Raíchali

Justicia intercultural, lejos de los procesos legales a indígenas

 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum inició un programa de liberación de indígenas presos por delitos menores, quienes tenían derecho a fianza, pero, por falta de dinero, continuaban en la cárcel

 

Aunque en Chihuahua existe un programa de preliberación de internos indígenas, organizaciones como Cosyddhac han detectado un cúmulo de anomalías y vicios en los juicios que manchan los procesos de procuración e impartición de justicia

 

Imagina que estás frente a un monitor y una cámara en una sala prácticamente vacía.
En la pantalla hay un hombre de frente a ti. La imagen se corta, regresa, él alza la voz; no lo conoces y tampoco le entiendes.
Te acusan de matar a un hombre y la pregunta es directa: Responda ¿Es culpable o no?
Hablan un idioma diferente, no hay traductor, tampoco tienes un abogado; “diga que sí”, te recomienda el hombre que cuida una celda cercana a ti y, sin entender bien qué pasa, asientes: 13 años de cárcel por homicidio, la sentencia de un crimen en el que ni siquiera estuviste presente.

Esa historia es real y las violaciones al debido proceso se repiten en gran parte de los juicios que enfrentan los indígenas en el sistema penal estatal.

Años de recorrer los centros penitenciarios estatales le han permitido a la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) documentar los vicios detrás de la procuración e impartición de justicia.

Entre las anomalías que han detectado destacan que no hay intérpretes en los juicios o, en su defecto, no tienen capacidad para traducir y explicar el lenguaje jurídico a los imputados. Otros no cuentan con un defensor público o no les explicaron quién es y cómo puede ayudarlos.

Pero una de las violaciones más graves, explica el coordinador general de Cosyddhac Felipe Ruiz, es que muchos de los casos se desahogan en juicios abreviados para agilizar el proceso sin que exista una investigación adecuada para saber si es o no culpable y sin valorar los atenuantes que pueden existir.

 

 

Un ejemplo de ello es el caso que se narró al inicio. Se trata de dos mujeres, madre e hija, acusadas de homicidio y la primera irregularidad es que ambas son juzgadas por el mismo delito, en un mismo hecho y con los mismos testigos.

La historia comienza en Caborachi, Guachochi. Es de noche y un hombre, pareja de la mamá, ingresa a la casa ebrio y ataca a la joven quien se encontraba sola. Ella logra zafarse y huir, pero, en el inter, él se tropieza, cae y muere por el golpe.

El caso se revisa en un juicio abreviado en el que se declaran culpables sin considerar atenuantes como que el hecho de que la joven actuó en legítima defensa.

“Es un caso que está lleno de violaciones. Primero, dos personas no pueden ser juzgadas por el mismo delito en las mismas circunstancias. Otra cosa importante es que el testigo más fuerte dice que vio a unas personas a las 5 de la mañana a una distancia de 150 metros, eso es algo imposible en una comunidad de la Sierra”

Como no había recursos para trasladarla de nuevo a Guachochi, la mamá tuvo que enfrentar su juicio en una videollamada, algo ajeno a la cultura rarámuri.

En el video del juicio se puede observar que el juez se molesta y le pide que responda si es culpable o no. Ella no sabe qué responder porque no entiende y en la grabación se escucha claramente que el celador a su lado le dice ‘responda que sí’ y ella le hace caso. Además de la mala traducción, durante la audiencia se va la señal, regresa… y en esos momentos en los que se corta no supimos qué fue lo que pasó”

En el caso de la mamá, informó, se logró realizar un juicio oral y con ello su liberación después de ocho meses encarcelada. La sentencia fue apelada por el ministerio público, pero una segunda instancia ratificó su inocencia. Su hija continúa en la cárcel.

En ese sentido, lamentó que quienes están a cargo de los procedimientos legales desconozcan la importancia de la justicia intercultural, aunado a que no hay una sensibilización sobre los usos y costumbres de los pueblos originarios de Chihuahua.

 

El sistema de justicia tradicional, una lección para los chabochi

 

Cuando se comete un delito en una comunidad indígena, la prioridad es recuperar la paz, por ello, los juicios son públicos y puede participar todos sus habitantes.

Los gobernadores se colocan al frente. A su lado están los capitanes que se encargan de cuidar en y de presentar en el juicio al acusado y, alrededor de ellos, formando un circulo, se sienta el público.  Al centro se hinca a la persona que juzgaran y, a su derecha, se coloca la parte ofendida.

Los asistentes al juicio tienen la oportunidad de hablar, hacer preguntas o aportar elementos para llegar a la verdad, ello sin importar si conocen a la persona o si estuvieron presentes cuando se cometió el delito.

Al determinar si es culpable o no, los gobernadores proceden a buscar la mejor opción para reparar el daño y cómo se reincorporará a la persona implicada en la comunidad.

 

Fotografías de la audiencia que realizaron los pobladores de Bosques San Elías Repechique contra Enoel Carrasco Jordán, secretario del Gran Consejo Supremo de la Sierra Tarahumara, por falsificar la firma de uno de sus gobernadores

La pureza de los juicios tradicionales se puede observar en una anécdota que Felipe recuerda con cariño.

Se trata de un hombre que perdió todo su maíz porque el ganado de su vecino entró a su parcela y se lo comió. Él lleva el caso a los gobernadores y cuando se realiza el juicio su vecino acepta su culpabilidad al descuidar a sus animales.

Como propuesta para reparar el daño, el dueño del ganado se ofrece a comprarle harina a su vecino para que no se quede sin tortillas, pues acepta que no tiene maíz para compensarle lo que perdió.

El acuerdo es aceptado por el afectado y su comunidad, pero, antes de levantar el juicio, cuando ambos iban a darse la mano y el perdón, el acusado les dice a los gobernadores que, para hacer tortillas, su vecino va a necesitar también manteca y royal, insumos que él solo se ofrece a darle.

“El gesto de que un acusado, que es quien tiene que reparar el daño, tenga la iniciativa de ofrecer más al afectado es una cualidad que ojalá tuviéramos nosotros”

 

El proceso se realizó en junio de 2015 en la comunidad de Repechique

En delitos más fuertes como un homicidio, comentó, hay dos familias que se quedan sin una cabeza y, en su cultura, es una situación muy difícil porque es más difícil para ellos salir adelante.

Para las comunidades indígenas, explicó, en un caso así es más importante recuperar la paz en la comunidad que darle una pena a quien cometió el delito, por lo que una resolución efectiva es que el culpable se haga cargo económicamente de las dos familias.

“Estamos trabajando en que el sistema tradicional pueda recuperarse en las comunidades, es efectivo y nosotros deberíamos de aprender también de ellos. Hay casos como los que le cuento que deben ser entregados a la comunidad para que la justicia propia de los indígenas lo resuelva”

 

¿Quién gana con las irregularidades?

 

Al cuestionarle quién gana con un sistema de justicia con vicios de este tipo, el activista opinó que realizar juicios abreviados es más sencillo, pues aliviana el trabajo tanto al defensor, al juez y al ministerio público “sea o no inocente”.

“No es algo que podamos probar, pero tenemos la intuición, la impresión de que en muchas ocasiones el juez, el defensor y el ministerio público, se ponen de acuerdo para resolver un caso por la vía fácil”.

El coordinador general de Cosyddhac añadió que hay un desconocimiento preocupante sobre la justicia intercultural y, aunque se han logrado avances importantes, falta capacitar y sensibilizar a los encargados de impartir la justicia.

Sobre el programa de preliberación a internos indígenas de la Fiscalía General de Chihuahua, reconoció que se han hecho cosas buenas como retirar el examen psicológico a quienes cumplen con los requisitos para recuperar su libertad.

 

La Fiscalía General de Chihuahua informó que en los últimos tres años se han liberado a 51 internos indígenas. La población actual es cercana a los 400 reclusos

Explicó que en la prueba había una parte en donde le pedían al interno dibujar una persona, concepto que no existe en el tarahumara o en tepehuano, pues ellos laman directamente hombre, mujer, niño, niña o adolescente.

“Los dibujos que realizan son informes. No es ni siquiera una persona de palitos como lo haríamos quienes no saben dibujar y, automáticamente, los eliminaban porque la persona no pudo dibujar a una persona”.

Los cambios que deben hacerse de manera urgente, opinó, es revisar el manejo del debido proceso, darle la oportunidad de exponer su situación en su idioma con un traductor y que los juzgadores conozca la cultura que van a revisar en un juicio.

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