Texto Patricia Mayorga / Fotos Raúl Fernando Pérez Lira
Parral, Chih. El miedo es el principal sensor para la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen , localizada en el municipio de Guadalupe y Calvo, que forma parte del Triángulo Dorado.
Más de una veintena de personas indígenas se concentraron en Parral durante más de un mes para ser parte del histórico juicio oral en contra del autor material del homicida de uno de sus líderes, Julián Carrillo Martínez, quien era comisario de Bienes Comunales.
Callados, serenos y con la picardía que los caracteriza entre ellas y ellos, llegaron al municipio localizado al sur del estado y regresaron a diferentes puntos de la entidad, con más incertidumbre que certezas por su protección por las consecuencias que puedan tener los resultados del juicio.
Durante un mes aproximadamente, permanecieron resguardados en la ciudad. Fue el punto de reunión en el que se encontraron después de meses, porque varias familias están desplazadas en distintos puntos. Otros más llegaron desde las rancherías de Coloradas de la Virgen.
Hubo miedo, sí, pero no les paralizó y lograron que el Tribunal de Juicio Oral declarara culpable a José Feliciano R.M, uno de los autores materiales. Otro de los imputados, el adolescente A.P.C.C, fue sentenciado a tres años de prisión domiciliaria en diciembre pasado.
Fuera de Parral y de su tierra, ahora esperan que el Tribunal dicte medidas de reparación de daño, con una perspectiva comunitaria, porque no sólo asesinaron a una persona sino a un defensor de derechos humanos que defendió su territorio con la comunidad y la afectación es colectiva. La audiencia de individualización de las sanciones será el jueves 11 de marzo.
Ni en Chihuahua ni en el país, el desplazamiento forzado es un delito y por lo tanto, el reto que tuvo la comunidad acompañada jurídicamente por las organizaciones Alianza Sierra Madre y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), así como la Fiscalía Especializada en Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, fue demostrar dicha afectación y alcance del crimen que ha sido sistemático.
“Los mañosos se llevaron vacas, chivas. Andaba gente robando. Los sicarios de alrededor de la comunidad amenazaron a gente de San Vicentillo”, comentaron en entrevista algunos de los habitantes de la comunidad serrana, para iniciar el resumen de una serie de acontecimientos que han padecido desde que detuvieron a José Feliciano R.M. y A. P.C.C, en enero de 2019.
San Vicentillo es una de las rancherías que forman parte de Coloradas de la Virgen. Cada localidad tiene diferente distancia, Se encuentran hasta 5 o 6 horas una de otra. La extensión es de unas 49 mil hectáreas, en las que habitan más de 700 personas.
Al principio, las agresiones eran directas contra habitantes del centro de la comunidad de Coloradas de la Virgen, pero previo al juicio y durante el juicio, las agresiones se extendieron.
“Estábamos mi mamá, mi abuela y otras mujeres en la casa y oímos que empezaron a tirar balazos a la casa”; recuerda una de las mujeres que llegó a testificar y que deberá permanecer desplazada con su familia, por protección.
A otra señora que se hacía cargo de su casa, porque la mayoría de los hombres ha tenido que salir, le robaron 300 vacas en otra de las rancharías. “Ella regresaba de Guachochi (caminando por la barranca) vio sus vacas ya avisó a la policía, pero no hicieron nada”.
Varias localidades, de las que se omite el nombre por seguridad, han sido cercadas para obligar a la gente a irse o vivir con temor para que no denuncien.
“Hubo una señora ya mayor que se murió de tristeza. Ella no quiso salir de Coloradas cuando salieron todos. Sabía que muchos estaban amenazados y que no había fecha de retorno. Al gobernador lo agredieron dos veces. En septiembre le dieron un navajazo, cerca de Coloradas”, agregan otros integrantes de la comunidad desplazada.
Dieron a conocer que hay otra denuncia desde el 12 de junio de 2018, en Baborigame y no se ha atendido a pesar de que hay 27 demandantes.
A cuentagotas, pausados, continúan:
“Quemaron la casa de Anselmo Molina. La familia se fue, les quemaron todo. Lo que querían es quitar el aguaje porque lo necesitan con la tierra, para sembrar marihuana y amapola”, denunciaron otros integrantes que se encuentran desplazados. Hay una demanda penal en el municipio de Morelos, que limita con una parte de Coloradas y ambas son frontera con el estado de Sinaloa.
Cuando asesinaron a Julián Carrillo, el 24 de octubre de 2018, la mayoría de los habitantes del centro de Coloradas de la Virgen optó por huir. La historia de agravios y amenazas habían aumentado y si no habían ignorado las medidas de protección y el perfil internacional que tenía su líder, a cualquiera que denunciara lo podrían asesinar.
De unas 50 casas que habitaban en la ranchería de Coloradas de la Virgen, la principal del ejido, sólo quedaron dos o tres familias. “Eran como 800 o 700 personas en todo Coloradas, muchos están sufriendo fuera porque quieren regresar, pero no hay condiciones”, lamentaron los entrevistados.
En el exilio, los niños que iban a la escuela han dejado de ir desde antes de la pandemia. Algunos adultos han encontrado trabajo en la construcción, pero durante el confinamiento por Covid-19, se les ha dificultado.
Y mientras en sus tierras:
“Ya se metió la gente a sembrar tierras y el agua ya la agarraron. A otro señor le mataron las chivas. Tenía un rancho en el barranco. A otro le mataron a un hermano, se fue de ahí porque le abrieron su casa y se llevaron todo. El ganado se murió”, detallan los entrevistados.
A otro hombre lo amenazaron en febrero después de que los militares les fumigaron la siembra de enervantes y culparon a gente de la comunidad.
Lo que se conoce es que cada vez son más jóvenes que llegan de fuera, principalmente del estado colindante, Sinaloa, que “tumban” los pinos para “la siembra”.
TAMBIÉN JUILÍAN TENÍA MIEDO… Y NO DEJÓ DE LUCHAR
La comunidad de Coloradas de la Virgen, liderada por Julián Carrillo y otros compañeros, luchó por años en contra de un permiso para talar su bosque, que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le había otorgado a los mestizos que acechan su territorio. Las agresiones fueron cada vez más fuertes contra los denunciantes, hasta que obtuvieron medidas de protección.
El año 2015, el Tribunal Agrario suspendió los permisos para talar el bosque. A partir de ahí se desataron de nuevo los ataques contra la familia de Julián Carrillo: le quemaron su casa y en el 2016 asesinaron a su hijo Víctor, junto con otros cuatro defensores del territorio.
En mayo de 2018, cinco años antes del homicidio, el Tribunal Agrario autorizó el reinicio del proceso contra los permisos de tala. La consecuencia: mataron a un yerno de Julián Carrillo y la familia se desplazó a otro punto del estado.
Julián Carrillo había salido de su comunidad cuando asesinaron a Isidro Baldenegro López el 15 de enero de 2017. Entrevistado en aquella ocasión, él denunció la ola de ataques que habían recibido, incluido el intento de violación de una de sus sobrinas.
Vivían él y otros compañeros de regresar o no a su tierra:
- ¿Tienes miedo?, se le preguntó-
- Pues sí. Un tiempo yo tuve que dormir en el monte varias semanas, era gobernador y por eso tenía más miedo. Mucha gente duerme en el monte por el miedo, Nos cambió la vida. El miedo nos deja defender, queremos seguir echándole ganas porque ya estamos ahí, hay que cuidar los que se nos dio”.
“Como que habla uno y se le amplía la mente. Hay cosas que no se da uno cuenta de lo que pasa, hasta que las platica”, dijo para tratar de explicar cómo se sentía y que estaba dispuesto a lo que fuera para encontrar de nuevo la paz para su comunidad.
Aquella ocasión, tuvieron que caminar doce horas hasta llegar a Baborigame. Con el miedo como equipaje, temían que en cualquier momento una camioneta les saliera al paso y terminara con ellos.
De Baborigame salieron a Guadalupe y Calvo y de ahí, a otra ciudad en la que se refugiaron. Julián lograba regresar por temporadas, hasta que decidió permanecer más tiempo fuera. Sólo la muerte de una de sus hijas le obligó a regresar y allá, en su tierra, encontró la suya.
Decenas de familias le siguieron los pasos cuando lo asesinaron. Con miedo y con su fuerza, están dispuestos a defender su tierra, la que les dio onorúame (dios).
UNA MINERA AUMENTÓ EL RIESGO
Los pobladores desplazados están conscientes de que haber frenado la construcción de una mina en su región, incrementó el riesgo. “Es (la concesión) de dos hijos de los Fontes, ahí hay oro y plata”.
Hasta el año 2018, habían asesinado a 14 personas por defender su territorio en la Sierra Tarahumara. La violencia no ha cesado en la región, la tala clandestina ha aumentado y los grupos delictivos han ganado terreno no sólo en Guadalupe y Calvo, sino en otros municipios serranos.
Una de las denuncias constantes, que el mismo Julián Carrillo hizo, es que una parte de las personas que les amenazan son trabajadores de Artemio Fontes.
En Mesa del Cobre, aseguran, es donde hay más gente armada.
De acuerdo con datos oficiales, la Dirección de Minas federal otorgó cuatro concesiones entre 2010 y 2018 en la región que colinda entre los municipios de Guadalupe y Calvo y Morelos.
Una de las concesiones otorgada el 25 de mayo de 2010, que aún no era explotada, es para la mina La Mesa del Cobre. Los concesionarios son Artemio y Antonio Fontes Martínez y Humberto Ayub Touché (expediente 016/38808). La concesión comprende 3,104 hectáreas en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Las otras tres concesiones entregadas fueron: San Miguel, también de capital canadiense de Evrim, que tiene el título 243086 en el municipio de Morelos. Fue otorgada el 9 de julio de 2014, en 5,977 hectáreas a nombre también de Lamberto Flores Salazar y Filemón Portillo Chávez.
El proyecto Polo, con capital canadiense de Minera canadiense Evrim, fue autorizada el 5 de octubre de 2015 con el título 24449, a nombre de Lamberto Flores Salazar y Filemón Portillo Chávez.
Y la cuarta concesión es el proyecto Las Estrellas, con el título 246243, expedida el 5 de abril de 2018 en el municipio de Morelos a nombre de Sergio Arnoldo Vélez Espino. Tiene más de 938 hectáreas.
Cuatro días antes del asesinato de Julián Carrillo, la comunidad de Choréachi, también del municipio de Guadalupe y Calvo y representada por Alianza Sierra Madre, informó que el Tribunal Agrario con sede en la Ciudad de México, les reconoció como dueños de su territorio ancestral.
En la misma rueda de prensa, hablaron de las concesiones otorgadas, pero no abundaron más.
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