Chihuahua

jueves 27 enero, 2022
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    La vida de un civil vale 300 mil pesos para el Ejército

    Por Nayeli Valencia, Scarlett Lindero, Marco Antonio López, Abraham Rubio y Juan Luis García / Aguamala

    PARTE 3 DE 3

    ¿Cuánto vale la vida de un civil para el Ejército? Alrededor de 300 mil pesos, unos 13 mil 600 dólares.  Eso fue lo que le ofrecieron los militares a Paulina y María Elena, madre y viuda de José Jacob Rodríguez, ejecutado el 10 de marzo pasado en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el Norte de México. 

    En otros casos el ofrecimiento oscila entre los 400 mil y un millón de pesos.

    Aun cuando no hay un monto total oficial de cuánto ha pagado el Ejército mexicano por este tipo de ejecuciones en la actual administración, entre 2019 y agosto de 2021, se registraron  9 personas muertas en lo que se conoce como un fuego cruzado,  de acuerdo con una solicitud de información hecha para este reportaje a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

    A ellos se suman, en el mismo periodo, otras 535 personas catalogadas como presuntos agresores por el Ejército, quienes perdieron la vida y no hay forma de corroborar que hayan iniciado agresión alguna.  

    Por su parte, la Guardia Nacional acumula al menos 93 civiles ejecutados en el periodo que va de julio de 2019 a junio de 2021, de acuerdo con otra solicitud de información dirigida a la corporación.

    Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Guardia Nacional suman 432 en los primeros 10 meses del año, esto es ya 23% más que todas las registradas en 2020. Además, las quejas contra la Sedena suman 384 en el periodo mencionado del 2021, 6% más que todas las del año pasado. 

    El dinero no devolverá los sueños

    Paulina recordó cómo el ofrecimiento por la muerte de su hijo llegó el mismo día que asesinaron a Jacob. 

    “¿300 mil pesos vale la vida de mi hijo?”, les contestó indignada.

    Tanto ella, como la viuda de Jacob, María Elena, han sido contactadas en distintas ocasiones por parte de una delegación castrense para hacerles la propuesta, pero Paulina ha rechazado hablar con ellos. Sólo quisiera tener de vuelta a su hijo.

    El 10 de marzo, el joven de 20 años se dirigía a la Cruz Roja en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que su esposa María Elena González se hiciera un ultrasonido por su embarazo de seis meses. 

    Viajaban en una camioneta Yukon 2003 blanca, cuando escucharon disparos que obligaron a Jacob a bajar del coche. Apenas descendió del vehículo, recibió dos balazos. Uno entró por la nuca y salió por la mejilla derecha, y el otro le destruyó el hombro del mismo lado.  

    “María Elena les pedía ayuda a los militares, les decía que por favor lo ayudaran a levantarlo, pero ellos solo se burlaban”, lamentó Paulina González Torres, mamá de Jacob en entrevista. 

    A pesar de que fue trasladado al Hospital General, auxiliado por el Cuerpo de Bomberos de Nuevo Laredo, murió dos horas después. 

    Estos hechos fueron denunciados por la familia de Jacob en el expediente FED/TAMP/NVO.LAR/0000501/2021 de la Fiscalía General de la República (FGR).

    Si bien, el agente del Ministerio Público que llevó el caso ya identificó al militar que disparó a Jacob, hasta el momento no ha sido detenido.

    Jacob anhelaba cumplir 21 años para lograr uno de sus grandes sueños: sacar un permiso para convertirse en trailero. “Él era muy trabajador, muy bueno, no le hacía daño a nadie, le daba mucha ilusión ver a su último hijo”, dijo Paulina.

    La justicia no tiene precio

    Javier Flores, de 26 años, salió de casa por la noche junto a tres amigos después de haber estado en una reunión familiar. 

    Los tres circulaban en un automóvil tipo Honda Accord por el fraccionamiento de Colinas del Sur, en Nuevo Laredo, cuando un vehículo militar les disparó sin motivo alguno. Javier murió por un impacto de bala y sus otros dos amigos sobrevivieron. 

    “La cagamos, la cagamos, estos muchachos no traen nada”, dijo uno de los militares, de acuerdo con el testimonio de uno de los sobrevivientes del ataque, quien pidió anonimato.

    Javier era comerciante, trabajaba con su hermano en una boutique donde vendían ropa y zapatos, relató Angélica García, esposa de Javier. Ambos tenían apenas seis meses de ser padres cuando él falleció. 

    “Han sido días muy difíciles, nada volvió a ser igual, había días en que no quería salir de la cama, pero mi bebé me obligaba a ser fuerte y seguir”, narró Angélica.

    Los militares se justificaron diciendo que repelieron una agresión porque Javier y sus amigos venían armados, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000276/2021. 

    Incluso trataron de falsear los hechos haciendo un montaje y sembraron varias armas de fuego para tratar de culparlos; una versión que fue desmentida tras las pruebas practicadas a las armas, además de que tenían el seguro puesto.

    Una semana después del asesinato de Javier, los abogados de los militares inculpados se presentaron en la casa de Angélica sin aviso previo. 

    “Venimos de Sedena a reparar los daños”, le dijeron a Angélica y le ofrecieron reembolsar el dinero de los gastos funerarios; incluso le ofrecieron un cheque para que lo firmara, como compensación. Angélica no aceptó; recordó que en otros casos de víctimas el monto de la compensación ascendía hasta un millón de pesos, pero lo único que ha querido es que la muerte de su esposo no quede impune.

    Angélica contó que la carpeta de investigación ya está cerrada y que el MP le notificó que ya están listas dos órdenes de aprehensión desde agosto pasado. Sin embargo, aún no se han girado porque la defensa legal de los militares busca negociar la compensación con Angélica para que desista de exigir la investigación.

    Angélica ha rechazado las ofertas de militares de una compensación por el asesinato de Javier. En vez, exige justicia. 
    FOTO: Cortesía del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, A. C. 

    “Ya se van a cumplir nueve meses y cómo puede ser posible que después de toda la carpeta de investigación y las pruebas que se han dado, todavía no puedan detener a los militares, ellos siguen con su vida normal como si nada hubiera pasado y yo sí he tenido que cambiar toda mi vida”, lamentó la viuda.

    El manto de la impunidad

    Luego de que Jessica Silva, una de las participantes en la protesta por el agua en la presa La Boquilla, en Chihuahua, fuese ejecutada por la Guardia Nacional el 8 de septiembre del 2020, un elemento del nuevo cuerpo policial terminó siendo vinculado a proceso. 

    Se trata de la persona que disparó contra el vehículo en el que se desplazaba Jessica, y que según la versión de la Guardia Nacional estorbaba el paso de un convoy del cuerpo policial. 

    El sargento Bernabé L., quien habría accionado el arma, lleva su caso desde una prisión en Sinaloa. En tanto, ni Jaime Torres, esposo de Jessica, ni la familia de Jessica Silva, han sido compensados. 

    La familia de Jessica señala que un general de la Guardia Nacional visitó al sobreviviente para ofrecerle 400 mil pesos. 

    “Tú piensas que con 400 mil pesos vas a pagar la vida de mi esposa, en ningún momento, ella no vale eso”, le contestó Jaime. 

    Justina recuerda que el día del funeral de Jessica alguien le avisó que un general quería verla. Ella rechazó encontrarse con él debido a que no consideró que fuera el momento adecuado para verlo.

    Después de ese momento, la familia no ha vuelto a escuchar de la Guardia, que no ha dado ningún tipo de compensación ni ofrecido disculpas. 

    “Al contrario, sale en las noticias que ahora sí tienen miedo a ser enjuiciados aquí en Chihuahua, que temen por sus vidas”, comentó la madre de Jessica. 

    Para Justina, más allá de una compensación económica, la justicia llegará cuando los responsables del asesinato de su hija, no sólo la persona que disparó, estén pagando su condena en Chihuahua. 

    “Hay un dicho que tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, queremos al que disparó, pero también el que le dio la orden, porque alguien debió dar esa orden”, sostuvo la madre.  

    Un sospechoso, varios disparos, otra víctima

    Un sospechoso. Varios disparos. Un error. El resultado: otra víctima a manos de la Guardia Nacional. A Jorge Alberto Rivera Cardoza le arrebataron la vida a mediodía mientras conducía sobre la Avenida Ocampo, de Nuevo Laredo, en el Norte de México.

    El empleado aduanal iba de regreso a su oficina, junto con un compañero de trabajo, tras comer en un restaurante cerca de la Plaza Juárez, que evoca al mandatario mexicano más citado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la frase “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. 

    Basta el propio cuerpo de Rivera a dos cuadras del puente internacional para contradecir el postulado. Cerca del monumento de Benito Juárez, Rivera Cardoza recibió un disparo en la cabeza con el que perdió la vida a sus 42 años, el 8 de abril de 2021. Ya sin tener control de su automóvil, Riviera atropelló y mató a la transeúnte Martha Leticia Salinas. 

    Una muchedumbre rodeó a los agentes de la Guardia Nacional, que sólo lograron salir entre empujones tras la intervención de integrantes del Ejército que los movilizaron en camionetas blindadas. 

    Viridiana Promotor, esposa de Jorge, recuerda una notificación en su celular sobre alguna transmisión “en vivo” en Facebook de un acontecimiento en la ciudad sin prestar atención. Hizo conciencia hasta que recibió la noticia de la ejecución de Jorge Alberto. 

    Ajeno al consumo de drogas y al uso de armas, dentro de la camioneta de Jorge había bolsas de mariguana, radios y una pistola. Todo sembrado por la Guardia Nacional, según videos de testigos hechos llegar a noticieros.

    Los oficiales acusaron a Jorge de atacarlos en el centro de la ciudad y de conducir a exceso de velocidad. Sin embargo, todos los impactos de bala iban “hacia dentro” de la camioneta, aseguró Viridiana luego de ver el vehículo.

    Para su familia, lo rutinario cambió desde aquel momento. Ya no hay más fines de semana en el centro con sus hijos: un niño de diez años y una niña de seis, a quien en ocasiones le dan ataques “como de ansiedad donde ella llora, llora y llora y pregunta por su papá”, comentó la viuda. 

    Poco más de un millón de pesos, como reparación del daño y un escrito para que no demandara a la institución, fue lo que la Guardia Nacional ofreció a Viridiana tras la ejecución de su esposo Jorge Alberto Rivera Cardoza como reparación del daño. 

    En un principio, ella aceptó al firmar varios documentos luego de estar junto con su cuñado, al menos cuatro días, en el Servicio Médico Forense: “En ese momento no tenía cabeza, no leía los papeles. Me daban y firmaba todo con tal de que me entregaran el cuerpo de mi esposo…  Se tardaron muchísimo, desde las 9 de la mañana hasta las cuatro o doce de la noche. El último día salí a las cuatro de la mañana”, relató. 

    A Viridiana no le entregaron la cartera, una esclava ni el teléfono celular de Jorge, tampoco le han dado noticias de cómo va el proceso de investigación contra los integrantes de la Guardia Nacional, institución que demandó días después de enterrar a su esposo, pese a la amenaza de meterla a la cárcel por romper los acuerdos reparatorios. 

    “Por qué no voy a denunciar si fue una injusticia lo que hicieron con él”, cuestionó la afectada que ahora se mantiene económicamente “estirando” sus pocos ahorros; también trabaja tres días por semana en una tortillería. 

    Viridiana no recibe apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pese a que ya tomaron sus datos. Ella costea todo lo económico y emocional, incluyendo consultas psicológicas. Tiene otras dos hijas que le ayudan a cuidar a sus medios hermanos cuando está fuera de casa. 

    También rechaza la indemnización de alrededor de un millón de pesos que ofrece la Guardia Nacional, institución con quien ha discutido en retenes en otras ocasiones. 

    El apoyo jurídico que recibe viene del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y su titular, Raymundo Ramos. Pero en el caso no hay avances pese a la existencia de videos y testigos que señalan a los agentes de la Guardia Nacional como responsables de accionar sus armas contra Jorge. 

    Viridiana confía en que la justicia llegará y no en forma de dinero, sino con la detención de los agentes que asesinaron a su esposo y quienes, aseguró, siguen en funciones. 

    “Quiero que se haga justicia, ahí con el presidente para que pueda tomar cartas en el asunto de que sus trabajadores, igual pueden ser los soldados o la Guardia Nacional, no nos cuidan, al contrario, nos están matando… Nada más porque traen un uniforme, no justifica lo de la muerte de una persona”, dijo Viridiana.

    Compensaciones, una bandera de exigencia

    Óscar Kabata está en Ciudad Juárez y quizá no debería estarlo. Vino sin escolta y debería tener siempre cerca por lo menos dos elementos adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con un mandato de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

    Y es que Óscar Alejandro Kabata de Anda fue privado de la libertad, torturado y violado cuando tenía 17 años, en marzo de 2009, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, es testigo y denunciante de la ejecución extrajudicial de su amigo Víctor Manuel Baca Prieto, de entonces 20 años, a quien un militar le disparó en la cabeza dentro de la Guarnición Militar, frente a Óscar Kabata.

    Óscar Kabata, denunció y reconoció directamente como el responsable de su tortura al entonces coordinador de la Operación Conjunta Chihuahua, el general Felipe de Jesús Espitia Hernández.

    Y mantiene desde el 29 de marzo de este año, junto con su mamá Laura Kabata, un plantón que tiene cerrada la entrada al edificio principal, así como un sentido de la avenida Industria Militar, frente al estacionamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. Algo sin precedente.

    Para reparar el daño a Óscar Kabata y su familia la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sin un consenso de los afectados, depositó en marzo de 2021, un monto de 1 millón 200 mil 392 pesos, para Óscar y siete integrantes de su familia. 

    Es decir, 150 mil 049 pesos, para cada uno. Si se divide en el tiempo que se tardaron en realizar la reparación desde el momento de los hechos en marzo de 2009 a marzo de 2021, serían 12 mil 504 pesos anuales, en promedio. Unos mil pesos por mes para cada uno.

    Sólo en abogados, la familia, asegura, ha gastado alrededor de 1.5 millones de pesos. O sea que la compensación económica no cubre ni siquiera la parte legal de lo que han gastado. Sin contar los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, el desplazamiento forzado, la alimentación, los traslados, los planes truncados, los daños físicos y morales, a la dignidad, las amenazas, los intentos de homicidio.

    Óscar y Laura Kabata mantenían desde enero de 2021 un plantón en la Segob en la Ciudad de México, exigiendo la reparación integral del daño, es decir no solo la parte económica, si no la de acceso a la justicia, es decir, llevar a los responsables a la cárcel. 

    Esto luego de que la CNDH emitió la recomendación  38VG/2020 el 25 de septiembre de 2020, en la cual se reconocieron las graves violaciones a los derechos humanos a Óscar Kabata y su familia.

    Sin embargo, para marzo del presente año después que se les notificó que se les reparó el daño con 1.2 millones de pesos y sin previo acuerdo, trasladan el plantón hacia la Sedena, en donde se mantienen hasta este día.

    “En las reuniones se llegó a la conclusión de que la cantidad adecuada era de 15 millones de pesos, luego bajamos a 12 y luego bajamos a ocho millones y lo que nos terminaron dando fue uno”, dijo Óscar Kabata. 

    “He llegado al punto de desesperación, que yo sé que estoy mal porque merezco una reparación integral, pero he llegado al punto de renunciar a ella a cambio de que las personas responsables estén en la cárcel o cuando menos con los delitos debidamente acreditados”, explicó. Sin embargo, la respuesta fue negativa por parte de las autoridades.

    En estos meses de plantón, se les han sumado por lo menos tres familias víctimas de violaciones a sus derechos humanos que no encuentran justicia ni reparación. Entre ellos la del cabo Horacio Cruz Flores, un militar con 23 años de servicio que desapareció el 24 de febrero de 2020 en las instalaciones de la XXV Zona Militar, en Puebla.

    De esta manera la búsqueda de justicia se ha vuelto para las víctimas una lucha directa contra el Estado, tal y como le ha ocurrido a Paulina, María Elena, Angélica, Justina y Viridiana, que hasta el momento siguen luchando por una reparación integral, que va desde el encarcelamiento de los responsables de los asesinatos de sus familiares y un pago justo por las vidas de sus seres queridos.

    *La propuesta de este reportaje fue seleccionada en la Convocatoria 2021 del Programa de Apoyo al Periodismo en México de la UNESCO en México. Su contenido es responsabilidad de sus autores, quienes son dueños de los derechos de autor correspondientes,  con absoluta independencia de la UNESCO. La UNESCO no tiene coautoría o participación institucional alguna en la realización del contenido de este reportaje.  

    https://mailchi.mp/fe855c935849/boletin-raichali

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