan a las grandes ciudades, como Cuauhtémoc. Hay un solo puesto de control en el municipio de Guadalupe y Calvo, uno en el de Guachochi y uno en el de Bocoyna, que son algunas de las zonas más afectadas y no se controlan los troncos que se transportan a los aserraderos locales de la sierra, donde las organizaciones criminales están más activas. Además, se sabe que el personal de estos puestos se limita a dejar pasar a los camioneros, si van armados. En el 2024, a un funcionario que trató de detener un camión sospechoso de transportar madera ilegal le pusieron una pistola en la cabeza y después se tuvo que marchar de San Juanito, por las amenazas que recibió.
La cantidad de madera confiscada y de arrestos por tala ilegal también es inadecuada. Si bien el grupo de trabajo sobre la tala ilegal se reúne una vez al mes, solo se llevan a cabo una o dos operaciones mensuales en respuesta a las denuncias de tala ilegal. En el 2023, solo se confiscaron 7 000 metros cúbicos de madera ilegal (valorados en 15 millones de pesos mexicanos o 883 000 dólares estadounidenses), una mínima parte (0.007 %) de los 886 576 metros cúbicos que se produjeron ese año. El mismo año, solo se impusieron seis multas por infringir la tala y solo se arrestó a 10 personas por tala ilegal: todos eran camioneros sin ninguna condena. Las medidas para hacer cumplir la ley aumentaron ligeramente en el 2024, cuando se produjeron 19 arrestos y dos condenas entre enero y noviembre.
Además, aunque el Gobierno emprendió una campaña para dar a conocer un servicio telefónico para comunicar la tala ilegal, en 2024 disminuyeron las denuncias. Se calcula que solo entre el 2 y el 3 % de la tala ilegal en la sierra se denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ya sea por miedo o por apatía. Según varios funcionarios, a la falta de cumplimiento y la impunidad de los delitos se le suma la colusión entre las organizaciones criminales y los funcionarios a nivel municipal (local) y estatal (regional). El Gobierno municipal, encabezado por un alcalde y respaldado por regidores que desempeñan la función legislativa a nivel local, se elige por votación popular y se considera la cuna de la corrupción. Según el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las instituciones públicas están en colusión con las organizaciones criminales que se dedican a la tala ilegal. En el 2023, un miembro del grupo de trabajo sobre la tala ilegal filtró la noticia de que se estaba planeando una operación en Mala Noche, Guadalupe y Calvo, con lo cual los sospechosos lograron huir.
Repercusiones ambientales
En la última década, Chihuahua ha perdido 22 700 hectáreas de bosque, lo que equivale a 3,86 millones de toneladas de emisiones de CO2. Entre el 2022 y el 2023 se produjo en Bocoyna, uno de los municipios más afectados por la tala ilegal, casi un tercio de la pérdida total de cobertura arbórea de Chihuahua. Los incendios forestales son un factor clave de la deforestación y provocan la destrucción de hábitats, la pérdida de biodiversidad y un incremento de las emisiones de carbono. Después de la tala ilegal, las organizaciones criminales prenden fuego a la vegetación que queda para ocultar las pruebas de sus actividades o para limpiar el terreno para cultivar cannabis o amapolas para fabricar opio. Estos incendios intencionados, sobre todo en el municipio de Bocoyna, han sido perjudiciales para el medioambiente de la sierra. Los tiroteos entre organizaciones criminales también dan lugar a incendios forestales y a veces las organizaciones queman los bosques si un ejido se niega a colaborar con la tala ilegal. Según el jefe de la Comisión Forestal de Chihuahua, a veces es peligroso enviar a los bomberos al bosque, por la presencia de organizaciones criminales.
FUENTE: Global Forest Watch
Chihuahua ocupa el segundo puesto entre los estados con mayor superficie afectada por incendios forestales, que han aumentado significativamente en los últimos años. Los datos oficiales destacan la relación entre los incendios forestales y la tala ilegal en la sierra, y el problema está empeorando. En los ocho primeros meses del 2024, alrededor de 125, 000 hectáreas de bosques se degradaron por culpa del fuego en Chihuahua, sobre todo en los municipios de Guachochi, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Urique y Balleza, todos puntos críticos de la tala ilegal. La superficie total de bosques que se vio afectada en el 2024 fue más de un 60 % superior a la del 2022. El perjuicio para el medioambiente es significativo, teniendo en cuenta que en Chihuahua se encuentra el 30 % (1,8 millones de hectáreas) de los bosques de México, lo que significa que en apenas un año se degradó alrededor del 8 % de las zonas boscosas del estado. Además, los recortes al presupuesto de la CONAFOR, que se redujeron a la mitad, en términos reales, entre el 2018 y el 2024, han debilitado aún más la capacidad del estado para combatir los incendios forestales.
Guadalupe y Calvo, uno de los municipios más afectados por la tala ilegal, sugiere una posible correlación con los incendios forestales. En el 2023 se encontraban allí el 30 % de las zonas boscosas afectadas por los incendios de Chihuahua; en mayo del 2023, en apenas nueve días, se quemaron adrede más de 3 000 hectáreas de bosques. En el municipio también se han producido algunos de
los peores conflictos por el acceso a los recursos forestales entre organizaciones criminales locales
rivales aliadas con el Cártel de Sinaloa y con el CJNG. Además de las repercusiones sobre el cambio climático que tienen las emisiones de carbono, la deforestación provoca importantes daños ambientales, como la erosión del suelo y la consiguiente pérdida de tierras fértiles y las sequías provocadas por la falta de humedad. La deforestación también aumenta la sedimentación en los ríos y modifica las vías fluviales, lo que reduce el suministro de agua.
Puede elevar las temperaturas y provocar fenómenos meteorológicos más extremos, además de
afectar significativamente la subsistencia y el modo de vida de los pueblos indígenas, que constituyen
un porcentaje importante de los habitantes de la sierra. Asimismo, la pérdida de árboles afecta negativamente los hábitats de la flora y la fauna únicas de la región, como la cotorra serrana occidental,
una especie endémica que anida en los pinos de la sierra y que, debido a la tala ilegal, se ha reducido
a una velocidad alarmante.
Puntos críticos de la tala ilegal Guadalupe y Calvo
En el estado de Chihuahua, el municipio de Guadalupe y Calvo es el más afectado por la tala ilegal y uno
de los puntos más críticos es Coloradas de la Virgen, con una extensión de 50 000 hectáreas de pinares.
Alrededor de un tercio de sus habitantes son indígenas y son los que más pagan las consecuencias
ambientales y sociales de la tala ilegal. Se sospecha que las autoridades municipales están en colusión con las organizaciones criminales para facilitar esta actividad.
Durante décadas, las facciones regionales del Cártel de Sinaloa y, recientemente, el clan familiar de Los Salgueiro han controlado los tráficos ilícitos en Guadalupe y Calvo y la tala ilegal se ha convertido en una fuente de ingresos importante para ellos a partir del 2016. En el 2021 comenzó una lucha violenta por el control territorial, después de que un cártel regional, llamado La Línea, se aliara con el CJNG, una poderosa organización criminal que nació en el estado de Jalisco, pero que actúa a nivel nacional y es famosa por su brutalidad.
La forma más común de tala ilegal consiste en que las organizaciones criminales actúen en colusión con los ejidos o los amenacen para talar más madera de la permitida. En algunas zonas, el Cártel de Sinaloa se ha aliado con las familias de los caciques, que suelen utilizar la violencia o las amenazas para obligar a los residentes a explotar los recursos forestales comunitarios. Por ejemplo, varios medios de comunicación han informado sobre acusaciones de que, en Coloradas de la Virgen, el Cártel de Sinaloa actúa junto con la familia del cacique local, Artemio Fontes. Según algunos miembros de la comunidad y algunos expertos locales, dos miembros de la familia Fontes talan madera de forma ilegal con un hombre conocido como «Dios Roger», el jefe local de Los Salgueiro, la facción del Cártel de Sinaloa, que proporciona las máquinas. En una reclamación hecha en el 2022 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), algunos miembros de la comunidad identificaron como miembros de Los Salgueiro a varias personas que se dedicaban a la tala ilegal.
Debido a una moratoria en la tala en Coloradas de la Virgen, las organizaciones criminales blanquean la madera utilizando permisos de la localidad cercana de Baborigame, que les proporciona una persona del comisariado del ejido. A continuación, la madera de menos valor se procesa en un aserradero de Baborigame controlado por la organización, mientras que los troncos de mejor calidad se venden a una empresa de Parral. También se acusa a las facciones del Cártel de Sinaloa y al clan de los Fontes de estar detrás de los violentos ataques contra los indígenas de Coloradas de la Virgen.
En octubre del 2018 asesinaron a Julián Carrillo, un activista indígena contrario a la tala ilegal en la comunidad, tras recibir amenazas de muerte por transmitir información a las autoridades. En el 2021 se acusó de su asesinato a un sicario de Los Pintos, una facción del Cártel de Sinaloa, pero aún no ha sido arrestado. Según la sentencia que han visto los autores de este informe, Los Pintos estaban protegiendo los intereses de la familia Fontes. En los dos años previos a su muerte, fueron asesinados otros cinco miembros de la familia de Carrillo. El asesinato de Carrillo obligó a muchas familias a abandonar sus hogares rurales en la zona central de Coloradas de la Virgen y a huir a zonas urbanas de Chihuahua, buscando la protección de las autoridades. En junio del 2021, un grupo armado, que, según algunos miembros de la comunidad, incluía a miembros del clan Fontes, también amenazó a los residentes de la periferia de la comunidad y prendió fuego a sus casas para aumentar el control territorial.
Guachochi
En enero del 2024, el grupo de trabajo del Gobierno señaló al municipio de Guachochi como una de las cuatro zonas más afectadas por la tala ilegal en la sierra. A partir del 2021, la tala ilegal aumentó significativamente, cuando Los Salgueiro comenzaron a intimidar y a asumir el control de los comisariados de los ejidos. Varios miembros de la comunidad alegan que el jefe local de Los Salgueiro dirige operaciones de tala ilegal en Guachochi. Presuntamente, llegó a la localidad de Samachique, en Guachochi, en el 2011 y, usando su propia maquinaria, comenzó a talar en las zonas que tenían las maderas más valiosas, mientras obtenía por extorsión 200 000 pesos mexicanos (alrededor de 10,000 dólares estadounidenses) por mes del comercio de la madera del propio ejido.
Según los miembros de la comunidad, a partir del 2021, la organización amplió su red de extorsión a por lo menos 15 ejidos, cada uno de los cuales le pagaba al principio el 30 y después el 50 % de lo que ganaba con la tala. En la actualidad, la organización controla todas las fuentes de ingresos procedentes de la tala ilegal. En febrero del 2024, los hombres armados de Los Salazar interrumpieron como mínimo cinco mítines electorales de distintos ejidos para imponer por la fuerza a sus propios miembros en los comisariados. Los permisos para transportar madera se reutilizan fraudulentamente para poder talar y transportar el triple de lo establecido. También se amenaza y se obliga a los ingenieros a poner marcas de árboles fraudulentas en los inventarios, lo que permite talar más de lo que corresponde. A continuación, los troncos se trasladan a los aserraderos de Guachochi, que, al parecer, están controlados por Los Salgueiro, o a aserraderos más grandes en Parral o en Chihuahua.
El jefe de Los Salgueiro en Guachochi también recurre a la violencia sexual como una forma de control territorial, lo que se suma a una larga historia de victimización de las mujeres y de impunidad en Chihuahua. Ordena a los hombres armados que tiene a su servicio que secuestren a mujeres locales y se las lleven, para que las viole. Una mujer entrevistada confirmó que el líder criminal había violado a su hija. El uso de la violencia sexual como forma de gobernanza criminal resulta preocupante, sobre todo en el contexto de México, que tiene uno de los índices de feminicidios (el asesinato deliberado de mujeres y niñas por machismo o misoginia) más altos del mundo. Mueren 10 mujeres al día por esta causa y siete de cada 10 mujeres de más de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, incluido el
40 % que ha sufrido abusos de su pareja. Desde el 2015, los índices de agresiones sexuales y de violencia familiar se han más que duplicado en México.
El trabajo original puedes leerlo en el sitio web de de Global Initiative Against Transnational Organized Crime): globalinitiative.net
AGRADECIMIENTOS (de GITOC)
Los autores desean agradecer a todas las personas que dedicaron
tiempo a compartir sus conocimientos para hacer posible este
informe, incluyendo miembros de las comunidades, víctimas
del crimen organizado, ONG locales, periodistas, académicos
y funcionarios públicos. Dada la sensibilidad del tema, algunos
autores y colaboradores clave han preferido mantener el anonimato,
especialmente aquellos en el norte de México.
Los autores quisieran rendir homenaje a José Luengo-Cabrera,
cuya experiencia fue esencial para elaborar los mapas que figuran
en este informe. Honramos su memoria y el impacto duradero
de sus contribuciones al campo.
SOBRE GLOBAL INITIATIVE
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime [la Iniciativa global contra el crimen organizado transnacional] es una red mundial, formada por más de 700 expertos de todo el mundo, que proporciona una plataforma para promover un debate más amplio y unos enfoques innovadores que permitan elaborar una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.
