Por: Raíchali
El equipo de abogadas que coadyuvó en la investigación del asesinato del activista rarámuri Isidro Baldenegro anunció que presentarán un recurso de casación contra la sentencia de 11 años de cárcel que se le dictó este martes a Romeo Quiñonez Martínez.
La defensora Ruth Fierro explicó que hay elementos para acreditar que el delito que cometió Romeo fue homicidio calificado y no homicidio simple como lo determinó el juez Javier Cornejo.
El 12 de febrero, Cornejo Páez explicó que en la hipótesis inicial y la que se desarrolló en la audiencia, no se acreditó el agravante para considerar que el delito fue homicidio calificado y citó a audiencia de individualización de la pena para el 19 de febrero.
La condena privativa de libertad fue por 11 años, así como una indemnización de 405 mil pesos para la reparación del daño.
El argumento del ministerio público y las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) es que, al momento del crimen, Isidro no estaba armado ni tenía forma de defenderse.
La litigante explicó que en el auto de apertura se planteó que el 15 de enero de 2017, entre las 4 y 5 de la tarde, Isidro se encontraba en compañía de otras personas entre ellas Romeo quien, sin motivo alguno, sacó una pistola, le disparó y le provocó heridas que le quitaron la vida, para después salir huyendo.
“El criterio del juez es que en ese hecho se le debió agregar que la víctima estaba desarmada, por eso no lo considera calificado, pero hay criterios que sí lo reconocen porque durante el juicio se ventiló y se puede acreditar”
La abogada aseguró que casarán tanto la pena privativa de libertad como la reparación del daño, pues el crimen contra Isidro dejó en el abandono a su familia y a la comunidad en la que desempeñaba su activismo.
Consideró que tienen elementos para revocar la sentencia, pues aseguró que hay precedentes en casos similares en los que el criterio de los juzgadores sí ha acreditado agravantes.
El asesinato de Isidro Baldenegro es el primer caso de agresión contra un defensor de derechos humanos que llega a judicializarse en Chihuahua
