Patricia Mayorga/Raíchali
GUADALUPE Y CALVO, Chih. – “Teníamos como ocho días aguantando para no salir, pero ya era insoportable. Escuchábamos drones pero no queríamos ni salir”, expresó una de las mujeres integrante de un grupo de por lo menos 90 personas que salieron el lunes pasado de la comunidad Otates del municipio de Guadalupe y Calvo.
Son niñas, niños, mujeres y adultos mayores, de Otates de Arriba, Otates de Abajo y Hacienda de los Carrillo. Agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública llevaron a 27 personas a la cabecera municipal. La mayoría salió a la ciudad de Chihuahua, otras se quedaron en el lugar. Otras mas se fueron hacia Guachochi y posteriormente también viajaron a Chihuahua.
En Baborigame, seccional de Guadalupe y Calvo, están dos familias. Un grupo de 18 personas ódami decidió quedarse en otra comunidad de su mismo municipio.
Adriel Vaca Velázquez, director de Obras Públicas del municipio de Guadalupe y Calvo, dio a conocer el martes, que ya sólo quedaban 5 personas desplazadas en la cabecera. Sin embargo, Raíchali entrevistó a un grupo de personas de Los Otates, quienes estaban en espera de que les ayudaran a salir de Guadalupe y Calvo porque tampoco se sentían seguros ahí.
“Queremos ir a Chihuahua y nos aventaron acá y aquí estamos. Unas personas que se soltaron con la violencia… nos empezaron a molestar. Se tiraban entre ellos, por donde pasaban, desde hace unos ocho días. Ya estábamos muy cansados, no podíamos ni dormir y con los niños ahí”, dice una adulta mayor visiblemente triste.
Otra persona desplazada agrega: “Todo el rancho salió, el rancho está solo. Otates de Arriba y de Abajo, y la Huerta, de ahí de la Huerta salieron pocos. Éramos como 80 o 90 personas, bebés, niños, niñas. No salieron todos los hombres. Sí se iban a venir con nosotros pero dijeron que nada más nos podían traer hasta Baborigame y no se animaron a quedarse en Baborigame por riesgo”.
Adriel Vaca confirmó que la Fiscalía no quiso llevarse a los hombres entre las personas desplazadas. Los que si aceptaron salir, señalaron, lo hicieron por decisión propia mientras otros más optaron por quedarse.
“Queremos irnos a Chihuahua, también acá nos da miedo pasar y por eso no nos hemos ido. Queremos que nos acompañaran de perdida de aquí a Parral”, indicó uno de los hombres. Las familias que llegaron hasta la cabecera de Guadalupe y Calvo, viajaron en siete vehículos y fueron resguardados por unas diez unidades de seguridad estatal y este jueves fueron trasladadas a otro lugar por intervención de la Misión Civil de Observación internacional para el desplazamiento forzado interno en la entidad.
En otra región de Guadalupe y Calvo también han solicitado apoyo para salir, como el caso de Santa Tulita, Puerto Riyito y Las Tahonas. En todas esas localidades se ha reportado un confinamiento, porque sus habitantes quedaron en medio de la disputa por el territorio entre dos grupos relacionados con el cartel de Sinaloa y de La Línea, brazo armado del cartel de Juárez.
“Estaban pidiendo ayuda de Las Tahonas, decían que había mujeres y niños heridos, pero no sabemos nada de ellos”, comentaron otras personas desplazadas.
Por lo menos en las tres comunidades mencionadas no han podido entrar docentes ni otros servicios a las comunidades, por el riesgo que hay en los caminos.
Por la mañana de este jueves, se reveló que en Nabogame, comunidad rarámuri conurbada con la cabecera municipal de guadalupe y Calvo, vive en tensión ante el movimiento del crimen organizado.
“Hay enfrentamientos en los alrededores de Nabogame desde hace dos días”, alertó gente de la región. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre esta última situación.
Avanza violenci, en medio de visita de la MCIO de desplazamiento forzado
Adriel Vaca y repesentantes de diferentes sectores en Baborigame, reconocieron que están rebasados por la violencia y en temas de salud.
En Baborigame no hay policías municipales desde hace más de dos años y sólo hay cuatro agentes estatales. En el caso del desplazamiento forzado han intentado contener el impacto con la entrega de despensas, espacios temporales en albergues, entrega de cobijas, ropa y enseres.
Por parte de la organización nacional Red Todos los Derechos para Todos, cuestionaron que las víctimas de desplazamiento forzado están siendo tratadas sólo como personas vulneradas y no como desplazamiento forzado en su dimensión.
De parte de la organización Taula per Méxic de Barcelona, detallaron que el objetivo de la Misión es tratar de coordinar esfuerzos en el país en la defensa de derechos humanos y en ese esfuerzo coinciden en la Plataforma de Paz en México, no sólo por responsabilidad de instituciones mexicanas sino de decisiones políticas y sociales, incluso el Parlamento Europeo.
“Venimos a aprender para sumar esfuerzos que se hacen aquí. Invitamos a muchas personas que tienen distintas responsabilidades. Y es que en la misión viajan integrantes de Cooperación y Diálogo México–Unión Europea”, subrayó uno de sus integrantes.
El objetivo de la misión es: “acompañar a quien resiste, aprender de quien defiende, compartir y respaldar experiencias y personas en la defensa de derechos humanos”.
Entre las organizaciones internacionales, nacionales y estatales que integran esa misión, viaja la eurodiputada Diana Riba i Giner, quien encabeza el Quinto Viaje de Cooperación y Diálogo México–Unión Europea, del 27 de octubre al 6 de noviembre. Diana Riba i Giner (Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea), es integrante de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México y viajan además representantes de instituciones europeas y latinoamericanas de la abogacía, la cooperación internacional y la academia; así como activistas de la sociedad civil europea, así como representantes de las redes mexicanas que conforman la Plataforma.
El viaje tiene tres propósitos, informaron: dialogar con autoridades federales, estatales y municipales sobre sus retos, esfuerzos y avances en materia de derechos humanos; acompañar y visibilizar la labor de personas defensoras, organizaciones y comunidades; e identificar ámbitos de cooperación y responsabilidades compartidas entre México y la Unión Europea.
La página oficial Human Right de la Unión Europea indica que el desplazamiento forzado interno se ha agravado en el país, ya que según la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 510 mil hogares registraron al menos una persona desplazada por violencia e inseguridad.
“En Chihuahua, al menos 4,492 personas fueron desplazadas en 2025; 1,335 de ellas procedían del municipio de Guadalupe y Calvo”, según indica el informe de la Misión de documentación presentado en agosto pasado.
En febrero de este año, más de 200 familias de la seccional de Atascaderos, en este mismo municipio, fueron desplazadas en menos de 24 horas. Las comunidades más afectadas son pueblos indígenas ódami y rarámuri de la Sierra Tarahumara.
En la Ciudad de México, la delegación se reunió con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. En Chihuahua, tienen previsto dialogar con el gobierno del estado este viernes y se reunieron con funcionarios del gobierno municipal de Guadalupe y Calvo, con la ausencia de la alcaldesa Ana Laura González.
Asimismo, se han reunido con comunidades desplazadas de la Sierra Tarahumara, en los municipios de Chihuahua, Guadalupe y Calvo e Hidalgo del Parral.
“El desplazamiento forzado tiene sus causas en múltiples factores, muchos de ellos de origen internacional, en este sentido, Europa no puede mirar hacia otro lado, y debe asumir su responsabilidad. Venimos a acompañar a quienes lo enfrentan, a aprender de sus experiencias, y a identificar oportunidades de cooperación entre México y la Unión Europea”, señaló Diana Riba i Giner, eurodiputada.
Entre otros temas, la agenda con autoridades abordará las causas de la violencia y la atención a víctimas; la búsqueda de personas desaparecidas; la atención a personas y comunidades desplazadas; la protección de personas defensoras de derechos humanos; y la nueva Ley de Migración y las opciones de regularización migratoria.
Durante su estancia en Ciudad de México, la delegación visitará de nueva cuenta a la defensora amuzga Kenia Hernández, injustamente presa desde hace seis años por su labor de defensa de derechos humanos, para conocer su situación actual y hacerle llegar la solidaridad y el alcance internacional de la demanda por su libertad.
La Plataforma ha organizado cuatro viajes previos, que recorrieron la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. Los resultados de esta edición se presentarán en conferencia de prensa el próximo viernes 6 de noviembre en el Congreso del Estado de Chihuahua y ante autoridades europeas en las semanas siguientes.
