El contraalmirante Salvador G.G, buscó deslindarse del incendio en la estación migratoria donde murieron 40 migrantes extranjeros, pero el juez federal consideró que sus omisiones derivaron en la pérdida de las vidas; seguirá en prisión.
Por Marco Antonio López / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez- A pesar de que la defensa del contraalmirante Salvador G.G, extitular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, buscó deslindarlo de responsabilidad en la tragedia migrante en la que murieron 40 extranjeros, el juez federal desechó los argumentos y lo vinculó a proceso por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
La defensa sostuvo que el contraalmirante era inocente porque no era su obligación la vigilancia y salvaguarda de las personas migrantes que se encontraban detenidos en la estación provisional.
Sin embargo, en su resolución, el juez consideró que las omisiones del titular estatal del Instituto derivaron en un trato indigno para las personas migrantes, en la violación de sus derechos humanos, en las lesiones y en la pérdida de la vida.
“El sujeto debe asumir la responsabilidad de su cargo y en esto viene la administración y vigilancia de las estancias provisionales y estaciones migratorias. Dirigir significa dar instrucciones y verificar que se cumplen para garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales, el respeto a la vida y el trato con dignidad”, dijo el juez federal Juan José Chávez Montes durante su intervención.
Por lo anterior determinó su vinculación a proceso para realizar la investigación debida en un tiempo máximo de cuatro meses, durante el cual deberá estar bajo prisión preventiva para evitar su sustracción.
El juez dijo que el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas suficientes para determinar la probable responsabilidad del contraalmirante en la comisión por omisión de los tres delitos integrados en la causa penal 235/2023.
La defensa volvió a solicitar que el cumplimiento de la prisión preventiva se pueda dar en una cárcel militar, sin embargo, el juez federal negó la petición.
La defensa del contraalmirante sostuvo que el imputado era inocente debido a que “no tenía la obligación de salvaguardar ni proteger a las personas migrantes ya que no está establecido en sus funciones, en el Manual de Organización General del INM, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2019.
“No era obligación de mi representado porque la figura de delegado a la que se refiere el Ministerio Público dejó de existir en 2019 con la publicación del Manual”, dijo el defensor del contraalmirante, José Manuel Arciniega Robles, quien tomó la dirección de la defensa luego de que renunciara el abogado Daniel Álvarez Correa, argumentando diferencias con los codefensores y con hipótesis de la defensa.
“Mi patrocinado no tenía ninguna obligación con la salvaguarda de las personas migrantes de la Estancia Provisional Tipo B de Ciudad Juárez. Es responsabilidad de los servidores públicos adscritos a la estación migratoria o estancia provisional en su caso”, dijo el defensor antes de nombrar al personal de Migración que se encontraba laborando la noche del 27 de marzo.
“La responsabilidad es de los servidores adscritos y ahí no aparece el nombre de mi representado”, dijo el abogado.
Además, dijo que la Estancia Provisional del Puente Lerdo depende de la representación legal noreste.
Sin embargo, toda la argumentación fue desechada por el juez federal con base en la carga probatoria que presentó el MPF bajo la conducción de la fiscal Marisol Montero Monje.
Mencionó que la tesis de la defensa de que la estancia provisional no estaba bajo la jurisdicción del representante del INM en Chihuahua se cae al momento de que el contraalmirante se presentó la noche del incendio a la estancia provisional y reclamó a uno de los guardias por no abrir el candado, lo que implica que sabía las condiciones de la estancia y que los migrantes estaban en condiciones de encierro bajo llave, lo cual es ilegal de acuerdo con la Ley de Migración que prohíbe la reclusión de migrantes, dijo.
“Él sabía que estaban encerrados, y estos espacios son de alojamiento, y esto es una prisión, una privación de la libertad, no estaban alojadas”, dijo el juez federal.
“La calidad de migrante no constituye un delito, no puede encerrarse a una persona por migrar”, agregó.
“Yo no puedo coincidir con la defensa en cuanto a que el señor Salvador no tenía facultades”, mencionó.
El contraalmirante fue trasladado del Cereso Estatal 3 en Ciudad Juárez a las salas del Poder Judicial de la Federación a donde ingresó con el uniforme de pantalonera y sudadera en color gris.
Durante la audiencia se mantuvo con un semblante serio y solo usó la palabra para mencionar que aceptaba la renuncia de su anterior representante legal y la nueva defensa.
Hasta el momento son ocho las personas vinculadas a proceso por el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en la estación migratoria del INM, que dejó un saldo de 40 personas extranjeras muertas y 27 lesionadas.
El 4 de abril fueron vinculados a proceso Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G. por los delitos de homicidio y lesiones.
Ese mismo día también quedaron vinculados a proceso por los mismos hechos un guardia seguridad privada que daba servicio en la estación migratoria, identificado como Alan Omar P.V., y el migrante originario de Venezuela, Jeison D. C.R.
El 19 de abril fueron vinculados a proceso penal Eduardo A.M. y Juan Carlos M.C., el primero de ellos se desempeñaba como jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y el segundo como coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y era parte de la Unidad Interna de Protección Civil.
Aún está pendiente la audiencia de Antonio M.D., director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto. El segundo mando del INM a nivel nacional compareció el viernes 22 de abril ante el juez a la audiencia inicial y pidió la ampliación de 144 horas para finalizarla, por lo que esta se retomará el próximo martes 25 de abril a las 14:00 horas.
Mientras que el comisionado nacional del INM, Francisco Garduño Yáñez, compareció también el viernes 22 de abril ante el juez federal, pero logró que se difiriera la formulación de cargos que el MPF pretende fincarle por su presunta responsabilidad en el incendio de una de las instalaciones que está bajo su administración.
El juez pospuso la audiencia de formulación de cargos para el martes 25 de abril a las 9:15 de la mañana, porque la defensa dijo que no había recibido en tiempo la carpeta de investigación.
Los dos altos mandos a nivel nacional del INM, Francisco Garduño y Antonio M.D., que comparecen ante jueces federales por la tragedia migrante, continúan en sus cargos públicos tomando decisiones a pesar de que el MPF ha denunciado en diversas audiencias que hay reticencia y alteración de información por parte de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua.
Los dos servidores públicos son acusados de ejercicio indebido de servicio público, por lo que organizaciones de la sociedad civil exigen que sean acusados de los delitos de homicidio y lesiones, al considerar que eran garantes de la vida y salud de los extranjeros que estaban en la estación migratoria que fue quemada.
Este contenido fue realizado por La Verdad Juárez, integrante de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie. Para ver la publicación original, has clic aquí.
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