Organizaciones en defensa de la libertad de expresión consideran que debe haber primero voluntad política para atacar la impunidad en las agresiones contra periodistas, antes de crear nuevas leyes, mecanismos o fondos de dinero, que podrían convertirse luego en mecanismos para el desvío de recursos públicos y privados.
Jaime Armendáriz / Raíchali
El Congreso del Estado de Chihuahua iniciará el próximo lunes una serie de foros públicos para consultar una iniciativa de protección a periodistas que incluye, entre varios aspectos, la creación de un fondo económico con aportaciones públicos y privadas para “garantizar la protección” y aplicar medidas de prevención.
El modelo de protección no es nuevo. Se ha intentado en otras entidades y a nivel nacional, pero la creación de nuevos mecanismos, sistemas de protección o fondos económicos, pueden ser un camino para el desvío de recursos, opinó la abogada Sara Mendiola, directora de la organización Propuesta Cívica.
Esa organización acompaña jurídicamente a la familia de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada en la ciudad de Chihuahua el 23 de marzo del 2017, además de más casos en diferentes estados de la República.
Al revisar la iniciativa de ley que se impulsa en el Congreso local, la directora de Propuesta Cívica especificó que es una normativa ambigua y que carece de elementos que expliquen cómo van a atender algunas cuestiones que menciona la propia redacción de la propuesta.
La propuesta íntegra puede ser revisada aquí:
En ella se expone la necesidad de crear un Sistema de Protección conformada, en su mayoría, por dependencias del gobierno estatal, como la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, además de representaciones de personas periodistas, sin remuneración y electas ante convocatoria que emita el propio sistema de protección, aunque no dice el mecanismo ni los requisitos.
También incluye otorgar medidas de protección, como rondines policiacos, chalecos antibalas, reubicación de lugares, y algunos otros aspectos, todo financiado mediante un fondo administrado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
Ese fondo se integrará por “aportaciones de los periodistas que manifiesten expresamente su voluntad de participar”, por participaciones del Estado y de municipios, por aquellas que puedan entregar empresas de medios de comunicación y organizaciones sociales, asi como ingresos propios, donaciones y demás.
Se trata de una iniciativa de ley promovida en la legislatura 2021 – 2024 por el entonces diputado de Morena, Benjamín Carrera, y retomada por la hoy legisladora morenista Rosana Díaz, aunque con varios cambios sustanciales.
Por ejemplo, en la iniciativa del diputado Carrera, se integraba un sistema de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mientras que en la que se estudia actualmente se enfoca solo en periodistas y deja fuera a defensoras de derechos humanos.
La propuesta entró a la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Herminia Gómez (Morena), la cual convocó a los foros de consulta pública que iniciarán el lunes 10 de marzo en la ciudad de Chihuahua.
Ese primer foro será en el mezzanine del Congreso del Estado a las 10 de la mañana. Para el viernes 14 de marzo se realizará uno similar en el Museo de Paleontología de Delicias a las 10:00 horas. El miércoles 19 de marzo será en el Tecnológico de Cuauhtémoc a las 4 de la tarde. Para el viernes 21 de marzo, también a las 4 de la tarde, el foro de consulta será en el Salón de la Antigua Estación del Ferrocarril, en Parral; y finalizarán el viernes 28 de marzo a las 4 de la tarde en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ciudad Juárez.
“Urge atacar la política criminal antes de crear más mecanismos y fondos de protección a periodistas”
Para organizaciones que se enfocan en luchar por la libertad de expresión, como Propuesta Cívica, el crear una nueva ley, fondos económicos, nuevos mecanismos o un sistema de protección integral, no garantiza la protección real de las personas periodistas si no existe la voluntad política para hacerlo, y si no se contempla un canal de confianza para presentar una denuncia por cualquier tipo de agresión.
En un informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión se establece que el 68 por ciento de los casos de agresiones contra personas periodistas son de autoridades locales.
“Si quien agrede al periodista es gobernante, o presidente municipal o un director de seguridad pública ¿habrá condiciones para que se adhiera a ese sistema de protección local? Si en el sistema federal hay desconfianza, no me imagino cómo pueda ser en un sistema local”, cuestionó Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica.
Asímismo dijo que el problema real está en que la autoridad no ha querido tocar la política pública criminal, la impunidad que genera en todos los casos y no hay voluntad política para atender las agresiones a periodistas.
“De nada sirve que haya nuevas leyes, nuevos mecanismos, si las fiscalías no hacen su trabajo, no identifican a los agresores y no los llevan a los tribunales. De nada sirve que haya botones de auxilio, rondines de seguridad y demás medidas, si el agresor sigue en la calle. El problema medular está en la impunidad. Podrá haber un nuevo mecanismo, pero seguirán agrediendo a los periodistas porque el problema está en la política pública criminal”, continuó.
Al revisar la iniciativa que se analiza en Chihuahua, Mendiola reiteró que resulta ambigua, con términos no apegados a las definiciones de “personas periodistas” ya definidas por organismos internacionales de libertad de expresión o la propia Corte de Justicia de la Nación.
“El gran riesgo, como con toda reforma o ley, es en su aplicación. Es ver entre lo que dice la ley y cómo se ejecuta. A mí me deja muchas dudas respecto a lo que se plantea como “sistema de protección” y no dice cómo hacer o resolver varias cuestiones que la propia ley plantea”, abundó.
Puso como ejemplo que en casos atendidos por Propuesta Cívica, observan casi en todos los casos no se hace un buen análisis de riesgo ni de contexto de la persona periodista y se le aplican medidas que no le funcionan.
“En más del 95 por ciento de los casos que hemos llevado ante el mecanismo federal, hemos identificado que los planes de protección son inadecuados y no van conforme al riesgo. Hemos logrado que se fortalezcan y que se cambien”, especificó.
Por eso es que subrayó que además de los foros de consulta pública organizados por el Congreso de Chihuahua para revisar la iniciativa de ley, debe haber mesas técnicas para evitar que todo quede en una simulación o en un intento por legitimar una ley que se va a aprobar como ya está planteada, sin atender modificaciones necesarias.
“Durante muchos años se han hecho foros tras foros a personas periodistas y personas defensoras, para que le contemos a la autoridad qué es lo que tiene que hacer y qué retos se enfrentan. Pero eso la autoridad ya lo sabe. Luego pareciera que estos foros son para sumilar o que quieren decir que les escucharon y legitimar lo que ya van a legislar”, enfatizó Mendiola.
Máxima transparencia de los recursos en el fondo de protección, piden las organizaciones
La creación del fondo de protección a periodistas planteada en la iniciativa de ley que promueve Morena, debe ir acompañada por un proceso de máxima transparencia en el uso de recursos público y privados que puedan integrarse, consideraron las organizaciones Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Balbina Flores, representante en México de RSF, dijo que deben crearse los candados o blindaje necesario para que no exista un gasto discrecional del recurso etiquetado para proteger periodistas.
Debe quedar muy bien etiquetado desde el Presupuesto de Egresos, claro y definido, e integrar la presencia de organismos de la sociedad civil para su correcta operatividad y dar confianza, precisó en entrevista con Raíchali.
Consideró como positivo que en la iniciativa se contemple la integración de periodistas en el organismo de toma de decisiones del mecanismo propuesta, sin embargo subrayó que debe haber un proceso claro para la selección de esas personas, que integren perfiles con experiencia, con conocimiento de la libertad de expresión y de los derechos humanos.
Para Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, la creación de fondos o fideicomisos siempre resultan riesgosos, porque, bajo la bandera de la protección de personas periodistas, “se puede convertir en camino para el desvío de recursos públicos”.
Hizo referencia al desaparecido fideicomiso del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Perdiodistas, que fue señalado en varios informes por el mal manejo del recurso.
Esas observaciones las integra la organización FUNDAR en una investigación hecha en el año 2018, llamada “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero en México”.
Otro problema es la asignación del presupuesto en ese tipo de fondos, planteó Mendiola, ya que siempre dependerá de la voluntad política del gobierno en turno la cantidad de dinero que se va a etiquetar para la protección de personas periodistas.
