Tardará CEDH mínimo tres meses en determinar si hubo violaciones a derechos humanos en Sacramento

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tardará por lo menos tres meses en concluir la investigación sobre el conflicto por el camino vecinal del Ejido Sacramento, el cual terminó el sábado pasado con decenas de personas heridas y 14 detenidos por agentes estatales.

El presidente Néstor Armendáriz explicó que el organismo no tiene un tiempo legal para presentar una resolución, sin embargo, se comprometió a que emitirán el resultado lo antes posible.

Para realizar el proceso, comentó, se deben analizar las pruebas testimoniales y documentales del operativo, certificados médicos y los apuntes que tomaron los dos visitadores del organismo tanto en la brecha, como en la Fiscalía Zona Centro.

Destacó que esta semana fueron ratificadas nueve quejas contra la Fiscalía por detención ilegal, uso excesivo de la fuerza, robo y daño de las pertenencias de varios manifestantes.  

“Ese mismo día tuvimos a un visitador presente para dar fe de lo que acontecía como connatos de riña y sometimientos de los manifestantes y otro visitador en la Fiscalía por la situación legal de los detenidos. En total fueron 14, tres de ellos liberados inmediatamente, los 11 restantes fueron puesto en libertad en el transcurso del día”

Sobre la versión oficial, confirmó que las autoridades estatales entregaron sus informes este jueves, por lo que esperan agilizar el desahogo de pruebas y presentar una resolución lo más pronto posible.

Reconoció que el conflicto en el Ejido Sacramento y el homicidio del exagente ministerial Leopoldo Eduardo Soto Cortez, son los dos casos que tienen a prueba a su gestión como titular de la Comisión, cargo que asumió el 15 de abril.

“El reto es de la Comisión, la atribución es velar por el respeto de los derechos humanos de las y los ciudadanos y en lo personal estaré atento al desenvolvimiento para tratar de presentar mejores resultados de los que se daban anteriormente en cuanto a tiempo y efectividad”

Mientras se emite una resolución, el conflicto entre los ejidatarios y las autoridades estatales continúa, pues mientras el gobernador Javier Corral reitera que su administración no permitirá la brecha, los vecinos y líderes del movimiento han hecho hincapié en que la caseta es ilegal y no pagaran por transitar en su comunidad.