Funcionarias y especialistas señalaron la deuda histórica con los pueblos indígenas, la exclusión de sus sistemas normativos en procesos judiciales, la persistencia de discriminación en el ámbito jurídico y los obstáculos que enfrentan especialmente las mujeres indígenas para acceder a la justicia con pertinencia cultural
Karla Quintana/ Raichali
Chihuahua – Rosalinda Guadalajara, intérprete rarámuri del Poder Judicial en Ciudad Juárez, detalló los obstáculos que tienen las mujeres indígenas para denunciar violencias y acceder a la justicia, durante la conferencia Justicia Intercutlural, que organizó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.
Especialistas y funcionarias reflexionaron sobre los retos para garantizar el acceso efectivo a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, y en su turno, Rosalinda Guadalajara señaló que muchas mujeres de pueblos originarios no identifican las diversas formas de violencia más allá de la física, como la psicológica, económica o patrimonial, lo que limita la presentación de denuncias.
La intérprete explicó que, en sus comunidades como en Ciudad Juárez, las autoridades tradicionales suelen ser el primer canal para plantear conflictos, por lo que al acudir a instancias como la fiscalía lo hacen acompañadas de intérpretes, autoridades comunitarias y personas de confianza.
Guadalajara, quien además es exgobernadora de la comunidad de la Colonia Tarahumara en Juárez, dijo que la práctica mencionada, suele generar cuestionamientos por parte de funcionarios, quienes solicitan que sólo acuda la víctima, lo que dificulta el proceso y puede derivar en revictimización debido al número de instancias y trámites que deben atravesar para que su denuncia sea atendida.
Sistemas normativos indígenas y políticas públicas
Por su parte, Rosa María Sáenz Herrera, del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT) subrayó que las políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas deben construirse desde el reconocimiento de sus diferencias culturales y sociales.
La abogada advirtió que la aplicación de criterios uniformes puede implicar violaciones a derechos humanos.
“¿Cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia con las políticas públicas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas? Pues son diversas. Las diferencias y esas tienen que ser tomadas en cuenta desde la misma comunidad, desde el mismo pueblo. Si el Estado dijera que las políticas son iguales para todas, estaríamos ante una violación a los derechos humanos, porque no todos somos iguales”, afirmó.
Asimismo, advirtió que en los procesos judiciales los sistemas normativos indígenas suelen quedar fuera del análisis en asuntos relacionados con personas de pueblos originarios.
“Cuando hablamos de los sistemas normativos en los juicios, luego suelen quedar ausentes en casos de asuntos indígenas, ausentes de los sistemas normativos”, señaló.
Para ilustrar esta situación, compartió un caso en materia familiar en el que una mujer indígena tenía bajo su cuidado a su sobrina y la mantenía junto con sus propios hijos en un internado. Uno de los fines de semana, acudió a recogerla y el personal le informó que la menor había sido retirada por autoridades del DIF sin explicación ni notificación previa.
“En un fin de semana que va por la niña, la niña ya no se encontraba. Y lo único que le pudieron decir en el internado es que se lo había llevado el DIF. No había razones, no se le notificó, no hubo nada en medio”, relató.
La ponente explicó que la mujer pasó tres meses buscando a la menor sin obtener información. Tras presentar una demanda, fue citada en la institución y pudo verla nuevamente. Sin embargo, señaló que durante el proceso se vulneraron sus derechos al no considerar los sistemas normativos comunitarios.
“A la señora, ¿qué le fue lo que le violentaron? Sus sistemas normativos”, afirmó.
Explicó que, dentro de su comunidad, la mujer ejercía funciones maternas respecto a la menor debido a acuerdos familiares derivados de la imposibilidad del abuelo y de la madre biológica para hacerse cargo de los niños.
“La idea que tenemos nosotros de familia, es muy diferente a la que existe en los pueblos. Ella estaba fungiendo como si fuera la mamá de esa niña”, dijo.
Añadió que, desde la lógica del derecho occidental, habría sido necesario iniciar procesos formales como la interdicción de la madre biológica o la obtención de la tutela legal, lo que evidenció la distancia entre ambos sistemas jurídicos.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a construir políticas públicas mediante procesos de consulta directa con las comunidades.
“No podemos hacer política pública desde un espacio como el escritorio… tenemos que ir a consultar, tenemos que ir a dialogar para que sea una política pública eminentemente justa”, sostuvo.
Discriminación y pertinencia cultural en la defensa jurídica
En su participación, Mariela Vázquez Tobón, abogada del pueblo mixteco, compartió experiencias personales relacionadas con la discriminación y el racismo que enfrentan las personas indígenas en el ámbito profesional.
“Precisamente a las personas indígenas existe, aunque no lo queramos ver, existe mucha discriminación y mucho racismo todavía”, denunció.
Indicó que persisten prejuicios sobre la capacidad de las personas indígenas para desempeñar funciones técnicas dentro del sistema de justicia.
“Pensamos que las personas indígenas no tienen la capacidad… para poder llegar a ser defensoras. Sin embargo, habemos profesionales que podemos realizar estas actividades técnicas como es precisamente la defensa de las personas indígenas”.
La abogada explicó que la jurisdicción estatal debe garantizar, no sólo el acceso a intérpretes, sino la incorporación de la pertinencia cultural y la perspectiva intercultural en los procesos judiciales.
“Implica que se debe de conocer el contexto, el juzgador debe conocer el contexto de esa persona que se enfrenta precisamente a ese sistema de justicia”, expuso.
Mariela Vázaquz añadió que la perspectiva intercultural permite analizar la interacción entre distintas culturas dentro del estado y evidenciar las desigualdades que surgen por la falta de reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Urge atender rezagos históricos en la relación interinstitucional con pueblos indígenas: TSJ
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrada Marcela Herrera Sandoval, reconoció la necesidad de atender rezagos históricos en la relación institucional con las comunidades originarias.
“Tenemos una deuda histórica con las comunidades indígenas y es el momento ahora en el cual debemos trabajar en conjunto todas las autoridades para atender el tema de la justicia intercultural”, externó Herrera Sandoval.
La magistrada señaló que la diversidad cultural del país no siempre ha sido comprendida ni reflejada dentro de las instituciones, lo que ha generado obstáculos en el ejercicio de derechos.
“México es un país profundamente diverso y esa diversidad no siempre ha sido reflejada ni comprendida dentro de las instituciones. Este desfase genera brechas, limita el acceso efectivo a la justicia y en muchos casos debilita la confianza de la ciudadanía”.
