Patricia Mayorga/Raíchali
El Consejo Estatal de Población (Cosepo) deberá identificar a las personas migrantes con necesidades de protección internacional que se encuentran en la entidad, con datos desagregados por nacionalidad, sexo y edad, para coordinarse con las autoridades federales, quienes deberán establecer estándares mínimos para protegerlos ante la pandemia Covid-19.
El juez Segundo de Distrito de Chihuahua, Arturo Alberto González Ferreiro, resolvió la suspensión del juicio de amparo 570/2020 a favor de tres organizaciones defensoras de personas migrantes, en el que solicitan protección para las personas expulsadas de Estados Unidos a México, en el marco de la implementación de la nota informativa número 11 emitida por la Cancillería mexicana el 21 de marzo de 2020.
En la resolución, el juez ordena al presidente de México, al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre otras autoridades federales, que dicten medidas y emitan protocolos para beneficio de las personas migrantes, solicitantes de asilo y sujetas de protección internacional en México.
Las organizaciones no demandaron en este juicio al gobernador Javier Corral Jurado, pero el juez estableció que es necesario que su gobierno brinde información y en ese sentido se coordine con el gobierno federal, para proteger al grupo poblacional.
El juez ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador que destine recursos federales para la atención y protección de las personas migrantes ante la crisis sanitaria por coronavirus, así como al Consejo de Salubridad General y otras autoridades, que emitan protocolos para el internamiento de personas expulsadas desde Estados Unidos, que dicten medidas generales en beneficio de la población migrante para contener el contagio del Covid-19 en Chihuahua.
La organizaciones promoventes explican en un comunicado de prensa, que la decisión del juez llama a una coordinación entre el gobierno federal y estatal para establecer acciones concertadas que protejan la salud de la población migrante, solicitante de asilo y sujeta de protección internacional, así como de la población chihuahuense, quienes son receptoras de los retornos impuestos por el gobierno estadounidense y avalados por el gobierno mexicano.
“El gobierno de México tiene que darse cuenta que al acceder a las expulsiones que está haciendo Estados Unidos, viola los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que recibe de ese país, y es su responsabilidad brindarles protección en México, acceso a un debido proceso y a la salud, así como una estancia por razones humanitarias en el marco de la crisis sanitaria por Covid-19 que enfrentamos”, agregan.
La resolución es la tercer que la justicia federal brinda a favor de las personas migrantes durante la pandemia. Anteriormente, jueces federales de Baja California y la Ciudad de México emitieron fallos para proteger la salud de la población migrante en el país, independientemente de su estatus migratorio.
“Ninguna medida para combatir el coronavirus en México será efectiva si no se toma en cuenta a toda la población, incluidas las personas migrantes, solicitantes de asilo y sujetas de protección internacional”, abundan las demandantes.
Las organizaciones que promovieron el amparo son la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIAC en Chihuahua) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), quienes demandaron al Consejo de Salubridad General, el presidente de México, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud de Baja California, en su calidad de vocal del Consejo de Salubridad General de México y representante de la región noroeste.
