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Adriana Esquivel / Raíchali
Chihuahua.- La pandemia de Covid-19 que alcanzó a Chihuahua el 15 de marzo de este año puso en evidencia la desigualdad social que enfrentan las comunidades indígenas tanto en zonas urbanas, como en la Sierra Tarahumara.
Pero esa situación no es nueva. Líderes indígenas y defensores de derechos humanos han denunciado incansablemente el abandono de la Tarahumara, el cual se traducen en altos índices de pobreza, rezago social, migración interna y violencia.
La emergencia sanitaria tampoco ha hecho grandes cambios para las comunidades indígenas. Una muestra de ello es que los primeros filtros se instalaron un mes después de que el estado decretó cuarentena.
Esta zona que comprende 20 de los 67 municipios de Chihuahua, enfrenta serios contrastes geográficos, socioculturales y de comunicación que tiene a los derechos en cuarentena: no hay acceso a la información, el servicio de salud es deficiente, aunado a que las políticas públicas son diseñadas bajo lógicas asistencialistas y compensatorias.
Así lo planteó la socióloga rural y defensora de derechos humanos Patricia Martínez Esparza, en el conversatorio virtual Mujeres que resisten: indígenas y afromexicanas frente a la pandemia, organizado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
“La Sierra Tarahumara es una zona en donde los derechos son una simulación en la mayoría de los casos, Las políticas públicas son diseñadas bajo lógicas asistencialistas y compensatorias. Por ello, en tiempos de Covid-19, considero que los derechos no deberían estar en cuarentena, pero están siendo restringidos y vulnerados”
Por ejemplo, las campañas de información que realizó el gobierno federal en lenguas indígenas fueron difundidas a través de un micrositio, sin embargo, la mayor parte de los hablantes en Chihuahua se encuentran en una región cuyo acceso a internet es bajo o nulo.
El servicio de salud tampoco está garantizado. En Guadalupe y Calvo, por ejemplo, el alcalde Noé Chávez Velázquez alertó a los habitantes que, en caso de un contagio, en el municipio:
“No vamos a atender a alguien contagiado. El hospital no tiene toda la parte de infraestructura para atender casos de estos, se tiene que ir a Parral y Parral ya presenta varios casos. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que extremar precauciones. Por favor, a toda la gente del barranco, cuídense, cuídense mucho. Eviten el contacto, lavarse las manos continuamente. Si tienen el modo de traer cubrebocas, tráiganlo, si no, lávense las manos y eviten el contacto con otras personas que no sean de su familia, que vengan externas”.
Aunque la Secretaría de Salud ha insistido en que cuentan con un protocolo de atención para el traslado de pacientes, la falta de comunicación y la lejanía de los municipios serranos son el principal obstáculo para la atención en caso de algún contagio.
En cuanto al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar del gobierno estatal, denunció que no se contemplaron apoyos diferenciados para mujeres indígenas pues, básicamente, el programa contempla un plan alimentario con despensas esporádicas.
La entrega de dichos alimentos es focalizada a las familias consideradas como más vulnerables, aunado a que su entrega se realizó en puntos de mayor acceso, es decir que no hay una garantía de ayuda para las comunidades más alejadas.
¿Es acaso el hambre el problema o una consecuencia de la marginación?, ¿De verdad, una despensa soluciona en mayor grado la amenaza?, ¿Dónde quedan los demás derechos?
Exigimos que la información tenga en cuenta las desigualdades de acceso y comprensión de la información, use un lenguaje accesible, diversifique medios y eliminen tipo de discriminación”
En ese contexto, el gobierno del estado estableció una semaforización regional que divide a Chihuahua en dos luces: del 15 al 21 de junio, 10 municipios del norte estarán en luz roja y 57 den centro-sur en naranja.
Este cambio es el primer paso para la llamada “nueva normalidad” y busca la reapertura de la economía con una reapertura paulatina de actividades.
Desde el 27 de abril, cuando a nivel federal se hablaba de reactivar la economía en localidades sin contagios, la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) publicó el Índice de vulnerabilidad en México ante la COVID-19, el cual ubica a la Sierra Tarahumara como una región de mayor vulnerabilidad por su nivel de marginación.
Para los municipios de la sierra que, a partir de hoy están en luz naranja, están permitidas las actividades consideradas como esenciales, las cuales abarcan a los sectores de salud, agricultura, estancias infantiles, minería, obra pública, alimentación, servicios básicos y construcción.
Los hoteles y restaurantes podrán abrir con 30 y 50 por ciento de aforo respectivamente. Las Plazas, zonas ecoturísticas y centros deportivos podrán estar abiertas con un aforo de 50 por ciento y con las medidas preventivas de sana distancia.
Continúan suspendidos los museos, teatros, iglesias, centros de culto, centros deportivos, cines, centros culturales, las actividades escolares y académicas, salones de eventos, bares, centros nocturnos, balnearios, reuniones privadas y áreas de bar en restaurantes.
La sana distancia vulnera la vida comunitaria
Mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno concentran sus acciones en la atención al Covid-19, en las comunidades indígenas hay problemas más grandes como la violencia que se ha mantenido en los casi 80 días de aislamiento comunitario.
Para Martínez Esparza, una de las preocupaciones más grandes en esta región es el de las mujeres que cuidan de su territorio, quienes son la base de todas las luchas territoriales.
Durante la cuarentena, al menos tres comunidades han denunciado conflictos en su territorio por tala clandesina, aunado a los enfrentamientos que se han registrado en varios municipios, entre ellos Madera.
Denunció que, en varias comunidades indígenas, los perpetradores trabajar con mayor impunidad durante la pandemia pues, incluso antes de que el virus paralizara las actividades del gobierno, las denuncias no eran atendidas.
En ese sentido, externó que la sana distancia aísla y vulnera más a las comunidades indígenas, por lo que exigió que los operativos de seguridad, así como los retenes sanitarios en los territorios indígenas, se hagan de una manera coordinada que parta de planes de inteligencia donde se garantice la seguridad de las defensoras del territorio y se diseñen protocolos que pongan en el centro la vida.
