El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la activista Rosalinda Guadalajara Reyes difundieron un video para acercar información sobre los derechos de las víctimas y los procedimientos de búsqueda e investigación a las comunidades rarámuri
Por Miguel Silerio /La Verdad
Ciudad Juárez— El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), en colaboración con la líder ralámuli y activista Rosalinda Guadalajara Reyes, difundió la guía ‘¿Qué hacer en casos de desaparición?’, interpretada al ralámuli: ChinoKisare na puré bilele iksaasa. El objetivo es facilitar a las personas de este pueblo originario información para denunciar y dar seguimiento a casos de desaparición.
La guía en video, de casi ocho minutos, es la versión en ralámuli de un material publicado previamente en español, en el que se explica qué es la desaparición forzada, qué hacer ante una detención, cómo solicitar información sobre el paradero de una persona y documentar su detención, así como los mecanismos legales disponibles cuando las autoridades niegan información.
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También aborda la posibilidad de acudir a los juzgados, solicitar amparos y presentar quejas ante las comisiones de derechos humanos; consultar el Registro Nacional de Detenciones, y presentar denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Local de Búsqueda (CLB). Además, aclara que no es necesario esperar un plazo determinado para denunciar una desaparición y explica la diferencia entre las desapariciones forzadas y las cometidas por particulares.
Rosalinda Guadalajara Reyes, originaria del municipio de Carichí, es activista en favor de los derechos de las personas indígenas y encargada del área de promoción intercultural del Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO), así como la responsable de interpretar el contenido del video elaborado por el CDHPN.
La activista explica que el trabajo representó un reto, pues tuvo que adaptar conceptos y palabras que no existen en su idioma. A esto se suman las diferencias lingüísticas entre las personas ralámuli que habitan las regiones de la Sierra Alta, la Baja y las zonas intermedias, donde no todas utilizan los mismos términos.
Además, señala que era necesario realizar una interpretación verbal que permitiera comprender el contenido a quienes no saben leer, así como explicar de manera accesible conceptos técnicos y jurídicos que no tienen una traducción directa en ralámuli.
Guadalajara Reyes advierte que las personas ralámuli enfrentan delitos que van desde detenciones arbitrarias hasta desapariciones forzadas, sin embargo, las barreras lingüísticas dificultan que sus familias conozcan sus derechos y den seguimiento a las denuncias, lo que en ocasiones las lleva a abandonar los procesos de búsqueda.
Ante esta situación, destaca el derecho de los pueblos indígenas a expresarse en su lengua materna, sin tener que adaptarse a un sistema mestizo, y la importancia de que la información institucional sea accesible para sus comunidades.
“Yo creo que esto que se hizo es un comienzo, pero siempre he dicho que a las autoridades les falta mucho en lo que corresponde a que la información sea más”, apunta.
La activista considera fundamental que las comunidades indígenas participen en la elaboración de materiales informativos y en el diagnóstico de sus propias necesidades, y pide que se respete su decisión de comunicarse en su lengua materna y de acudir acompañadas por sus autoridades tradicionales.
“Muchas veces, por falta de información, de conocimiento o de perspectiva intercultural, se les permite ingresar solamente a la persona interesada, a la víctima o al imputado, cuando en realidad en la comunidad indígena siempre vas a ver a tres o cuatro personas (…) Falta mucho que las autoridades conozcan que no deben prohibir el ingrso de acompañantes, porque, al momento de decir eso, sentimos como que no somos bienvenidas al lugar donde estamos buscando que nos apoyen”, explica.
Guadalajara Reyes espera que el video llegue a las regiones y municipios donde las personas y comunidades rarámuri han enfrentado desapariciones e injusticias. Asimismo, agradeció que la hayan tomado en cuenta para realizar la interpretación, pues considera que este tipo de iniciativas son una señal de que “vamos avanzando”.
Falta de atención con perspectiva intercultural
Carla Palacios Flores, directora del CDHPN, explica que una de las principales problemáticas detectadas por la organización es la falta de una perspectiva diferenciada en la atención que las autoridades brindan a las familias ralámuli que denuncian desapariciones.
Durante el acompañamiento de casos de personas pertenecientes a este pueblo originario, señala, identificaron las dificultades que enfrentan las familias para comprender sus derechos, particularmente en situaciones de desaparición, así como el desconocimiento general sobre los protocolos que deben seguir las autoridades.
Palacios Flores recuerda que las instituciones tienen la obligación de informar oportunamente a la población sobre los procedimientos de actuación, incluido el Protocolo Homologado de Búsqueda; sin embargo, ante ese vacío institucional, el CDHPN decidió elaborar un video para explicar qué hacer en casos de desaparición.
La directora lamenta que, hasta el momento, la organización no haya podido acceder a información oficial sobre el número de personas indígenas desaparecidas en Chihuahua, pese a haber solicitado formalmente esos datos a las autoridades. Esto se debe a que los registros no establecen esa diferenciación. A ello se suma una cantidad importante de desapariciones y otros delitos que no se denuncian porque las víctimas y sus familias desconocen los mecanismos para hacerlo.
“Hablar, por ejemplo, de contextos como el de la Sierra, en donde se están cometiendo una gran cantidad de delitos, como desplazamientos forzados, desapariciones y reclutamiento, es algo que lamentablemente está siendo invisibilizado por los tres niveles de gobierno. Entonces, no hay una cifra y no hay politica pública que esté permitiendo diferenciar o conocer a profundidad cuáles son los principales delitos que se están cometiendo en contra de comunidades indígenas”, señala.
Uno de los mensajes centrales de la guía, explica Palacios, es que no es necesario esperar a que transcurra un periodo determinado para denunciar la desaparición o no localización de una persona, pues las familias pueden acudir de inmediato ante las autoridades para reportar el caso.
“También uno de los puntos importantes en el video es dejar en claro que la participación de las familias en los procesos es un derecho, participar conjuntamente con las autoridades en todas las diligencias de búsqueda e investigación”, dice.
Para Palacios Flores, estas medidas deben formar parte de una política pública integral que contemple las necesidades específicas de las comunidades indígenas y garantice una atención con perspectiva intercultural en los sistemas de justicia.
“Consideramos que indudablemente tiene que haber políticas públicas que contemplen un modelo de atención para comunidades indígenas, algo que no se está contemplando dentro del sistema de justicia actualmente en ningún sentido. No hay una perspectiva para ello ni cuando las personas están enfrentando un proceso, ni cuando están siendo señaladas por delitos, ni cuando están denunciando. Y eso tendría que ser parte de una política másd integral”, afirma.
La directora del CDHPN considera que el gobierno debe garantizar, entre otras medidas, la presencia de intérpretes en las oficinas regionales para atender a las comunidades indígenas. Como ejemplo de la falta de mecanismos de atención especializada, recuerda el caso de Carlos Efraín Jaris Cruz, un hombre ralámuli que fue detenido, desaparecido, torturado y asesinado por policías municipales de Ciudad Juárez.
Para la organización, este caso evidenció las deficiencias en la atención a las víctimas indígenas y sus familias, así como la falta de mecanismos adecuados para garantizar sus derechos.
“Nuestra apuesta es que esto dote de herramientas y de capacidades a las víctimas para que puedan exigir sus derechos frente a las instituciones, y ese es básicamente nuestra misión institucional, el dotar de capacidades, el crear sujetos de cambio y, de alguna manera, también es una forma de acercar los derechos humanos hacia una población que está siendo segregada y que enfrenta un abandono institucional”, concluyó Palacios Flores.
Este contenido fue originalmente publicado en La Verdad Juárez, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes ver su publicación.
