Por: Raíchali
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Chihuahua fue el tercer estado más peligroso para los defensores de derechos humanos con 17 casos, de los cuales, 11 eran rarámuris que trabajaban en la defensa del territorio y el medioambiente.
De acuerdo con el informe Desde la memoria… la esperanza de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), del 1 de diciembre 2012 al 31 octubre de 2018, fueron asesinadas 159 personas por su activismo y 47 periodistas.
La cifra aumenta a 161 personas si se toman en cuenta los dos asesinatos que se registraron durante noviembre, antes de que Peña Nieto entregara la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.
La lista la encabeza Guerrero con 44 por ciento y Oaxaca con 32. Después de Chihuahua está Chiapas con 12 crímenes, por lo que esas cuatro entidades concentran 67 por ciento de los asesinatos.
En su participación, Isela González, directora de la organización Alianza Sierra Madre, comentó que las defensores y defensoras de derechos humanos de territorio y medioambiente son los más vulnerables.
“Ellos son los más vulnerables porque son los que están en sus comunidades, en sus lugares de origen haciendo una defensa heroica al oponerse a las políticas de desarrollo implementas por el gobierno federal y del estado”
Lamento que, tanto el gobierno federal como el estatal, han mantenido una política de desarrollo extractivista que ha propiciado el despojo del territorio ancestral a los pueblos indígenas, principalmente por la entrega de concesiones mineras.
Tala ilegal en Bocoyna 
Otro de los enemigos de los pueblos indígenas son los cacicazgos mestizos que, históricamente, han intentado despojar a las comunidades de su territorio.
“Vemos un cóctel sumamente peligroso porque también hay brazos armados de la delincuencia organizada dentro de los territorios en donde el estado mexicano, en su conjunto, no ha hecho nada para proteger ese territorio donde ocurrieron y siguen ocurriendo”
Comentó que, de los 11 casos, sólo tres han sido asesinatos emblemáticos.
el primero de ellos es el de Juan Ontiveros, quien contaba con medidas de
protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además,
lo asesinaron pocas horas después de llegar a su comunidad después de una
reunión con autoridades estatales y federales
El segundo es el de Isidro Baldenegro que, por su defensa al territorio ancestral, alcanzó el reconocimiento internacional con el premio Goldman.
Por último, se encuentra el de Julián Carrillo, el cual calificó como “una muerte anunciada”, pues fue asesinado después de un periodo de desplazamiento de su comunidad de ocho meses, aunado a que era beneficiado del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos.
“De estos 11 casos, solamente hay sentencia en el asesino material de Isidro Baldenegro. No voy a hablar sobre la sentencia, pero no hubo una línea de investigación que vinculara el asesinato de Isidro con la defensa de su territorio”
En ese sentido, exigió que, en la investigación por el asesinato de Julián Carrillo, no se abandone “por ningún motivo” que la línea de investigación sea por su activismo.
“La peor arma que utilizan los perpetradores para seguir asesinando a defensores es la impunidad. Está plenamente demostrado y me temo que en Guadalupe y calvo puedan seguir ocurriendo más asesinatos porque hay una digna resistencia de cinco comunidades defendiéndose contra el despojo de su territorio”
Van 7 activistas asesinados con AMLO
Fernando Ríos, secretario Ejecutivo de la organización, consideró que es preocupante que la situación no ha mejorado en los primeros meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de diciembre a la fechan, han contabilizado siete casos.
Recordó que Michel Forst, relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, advirtió que el nuevo gobierno tendrá el reto de acabar con las condiciones que han permitido las agresiones y el aumento de la violencia.
Además, dijo, deberá reconocer el trabajo de las organizaciones civiles, pues etiquetarlas como fifís y generalizar en posibles intereses, es denostar el trabajo que realizan, por lo que pidió que, en la continuación de los megaproyectos como el tren maya, exista una consulta real a los pueblos indígenas y se escuche a los defensores que acompañan su lucha.
“Negar este trabajo, negar la mediación tan importante que hacen todas y todos ustedes, finalmente es denostar la labor en favor de los derechos humanos. Lamentablemente, hoy, hay siete personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el nuevo sexenio”
