Ella logró su libertad gracias al programa federal de Amnistía luego de ser detenida en un retén con una maleta con mariguana. A su comunidad, como ocurre en muchas de Oaxaca, llegan personas y a cambio de dinero piden transportar ese tipo de mercancía ilegal, aprovechándose de la pobreza y vulnerabilidad de los habitantes.
Diana Manzo / IstmoPress
Santa Ana Miahuatlán, Oax.- Julia Vásquez Bohorquez es una mujer libre, así se describe mientras siente un suave viento que llega también a las flores rojas de su jardín y las mueve lentamente. De pie, platica, en su pequeña cocina rústica, al lado del ardiente fogón donde hace tortillas a mano para vender, como una de sus fuentes de ingreso.
Es una mañana nublada pero no hace mucho frío, los pájaros cantan en el municipio de Santa Ana Miahuatlán, ubicado en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, en donde Julia vive desde hace 28 años. Ella nació en Santa Cruz Xitla, a unos 12 kilómetros de Santa Ana, pero al casarse se trasladó a este lugar en donde vive con sus tres hijos, sus nietos y con su suegra de 90 años a la que cuida, pese al abandono de su esposo, situación que la dejó en vulnerabilidad financiera.
Sonriente y un poco tímida, Julia de 51 años de edad, habla de su pasado, de esas paredes frías y grises que distinguen a las cárceles de Oaxaca, en donde pasó encerrada 919 días y noches acusada del “Delito contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa”, que le fue decomisada en una revisión cuando viajaba a su destino final, Tapanatepec, Oaxaca.
“Allá en aquel lugar todo es cerrado, volteas y lo que encuentras son paredes para un lado, paredes para otro. Yo sí extrañaba mucho mi casa y pues ahorita yo soy muy feliz en este lugar, porque pues aquí tengo mis flores. Aquí tengo todo aire libre, todo”, cuenta.
Durante su detención y privación de su libertad, Julia no tuvo un acompañamiento legal adecuado a su cultura y lengua zapoteca, como le ocurre a cientos de mujeres indígenas que se encuentran en prisión en nuestro país. El caso de Julia es uno de los nueve acompañamientos que el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet A.C) hizo desde la iniciativa: “La justiciabilidad de los derechos indígenas a través de la Ley de Amnistía”, que entró en vigor el 23 de abril de 2020.
Dos años después, el 13 de abril de 2022 -un día después de su cumpleaños-, Julia obtuvo su libertad, convirtiéndose en la primera oaxaqueña en recibir el beneficio de la Ley de Amnistía. “Mi libertad ha sido el mejor regalo de cumpleaños y para celebrarlo los abogados del Cepiadet, el licenciado Benedicto y Gerardo me invitaron una cecina asada, tortillas y salsa picante, todo eso en el mercado de Oaxaca y después me trajeron a mi casa, en donde me reencontré con mi familia”, rememora.
Revivir ese recuerdo ya no es de vergüenza ni tristeza para Julia, la mujer de tez blanca y cabello largo y negro, es de resistencia. Habla sin temor y sin pena de su vivencia en la cárcel, consciente de todo lo ocurrido. Reconoce que la pobreza, desesperación y salarios bajos, pues ganaba 60 pesos al día, fueron motivos para aceptar trasladar dos maletines, desconociendo lo que traían al interior.
En Oaxaca, de acuerdo con el diagnóstico realizado este 2023 por Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), 163 mujeres se encuentran privadas de su libertad, y de ellas el 73.6 por ciento está en prisión preventiva y solo el 26.5 por ciento ha recibido una sentencia condenatoria. Ese diagnóstico “permite identificar que existe un abuso generalizado” que afecta más a las mujeres, considera la organización.
Gerardo Martínez Ortega, abogado y coordinador jurídico de Cepiadet, refiere que lo que vivió Julia es un reflejo de las desigualdades que viven las mujeres indígenas y los pueblos indígenas en nuestra entidad. “Por fortuna, con la Ley de Amnistía logró volver a su casa y estar con los suyos. “La pobreza y situación de vulnerabilidad que vivía Julia la obligó a realizar este tipo de actos que la llevaron a prisión”, reflexionó.
Martínez Ortega explica que es aquí donde precisamente entra en función la Ley de Amnistía, pues aunque tenía un abogado, no era adecuado a su cultura ni hablaba su lengua indígena. Es decir, abunda, se estaban violentando sus derechos humanos, y fue así que se justificó que ella debería estar en libertad y se logró.
Pero no todo es favorable en esta reciente ley.
El defensor reconoce que la Ley de Amnistía también tiene ciertas restricciones que de alguna forma violentan los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se trata de una transgresión que no está en el catálogo de delitos, la amnistía no procede, sin importar que sea una persona indígena y que no haya tenido acompañamiento de un abogado hablante de su lengua o con conocimiento de su cultura.
La segunda restricción, precisa, es que la Ley de Amnistía abarca únicamente “delitos federales”, como el caso de Julia. Y aclara que es en el ámbito local donde justamente hay más personas indígenas y para ellas esta ley no aplica.“Este es el otro pendiente que hay. En Oaxaca, por ejemplo, es lamentable, pues a pesar de que ya hay una Ley de Amnistía todavía no es aplicable porque no se ha instalado la Comisión de Amnistía, que aunque se aprobó, tiene algunas deficiencias que dificultan su aplicación”, señala.
El abogado de Cepiadet recalca que “casi, casi pudiera asegurar que todas las personas que están privadas de su libertad y que son indígenas no tuvieron un defensor adecuado a su cultura e identidad, a pesar de que la Constitución lo exige, eso no importa”. Cepiadet es una organización integrada por profesionistas indígenas que nació el 4 de noviembre de 2005 como respuesta a las necesidades de las personas hablantes de lenguas indígenas, para ejercer sus derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia. Su función es totalmente colaborativa.
Julia es Julia
“Julia es Julia y no hay más”, dice su suegra de 90 años de edad, Donaciana Loaeza, al describirla y reconocer lo valiosa que es en su vida. Sentada en un butaque de madera, entrelaza sus manos a la de Julia, y la abuela habla de lo doloroso que fue para su familia no verla en muchos días.
Un abrazo efusivo y unas lágrimas de alegría las reconectó de nuevo el día que Julia volvió, recuerda Donaciana, quien bebe sorbo a sorbo su atole de granillo, peculiar bebida de esta zona oaxaqueña. Su hablar es lento y su voz suave, pero con una memoria lúcida le dice a su nuera que ya no “vuelva por ahí”. Reconoció que fue por necesidad económica y de sobrevivencia que ella aceptó ese trabajo de trasladar las maletas.
La historia de Julia es tan importante y real como la de muchas mujeres que en medio de la pobreza y la vulnerabilidad enfrentan violaciones a sus derechos humanos cuando están en prisión; sin embargo, reintegrarse, volver y sobrevivir en una comunidad es una resistencia constante. Una mujer vestida con blusa roja y un suéter negro llega a la casa de Julia; su sonrisa es de temor, pues no sabe qué ocurrirá. La acompaña una joven de unos 19 años de edad, su nuera.
Entra a la cocina, pues es el punto de reunión para hablar de la vida de Julia. La mujer se llama Felipa Pacheco. Sentadas alrededor de la mesa de madera, ambas sonríen mientras beben café y disfrutan de un pan de picos elaborado con panela, típico de Santa Ana.
Ellas se llevan bien, ambas son trabajadoras y solas; con su esfuerzo personal, han sacado adelante a sus hijas e hijos.
Felipa es una mujer importante en la vida de Julia, pues es su comadre, su amiga y su confidente. Ella es delgada, de ojos pequeños y negros, sonrisa pícara pero con mirada temerosa. Fungió un importante papel en la reintegración de Julia con su comunidad. Admite que las habladurías y malos comentarios contra Julia existieron, quisieron desprestigiarla y dejarla sola, pero no pudieron.
“Julia nos dio una sorpresa, invitó a las mujeres de la comunidad a una plática; asistimos y después de varias sesiones, nos dieron apoyos, recursos para emprender nuestro negocio”
“Eso es grato para nosotras, saber que Julia siempre nos tiene presentes, que Julia quiere reintegrarse ayudando y haciéndolo juntas”, recalca. Ambas salen de la casa y caminan por las veredas de la comunidad, sonríen, desayunan juntas tortillas de maíz elaboradas a mano. A veces comparten tamales y otras veces atole, pero juntas.
Reinserción Comunitaria
Volver a dormir entre paredes de carrizo, abrazar a su familia, elaborar tortillas en su comal, caminar entre sus flores, ver el amanecer desde su ventana y sonreír con sus comadres y amigas, son las acciones que Julia ha vuelto a sentir y vivir en comunalidad.
Este proceso no ha sido fácil; al contrario, ha sido complejo y se ha logrado con el acompañamiento de Cepiadet.
El día que Julia quedó en libertad recuerda Gerardo Martínez Ortega, coordinador juridico de esta organización hubo tres momentos: La primera cuando la recibe el defensor el licenciado Leonel, quièn la entrega a la delegada y finalmente cuando Julia es “entregada” al abogado de Cepiadet, Benedicto.
Flavio Reginaldo Vásquez, abogado y coordinador del proyecto “La reinserción comunitaria y los Pueblos Indígenas” reconoce que el proceso antes mencionado- el que Julia vivió el día de su libertad- fue bastante complejo porque desafortunadamente no hay una política del Estado de reinserción comunitaria para las personas que obtienen su libertad y por eso Cepiadet decidió impulsarla.
“Eso era nuestra preocupación, porque Julia es una persona muy trabajadora y dependían de ella o dependen de ella todavía su suegra, su cuñada, sus hijos, entonces lo que hicimos es ver de qué manera apoyarla para reintegrarla a la sociedad”, señala.
“Le donamos pollos, le hicimos su gallinero, y ahora Julia está feliz, la vemos darle maíz, amor y cariño a sus gallinas, ella tiene la intención de vender pollo y así obtener ingresos, pero también le ayudamos a sembrar su milpa. “Creemos que estos proyectos comunitarios de labores que ellas ya conocen, que ellas ya practican, es lo que debe revivirse para reintegrarlas de nuevo a su comunidad”, enfatiza.
Además del apoyo de la granja y la parcela, Cepiadet hizo alianza y colaboración con una organización oaxaqueña llamada SiKanda, la cual a través de su proyecto “Mujer AVE” impulsó a Julia a que fuera líder de su comunidad. “Cepiadet nos invitó a sumarnos al proceso de reinserción social de Julia y aceptamos, platica Yocelyn Cruz, coordinadora del Proyecto Mujeres A.V.E. (Actuando , Vinculando y Emprendiendo) de la asociación civil SiKanda.
“Aplicamos un programa de capacitación de mas o menos un mes y medio para fortalecer habilidades en temas de negocio y tejer redes solidarias entre las personas que forman parte de este grupo, con una mirada de Economía Social y Solidaria”, asegura. La defensora puntualiza que el pretexto para reintegrar a Julia con su comunidad fue el emprendimiento, pero en realidad era iniciar un proceso de colaboración que busca unir fuerzas para seguir haciendo comunidad.
La felicidad de Julia
“Me siento muy contenta de estar acá, de ver a mis gallinas, a mis animalitos, de sentirlos, y esto ha sido posible gracias a los licenciados de Cepiadet, su ayuda es incondicional, me visitan, están pendientes de mí y eso no tengo cómo pagarles”, dice agradecida.
También reconoce al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por poner la amnistía. “La amnistía me ayudó mucho, ayudó más a los licenciados de Cepiadet, le doy las gracias por poner ese beneficio y también le pido una ayuda económica, o un trabajo, porque ya no quiero volver a estar en ese reclusorio, donde estuve un tiempo, pero al salir ya no nos ayudan, eso pido, un trabajo digno”, reitera.
Tanivet, un espacio que vulnera derechos
En el 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 55VG/ 2022, que señala que en octubre del 2021 la Tercera Visitaduria General ingresó al Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, el mismo donde Julia pasó casi 3 años de su vida.
La recomendación afirma que en el caso de las personas indígenas “No existen condiciones para albergar dignamente a este grupo de atención prioritaria”.
Además, las mujeres denunciaron que personal de seguridad y custodia no les permiten hablar en su lengua.
Esta misma situación viven las personas discapacitadas y la CNDH señala que no se cuenta con suficientes adaptaciones o ajustes para facilitar la movilidad dentro del penal. Mientras que las personas de la diversidad sexual denunciaron que siguen viviendo prácticas discriminatorias de parte de custodios, personal y sus propias compañeras.
La recomendación señala que en temas de salud, las mujeres privadas de su libertad no habían recibido apoyos para realizar estudios relacionados con el cáncer. La queja más frecuente fue del área de cocina, donde las ponen a trabajar sin pagarles. Julia también lo denunció, pues durante su estancia pasó gran parte de su encierro en estas condiciones.
La maleta de los 3 mil pesos
Era un hombre robusto, joven y nos ofreció 3 mil pesos por llevar dos maletas, de inmediato acepté y también lo hicieron otras personas de mi comunidad. El día llegó: 6 de noviembre de 2019, y Julia lo recuerda bien. Se despidió de sus tres hijos, su suegra y sus amigas y emprendió el viaje. Transcurrieron las horas y en una revisión a la altura del municipio de Tapanatepec fue detenida y posteriormente trasladada a Matías Romero; después de varias horas fue llevada al penal de Tanivet.
Así comenzó su pesar, el que vivió durante dos años sin tener un traductor ni un acompañamiento legal adecuado a su cultura y formas de vida.“Allá tuve mucho miedo, nunca me adapté, me refugiaba en una capilla que ahí había, aprendí a tejer y con eso compraba mis medicinas. Ahí entendí que nada es más valioso que la libertad, que a veces la desesperación por ganar un dinero rápido, una es presa de estas personas que abusan de nuestra condición”, afirma.
Sobrevivir para Julia ha quedado en el pasado, hoy su meta es vivir en comunidad, en colectivo, con los suyos, en su patio, con sus flores, elaborando tortillas, y siendo libre.
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Este trabajo fue originalmente publicado en IstmoPress, integrante de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
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