Luego de dos fiscales y casi dos años sin designar a una titular formal, el órgano de gobierno que brinda atención a las víctimas de delitos en Chihuahua, ahora estará al mando de una mujer que por más de 20 años ha exigido justicia para cientos de mujeres asesinadas y personas desaparecidas.
Por Óscar Rosales
La activista Norma Librada Ledezma Ortega rindió protesta ayer martes como nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), tras un año y nueve meses sin que la dependencia contará con una persona al mando, aprobada y ratificada por la gobernadora Maru Eugenia Campos.
El órgano perteneciente a la Fiscalía General del Estado, encargado de brindar atención a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos en todo Chihuahua, ya había sido señalado por “acéfala” (es decir, sin una cabeza), pues solo contaba con una representante encargada, que en ese caso fue Janis Aguirre, luego de que Irma Villareal dejó el cargo al finalizar el período del exgobernador Javier Corral.
Desde el inicio de su gobierno, Campos ha nombrado a dos fiscales, Roberto Fierro y César Jauregui, sin embargo, la CEAVE no contó con la misma atención, pese a las cientos de víctimas que existen en el estado.
Después de casi dos años de omisión, ahora la nueva titular de la CEAVE es una madre a la que le desaparecieron y asesinaron una hija, que se convirtió en una defensora de derechos humanos.
Paloma Escobar era una joven estudiante de preparatoria a la que desaparecieron el dos de marzo del 2002. Veintisiete días después, encontraron su cuerpo. Movida por el amor y la indignación, Norma Ledezma fundó ese mismo año la organización Justicia para Nuestras Hijas, con el objetivo de buscar el acceso a la justicia para personas desaparecidas y víctimas de feminicidio en Chihuahua.
Durante los últimos 21 años, Ledezma ha acompañado legalmente a cientos de familias y ha encabezado decenas de protestas ante autoridades municipales y estatales.
En reiteradas ocasiones, la abogada ha señalado que órganos como la Comisión Estatal de Búsqueda, no cuentan con los recursos económicos y humanos necesarios para llevar a cabo sus funciones. De igual manera, ha exigido a la Fiscalía la creación de una Unidad de Atención Integral para las familias de víctimas de alto impacto.
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