A cumplirse seis meses de la tragedia migrante en Ciudad Juárez, organizaciones que acompañan a víctimas denunciaron que los obstáculos del Estado mexicano siguen siendo múltiples para el acceso a la justicia de las víctimas. A la par un juez niega suspensión de prisión preventiva a extitular del INM en Chihuahua
Por: La Verdad, con información de Marco Antonio López
Fotografía de archivo de Favia Lucero / YoCiudadano
Ciudad Juárez.- Organizaciones defensora de personas en movilidad y acompañantes de sobrevivientes y familias de fallecidos en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez denunciaron que el Estado mexicano está colocando obstáculos de acceso a la justicia y reparación del daño a las víctimas de esa tragedia ocurrida el pasado 27 de marzo.
“A seis meses de la tragedia en la que 40 personas migrantes perdieron la vida en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, 27 resultaron gravemente lesionados y 15 mujeres sobrevivieron, no se ha cumplido con la reparación integral del daño y los obstáculos siguen siendo múltiples para el acceso a la justicia de las víctimas”, acusaron en un posicionamiento conjunto emitido este 27 de septiembre.
La Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) A.C. y Asylum Access México (AAMX) A.C enumeraron lo que consideran los pendientes y arbitrariedades del caso:
1. Francisco Garduño sigue como comisionado del INM, lo que compromete la efectividad e independencia de las investigaciones y la labor de defensa de los representantes de las víctimas.
2. El INM ha puesto en riesgo a las familias de los migrantes fallecidos al hacer públicos los posibles montos de indemnización, los cuales no se han hecho efectivos, proceso que no corresponde a Migración sino a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). “Nos alarma ya que las autoridades no velaron por la salvaguarda de las personas migrantes ni antes, ni durante el incendio, ahora, de forma posterior, ni siquiera cuidan sus declaraciones para no ponerlas en peligro”, Marcos Zavala, abogado de ocho de los sobrevivientes, Fundación para la Justicia.
3. El INM sigue oponiéndose a facilitar la reunificación familiar de los sobrevivientes del incendio, al negarse a traer a sus hijas e hijos, así como a sus hermanos o madres.
4. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha presentado ningún plan, ni dictamen para cumplir con lo ordenado por la CNDH en su Recomendación 111VG/2023 para que se haga efectiva la reparación integral del daño.
5. El papel de la CEAV ha sido omiso en los procesos de reparación del daño de los sobrevivientes y las familias de los 40 fallecidos, incluso no ha inscrito al Registro Nacional de Víctimas a las 15 mujeres sobrevivientes.
6. La Fiscalía General de la República se ha opuesto a que dos de las víctimas cuenten con una asesoría jurídica particular. Después de seis meses del incendio no ha sido fácil para la mayoría de las víctimas y sus familias que se haga valer su decisión de nombrar un asesor particular que haga efectivo sus derechos, tanto en la investigación del caso como en el proceso mismo.
“No dejaremos de evidenciar los obstáculos que el Estado mexicano está colocando en el camino de acceso a la justicia y reparación del daño de las familias de los 40 migrantes fallecidos, los 27 sobrevivientes y sus familias y las 15 mujeres sobrevivientes” advirtieron.
Buscar mejores condiciones de vida no puede costar la vida o perder la funcionalidad de tu cuerpo por una política migratoria de contención que criminaliza a las personas migrantes, señalaron en su posicionamiento público.
En su documento, mencionaron que a pesar de haber aceptado la Recomendación 111VG/2023, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el INM no ha hecho efectiva la reparación integral del daño.
Por el contrario, agregaron, la propuesta de reparación efectuada la semana pasada por la defensa del titular del INM ante el juez, concernía únicamente al inmueble siniestrado, lo que muestra la falta de reconocimiento de los daños ocasionados a las víctimas y de su derecho a la reparación. La solicitud fue rechazada por el juez.
Hasta el momento, ninguna masacre cometida contra la población migrante ha culminado con la reparación integral del daño a las víctimas, poniendo en evidencia la falta de capacidad del Estado para dar respuesta y garantizar la reparación del daño en casos que involucran a víctimas ubicadas en distintos países. El caso de Ciudad Juárez coloca de nueva cuenta el reto y las cuentas pendientes con las víctimas migrantes, mencionaron.
Juez niega suspensión de prisión preventiva a extitular del INM en Chihuahua
El contraalmirante Salvador G. G., extitular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración (INM), acusado de homicidio contra 40 migrantes extranjeros, así como de lesiones en otros 27 y de ejercicio indebido del servicio público, seguirá su proceso judicial en prisión luego de que un juez federal le negara la cancelación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
La defensa del contraalmirante pidió al juez federal, Juan José Chávez Montes, que sometiera a revisión la medida de prisión preventiva que se impuso al exfuncionario federal el 22 de abril de 2023 durante la audiencia inicial por el homicidio y lesiones en contra de 67 migrantes que se registró en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del puente Lerdo en Ciudad Juárez el lunes 27 de marzo de 2023.
En ese entonces Salvador G.G. fungía como titular del INM en el estado de Chihuahua y bajo su responsabilidad estaba la administración del edificio donde ocurrió el incendio y del personal a cargo de los migrantes. En ese cargo se mantuvo hasta el 12 de abril, cuando fue el último día que se presentó a laborar, cuatro días después fue detenido.
Este miércoles –justo cuando se cumplieron seis meses de la tragedia en la que 40 migrantes perdieron la vida y 27 más quedaron lesionados por el incendio en la estancia migratoria– se llevó a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar a Salvador G. G., dentro de la causa penal 235/2023 en Ciudad Juárez, donde actualmente se mantiene detenido al imputado.
De acuerdo con la defensa de Salvador, a quién de acuerdo con las leyes vigentes no se le debe identificar con su nombre completo mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia, las condiciones no son las mismas a las establecidas en la audiencia inicial ya que “hay cambios objetivos al día de hoy y los argumentos establecidos en un inicio han sido superados”, dijo la abogada Priscila Ramírez durante su intervención.
La abogada del contralmirante aseguró que éste no representa un riesgo para la sociedad y tampoco podría obstaculizar la investigación debido a que ya no forma parte del Instituto Nacional de Migración, sumado a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las controversias analizadas por la Corte Suprema de Justicia que analizan el uso de la prisión preventiva.
“Se trata de aplicar el mejor beneficio a la persona, se trata de aplicar el derecho humano a la libertad”, dijo la defensora.
Sin embargo, en su resolución el juez federal indicó que la defensa no aportó nuevos datos de prueba que cambien las circunstancias ni los hechos y la probable participación del imputado como se vio en la audiencia inicial cuando se corroboró la responsabilidad del contralmirante en la administración del edificio y el personal a su cargo, por lo que se le vinculó a proceso.
De acuerdo con el juez, el hecho sigue ahí y se trata del delito de homicidio contra 40 personas y aludió al Artículo 19 de la Constitución en el que se establecen los casos en que se aplica la prisión preventiva, que es en delitos considerados graves.
“Si desconocemos la Constitución, perdemos seguridad jurídica. No podemos dejar de aplicar la Constitución”, dijo el juez.
Mencionó además que a mayor cantidad de pena, mayor es el riesgo de sustracción y que en el caso de 40 homicidios si le dieran la mínima por cada uno, se hablaría de por lo menos 360 años, por lo que el riesgo de sustracción en este caso es muy elevado.
Salvador G. G., tuvo oportunidad de hablar y dijo que la semana pasada se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Tesis 2027280 en materia penal de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa:
“La prisión preventiva debe ser inaplicable. Entonces yo no sé en que se basan para rebatir esta petición”, dijo Salvador G. G.
El juez recordó que se trata de una medida constitucional para salvaguardar a la sociedad.
“El derecho a la presunción de inocencia se contrasta con la seguridad de las personas de este país. Nadie en su sano juicio puede decir que no son conductas que atentan contra la sociedad”, dijo el juez.
En su última intervención Salvador G. G. dijo:
“Con todo respeto solicito que no se adelanten conceptos porque dijo que yo pudiera andar en la calle afectando personas. Y solicito que no se me compare con personas que priven de la vida a personas de manera intencional. Yo no soy así. Lo mío es una cuestión institucional”.
Este contenido fue publicado por La Verdad, integrante de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Ve aquí la publicación original.
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