Esta investigación se realizó con el apoyo y acompañamiento de Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. en el marco de la campaña “Detén la tortura”, auspiciada por la Unión Europea.
Por Dalia Souza y Ximena Torres / ZonaDocs
Ilustraciones: Fernanda Kovacs
Las mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco representan el 12.9% de las víctimas de tortura en las quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); y el 3.7% en las carpetas de investigación abiertas ante la Unidad Especializada en el Delito de Tortura.
Si bien, estas cifras documentan en su mayoría, actos de tortura vinculados a patrones convencionales del delito: golpes, patadas, toques eléctricos en genitales, asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posiciones forzadas, violaciones sexuales, tocamientos, amenazas de abuso sexual y amenazas de muerte o daño a familiares, lo cierto es que el componente de género que subyace a estas prácticas ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres va más allá del infligirles dolor físico.
Sus corporalidades se convierten en instrumento, método y un fin en sí mismo para sus victimarios y para el Estado, confirmando que esta práctica ejercida en razón de género constituye una herramienta de control y subordinación para las mujeres; pero, además, reafirma la desigualdad estructural, la marginación, la discriminación y su nulo reconocimiento como sujetas de derechos en medio de un contexto de violencia machista y patriarcal.
Esta investigación da cuenta de las historias de nueve mujeres sobrevivientes de tortura y malos tratos, así como de sus familiares, también mujeres, quienes han vivido directa e indirectamente el sufrimiento que generan estas prácticas perpetradas en contra de sus cuerpos y vidas: Eva, Luz Elena y Esperanza, Erika y Cecilia, Isabel y Romina, y Ericka y Tonantzin.
Las prácticas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que se perpetran en contra de mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco, están suscritas en un contexto estructural y generalizado de violencia de género y machista; lo que provoca la maximización de la experiencia de sufrimiento y daño irreversible en las historias de vida de las sobrevivientes y de sus familias.
De tal manera que, el componente de género que recae sobre sus cuerpos y sus vidas, a través de estas prácticas ejercidas por el Estado, subyace a las formas específicas en las que se les inflige dolor; es decir, sus corporalidades no sólo son contenedoras de las formas de violencia, son instrumento, son método y un fin en sí mismo.
Los cuerpos de las mujeres, por lo tanto, son territorios en disputa como lo afirma la antropóloga y escritora feminista argentina, Rita Segato, o un “botín de guerra”, donde la violencia que se ejerce en su contra “ha dejado de ser un efecto colateral” y se ha transformado en un “objetivo estratégico”.
La tortura, como delito y violación grave a derechos humanos, pero, además, ejercida sobre los cuerpos de las mujeres en razón de género, constituye una herramienta de control y subordinación, que confirma la desigualdad estructural, la marginación, la discriminación y la anulación de la personalidad de las víctimas y sobrevivientes como sujetas de derechos.
Las convenciones internacionales en la materia, así como las leyes nacionales y estatales, reconocen la existencia de agravantes en la comisión de los actos de tortura, precisamente vinculadas a la vulnerabilidad y/o vulnerabilidades que rodean a la persona víctima:
Pertenecer a un grupo de población en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia y condición de discapacidad” o cuando se trate de una persona migrante, indígena, una mujer en estado de embarazo, una persona defensora de los derechos humanos o periodista, son algunas de las agravantes.
También, si en la comisión del hecho se incluyen actos que impliquen delitos contra la seguridad y la libertad sexual de cualquier especie.
De esta manera, organizaciones especializadas en el tema de tortura en Jalisco y México como el Centro de Justicia para las Paz y el Desarrollo CEPAD, reconocen que en los casos de tortura hacia las mujeres, “siempre va a haber el componente de género”, a la vez que, habrá tortura sexual. Si bien, afirma que es una práctica común ejercida contra los cuerpos de hombres y mujeres, sobre ellas la magnitud de violencia culminará en actos de abuso y violación sexual.
Se calcula que las mujeres en un 53.5% viven una situación de tortura sexual, a diferencia del 17.9% de los hombres.
La naturaleza y reiterada comisión de esta práctica específica se suscribe en la concepción sociocultural que prevalece alrededor de los cuerpos y las vidas de las mujeres como lugares donde “se puede inscribir el sufrimiento”.
La tortura es una práctica generalizada
Respecto a los varones, las mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco, representan el 12.09% de las víctimas de tortura que han presentado una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en los últimos 20 años, y el 3.7% de las víctimas que aparecen en las carpetas de investigación abiertas en la Unidad Especializada en el Delito de Tortura, de 2015 a la fecha.
Las cifras de las dependencias encargadas de seguridad son mucho más modestas y presentan inconsistencias. La unidad de transparencia de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Jalisco indicó que, desde 2015, ha iniciado 29 carpetas de investigación por la comisión de tortura. Por su parte, la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura que depende de la misma Fiscalía de Derechos Humanos, inició 68 carpetas por el mismo delito y en el mismo periodo de tiempo.
Por último, la Dirección del Área de Denuncias de la Contraloría del Estado de Jalisco notificó vía transparencia que del 2001 al 2021 abrió 17 experiencias por presuntos actos de tortura.
Tanto en la información la Contraloría como las recomendaciones de la CEDHJ se reconocieron: golpes, patadas, toques eléctricos en genitales, asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posiciones forzadas y violaciones sexuales como algunas de las formas de la tortura. Entre las cometidas contra mujeres también destacan: tocamientos, amenazas de abuso sexual y amenazas de muerte o daño a sus familiares.
En la plataforma INFODH del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se da cuenta que la mayoría de quienes sufrieron tortura son hombres de entre 18 y 39 años. Debajo de los datos se hace la aclaración de que ese sólo es el resultado de los casos en los que se interpuso una queja o denuncia.
Ahí no se incluyen a las miles de mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos que padecen dilación de justicia, tampoco aparecen a las que obligaron a continuar con un embarazo forzado, ni las embarazadas a quienes les negaron el derecho a la salud, y muchas otras que han sufrido manifestaciones de tortura que el Estado no reconoce como tal.
100% de impunidad y dilación de la justicia
Pese a que existen diversas estructuras institucionales que pretenden atender la problemática de la tortura y malos tratos, éstas no han tenido la efectividad esperada para garantizar el acceso a la justicia para las personas víctima y sobrevivientes.
En marzo del 2018 se creó la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura en Jalisco, aunque esta es dependiente de la Fiscalía del Estado. Eso significa, como explica Denisse Montiel de CEPAD, que la Unidad no tiene autonomía. En todos los sentidos, trabaja a expensas de la corporación con mayor número de quejas por tortura.
Eso lo confirmó la Dirección General Administrativa de la Fiscalía del Estado quien informó vía transparencia que: “no se cuenta con presupuesto específico para lo establecido en la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, sino que (el recurso) se encuentra inmerso en el presupuesto global de la Fiscalía Estatal”.
Además, se solicitó a la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco un listado de los programas dedicados a la prevención, investigación y sanción de la tortura. Esta Coordinación turnó la petición a los 125 Ayuntamientos Municipales del estado. Los 62 que han contestado hasta ahora indican que no han implementado programas o cursos específicos sobre el tema.
¿Y quién repara la vida de las víctimas de tortura?
El Estado mexicano, a través de sus gobiernos estatales, tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar la tortura como delito y violación grave a los derechos humanos, pero, además, de garantizar a las personas que han sido víctimas medidas de atención, protección, reparación integral del daño y no repetición.
Sin embargo, como lo refieren las mujeres sobrevivientes de tortura en sus testimonios, frente a la condición irreversible, -en algunos casos irreparable- de los efectos de estos eventos en sus vidas y en las de sus familiares, sería imposible para el Estado restituir y reparar las marcas que la tortura les dejó y, con ello, lo que les fue arrebatado. Así lo confirma Dennise Montiel, codirectora del CEPAD, quien reconoce que, si bien es posible hablar de una reparación integral del daño, habrá situaciones que difícilmente puedan ser resarcidas cuando se habla de tortura.
Por lo tanto, resulta vital que las medidas de reparación concuerden con lo que “la víctima requiere”, no sólo en función de lo inmediato para determinar desde lo legal, lo médico y lo psicológico la comisión de los actos de tortura, sino, a partir de peritajes específicos que determinen cuáles han sido los impactos psicosociales de estas prácticas sobre la vida de las personas. De lo contrario, sentencia Martínez, “se puede caer en una visión jurídica de la reparación y no en las necesidades de la persona sobreviviente”.
A decir de las defensoras de derechos humanos y acompañantes consultadas para esta investigación, es fundamental que toda acción que pretenda reparar el daño a mujeres víctimas de tortura y otras violaciones a derechos humanos, incorpore un enfoque de género, diferencial, interseccional y especializado. Es decir, que se reconozca cómo el hecho victimizante afecta diferenciadamente a hombres y a mujeres, pero también, entre mujeres.
Pero ¿es posible sanar? Las formas de sanación penden de los procesos personales que se experimentan, e implican el autorreconocimiento como víctima de este delito y el daño ocasionado. Sólo a partir de ello la persona podrá “reconstruirse” a sí misma y conseguirá restablecer progresivamente los mecanismos y estrategias que le posibiliten enfrentar estas situaciones adversas.
Y es que, en otros escenarios, frente a la inacción o a la acción retardada de las autoridades para atender a las víctimas, la invisibilización e, incluso, el no reconocimiento oficial de algunos de los casos por no “encuadrar en las formas convencionales de tortura”, la injustica, la impunidad y la fragmentación de los vínculos de confianza con las entidades de gobierno, las sobrevivientes han decidido resignificar de manera autogestiva estas experiencias.
Quienes compartieron sus historias para esta investigación, reconocen que, si bien, los episodios de tortura y malos tratos que experimentaron se enmarcan en una clasificación de “irreversibles”, -en virtud de que tras su comisión “no se vuelve a ser la misma persona”-, también creen que los daños podrían ser reversibles en la medida en que se apueste por una sanación que, aunque parta del individuo, trascienda a la colectividad en un sentido comunitario.
Te invitamos a que te adentres en este reportaje y conozcas desde una perspectiva de género, derechos humanos y un enfoque diferencial, las historias de vida de Eva, Romina, Isabel, Erika y Cecilia, Luz Elena y Esperanza, y de Ericka y Tonantzin.
Nueve mujeres sobrevivientes en Jalisco, quienes frente a la adversidad de estos eventos han dado todo de sí para nombrar aquello que les robó la tranquilidad, pero también para afrontar con dignidad y valentía a quienes las violentaron y al Estado que perpetuó tortura sobre sus cuerpos y vidas como medida de control.
Sus rostros, son la imagen de las miles de madres buscadoras en Jalisco que permanecen sometidas a un continuum de dolor en la espera de que las autoridades forenses y ministeriales les entreguen los restos de sus hijos e hijas.
Son la evidencia de que el Estado continúa forzando a niñas y adolescentes a llevar a término embarazos producto de violaciones.
Son la prueba de que las mujeres indígenas siguen siendo despojadas de los derechos mínimos básicos en las instituciones públicas.
Son constancia de que el Estado a través de las estructuras policiales reprime, detiene, encarcela, desaparecen y torturan sexualmente a jóvenes manifestantes.
Son la muestra de que al sistema judicial patriarcal no le importan las mujeres víctimas
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