Las principales violaciones se relacionan con acceso a la justicia, integridad personal y uso excesivo de la fuerza. También se reporta atención prioritaria al desplazamiento interno.
Karla Quintana / Raichali
*Foto principal: El fiscal general del estado, César Jáuregui, con la gobernadora María Eugenia Campos / Tomada de redes sociales de FGE
Chihuahua – La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) gestionó 1,451 expedientes de queja y emitió 60 recomendaciones a autoridades estatales y municipales en 2025.
Del total de quejas, 992 fueron iniciados en el año y 459 correspondían a rezagos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el documento del informe anual de la CEDH.
El organismo derechohumanista identificó 1,151 personas quejosas, entre ellas 688 mujeres y 462 hombres, mientras que la población agraviada perteneciente a grupos de atención prioritaria ascendió a 1,109 personas.
Acceso a la justicia, integridad y seguridad integral, principales violaciones
Las recomendaciones emitidas durante 2025 acreditaron principalmente violaciones relacionadas con: Legalidad y seguridad jurídica / acceso a la justicia, con 30 casos; la integridad y seguridad personal, con 27 casos, que incluyen tortura, tratos crueles y uso excesivo de la fuerza.
El informe también identifica alta recurrencia de quejas en seguridad pública, procuración de justicia y educación, donde se documentaron abusos policiales, omisiones ministeriales y violencia institucional en centros educativos.
Fiscalía concentra mayor número de recomendaciones
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue la autoridad con más recomendaciones y quejas en el periodo, relacionadas con violaciones a la integridad personal, legalidad y acceso a la justicia.
Al respecto, el presidente interino de la Comisión, Alejandro Carrasco Talavera, explicó que esta tendencia está vinculada a las funciones operativas de la institución.
“Las fiscalías están en primer lugar por la naturaleza de sus labores. La naturaleza de sus labores tiene que ver con contacto físico, con detenciones, con entrar a domicilios obviamente de manera legal, incautar bienes. Entonces, a raíz de ello es algo que vamos a estar viendo constantemente año tras año. Y ese ha sido siempre”, justificó.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua recibió seis recomendaciones, principalmente por uso excesivo de la fuerza pública.
También se emitieron señalamientos a la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua por hostigamiento y violencia laboral, así como a la Secretaría de Salud de Chihuahua y al Instituto Chihuahuense de la Salud por vulneraciones al derecho a la protección de la salud.
Desplazamiento forzado interno en la zona serrana
El informe advierte que el desplazamiento forzado interno se mantiene como problemática prioritaria, especialmente en la Sierra Tarahumara, donde la mayoría de las familias afectadas están integradas por mujeres, niñas y niños.
Las intervenciones institucionales se concentraron en el municipio de Guadalupe y Calvo, particularmente en comunidades como: Baborigame, Cinco Llagas, Santo Domingo y El Cajoncito.
Asimismo, se documentó el seguimiento a personas desplazadas provenientes de Madera y Cuauhtémoc, lo que refleja la expansión territorial del fenómeno.
Oficinas itinerantes y operativos de traslado
Carrasco Talavera reconoció los riesgos para el personal institucional en estas regiones.
“De entrada, la decisión de poner la oficina itinerante en Guadalupe y Calvo no fue una decisión sencilla. Sabemos que es una región complicada y sobre todo por la necesidad de no poner en riesgo al personal de la Comisión”, indicó.
Además, informó sobre operativos para el acompañamiento de personas desplazadas:
“La Comisión de Chihuahua está llevando principalmente a 12 personas que estaban aquí en Chihuahua, que habían sido desplazadas de Atascaderos. Entonces se está haciendo un operativo para llevar a las personas a esta región”.
El organismo advirtió que el desplazamiento implica afectaciones múltiples, como pérdida de vivienda, interrupción educativa y limitaciones en el acceso a servicios básicos, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para garantizar la protección de derechos humanos.
