Texto y fotos Adriana Esquivel / Raíchali
Huahuachérare, Carichí.- Por mayoría de votos, los ejidatarios de Huahuachérare, municipio de Carichí, aprobaron remover a integrantes del órgano de representación ejidal y, con ellos, a la abogada Estela Ángeles Mondragón, quien desde 1998 fue elegida por la comunidad para ser su apoderada legal.
En asamblea por segunda convocatoria que se realizó este domingo, los rarámuri votaron por la permanencia o remoción del presidente del comisariado ejidal José Cesario, el secretario Felipe Francisco y el tesorero José Martín Calistro, cuya gestión de tres años concluía en marzo de 2020.
Pese a que no estaba contemplado en el orden del día, los rarámuri también eligieron a los nuevos representantes del comisariado ejidal.
La asamblea fue convocada y organizada por la Procuraduría Agraria y, además de los ejidatarios, acudieron representantes de la Secretaría General de Gobierno y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, así como un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El encuentro se realizó a puerta cerrada. La abogada Estela Ángeles optó por no ingresar para evitar algún conflicto, ya que desde hace varios meses se desató una campaña de desprestigio y una denuncia en su contra en la Fiscalía Zona Occidente por los presuntos delitos de fraude y robo.
“Los informes yo los rendí a sus tiempos con la comunidad que es con quién yo tenía el compromiso, con la Procuraduría no tenía ningún compromiso”
Mientras se realizaba la asamblea, algunos de los habitantes manifestaron que el cambio de las autoridades fue solicitud de personas ajenas a la comunidad porque no nacieron ni viven ahí.
“Si yo soy la causa de la división, me retiro”
El domingo pasado cuando se dió a conocer el resultado de la votación, Ángeles Mondragón se retiró de la comunidad que representó legalmente desde 1998.
“Siempre les dije que si yo era la causa de la división, yo me retiro porque creo que una comunidad debe estar unida, divididos no van a poder trabajar”
El conflicto inició por el supuesto robo de 16 millones de pesos, dinero que fue entregada a la comunidad luego de que en 2016 recuperaron las tierras de las que fueron despojados por ganaderos mestizos de Nonoava.
El 30 de junio se realizó una asamblea pública en la que participaron hombres y mujeres, la abogada expuso la problemática y presentó documentos para demostrar en dónde se encontraba el recurso y, posteriormente, someter a votación su permanencia como representante legal de la comunidad rarámuri, quienes la ratificaron por mayoría.
El resultado de los más de 20 años en la defensa del territorio en el municipio de Carichí, específicamente en Baqueachi y Huahuachérare, derivó en el hostigamiento, amenaza y ataques tanto a los líderes de la comunidad como a la abogada y su pareja Ernesto Rábago, asesinado en marzo de 2010 en su despacho, ubicado a unas cuadras del Palacio de Gobierno.
Por ello, Ángeles Mondragón cuenta con medidas de protección y, por su seguridad, este año la ha acompañado agentes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
