Cifra negra por trata de personas ronda en 99 por ciento

Adriana Esquivel / Raíchali

Chihuahua.- Las cifras oficiales de trata de personas en México no alcanzan para dimensionar la emergencia que vive el país.

Por ejemplo, de enero a junio de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha registrado 256 denuncias. La mayoría de ellas fueron presentadas en Quintana Roo, mientras que Chihuahua ocupa el séptimo lugar nacional.

Sin embargo, el total de denuncias en la entidad se traduce en 14 casos en seis meses, lo que muestra que la cifra negra en trata de personas ronda en 99 por ciento, expuso la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) Ruth Fierro.

“Estas cifras, sabemos, que no se acercan a reflejar la realidad de la situación. Hay muchos estados que reportan cero casos, cuando es un poco increíble pensar que hay un estado que tiene totalmente erradicada la trata de personas”

En su participación en el foro Experiencias desde Chihuahua en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizado en el marco del Día Internacional Contra la Trata de Personas, recordó que Chihuahua tiene fama internacional por los feminicidios y desapariciones de mujeres desde la década de los 90.

A ello se suma que, en 2008, durante el sexenio del panista Felipe Calderón, la desaparición de personas y familias enteras marcaron una agenda nueva en cuando a violaciones de derechos humanos.

A la fecha, mencionó, sólo el Cedehm acompañan en la búsqueda y exigencia de verdad y justicia a las familias de 250 personas desaparecidas, la mayoría de ellos hombres.

Si bien reconoció que es imposible determinar cuántos de esos casos entran en trata de personas, tienen el conocimiento de que varios de ellos entran en trabajos forzados, como es el caso de los 22 hombres que fueron liberados en 2019 de un campo de amapola en Yoquivo, Batopilas.

Atender el problema es más complejo de lo que parece. En cuanto a las cifras oficiales enumeró varias inconsistencias. Una de las que generan más dudas es que, en el mismo periodo de las 256 denuncias por trata, hay mil 223 por corrupción de menores.

En ese sentido cuestionó cuántos de esos niños, niñas y adolescentes, cuyo caso se investigó como corrupción de menores, fueron en realidad víctimas de trata.

“Lo único cierto en el tema de las cifras de trata, es la incertidumbre sobre la dimensión real del problema, es una cuestión a lo largo de todo el mundo por lo complicado que resulta para las víctimas de trata, salir de la situación de esclavitud, si no, una vez saliendo, el enorme terror que existe”

En el caso de Chihuahua, mencionó que las autoridades reportan 98 por ciento de efectividad en la localización de mujeres a través del Protocolo Alba, cifra que haría pensar que el problema no es grave, pero que opaca a ese dos por ciento que ya no se atiende.

Al no prestar atención en ese porcentaje de mujeres que no son localizadas cada año, permite que se acumule al grado de que, actualmente, hay 600 familias que buscan a sus hermanas, hijas o madres.

Pero, además, se relaciona con otras problemáticas sociales que vive Chihuahua, ya que la trata se vincula directamente con el desplazamiento forzado y la migración.

A pesar de que la sentencia del Campo Algodonero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano establecer medidas para garantizar la no repetición y, además, habla de la necesidad de una reeducación social para erradicar el machismo, no hay voluntad real para combatir la violencia contra las mujeres.

Refirió que, en el Reporte Anual de Trata del Departamento de Estado, se observa que en 2019 México persiguió y sancionó menos casos de trata de personas que en años anteriores y destaca que el país provee servicios especializados para las víctimas “muy limitados” e inaccesibles.

También se hace énfasis en los escasos recursos que se destinan para combatir ese delito, aunado a la corrupción y complicidad que existe entre las autoridades y los traficantes.

Aunque se cuentan con un marco legal, comisiones, programas y protocolos para atender este delito, insistió en que hace mayor coordinación entre las instituciones y recursos para garantizar investigaciones de calidad.

Como ejemplo, recordó el caso de una mujer indígena que se acercó al Cedehm con el temor de que su hija era víctima de trata. La acompañaron a poner la denuncia y en el seguimiento del caso encontraron que, desde antes de acercarse a la Fiscalía, la niña ya estaba bajo custodia del DIF.

“No existieron las condiciones para que hubiera la coordinación entre el DIF y la Fiscalía, para que nos pudieran decir que estaba bajo la tutela del estado. Son cuestiones que nos demuestran o dan cuenta de lo mucho que nos falta para afrontar de manera adecuada a las desapariciones”

Otro problema que ven en el estado es que existen sólo cinco ministerios públicos en el área de trata de personas, lo que no sólo satura su labor, sino que hace muy visible y vulnerable al departamento, por lo que varios operativos han fracasado.

Desde su experiencia en el Cedehm, expresó que los temas urgentes por atenderse es que se invierta más en la prevención y atención de casos y, a nivel nacional, que además de castigar los traficantes, existan sanciones para quienes consumen, principalmente en el comercio sexual.

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