La dinámica criminal de la minería en Sonora

Las fronteras del saqueo: tala y minería ilegal en el norte de México (Segunda parte)

Por: Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Sonora es una región desértica situada en el norte de México y el mayor estado minero del país, ya que produce casi un tercio de sus minerales. Es el mayor productor de cobre (el 80 % del total del país) y de oro (el 29 %) y el segundo productor de hierro y de barita. En el 2022, Sonora tenía la mayor cantidad de concesiones mineras del país: 4 411, que abarcaban casi 40 000 kilómetros cuadrados (el 21,8 % de su territorio), el doble, en términos absolutos, que el estado que le sigue. De estas concesiones, 36 son yacimientos de mineral de hierro y la mitad son explotaciones a cielo abierto, que perjudican el medioambiente, porque destruyen hábitats, erosionan el suelo, contaminan el agua y el aire y generan residuos.

Además de la minería, Sonora es un centro de crimen organizado y de violencia. En el 2024, su índice de homicidios era de 45,4 cada 100 000 personas, el doble de la media nacional. El estado también ocupaba el sexto lugar en cantidad de personas desaparecidas: entre el 2023 y el 2024, los casos abiertos se incrementaron un 42 %. Junto con Baja California y Sinaloa, Sonora está surgiendo como parte del nuevo «triángulo dorado» de tráfico y de violencia y a la producción de fentanilo se suman los elevados niveles de homicidios relacionados con las armas de fuego. La producción de fentanilo en México está muy relacionada con el tráfico de armas de fuego procedentes de Estados Unidos.

Debido a las lucrativas rutas de contrabando a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, las organizaciones criminales compiten por introducirse en Sonora, sobre todo para traficar drogas y para llevar a migrantes de México hacia Estados Unidos y para contrabandear armas y dinero de Estados Unidos hacia México. A partir de octubre del 2024, las organizaciones que luchan por controlar estas rutas incluyen a dos facciones rivales del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos (los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán) y Los Mayos (la familia de Ismael «El Mayo» Zambada). Los Chapitos son aliados de la organización regional Los Salazar y subcontratan a pandillas criminales locales, como Los Cazadores, Los Deltas y Los Pelones, para que les proporcionen apoyo armado. También interviene el Cártel de Caborca, creado por el traficante veterano Rafael Caro Quintero, que lucha contra Los Chapitos en colaboración con La Línea.

El Cártel de Caborca se concentra en el municipio homónimo, en el estado de Sonora, donde se encuentra una de las mayores minas de oro de México, y desde el arresto de Quintero, en el 2022, lo dirigen otros miembros de la familia. De estas disputas se aprovecha el CJNG, que trata de conseguir más influencia y compite a nivel nacional con el Cártel de Sinaloa en Sonora. La historia de la participación de las organizaciones criminales en la minería en Sonora es controvertida. Algunos sociólogos y activistas creen que las organizaciones criminales ejercen control para defender los intereses de las empresas mineras y que utilizan la violencia para aplastar la oposición a las actividades mineras Sin embargo,hay pocas pruebas fiables de que las compañías mineras utilicen a las organizaciones criminales para proteger sus intereses en Sonora, a diferencia de otros estados, como Michoacán y Jalisco, donde el CJNG extrae mineral de hierro de forma ilegal.

Asimismo, al parecer son pocas las organizaciones criminales que se dedican a la minería ilegal en Sonora, salvo en El Bajío y (más recientemente) en una mina de oro ilegal que opera en La Ciénega, donde se arrestó a ocho hombres armados.108 Sin embargo, esto se puede deber a que no hace mucho que el CJNG está presente en Sonora. La relativa falta de operaciones mineras ilegales también se puede deber a acuerdos entre las organizaciones criminales y las grandes empresas mineras de Sonora, en virtud de los cuales se paga a las organizaciones criminales para que no roben a las empresas ni ataquen a sus trabajadores.

Teniendo en cuenta el poder de las empresas mineras, esto parece más una decisión comercial que una extorsión. Estas empresas también ejercen influencia económica en el estado y tienen fuertes vínculos políticos con el Gobierno de Sonora, que puede prevalecer sobre el poder de las organizaciones criminales. Asimismo, debido a las relaciones corruptas entre las empresas mineras y los funcionarios
públicos, aquellas pueden incumplir la ley sin mayores consecuencias. A nivel nacional, la Cámara Minera de México calcula que las empresas pierden entre un 10 y un 20 % de sus ingresos como consecuencia de los robos.

Antes se robaba a las empresas mineras, pero esto se podía deber a un cambio de control territorial entre las organizaciones criminales, más que a un modus operandi general. Por ejemplo, en el 2020, el Cártel de Sinaloa hizo limpieza, tras la violación del acuerdo de no robar, después de que se produjeran dos robos en la mina La Herradura, que se atribuyeron al Cártel de Caborca. Además de estas organizaciones criminales establecidas, las empresas mineras suelen infringir las leyes ambientales, gracias a la vinculación de las grandes empresas mineras con las instituciones públicas de Sonora. Según el director de la SEMARNAT de Sonora, es evidente que existen conflictos de intereses. Por ejemplo, en el 2023, la oficina nacional de la SEMARNAT acusó a Grupo México, uno de los conglomerados más grandes del país, y a antiguos funcionarios públicos de delitos ambientales y de corrupción, tras el vertido de desechos tóxicos de la mina de cobre Buenavista del Cobre en el río Sonora en el 2014, y lo comparó con la actividad del «crimen organizado». (Véase más adelante el estudio de caso de Grupo México).

Por último, en Sonora, los gambusinos, que son mineros informales a pequeña escala, actúan en una zona gris legal y muchos trabajan sin los permisos o las licencias necesarias, con lo cual su actividad se vuelve ilegal, en sentido estricto. Los gambusinos son buscadores de oro oportunistas, por lo general con recursos limitados, que extraen el oro con métodos artesanales, que pueden incluir el uso de mercurio, lo que resulta perjudicial para el medioambiente. Aunque no se dispone de suficiente información, se calcula que en la actualidad hay unos 5,000 gambusinos activos en la parte alta del río Yaqui y algunos informes dan a entender que las organizaciones criminales los extorsionan.

Se prevé que aumentará la importancia del sector minero, ya que se considera que Sonora posee las mayores reservas de litio de México, un elemento clave para las baterías eléctricas. Como el litio ha sido declarado un «mineral estratégico», se han nacionalizado las empresas que tienen licencia para explotarlo y se ha creado una empresa paraestatal para su explotación futura. Además, hará falta extraer litio para el Plan Sonora, un proyecto ambicioso de energía, transporte, industria e infraestructuras que pretende suministrar vehículos eléctricos a Estados Unidos. Si los depósitos de litio resultan viables económicamente, algo que no está garantizado, podrían proporcionar más ingresos por extorsión a las organizaciones criminales.

Al mismo tiempo, se podrían acelerar las repercusiones ambientales, ya que la extracción de litio consume gran cantidad de agua y en Sonora ya hay mucho estrés hídrico y desertización.

Repercusiones ambientales

Las perniciosas repercusiones ambientales de la extracción de minerales metálicos están bien documentadas: desde la alteración de los ecosistemas hasta la escasez y la contaminación del agua, la erosión del suelo, la contaminación del aire, el agotamiento de los recursos y la producción de residuos tóxicos. Además, la huella de carbono de la industria es importante. En el 2021, el sector minero consumió la misma cantidad de energía que un tercio de la población de México (42,2 millones de personas), principalmente por el consumo de electricidad y de diésel. El uso de presas de relaves para almacenar los subproductos de las operaciones mineras (por lo general, sustancias tóxicas y metales pesados) crea más problemas ambientales. Asimismo, la mitad de las minas de Sonora son a cielo abierto, lo que provoca la alteración del paisaje, el agotamiento de las aguas subterráneas, mayor erosión, la pérdida de biodiversidad y la generación de polvo.

En Sonora, la dinámica de la delincuencia y la repercusión ambiental se desarrolla sobre todo porque las grandes empresas mineras incumplen la legislación ambiental, en el contexto de un sector que se caracteriza por la falta de transparencia y la escasa supervisión de las normas. En el 2022 se suspendió a México del grupo multisectorial mundial, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, por su opacidad con respecto a las concesiones mineras y por no proporcionar información ambiental ni identificar a los dueños de las empresas.

Junto con el tráfico de influencias y los conflictos de intereses con los funcionarios públicos, este contexto favorece la falta de rendición de cuentas por los daños ambientales provocados por las empresas mineras en Sonora. Además, según el director de la SEMARNAT de Sonora, hay que mejorar la capacidad para investigar los delitos ambientales de la representación local de la PROFEPA. La minería también tiene importantes repercusiones en el estrés hídrico. Sonora es el estado que hace más concesiones de agua (100 millones de metros cúbicos) a la minería y, sin embargo, las poblaciones locales no tienen acceso a este recurso. En febrero del 2024, el Gobierno de Sonora declaró la emergencia hídrica, ya que 71 de sus 72 municipios padecían de sequía, que llegaba a ser severa en 44 de ellos.

Han surgido conflictos entre las comunidades y las empresas mineras, que compiten por los recursos hídricos, y los más recientes han tenido lugar en Bacoachi, donde los residentes han acusado a Grupo México de extraer 63,000 metros cúbicos de agua por día para usar en su mina de cobre. Sostienen que el río Bacoachi y su acuífero disponen de 4 millones de metros cúbicos, pero que a la compañía se le han hecho concesiones de pozos a lo largo del río por 14 millones de metros cúbicos, 10 millones más de lo que está disponible oficialmente. Se han denunciado conflictos socioambientales en otros 11 proyectos mineros de Sonora.

Es posible que la corrupción influya en el impacto que tienen las grandes compañías mineras sobre los recursos hídricos de Sonora. En el 2018, Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, exdirector de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que ahora trabaja para Grupo México, fue acusado públicamente por CONAGUA de haber otorgado al grupo una concesión de 8 millones de metros cúbicos de agua en un acuífero sobreexplotado antes de ocupar su puesto en la empresa. La información sobre el uso que hacen del agua las compañías mineras también es problemática, ya que la ley no las obligaba a revelarla, aparte de que utilizan distintos tipos de permisos de uso, a menudo con nombres diferentes, por ejemplo el de subsidiarias de la empresa matriz.

La minería también provoca la pérdida de vegetación, debido a los cambios en el uso de las tierras. En Álamos, en el sur de Sonora, se deduce de algunos estudios que la minería ha ocasionado una pérdida importante de vegetación, lo que afecta a la biodiversidad local. Según algunos informes, la mina de oro a cielo abierto del ejido El Bajío, en Penmont, también ha degradado el suelo y ha contaminado el agua, ya escasa, lo que pone en peligro la subsistencia de la comunidad. La minería también provoca la contaminación del aire en Sonora. En el 2022, las actividades mineras de Buenavista del Cobre, en Cananea, emitieron más de 150 000 kilogramos de óxido nitroso, un potente gas de efecto invernadero, y Penmont emitió 2,7 millones de kilogramos de dióxido de carbono. Además, como ya hemos dicho, las actividades de la minería artesanal informal que llevan a cabo los gambusinos, aunque no se cuantifican, perjudican el medioambiente y, sobre todo, contaminan los cursos de agua, debido al uso de mercurio, que no está regulado.

El nuevo proyecto de ley minera de México supone cierto avance, porque encara cuestiones relacionadas con las repercusiones ambientales de la explotación minera, al prohibir las minas a cielo abierto y que se hagan más concesiones mineras en zonas protegidas y en las regiones en las que escasea el agua. Sin embargo, varias compañías mineras, como Grupo México, y una coalición de los partidos de la oposición se han opuesto a la ley en los tribunales y aún queda por ver qué cambios se podrán introducir.

La reforma minera de México

El 24 de marzo del 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de ley, que se aprobó el 9 de mayo de ese año, que supone una reforma importante del esquema extractivo del país. La ley modifica la Ley de Minería, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el objeto de adaptar la actividad minera a los intereses ambientales, sociales y públicos. Se limita la duración de las concesiones, las normas de renovación se vuelven más estrictas y se podrían revocar, en caso de violaciones sociales o ambientales. Ahora está prohibida la explotación minera en las zonas protegidas y en las que tienen poca agua y los titulares de las concesiones tienen que implementar el cierre de las minas y unos planes de restauración. Además, la ley refuerza los derechos de los indígenas y de los afromexicanos, exige el consentimiento previo, libre e informado y obliga a compartir el 5 % de las ganancias con las comunidades afectadas.

Estudios de caso de explotación minera Minera Penmont y ejido El Bajío

El caso del ejido El Bajío es emblemático de los delitos ambientales que cometen las grandes compañías mineras en Sonora y de su nivel de impunidad. También pone de manifiesto el papel de las organizaciones criminales –algunas tienen vínculos políticos– que actúan de manera oportunista para extraer oro de forma ilegal y recurren a la violencia para suprimir la disidencia, un método de control social que algunos atribuyen a la colusión con los intereses de las empresas. Sin embargo, la participación activa de las organizaciones criminales parece algo particular de este caso y no representa lo que ocurre en Sonora en general.

El conflicto entre el ejido El Bajío y la Minera Penmont se produjo en Caborca, un municipio del cual se extrae más de un tercio de la producción de oro de Sonora y en el cual la empresa operó la mina Soledad-Dipolos en una parte de las tierras del ejido entre el 2009 y el 2013. Los miembros del ejido, que abarca 21 000 hectáreas de desierto ricas en biodiversidad, acusaron a Penmont de extraer oro de forma ilegal sin su consentimiento. En el 2014, un tribunal confirmó esta actividad ilegal y ordenó a la empresa que dejara de funcionar, que rehabilitara el daño ambiental y que indemnizara a los habitantes por el valor del oro que había extraído.

Penmont es una subsidiaria de Fresnillo PLC, una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que pertenece a la familia Baillères (una de las más ricas de México), mientras que Fresnillo es la mayor productora de oro de México. Según el ejido El Bajío, la compañía retiró casi 11 millones de toneladas de tierra de su territorio, extrajo 236,000 onzas de oro y obtuvo unas ganancias que rondan los 436 millones de dólares estadounidenses. Si bien la empresa obedeció la orden de dejar de extraer oro, hasta la fecha no ha restaurado los daños ambientales ni ha indemnizado a los habitantes del ejido.

En Caborca está también el Cártel de Caborca, al que se acusa, junto con otras personas y otras organizaciones criminales, de extraer oro de la mina abandonada, de forma ilegal, desde el 2014, y de usar amenazas y la violencia contra los miembros del ejido que se oponían a esta actividad ilegal. Al parecer, fue Rafael Pavlovich, el tío de Claudia Pavlovich, que fue gobernadora de Sonora desde el 2015 hasta el 2021, el primero en emplear a hombres armados para llevar a cabo estas actividades mineras.

En el 2016, Rafael Pavlovich llegó a un acuerdo con la familia Cruz, que era miembro del ejido y sostenía que la zona de la mina les pertenecía, y eso le permitió acceder al yacimiento, utilizando «su capacidad y sus recursos humanos», y después se repartían las ganancias al 50 %. Según otros miembros del ejido, Pavlovich comenzó a comportarse como si las tierras fueran suyas, aunque estaban demarcadas como de «uso comunitario» y, por lo tanto, pertenecían a todo el ejido (si bien la familia Cruz conservaba el usufructo), y presuntamente usó firmas falsas para conseguir un documento que avalaba su reclamación.

En abril del 2016, apenas dos semanas después de que Pavlovich solicitara el arresto de algunos miembros del ejido por «saqueo», más de un centenar de agentes de la Policía y funcionarios públicos entraron en El Bajío y golpearon y amenazaron a los ejidatarios. A cinco de ellos los llevaron a la comisaría de Caborca y los retuvieron en la cárcel más de un año, hasta que los absolvieron de todos los cargos. Algunos expertos y miembros de la comunidad presentan este episodio como un ejemplo de que Pavlovich aprovecha sus lazos familiares con la gobernadora de Sonora y utiliza «su capacidad y sus recursos humanos» para reprimir con violencia al ejido El Bajío.

Después de la incursión de la Policía, aparecieron allí unos hombres armados e instalaron una operación minera de oro clandestina. Según los miembros del ejido, los hombres trabajaban para Rafael Pavlovich y pertenecían al Cártel de Caborca, una organización criminal creada por el traficante veterano Rafael Caro Quintero y dirigida por sus familiares después del segundo arresto de Quintero, en el 2022. Estos sicarios utilizaban la violencia para reprimir a los ejidatarios que se oponían a ellos y que libraron la batalla judicial contra la Minera Penmont. Por ejemplo, unos encapuchados secuestraron a Erasmo Santiago, unos de los miembros encarcelados por cargos falsos, poco después de su puesta en libertad, junto a su esposa, Margarita, diciendo que «su jefe quiere estas tierras».

Margarita interpretó que se refería a Rafael Pavlovich y alega que en el coche que usaron para el secuestro había un miembro de la familia Cruz, que había llegado al acuerdo con Pavlovich. Los pistoleros llevaron a la pareja para tratar de localizar a otro miembro del ejido, Raúl Ibarra, que había sido uno de los principales opositores a la empresa minera. Como no pudieron encontrarlo, dejaron a Erasmo y a Margarita junto a la carretera. Unas semanas después, en febrero del 2018, mataron a Raúl Ibarra y su esposa desapareció, tras la llegada a la mina de más hombres armados, que al parecer dijeron que «habían venido porque ustedes están causando muchos problemas». Un mes después, unos encapuchados impidieron la entrada a la zona del equipo de filmación de un documental y, según una grabación, dijeron que «estaban protegiendo los intereses de Rafael Pavlovich».

Según los miembros del ejido, el siguiente actor que trató de aprovechar las reservas de oro del ejido El Bajío fue Rodrigo Omar Páez Rodríguez, el hijo de Rodrigo Omar Páez Quintero, el jefe del Cártel de Caborca que fue arrestado en el 2023, acusado de narcotráfico, y extraditado a Estados Unidos. En diciembre del 2018, Páez Rodríguez firmó (otra vez) un acuerdo con la familia Cruz, por el cual él y un socio se comprometían a explotar la mina para extraer oro y a compartir las ganancias con la familia Cruz. El acuerdo también daba pie para el regreso de la Minera Penmont. Según los ejidatarios, unos hombres armados que trabajaban para Páez Rodríguez estuvieron explotando la mina hasta marzo del 2020, cuando la comunidad, con el apoyo de las fuerzas de seguridad de la Guardia Nacional, consiguió desalojarlos. En el momento de la expulsión, presuntamente Penmont estaba construyendo una carretera hasta la mina, al otro lado de la valla del lugar donde la organización criminal estaba extrayendo oro.

A pesar de la expulsión de los mineros ilegales, continuó la violencia. En abril del 2021, mataron a José de Jesús Robledo Cruz y a su esposa, cuyos cadáveres fueron hallados junto a un cartel en el cual figuraban los nombres de otros 13 activistas contra la minería, que también pertenecían al ejido El Bajío. Unos años antes, unos hombres armados lo habían secuestrado y se informa que recibió amenazas por oponerse a Penmont, que siguió negando toda vinculación con organizaciones criminales o con el uso de la violencia contra los miembros de la comunidad Los actores más recientes en la lucha por las reservas de oro del ejido son la consultora Asesora QL-Peon y José Hemel Quintero Ley, el representante legal de la familia Cruz.

Con el apoyo de un senador del estado, su objetivo es cobrar ellos mismos y la familia Cruz la indemnización que debe Penmont y demandar al ejido El Bajío por crear una zona natural protegida en esas tierras. En el 2024 se hicieron por lo menos otros dos intentos de acceder a la mina: uno por un grupo de supuestos abogados y funcionarios públicos y otro encabezado por Carmen Cruz Pérez, la cabeza de la familia. Aunque existen algunas sospechas de una supuesta colusión entre Penmont y las diversas organizaciones criminales que han explotado el oro del ejido El Bajío y empleado la violencia contra sus ejidatarios, las pruebas no son claras.

Sin embargo, Penmont podría beneficiarse indirectamente de que estas organizaciones criminales intimidaran a los miembros del ejido, porque puede volver a la mina y reanudar la explotación del oro, posiblemente mediante un acuerdo con la familia Cruz. Otro posible beneficio derivado de la intimidación de la comunidad es la orden judicial pendiente que obliga a la empresa a restaurar el daño ambiental ocasionado y a indemnizar por el oro extraído. En los dos casos, los intereses de la empresa y los de las organizaciones criminales coinciden en el deseo de silenciar a los miembros del ejido que se oponen a que se extraiga oro de sus tierras.

Si bien la colusión no es evidente, se han denunciado algunos intentos de soborno por parte de supuestos representantes de la compañía a los ejidatarios para que interrumpieran su batalla judicial contra la mina y en abril del 2022 alguien que se presentó como un representante de Penmont supuestamente telefoneó al padre de Miguel Fernández de Castro, un artista que entonces tenía una exposición sobre el caso de El Bajío, y le advirtió que le dijera a su hijo que «se calmara».

Lo que sí resulta evidente es el daño ambiental que provoca la empresa minera. La topografía de la zona ha quedado seriamente afectada por dos grandes minas abandonadas a cielo abierto, que han aplanado parte de una montaña, y por varias presas de relaves sin cubrir que aún contienen aguas residuales. Según los residentes, la mina ha usado tanta agua que los pozos se han secado, mientras que la pérdida de hábitats ha provocado la disminución de la flora y la fauna locales, como el berrendo o antílope americano.

Grupo México y el río Sonora

La complicidad entre las grandes empresas mineras y las autoridades estatales de Sonora se manifiesta en que no se ha puesto remedio a los daños ambientales ocasionados por el Grupo México, la empresa minera más grande del país. Grupo México es uno de los mayores productores de cobre del mundo y es la empresa minera mexicana que tiene más conflictos socioambientales. Se ha acusado a la compañía, junto a algunos exfuncionarios públicos, de delitos ambientales y de corrupción en relación con el peor desastre ambiental de la historia de la minería de México, que tuvo lugar en Cananea, en el norte de Sonora.

El 6 de agosto del 2014 se derramaron casi 38 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora y en el Bacanuchi desde la mina de Buenavista del Cobre. Se calcula que unas 22,000 personas, de al menos ocho municipios, se han visto afectadas en su salud, su entorno y sus medios de vida. En un principio, Grupo México echó la culpa del derrame a las altas precipitaciones, con el apoyo del acomodaticio Gobierno del estado de Sonora. Sin embargo, en un informe del 2023, la Secretaría de Medio Ambiente confirmó que el responsable del desastre era Grupo México, por una negligencia debida al mal diseño del sistema de lixiviados de sus presas.

Casi una década después del desastre, se ha descubierto que cantidades «preocupantes» de metales pesados contaminan el agua, la tierra y el aire en una superficie de casi 260 kilómetros cuadrados del recorrido del derrame. Se ha comprobado que más de la mitad de los pozos de agua potable de la región no son seguros y en todas las muestras de suelo se advierte la presencia de mercurio, algo que no ocurre naturalmente en la zona y que indica contaminación minera. El informe llegaba a la conclusión de que la empresa no había encarado de forma adecuada las consecuencias ambientales y económicas del derrame para las comunidades afectadas. Según las investigaciones de la ONG mexicana Poder, los miembros de la comunidad llevan en la sangre importantes niveles de metales pesados, como plomo y arsénico y hay evidencias anecdóticas de niveles elevados de cáncer en la población.

En septiembre del 2014, Grupo México se comprometió a donar 2 mil millones de pesos mexicanos (994 millones de dólares estadounidenses) a un fondo que se creó para remediar las consecuencias del derrame tóxico pero el fondo no era transparente y, al parecer, estuvo expuesto a la corrupción. Así se demostró en febrero del 2017, cuando los funcionarios aprobaron su cierre, a pesar de que solo se habían distribuido la mitad de los fondos y de las numerosas irregularidades en la implementación de los proyectos, como las plantas de tratamiento de agua, que dejaron de funcionar poco después de su construcción. Los fondos que no se gastaron se devolvieron a Grupo México y los compromisos a largo plazo siguen sin cumplirse.

La SEMARNAT ha presentado una demanda penal contra Grupo México y contra antiguos funcionarios
públicos, porque las reparaciones que la empresa había prometido no se cumplieron, debido a la
inacción de los antiguos funcionarios de CONAGUA, PROFEPA y SEMARNAT. Se acusó a estos
organismos públicos de no hacer valer su poder, de aceptar como ciertos los informes de la empresa
y de no verificar que se hubieran llevado a cabo las reparaciones. La reclamación compara los actos
de los acusados con los del «crimen organizado».

El fondo de reparación también reflejaba conflictos de intereses e indicios de corrupción. Al parecer, su jefe, un alto funcionario del Gobierno de Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo, tenía un conflicto de intereses como propietario del Colegio de Ingenieros Ambientales de México. Formada justo después de producirse el derrame, la compañía consiguió un contrato para suministrar tanques para almacenar agua a la comunidad afectada e infló los precios de los tanques al triple de su valor. Uno de los copropietarios de la empresa Rotoplas, otra de las beneficiarias del fondo, era primo del propietario de Grupo México.

Además, una red de antiguos funcionarios públicos que favorecieron a la empresa ahora está trabajando para Grupo México. Por ejemplo, cuando se produjo el derrame, Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, que ahora es empleado de Grupo México, estaba trabajando para CONAGUA y dirigía la subdirección que, según los informes, expidió un documento que apoyaba la «mejora de la calidad del agua» en la región contaminada. Hasta el día de hoy, CONAGUA sigue impidiendo el acceso a los documentos oficiales. Además, se ha atacado a los activistas que exigían compensaciones justas por el derrame tóxico: un funcionario público ha dicho que han intentado sobornarlo para desistir de su campaña y otro ha recibido amenazas de muerte que, según ha dicho, se han hecho en nombre de la empresa.

En el 2022, el Gobierno calculó que el derrame de Buenavista del Cobre ocasionó daños ambientales por valor de 20 mil millones de pesos mexicanos (9 900 millones de dólares estadounidenses), 16 veces la cantidad que Grupo México había reservado en un principio. Aunque el fondo se volvió a abrir en el 2020, Grupo México se sigue negando a ofrecer más fondos, según los representantes de las comunidades afectadas.

RECOMENDACIONES

Los delitos ambientales en el norte de México, como la tala ilegal a gran escala en Chihuahua y la colusión con la actividad minera en Sonora, son un peligro multifacético que va mucho más allá de la degradación ecológica. Las organizaciones criminales han profesionalizado la explotación de los recursos, aprovechando redes sofisticadas de violencia, fraude documental y corrupción política, a menudo en colusión con actores del sector privado. La convergencia de prácticas ilícitas y en zonas grises de legalidad presenta graves riesgos y ha producido profundos perjuicios sociales, desde el desplazamiento forzoso de comunidades indígenas hasta la violencia dirigida contra los defensores del medioambiente, la inseguridad del agua y la pérdida de la biodiversidad.

Lamentablemente, la capacidad del Estado para detectar e investigar los delitos ambientales y para emprender acciones legales contra ellos en el norte de México sigue siendo inadecuada, mientras que estos delitos generan riesgos operativos, jurídicos y de reputación para los actores y los estados extranjeros. Ya que México pretende nacionalizar minerales estratégicos, como el litio, es inevitable que se intensifique el potencial para la búsqueda de ganancias delictivas y para que las empresas extranjeras lleguen a acuerdos corruptos, a menos que se adopten medidas correctivas.

Las autoridades mexicanas, los actores del sector privado, la sociedad civil y los socios internacionales deben tratar de romper el nexo entre el crimen organizado y la corrupción institucional que debilita la gobernanza ambiental en el norte de México.

Las autoridades mexicanas:

■ Deben ampliar y profesionalizar los regímenes de inspección y los recursos judiciales en Chihuahua y en Sonora, para que puedan detectar, investigar y penalizar mejor los delitos ambientales. Habría que aumentar la cantidad y la jurisdicción de los puestos de control forestal y las auditorias de los aserraderos, con equipos bien capacitados y que rotaran a menudo, para minimizar las oportunidades de colusión.

■ Deberían garantizar que todas las concesiones mineras y de explotación forestal, las valoraciones del impacto ambiental y los derechos del uso del agua se publiquen en registros en línea accesibles y centralizados. Estas plataformas deben incluir procedimientos de reclamación claros, para que las organizaciones de la sociedad civil, los grupos comunitarios y los periodistas puedan señalar las irregularidades. Para reducir las prácticas de puertas giratorias, convendría que las personas que han dirigido instituciones pasaran por períodos obligatorios de reflexión, antes de aceptar puestos en el sector privado en las industrias que antes habían supervisado.

■ Deberían aprobar una legislación vinculante de diligencia debida, tanto ambiental como de derechos humanos, a nivel de gobernanza institucional. Estas leyes deberían obligar a todas las empresas que trabajan en sectores de alto riesgo, desde los conglomerados mineros multinacionales hasta los comerciantes de madera, a realizar valoraciones de riesgos exhaustivas, a publicar planes de medidas correctivas y a demostrar el pleno seguimiento de la cadena de suministros, mediante auditorías externas independientes.

■ Deben proporcionar los recursos necesarios para implementar programas de protección, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México,189 que garanticen la seguridad de los indígenas que defienden los bosques y la de los ejidatarios, cuyos testimonios son fundamentales para luchar contra la minería ilegal.

El sector privado:
■ Las empresas downstream deberían cumplir todas las normas de la OCDE sobre diligencia debida para minerales de conflicto.190 Esto significa que todas las empresas que obtienen minerales de México deberían identificar y revelar el origen de los minerales, trazar un mapa de su cadena de suministro, identificar posibles daños y manifestar públicamente su separación de las refinerías o los proveedores que sean problemáticos.

■ Las empresas downstream deberían incluir requisitos más rigurosos en materia ambiental y de derechos de los indígenas. Esto significa incluir los riesgos ambientales y los riesgos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas en sus procesos de diligencia debida, impulsar las iniciativas industriales para que los requisitos ASG sean obligatorios y apoyar el estándar de auditoría de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable.

■ Las instituciones financieras deben condicionar sus préstamos al cumplimiento fehaciente de los estándares anticorrupción y ambientales.

Las organizaciones de la sociedad civil:

Deberían ayudar a reforzar los derechos comunitarios sobre la tierra, proporcionando asistencia técnica y los fondos necesarios para las iniciativas forestales y de control del agua que emprendan las comunidades locales. Estas redes sobre el terreno deberían detectar la actividad ilegal en tiempo real y enviar la información a las ONG y a las fuerzas del orden, como la PROFEPA.

Los socios internacionales:

■ Deben incorporar a su gobernanza institucional y a sus marcos de política exterior la mitigación de riesgos de delitos ambientales. La corrupción en la tala ilegal y la minería deben figurar en las agendas de las negociaciones de los acuerdos comerciales y el acceso a los mercados o el apoyo financiero han de estar vinculados a parámetros mensurables contra la delincuencia. Cuando aparezcan pruebas de complicidad institucional u oficial en delitos ambientales, la presión diplomática debería indicar que la impunidad acarrea consecuencias internacionales.

■ Deberían brindar apoyo, mediante la asistencia técnica a los organismos reguladores mexicanos, para reforzar las capacidades en materia de contabilidad forense, vigilancia por satélite y seguimiento de la cadena de suministro.

Si se armonizan el cumplimiento, la transparencia, la responsabilidad institucional, el empoderamiento de la comunidad y la cooperación internacional, México y sus socios mundiales pueden empezar a cortar el nexo mortal entre el crimen organizado y la corrupción institucional que hace peligrar los bosques, los cursos de agua y las comunidades fronterizas del norte de México.