Impactos en la salud les obligan a regresar a Atascaderos por tranquilidad emocional

El gobierno estatal prepara una caravana de retorno a Atascaderos este martes 17 de marzo y condiciona los apoyos a víctimas de desplazamiento forzado porque si no regresan, no contarán con apoyo humanitario ¿Qué dice la ley y el Protocolo de atención emergente a las personas en situación de DFI que presume el gobierno de Chihuahua?

Por Patricia Mayorga / Raíchali

Chihuahua – El desplazamiento forzado de la comunidad de Atascaderos ha generado impactos en la salud de algunos habitantes, como en los casos de Justin Zavala, Rosenda Valenzuela López y Magdaleno Gomez Rivera, así como en sus familias.

Justin Rómulo Zavala Olivas salió de Atascaderos al inicio de febrero, cuando dejaron su tierra las primeras familias para huir de la violencia y las amenazas de reclutamientos forzados que ya se habían intensificado. Llegaron a Parral y ahí han permanecido alrededor de un mes y medio.

El niño de 10 años, Justin Zavala, ha luchado durante dos años contra la leucemia. Su última sesión de quimioterapias fue la semana pasada. Su mamá, Mireya Olivas Jiménez y su hermana de 18 años, viajaron de Parral a Chihuahua hace una semana para ir todos los días al hospital Infantil del estado en la capital.

“El niño está bien, llegó con náuseas, no le hacían las pastillas tomadas y lo inyectaron para controlar las naúseas. Le falta aún porque es más tardado. Hay de muchos tipos leucemia, en un año u ocho meses termina. La leucemia de mi hijo es aguda por eso tarda más”, dijo su mamá al terminar la última quimioterapia de la sesión de la semana.

El apoyo para el pasaje se convirtió en un calvario para Mireya Olivas. Cuando viajaba, cada mes, de Atascaderos a Chihuahua, podía vender tamales o lo que pudiera, para ahorrar y viajar con Justin, otro de sus hijos y ella.

La mamá de Justin trata de viajar en un vehículo de renta (tipo Uber) que los traslada desde Atascaderos hasta Chihuahua, debido a que en los autobuses de pasajeros Justin corre el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad viral, ya que sus defensas están muy bajas y más cuando regresan de las quimioterapias. “Hay meses que duramos 8 días, depende del tratamiento. La vez pasada duramos un mes aquí (en la ciudad de Chihuahua) porque mi hijo se contagió de varicela en el camino. Duramos aislados sin poder salir”.

Sobre los apoyos que ha recibido, dice que al inicio, hace aproximadamente dos años, le ayudaba una organización que ya se quedó sin recursos. Posteriormente: “Nos apoyaron sólo en diciembre con los boletos del niño (de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas). Me hablaron ayer (viernes) mismo, pero no pueden dar boletos en otra línea que no sea Ballezanos, hoy (sábado) no hay corrida ni mañana, el lunes tampoco (es feriado) y tendría que ir por el apoyo, pero sería sólo para mi hijo y para mí”.

Ahora que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y sin trabajo, Mireya buscó apoyo para su regreso a Parral al Ayuntamiento de Chihuahua, pero sólo le daban 250 pesos para su pasaje en los autobuses Ballezanos (son más concurridos y duran más tiempo para llegar). Ella siguió en busca de apoyo, las dependencias le dijeron que no hay apoyo en otra línea ni por vehículo, por lo que accedió este sábado a viajar, porque se encontraban desesperados. Justin salió por la mañana de su última quimioterapia y viajó con náuseas.

Llegaron a las 5 de la tarde a la central, el camión llegó alrededor de las 9 de la noche.

“Ellos (los funcionarios) hablan bien bonito, es como los del hospital, Maru Campos (en su informe) dice que no faltan medicamentos ni quimioterapia. Una pastilla para las náuseas no hay, aquí tengo la receta. No quiero dinero en efectivo, quiero lo mejor para el niño”, reclamó Mireya en su desesperación por el futuro y la salud de su hijo.

Cada vez que viaja a Chihuahua, Mireya, Justin y otro de sus hijos, tienen que pagar dos Uber de la casa donde les dan hospedaje al hospital, durante los días que permanezcan en la ciudad. “Pues compro medicamentos, pago 12 uber de la casa al hospital, son dos vueltas diarias, más alimentos, en serio ya no puedo, cada vez miro mas difícil esto”.

El niño ocupa diferentes medicamentos. En Parral los han apoyado con medicamentos y esta ocasión no tuvo que comprar. Mireya dice que esta ocasión, Justin recibió el tratamiento 6 ocasiones en la vena y 7 vía oral.

Esa situación obligó a Mireya regresar a Atascaderos. “Justo nos estábamos anotando, ni modo, pues en las manos de Dios y muchas veces es mejor aguantar el miedo que malas caras y sufrir acá en la ciudad (…). Mi casa no está totalmente bien, está complicado porque sólo tenemos letrina afuera, con esas balaceras cómo me lo llevo. Pero mil veces el miedo al sufrimiento acá”.

Y es que el gobierno estatal anunció una caravana de retorno a Atascaderos este martes. De acuerdo con quienes están refugiados en Parral, la mayoría decidió no regresar.

“Tuvimos una reunión ayer y nos dijeron que ya no, que ya no nos iban a apoyar aquí en Parral, que nada más iban a estar apoyado a la gente que se fuera allá a Atascaderos. La mayoría no nos animamos a irnos, más bien hasta que sepamos que no andan ahí los chicos malos.

“El jueves nos citaron (de gobierno estatal) que porque nos iban a dar una despensa, una cobija y un kit de limpieza. Nos arrimamos ahí y cambiaron de opinión, dijeron que esas despensas y esos apoyos se iban a llevar a Atascaderos, allá ala sierra, nos dijeron que ya no nos iban a apoyar, sólo a la gente que se fuera, que allá iban a llegar los apoyos. Nos están obligando a irnos”, dijo uno de los jefes de familia desplazados.

Entrevistados por lo menos a una decena de personas, coinciden en que si salieron de Atascaderos fue por miedo a que les tocara una bala perdida, por miedo a que se llevaran por la fuerza a sus hijos e hijas, porque ya no tenían tranquilidad.

Y aunque ahora les prometen que habrá presencia policiaca, dicen que no saben por cuánto tiempo y que nadie les garantiza que estarán bien.

“La gente sí tiene miedo. Pues que no nos apoyen, no estamos para dar lástima, aunque al gobierno nada les cuesta porque el dinero es de la misma gente que paga impuestos”, comentaron algunos de los entrevistados.

Al día siguiente, los citaron de nuevo pero ya se negaron porque varios viven lejos de donde los concentran y ya no tenían ni para pagar el camión urbano. “Un día antes fuimos porque nos iban a apoyar, pero nos regresamos sin nada”.

En el caso de Mireya, estaba en la ciudad de Chihuahua cuando los citaron, pero ella decidió regresar por sus propia circunstancia. “Y ya tengo que ir viendo el otro viaje del otro mes, sale caro viajar desde Atascaderos a Chihuahua. Es llegar a allá (Atascaderos) sin trabajo ni alimentos será empezar a buscar la manera de seguir con nuestra rutina”.

Mireya Olivas tiene tres hijos: una mujer de 18 años, uno de 13 y el menor, Justin de 10. En ocasiones, su otro hijo la ha tenido que acompañar porque le realizan estudios de médula y este último a la ciudad de Chihuahua, la acompañó su hija para no viajar sola.

Si usted desea apoyar a Justin, puede depositar a su mamá Laura Mireya Olivas Jiménez al número de cuenta 4169 1606 0460 2319, de Bancoppel.

Mientras tanto, otros no quieren regresar porque les robaron motocicletas y otras propiedades, les han destruido cultivos y viviendas. “Allá no hay trabajo, van nada más a sufrir. Nada más que el gobierno se aleje tantito y vuelvan a pelear. Nos prometieron que ahí se van a quedar, pero nadie nos asegura que vamos a estar bien”, externó otra de las mujeres desplazadas.

Magdaleno Gómez regresó a la tierra que amó y a la que deseaba regresar

Don Magdaleno Gómez Rivera tenía 78 años cuando tuvo que dejar Atascaderos, el mes pasado, para salvar su vida y la de su familia. Llegaron a Parral en busca de tranquilidad, con la esperanza de regresar cuando se calmara la situación en su tierra.

La semana pasada su salud se deterioró. “De reprente se nos puso malo y lo tuvieron que operar del instestino y de ahí se complicó todo”, dio a conocer su hija Lucina Gómez, quien estuvo con él cuando falleció en el hospital General de la ciudad de Chihuahua, a donde lo tuvieron que trasladar para su atención médica.

La familia se desesperó cuando del gobierno estatal les dijeron que podrían entregarles el cuerpo y trasladarlo a Atascaderos hasta el martes, ya que el lunes es inhábil. Sin embargo, hubo servidores públicos que se movilizaron para adelantar los trámites, ante la presión de la familia y de medios de comunicación de Parral, en donde pedían apoyo para su traslado a Atascaderos.

Magdaleno Gómez falleció el sábado en la mañana. Alrededor de las 5 de la tarde llegó su cuerpo a Funerales Némesis. “Ya nos pagaron el traslado y lo de la funeraria”, dijo Lucina el sábado por la tarde. Lo velaron durante la noche y esta mañana salieron hacia Atascaderos.

Por la mañana, salió el féretro de don Magdaleno y su familia. Los llevaron resguardados en vehículos del gobierno del estado y con personal de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Rosenda regresó con oxígeno para enfrentar su enfermedad en su tierra

Rosenda Valenzuela López tiene 82 años. Su salud se deterioró también en el desplazamiento. “Trae algo del pulmón, el corazón ya está muy cansadito, está avanzadita de edad”, dice su hermana Socorro Valenzuela López.

“Mi hermana estaba en Chihuahua hospitalizada, batallábamos porque no la querían dejar venir porque ella necesitaba oxígeno. Ya nos habían dicho que estaba muy malita, yo les comentaba que me la dieran para traérmela, pues como está el asunto que ahorita está tan peligroso para venir a traérmela. Sí me la concedieron, me ayudaron en el hospital para el oxígeno”, dice Socorro Valenzuela.

Sin embargo, no hubo apoyo para el retorno. Les pedían esperar hasta el martes 17 de marzo, pero no querían esperar más para que Rosenda estuviera en su casa.

“Nos desesperamos, no hubo ayuda, no batallamos con el carrito que traemos. Mi hermana está poquito enferma, pero ya estamos aquí. Queríamos regresarnos para que ella estuviera en su casa, más tranquilita. Regresamos cuatro de la familia”, agregó Socorro.

Su casa la encontraron relativamente bien, no salen mucho porque a gente que se quedó allá les ha dicho que está peligroso. “No sé qué pasará, pero ahí estamos. No sé qué va a pasar, pero ya estamos aquí en la casa”.

Hasta ahora, dice, saben que una tienda está abierta y también una Conasupo. Las demás tiendas están cerradas aún. Socorro y su hermana cuentan con la pensión de Bienestar, así como parte de la familia, por lo que aunque no hay trabajo por ahora, pueden resistir con eso.

“Nos comentaron que nos podrían ayudar para regresar el 17, pero nosotros nos desesperamos. En casa ajena no es fácil y menos con enfermo. Ya encontramos la manera de llegar, como pudimos”.

¿Qué dice la CIDH y el protocolo estatal de atención al DFI sobre la atención a la salud?

El gobierno estatal creó un protocolo para la atención a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, que presumió entre otros espacios, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que contempla entre sus ejes, el cuidado de la salud.

El Protocolo de Atención Emergente a las Personas en Situación de DFI del Estado de Chihuahua dicta que la Secretaría de Salud de Chihuahua debe garantizar el acceso gratuito y sin discriminación a los servicios sanitarios, independientemente de si las personas cuentan con documentos de identidad o seguridad social al momento del arribo.

La prioridad inicial es la estabilización física, que incluye la detección de enfermedades transmisibles, la atención a lesiones derivadas de eventos violentos y el suministro urgente de medicamentos para padecimientos crónicos (como diabetes o hipertensión) que pudieron haberse suspendido durante la huida.

El gobierno estatal, a través de la Comisión para el Desplazamiento Forzado Interno en la entidad, aplica un cuestionario a las personas que recién se desplazan, y entre otras aspectos, les preguntan sobre la salud y necesidades urgentes de las personas desplazadas, como los adultos mayores y como el caso de Justin.

El protocolo establece que se aplica para la atención a las personas en situación de desplazamiento se implementarán dentro de un plazo definido no superior a 6 meses. El documento define la Atención Emergente como una fase de asistencia intensiva que busca cubrir las necesidades básicas inmediatas (alimentación, salud, alojamiento y seguridad).

Si al cumplirse el semestre las condiciones de seguridad en la comunidad de origen no se han restablecido (por persistencia de violencia, control territorial de grupos armados o amenazas directas), el protocolo prevé lo siguiente:

Nueva evaluación de riesgo individualizado, si el dictamen indica que el retorno pone en peligro la vida o integridad de las personas, se suspende cualquier plan de regreso; transición a la integración local que consiste en que el apoyo deja de ser solamente asistencial y emergente, para convertirse en un plan de soluciones duraderas, en el que el Estado debe facilitar los medios para que la persona o familia se establezca de forma definitiva en el lugar de recepción o en un tercer sitio seguro.

Asimismo, establece una prórroga de apoyos para que no se corten de tajo. Los beneficios de asistencia (como subsidios de renta o despensas) pueden prorrogarse mediante acuerdos de los comités interinstitucionales, siempre y cuando se demuestre la vulnerabilidad persistente y la falta de condiciones para la autosuficiencia inmediata y por último el acceso a proyectos productivos, que se trata de entender que el desplazamiento será prolongado o permanente.

El protocolo ordena vincular a las personas con programas de empleo, proyectos productivos o capital semilla para que dejen de depender de la asistencia gubernamental y logren autonomía económica.

Contempla además el principio de Retorno voluntario, seguro y digno. El protocolo prohíbe el retorno forzado. Ninguna autoridad puede obligar a una persona desplazada a regresar a su comunidad si esta no lo desea o si el Estado no puede garantizar la seguridad plena en la zona.

Si el retorno es imposible, el objetivo final del protocolo es que la persona desplazada después de 6 meses, deje de ser considerada “víctima en emergencia” para convertirse en un ciudadano con pleno acceso a derechos en su nueva comunidad, incluyendo vivienda propia, educación y servicios de salud permanentes

Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (un documento de la ONU de 1998) son la base internacional para proteger a estas personas. En cuanto a la salud, señala que el Estado es el principal responsable de garantizar este derecho.

Aunque estos principios no son un tratado vinculante (es decir, no son una ley internacional que se firme), la mayoría de los países —incluido México— los han adoptado como estándar de oro para sus propias leyes y políticas públicas.

El principio número 3 indica que la salud es el pilar de todo el documento. Establece que El Estado tiene la “obligación y responsabilidad primarias” de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos dentro de su jurisdicción. Esto incluye, por supuesto, la atención médica.

El principio 7, indica que si el desplazamiento es provocado por las autoridades (por ejemplo, por razones de seguridad), éstas deben asegurar que el traslado se realice en condiciones satisfactorias de salud e higiene. No basta con mover a la gente; hay que garantizar que no enfermen en el proceso.

En el apartado de derecho a la atención médica, el principio 19 es el más específico sobre el tema:

• Atención sin discriminación: Todos los desplazados enfermos o heridos deben recibir la atención médica que necesiten “en la medida de lo posible y con la menor dilación posible”.
• Servicios básicos: Se debe prestar especial atención a la salud de la mujer, incluida la salud reproductiva, así como a la atención psicológica necesaria para las víctimas de traumas.
• Prevención de enfermedades: Las autoridades deben tomar medidas para prevenir enfermedades contagiosas e infecciosas, incluyendo la vacunación.

Y el principio 18 dice que las autoridades deben asegurar que los desplazados tengan acceso, como mínimo, a: agua potable, alimentos básicos y servicios médicos y de saneamiento básicos.

Enfrentamiento entre policía estatal y civiles armados y encuentran restos óseos

Este domingo se registró un ataque armado de grupos civiles armados contra elementos de las células Bases de Operación Interinstitucionales (BOI) Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en donde murieron por lo menos dos personas y tres detenidas.

El enfrentamiento ocurrió en la comunidad de El Ocote, del municipio de Guadalupe y Calvo, ubicada a una hora de Atascaderos.

Asimismo, la Fiscalía Zona Sur dio a conocer este domingo 15 de marzo, que localizaron restos óseos en la carretera de Parral a Guadalupe y Calvo, durante un operativo de rastreo.

En dicho operativo realizado este sábado, intervinieron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y peritos de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas.

Lo que encontraron fue un cráneo humano, un resto óseo de maxilar humano, así como diversos restos óseos humanos; bolsas de plástico negras, una cabeza de hacha y un cabo dañado de madera de hacha.