Circunstancias difíciles enfrentan miles de personas que pidieron asilo en Estados Unidos y han sido obligadas a permanecer en la frontera norte de México, en comunidades como Ciudad Juárez, que se convirtieron en una sala de espera donde los retornados se mantienen a la expectativa de su resolución que ahora pasa a manos de un nuevo gobierno
Rocío Gallegos / La Verdad
Fotografías y video: Alicia Fernández
Cada vez que se alarga el trámite de su petición de asilo en Estados Unidos (EEUU), Yaneth Blanco Valdez siente que se le esfuma la posibilidad de vivir del otro lado de la frontera. Su situación migratoria la mantiene en Ciudad Juárez desde hace casi un año y siete meses, en el olvido de los gobiernos de dos países.
“Estoy como en el limbo, no sé si me quedo aquí o me voy para allá” dice Yanet, quien el 23 de junio de 2019 fue retornada por el gobierno de Donald Trump a Ciudad Juárez, junto con su hermana Claudia, con quien huyó de Cuba para solicitar asilo en Estados Unidos.
Salió de su país por la situación económica y política, dice. Acompañada de su hermana llegó esta frontera en 23 días; ambas cruzaron a Estados Unidos por el Río Bravo el 14 de junio, se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza y nueve días después fueron regresadas a territorio mexicano.
Sus casos son dos de los más de los 70 mil migrantes que fueron trasladados desde Estados Unidos a la frontera norte de México, bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocido también como Quédate en México, programa que comenzó a operar el 29 de enero de 2019 y que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en suelo mexicano mientras sus casos son atendidos en cortes de migración.
Yanet aún espera la resolución de la Corte de inmigración. La situación de su hermana Claudia es distinta, a ella le negaron el asilo y se quedó en el limbo en territorio mexicano, donde no cuenta con residencia legal.
Solo ocho días estuvieron en territorio estadounidense, en celdas de centros de detención para inmigrantes. Cuatro días en El Paso y otros cuatro en Fort Hancock, Texas. “Ahí nos metieron al MPP y nos enviaron para México”, cuenta desde su casa en una vecindad deteriorada en Juárez, ciudad que pasó de ser una ruta de migrantes a una sala de espera de Estados Unidos.
La incertidumbre que le desata su situación no se desvanece con el arribo del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, menciona. Aunque confiesa que con el cambio en el gobierno recuperó un poco la esperanza que aún tiene de cruzar la frontera para permanecer de manera legal en EEUU, porque el nuevo presidente ofreció cambios migratorios.
“No tengo 100 por ciento de seguridad de que voy a cruzar, pero del 10 por ciento de esperanza contra el 90 que tenía de que se me negara con (Donald) Trump, ya por lo menos ahora tengo un 50 por ciento de esperanza” afirma Yaneth, de 35 años, sin saber cuánto más debe esperar aún en México.
Su tercera audiencia en la Corte de inmigración en El Paso se aplazó dos veces por el cierre de la frontera debido al COVID y su próxima cita está programada hasta el 8 de marzo de este año, bajo un nuevo gobierno.
Biden advirtió a mediados de diciembre que tardará meses para establecer su propio plan de asilo y desmantelar el de la Administración de Trump.
Mientras eso ocurre los migrantes extranjeros que aún esperan su asilo en Ciudad Juárez, en su mayoría cubanos y centroamericanos, viven condenados a permanecer en condiciones de extrema precariedad en albergues o departamentos, casas o cuartos que rentan de manera compartida, en muchos casos, sin la posibilidad de contar con servicio médico y ante condiciones de inseguridad.
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