Jaime Armendáriz / Raíchali
La construcción de una gasolinera en las faldas del Cerro Grande acumula cada vez más anomalías ante la luz pública. La más reciente la dio a conocer el colectivo “Salvemos los Cerros de Chihuahua”, al evidenciar que la edificación incumple con una área de reforestación, como lo establece uno de los requisitos del cambio de uso de suelo, otorgado por las autoridades a la empresa que realiza la obra, Cimarrón Lubricantes S.A. de C.V.
En un documento entregado este lunes 30 de noviembre dirigido a Luis Felipe Siqueiros Falomir, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, el grupo ciudadano exige una inspección pública a fin de corroborar que la empresa incumplió con el propio estudio que le autorizó el Ayuntamiento de Chihuahua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Contra ambas autoridades existen procesos administrativos. A la primera se le tiene en curso un amparo para verificar que la empresa entregó documentos falsos para obtener los permisos necesarios, tal y como lo han acusado los activistas, mientras que a la dependencia federal se le sigue un proceso por presunta corrupción.
En el oficio dirigido al Estado se especifica que la edificación de la gasolinera debió cumplir con el requisito llamado “Borde-Montaña”, que consiste en un espacio entre el tajo del Cerro y la obra, dónde se debe de poder plantar árboles nativos para la reforestación y remediación de la zona, lo cual se supone que es una condicionante para mitigar el impacto ambiental de la construcción.
Aunque la construcción debería estar suspendida por un amparo ante la justicia federal, se ha mantenido durante toda la pandemia y ahora vemos que está prácticamente finalizada, explicó Luis Rivera, uno de los activistas que integra el colectivo en defensa de los cerros.
Por esas irregularidades es que piden realizar una inspección ocular y pública, ya sea presencialmente o mediante medios digitales, y que además pueda realizarse por una comisión ciudadana.
Una de las más fuertes críticas en los meses recientes es que la obra se después de un debate público entre activistas y autoridades municipales, donde se exhibieron irregularidades de documentación para construir ese negocio.
Para solicitar esa inspección, el colectivo “Salvemos los Cerros de Chihuahua”, se basa en la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.
En el artículo 3 de esa norma se establece que la comunidad tiene el derecho de acceso a la justicia ambiental, de principio de sostenibilidad, de prevención y precautorio. Mientras que en el número 7 se especifica que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología debe aplicar los instrumentos de política ambiental.
Justo en el documento entregado a esa dependencia, el colectivo hace referencia a esos artículos y en específico al 48, en el cual se habla que cuando la información proporcionada por los promoventes, en este caso la empresa que busca operar la gasolinera en las faldas del Cerro Grande, resulte falsa respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate, deben aplicarse una serie de sanciones.
La obra se remonta a enero del 2019, mismo mes en el cual empezó una defensa desde los activistas por impedirla, con el argumento de los daños ecológicos en esa zona de la ciudad, hacia el sur de la mancha urbana.
En febrero de ese mismo año se realizó una audiencia pública en la que participaron miembros del colectivo y personas de la sociedad civil organizada, así como la alcaldesa Maria Eugenia Campos (PAN), sus funcionarios de gabinete y regidores.
En el debate se demostró que la empresa había presentado información falsa para conseguir los permisos, sin embargo desde el Ayuntamiento de Chihuahua se permitió que continuara la construcción.
En mayo de este 2020 la agrupación civil ganó una suspensión provisional de la obra desde un juzgado federal pero ésta se ha mantenido y está por concluir.
