Texto y fotos Patricia Mayorga/Raíchali
La “pérdida” del expediente de la desaparición forzada de 8 integrantes de la familia Muñoz, hace nueve años en el poblado de Anáhuac, del municipio de Cuauhtémoc, fue la estocada final que las autoridades estatales y federales les dieron para perder la esperanza de encontrar justicia.
Ema Veleta perdió en un sólo día, el Día del Padre, a su esposo Toribio Muñoz González, a sus cuatro hijos Jaime, Óscar, Hugo y Guadalupe Muñoz Veleta; a su nieto Óscar Guadalupe Cruz Muñoz; a su sobrino Luis Romo Muñoz y a su yerno, Nemesio Solís González.
El 19 de junio de 2011, cuando celebraban a los padres de la familia en una casa de Anáhuac, llegó un grupo de hombres con insignias y uniforme de la Policía Federal, escoltados por agentes municipales.
Aquella escena trágica la observaron niñas, niños y las mujeres que no se llevaron los delincuentes. A los niños los dejaron escapar por la parte de atrás, mientras que algunas personas presentes, intentaron evitar que se los llevaron.
Parece que el aire no alcanza cuando Emma Muñoz intenta responder cuál es la exigencia, ahora, a las autoridades:
“¿Exigencia a las autoridades? Ya son nueve años, sería que nos ayudaran a saber de la familia, a ver qué fin han tenido (…) Yo era de las personas que me oponía mucho a qué decir que están muertos (…) ahora digo, como mi Dios quiera, pero saber de ellos. Si en este mundo no están, saber de ellos porque a la mejor entonces nosotros encontraremos un poco de paz sabiendo de ellos. Mientras que vivamos no vamos a dejar de buscarlos”.
El camino ha sido largo porque han tenido que “empujar” y obligar a las autoridades a hacer su trabajo desde el gobierno de César Duarte Jáquez y al actual, de Javier Corral Jurado.
En el sexenio pasado, localizaron tres fosas clandestinas en ranchos de los municipios de Cuauhtémoc, Carichí y Cusihuiriachi. En uno de ello, llamado rancho Dolores, las autoridades estatales les aseguraron que ahí se encontraban sus familiares. La única evidencia era una hebilla de un cinturón igual a la que llevaba don Toribio Muñoz cuando se lo llevaron.
Los cuerpos estaban calcinados. Por la desconfianza a las autoridades y la condición de los cuerpos, algunos familiares y el Centro de Mujeres de Derechos Humanos (Cedehm) pidieron a la Fiscalía General del Estado que contratara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) porque tienen experiencia en ese tipo de trabajo.
El gobierno de Duarte suspendió en varias ocasiones la firma del convenio para llevar al EAAF, pero de manera paralela, trató de convencer a los familiares que firmara un documento para autorizar que otro laboratorio en Estados Unidos, analizara los restos porque estaban convencidos que los ocho hombres estaban ahí.
Una parte de la familia y el Cedehm, se negaron a firmar, pero la Fiscalía logró su propósito de dividirlos.
Fernando Romo, padre de Luis Romo Muñoz que tenía 21 años, recuerda que la Fiscalía de la administración pasada aplicó el divide y vencerás.
“Querían que firmáramos, que quedara por escrito que aceptábamos el análisis (…) cuando vino el equipo argentino (en el gobierno de Corral), no salió nada de ellos, identificaron a otros. Lo que querían antes ellos, era aventarnos un costal de huesos y ahí cerrar el caso”.
Albino Cruz González, papá de Óscar Guadalupe Cruz Muñoz, quien desapareció cuando tenía 21 años, confirma que esa situación los desunió y que no encontraron restos de sus familiares en al rancho Dolores.
El Cedehm, la organización que da acompañamiento jurídico y psicológico a la familia Muñoz, informó que en el camino que han seguido después de la búsqueda en las fosas, el expediente ha ido de la Fiscalía de Chihuahua a de la Zona Occidente con sede en Cuauhtémoc.
En uno de los regresos a la fiscalía de Cuauhtémoc, ubicaron a los responsables, solicitan órdenes de aprehensión, pero el juez César Arnulfo Estrata Vigil, sin entrar al fondo del caso, se declaró incompetente para conocer del caso y liberar las órdenes.
El juzgador remitió el caso a la PGR, que ahora es la Fiscalía General de la República, con el argumento de la probable participación de integrantes del crimen organizado en las desapariciones.
“El drama legal continuó, la instancia federal no acepta la carpeta de investigación y la regresa a la Fiscalía estatal, ésta argumenta tener incapacidad jurídica para continuar el caso derivado de la orden del juez (…) dejaron en el limbo la investigación y como consecuencia, en la impunidad garantizada”.
El mismo Cedehm denunció que han recurrido a todas las instancias federales estatales: al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Javier Corral, al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como los titulares de las fiscalías estatal y federal, pero no han obtenido respuesta.
Albino Cruz remata:
“A 9 años, ¿qué podemos decir? Prácticamente el expediente ya lo dejamos a un lado. Estamos esperando avances, pero dijo la fiscalía que ya no podía. Andará archivado.
“¿Qué decirles, si la última vez que nos dijo el fiscal Carrasco (Jesús Manuel Carrasco Chacón, fiscal de la Zona Occidente), que no era su competencia? Yo le he dicho al Cedehm varias veces que vayamos con el gobernador, pero nunca nos ha dado una cita. Ni una reunión, lo hemos visto en otra cosa, pero nunca en una reunión que se trate de la familia. Yo tenía mucha esperanza de que cuando entrara él, Corral, nos iba a ayudar y resulta que no”.
Para Luisa Muñoz González, mamá de Luis Romo, ha sido una situación muy difícil la que han enfrentado. Ella vive en Cuauhtémoc, donde las desapariciones ni la violencia generalizada cesan. “Como que hemos aprendido a vivir con esto”.
“Que no haya salido nada, pues es que así es, porque el gobierno no pone nada de su parte”, dice doña Luisa Muñoz.
Su esposo Fernando Romo agrega:
“En una ocasión estábamos en una reunión, estaba el fiscal de aquí (de la Zona Occidente). Yo creo que no nos conocía, nosotros a él sí y dijo: ‘ya van a empezar con los desaparecidos’, pero así, muy feo (…), ¿usted cree que va a salir un día algo, nosotros decimos que sólo un milagro de Dios para saber de ellos”.
Con el ánimo forzado para exigir justicia, como si lanzara un grito al viento únicamente, Romo exige a las autoridades que hagan su trabajo y critica:
“Por la gente pobre no mueven un dedo, pero cuando hay dinero hasta con helicóptero y drones, Patrick (Braxton Andrew, profesor desaparecido en el municipio de Urique) por ejemplo, en unos cuantos días lo encontraron. Cómo siendo tanta gente la que está desaparecida no mueven un dedo y con un extranjero que tiene dinero, no descansaron hasta encontrarlo, muerto, pero lo encontraron. Eso queremos, si están muertos que nos los entreguen, es su trabajo, es su compromiso con el pueblo, pero no, no hay nada”.
En el gobierno de Duarte, rememora, les negaban hasta el acceso al baño del palacio de gobierno cuando iban a manifestarse.
“Pero éste (el de Javier Corral), lo único que ha hecho es apoyar en lo económico para que trabajaran las argentinas, no ha movido nada más”.
Por su parte, el Cedehm urgió a que las autoridades estatales y federales se coordinen y asuman la responsabilidad de la investigación y la búsqueda.
“No aceptamos pretextos de competencia ni fueros, la responsabilidad de las investigaciones y la búsqueda, es de todas las autoridades”.
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