Cada día, miles de adolescentes en México están expuestos en redes sociales a información nociva que podría terminar en su reclutamiento. Las organizaciones de derechos humanos y las fiscalías o policías que detectan las promociones de grupos armados ofreciendo trabajo en redes sociales no se dan abasto. Las madres buscadoras que piden más responsabilidad a las plataformas no tienen respuesta, y las acusan de no usar su alta tecnología para impedir que lleguen a manos de los niños
Por Marcela Turati / Quinto Elemento Lab*
En su rondín por la central de autobuses de San Pedro Tlaquepaque, el comandante Martín Escobar saluda a otro policía que baja de un remolque estacionado en la calle. Dentro del vehículo hay una mesa, una silla, un radio y una pantalla desde la que monitorea las imágenes de las cámaras de seguridad de las salas de espera y de los andenes por donde entran y salen los pasajeros. Metros adelante, en la misma banqueta, se ven dos camionetas de la Guardia Nacional y un módulo del Ejército cerrado. En la acera de enfrente están tres patrullas municipales, con cuyos tripulantes se han detenido a charlar unas mujeres policías.
Los funcionarios de esas corporaciones tienen una misión importante: que las personas contactadas por el cártel local —el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, o por sus rivales, al subir o bajar de los autobuses no sean enganchadas y luego desaparecidas. Y justo esta terminal conocida como la “nueva central camionera” de Guadalajara, en la zona conurbada de la ciudad, es el sitio más famoso y más candente en México para el reclutamiento forzado.
En dos años, suman 94 las personas (54 hombres y 38 mujeres) que la administración municipal presume haber salvado de una posible desaparición; de ellas, 51 son menores de edad y la mayoría no pasan de los 30 años. El grueso es originario de Jalisco (un estado con casi 13 mil personas desaparecidas), el resto viajó hasta aquí de entidades aledañas como Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Colima, o remotas como Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Chiapas, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Estado de México o Ciudad de México.
Aunque cada caso es diferente, el comandante Escobar no vacila al asegurar que muchas de las personas rescatadas fueron atraídas por ofertas de trabajo falsas que encontraron a través de redes sociales. También, con gesto de frustración, dice que algunas no fueron engañadas; ellas se ofrecieron para formar parte del cártel.
“Casi todos son por ofertas laborales de seguridad privada que vieron en Facebook, sobre todo, ofertas de 10 a 15 mil pesos semanales”, dice mientras camina por el exterior de la alargada estación de donde parten viajes hacia otros estados del país. “Los empiezan a enganchar por Facebook, a sacar información, les dan ofertas de trabajo, y les dicen: ‘vas a llegar a la camionera, vas a tomar el camión’, y que de aquí se desplacen y les dan dinero. O ‘va a pasar un Uber o un taxi por ti, te voy a llevar a otro lado’, […] para dirigirlos a alguna otra ciudad del estado”.
Obtener un empleo con un grupo criminal no resulta complicado en estos tiempos. Es tan fácil como abrir una cuenta en alguna red social como Instagram, Facebook o TikTok, dar un like a los perfiles que promueven empleos con sueldos altísimos, o a mensajes con narcocorridos como fondo musical en los que se invita directamente y sin camuflajes a trabajar con el grupo armado. Tras un intercambio de mensajes privados, que luego se convierten en conversaciones por WhatsApp o Telegram, en cuanto concretan un acuerdo, las personas que buscan oportunidades pronto reciben en su celular las instrucciones del lugar donde deben presentarse, o un boleto de autobús pagado hacia el sitio en que su nuevo empleador los necesita, o se suben al taxi que llegó para recogerlos. Un patrón parecido encontraron otros medios aliados en Ecuador y Colombia de la investigación El Algoritmo Reclutador, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
“Son muchas formas y, lógico, cuando vamos detectando el modus operandi van modificando su forma de trabajo. Pero la mayor parte es así”, dice el comandante.
Desde la calle, a través de los vidrios, Escobar mira hacia los asientos de una sala de espera y detecta a alguien que le resulta sospechoso. Tiene cara de adolescente, parece estar solo. Su siguiente paso será llamar a las Andrómedas, la agrupación de mujeres policías entrenadas para buscar personas desaparecidas, quienes le preguntarán su destino, le pedirán una identificación, y analizarán su reacción para ver cómo proceder.
—¿Cómo los identifican?
—[Las policías] entran al área de abordaje y ahí entra el olfato: si a este que ven [está] desorientado, desorbitado, preocupado, desubicado, ya lo abordan, y muchas veces así los han logrado “localizar”. En ocasiones nos pasan el reporte [de desaparición] de otro estado o municipio, nos dicen que viene una persona a la central, se espera el camión y se logran resguardar.
En estos operativos de “localización” o “rescate”, por lo general no ocurre una persecución espectacular con patrullas bloqueando calles para detener autobuses y policías armados bajando a pasajeros a la fuerza. Transcurren de forma sutil: cuando la víctima se delata. Mira constantemente el celular porque algo pasó: no le mandaron el boleto, nadie pasa a recogerle, o siente que le hicieron ghosting. Se pone nerviosa. Busca dónde cargar la batería que se extingue porque la cita pactada no se concreta. Aunque quiera disimular, no puede irse a otro sitio porque en cualquier momento puede recibir el mensaje de que ya llegaron por ella. Y mientras esto ocurre, da vueltas por las salas de espera. Cuando se convence de que nadie vendrá y quiere regresar a casa, no tiene dinero para hacerlo. A veces pasa más de un día, desesperada, dando vueltas interminables.
“Cuando no les llega el depósito como se les plantea en redes sociales, nos piden ayuda al personal de la central o marcan al 911. Hay días de hasta ocho llamadas, otros días está tranquilo. Muchos de ellos ya ven que [el trabajo] no es lo que pensaban. Ya no hay un depósito y ellos no traen dinero, entonces se acercan a solicitar el apoyo”, explica el comandante.
Tan solo el pasado 5 de agosto, con menos de tres horas de diferencia, Escobar y su equipo interceptaron a dos mujeres adolescentes que viajaban en distintos autobuses y estaban a punto de quedar atrapadas en esa telaraña. La primera, de 16 años, había recibido una oferta de trabajo de un desconocido que le habló de la posibilidad de ganar hasta 15 mil pesos semanales (más de US$800). “Por medio de redes sociales, específicamente por TikTok, le dieron indicaciones de que se viniera, que aquí en la central esperara un Uber que iba a pasar por ella”, informó Escobar a la prensa. La segunda, de 17 años, mantenía contacto telefónico con otro desconocido que le había pagado el boleto para que trabajara como empleada en un trabajo que ella ignoraba cuál era. En ese operativo descubrieron que uno de los enganchadores había ido a recogerla a la sala de espera. Al momento lo detuvieron.
No solo el personal del municipio frustra estos encuentros, también lo hace la policía estatal. El Consejo de Seguridad de Jalisco —en respuesta a una solicitud de información pública de Quinto Elemento Lab— informó que, de febrero de 2025 a agosto de 2026, atendió 20 denuncias de posible reclutamiento forzado o trata de personas. En cinco, fueron usadas plataformas de redes sociales. En un caso, la víctima era mujer; también había dos menores de edad. Esto indican los reportes:
6 de abril de 2025: Un masculino logró escapar de sus raptores y arribó a la central camionera mencionando iba en busca de una oferta de trabajo por redes sociales, obligándolo a vender droga, en un descuido de los raptores logra escapar y trasladarse por medio de ayuda de vehículos que pasaban. Tlaquepaque.
20 de septiembre de 2025: Dos hombres intentaron trasladar a un menor sin la documentación requerida. Al ser entrevistados, confesaron trabajar para el crimen organizado, dedicándose a reclutar jóvenes mediante redes sociales con falsas ofertas de empleo, con la promesa de $25,000 mensuales más hospedaje y comida.
9 de febrero de 2026: Femenina de 18 años que pretendía viajar para encontrarse con un hombre que conoció en redes sociales, en un posible caso de engaño relacionado con trata de personas. Tras intervención y orientación por parte de autoridades fue convencida de no trasladarse y se retiró con sus padres.
Aunque no hay una estimación oficial de cuántas personas desaparecidas trabajan forzadamente para los grupos criminales, la abundancia de reportes de “rescate” que aparecen en las noticias revelan que el reclutamiento está en su apogeo. También evidencían el provecho que sacan los grupos delictivos a las redes sociales.
Reclutamiento: noticia frecuente
En la oficina de Comunicación Social de Tlaquepaque, que es uno de los nueve municipios que integran el área metropolitana de Guadalajara, un empleado muestra a esta reportera un desglose detallado de la lista de las primeras 82 personas “localizadas” entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de mayo de 2026. El documento se corresponde con un archivo de fotografías y videos de los protagonistas de cada caso con los rostros difuminados, que en esa oficina suben a las redes sociales institucionales y pasan a los noticieros.
En una primera serie de fotografías se ven tres personas que llegaron huyendo de un campo de trabajo agrícola donde los tenían esclavizados. Otras corresponden a un veinteañero y a un quinceañero que escaparon de sus captores (“acuden en Jalisco a falsa entrevista de trabajo, ahí son privados de su libertad y llevados a Michoacán y luego a Sinaloa”, se lee en el reporte). Otro es de una psicóloga que desde Zacatecas viajó ilusionada para presentarse a su nuevo empleo, pero al notar que quienes la recibieron daban vueltas en el auto por las mismas calles, como esperando una orden, corrió a un gimnasio y pidió ayuda. También está el caso de un adolescente que escapó de sus captores y llegó deshidratado.
Al mostrar uno de los videos del archivo, el funcionario indica: “Estos son dos chicos que venían de Tequila, a los cuales se les ofreció trabajo por medio de redes sociales, cifras de dinero muy atractivo, de 5, 10 mil, hasta 15 mil semanales”.
“Muchos [trabajos] son de seguridad privada, muchos son de administrativos y con sueldos, la verdad, algo imposibles de pagar, con horarios muy flexibles, con [la propuesta de] irte a otro estado, entonces todo eso te da la pauta para saber que no es algo real”, dice un policía destinado a la central de autobuses. “Se hace por medio del internet, puede ser por Facebook, por WhatsApp, es como más se han dado los casos de reclutamiento forzado, de ofertas de trabajo falsas”.
De los 44 menores de edad de la lista de “localizaciones”, algunos están marcados como “Alerta Amber”, “menor” o “menor extraviado”, o “ausencia voluntaria”, pero no cuentan con descripción. El éxito de esos rescates generalmente se debió a que las alertas por la desaparición llegaron a tiempo, cuando alguien en sus casas notó que no estaban e indagando descubrió que habían tomado rumbo a Guadalajara, o a que alguien de inmediato llamó al 911 o mandó un mensaje al sitio donde se levantan denuncias. Al final, un grupo de uniformados, bajo las órdenes de Escobar o de otros comandantes, esperó en los andenes el arribo del autobús señalado e interceptó a los adolescentes.
En otros casos, las familias no alcanzan a detenerlos, pero si presionan pronto a las autoridades pueden lograr su regreso. Ese es el caso de los quinceañeros, Héctor y Bruno, estudiantes del bachillerato tecnológico CecyTe, en Tlajomulco, que en julio de 2026, cuando tenían vacaciones, siguiendo la promesa de un empleo fueron llevados hasta Zirándaro, Guerrero. Al descubrir su ausencia, sus familias pidieron apoyo al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco e hicieron protestas. A las dos semanas una llamada anónima les indicó dónde podían localizarlos, y la Guardia Nacional los rescató.
“Supimos por sus mismos amigos que nos dijeron que les hicieron comentarios [del trabajo que obtuvieron por redes], que no pensaban que sí se iban a ir, pero cuando nos vieron que los estábamos buscando ellos fueron los que nos dijeron. Y nosotros supimos nada más el día que mi hijo se fue, me mandó un mensaje como de despedida, pero fue un mensaje reenviado porque fue el mismo mensaje que nos mandaron a las dos mamás”, narró en entrevista la madre de uno de ellos, el 12 de agosto, cuando fue notificada del rescate.
En las redes sociales del municipio de Tlaquepaque y del gobierno de Jalisco, que muchas veces se disputan el éxito de los operativos, cada “localización” se publicita con una puesta en escena que casi siempre es la misma: una serie de fotos fijas o videograbaciones en las que se ve a las víctimas de pie con tomas del torso, el pantalón de mezclilla, los tenis, la espalda, y el rostro difuminado para respetar su derecho a la privacidad. Y alguna otra donde posan con policías a cada costado, sosteniendo un papel con el logo de la corporación que logró el rescate.
En la serie fotográfica destaca una que se convirtió en noticia: el caso del chofer de DiDi que transportaba a una joven que le contó que acababa de conseguir un trabajo con un pago asegurado. El hombre, preocupado, antes de llevarla a la terminal se detuvo en una gasolinera y, discretamente, avisó a la policía. En las fotos se ve la silueta de la quinceañera a bordo del auto dorado en el que fue interceptada, rodeada de Andrómedas. Vestía de color negro, portaba una medalla de la Santa Muerte, tenía la piel clara.
“El chofer del vehículo de plataforma nos da aviso y, gracias a su reporte, desde el momento del servicio se logró rescatar a la menor y contactar a sus familiares”, dice Escobar, quien recuerda que la quinceañera “caía en contradicciones, venía nerviosa, venía llorando”, cuando la entrevistaron. “La joven estaba enojada”, dice otra persona que presenció el operativo. “Primero dijo que tenía 17 años, luego que 16, y resultó que era de 15. Al final confesó que ella solicitó el trabajo al cártel porque su vida era una tragedia: su mamá había muerto, y su papá y sus hermanos se drogaban”.
A la entrevista se unen otros dos policías municipales de Tlaquepaque. Dicen que desconocen el destino final de las personas liberadas, pues es una decisión de la fiscalía del estado. Escobar informa que algunas veces el Ministerio Público atrae el caso, toma declaraciones a las víctimas y hasta las resguarda; otras, solo avisa a la familia de la persona localizada para que pase a recogerla; si no llegan, el municipio le compra un boleto de regreso a su destino. Ningún entrevistado para este reportaje mencionó que las autoridades investiguen a las personas o las cuentas donde engañaron a las víctimas. Esa ausencia de indagaciones es una constante.
Por lo general, detienen a las víctimas, pero no a sus reclutadores. Aunque se dan excepciones: en mayo de 2025 la policía rescató a unos chavos de 17 y 18 años, recién llegados de Michoacán, a quienes esperaba una mujer desconocida que les prometió 5 mil pesos a la semana. Uno presintió que algo estaba mal y con señas llamó la atención de la gente. Los noticieros difundieron que en septiembre de 2026 la mujer fue condenada a diez años de cárcel junto con sus cómplices: dos policías del municipio de San Cristóbal de la Barranca (a una hora de distancia), quienes, a bordo de una patrulla, uniformados y armados, esperaban afuera de la terminal para trasladar a sus presas. Según la fiscalía, el CJNG pagaba 3 mil pesos a la mujer, y mil a cada uniformado, por cada persona que le llevaban.
La central: pieza importante del circuito desaparecedor
La “nueva” terminal de autobuses, inaugurada en 1988, y ubicada en el turístico municipio de Tlaquepaque para recibir a los autobuses foráneos e interestatales, se convirtió en sinónimo del terror desde el año pasado. Fue a partir de que el grupo Guerreros Buscadores, un colectivo integrado por una mayoría de mujeres que buscan a sus parientes desaparecidos, entró sin permiso al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, a media hora de Guadalajara, tras recibir la información de que el sitio era conocido como “la escuelita del terror”, pues el cártel local lo usaba para enseñar a matar a jóvenes captados con engaños o a la fuerza. En su interior encontraron montones de ropa abandonada, casi 200 pares de zapatos y muchos objetos personales —como una Biblia y una carta de despedida firmada por un joven con ficha de búsqueda—, que algunas madres buscadoras reconocieron como prendas de sus hijas o hijos desaparecidos.
La difusión en vivo por Facebook del hallazgo aquel marzo de 2025 generó horror e indignación en todo México. La idea de que muchas de las 130 mil personas desaparecidas en México son esclavas de grupos del narcotráfico, y entrenadas como sicarias, o murieron en esos entrenamientos, se abrió paso en el imaginario colectivo. La existencia del rancho confirmó lo que durante dos décadas han repetido muchas familias buscadoras: que sus desaparecidos están vivos, “los traen trabajando”.
En los noticieros comenzaron a escucharse testimonios de buscadoras hablando de sitios de exterminio y relatos de jóvenes que decían haber sobrevivido a ofertas de trabajo falsas, y que eran trasladados entre ranchos como el Izaguirre. Desde el momento en que los recogían en la terminal de autobuses, sus captores les quitaban el teléfono celular y los metían incomunicados al infierno.
Un estudioso de las desapariciones en la central es el exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González, quien ha registrado 69 casos de personas cuya ficha de búsqueda indica que ese es el último sitio donde se les vio. Del conteo, 33 siguen sin ser localizados; dos fueron encontrados muertos. Las edades que más se repiten en esa lista —que abarca de diciembre de 2022 a agosto de 2026— son 18 y 19 años; tres son menores de edad. Uno se llama Rafael y es un michoacano de 16 años que llamó a su casa para decirle a sus papás que estaba en la terminal del estado de Jalisco. Se escuchaba asustado. Pero, antes de que pudieran ponerlo a salvo, les dijo: “ya es tarde, ya pasaron por mi”, y colgó.
En la primera entrevista que dio su madre en Morelia, en el estado vecino de Michoacán, se quejó de que, aunque viajaron a Jalisco, ninguna de las dos fiscalías estatales levantó su denuncia al instante, a pesar de que se trataba del reporte de un menor de edad. Tampoco entendía cómo, si era un alumno de una preparatoria técnica, había terminado en Jalisco.
“Las redes sociales se han convertido en terreno fértil para las organizaciones criminales que, en un contexto de mayor violencia y competitividad —tanto entre grupos delictivos como en contra del Estado—, han buscado aproximarse a las juventudes para incorporarlas a sus filas”, indica el estudio de El Colegio de México titulado “Nuevas fronteras en el reclutamiento digital: Estrategias del reclutamiento del crimen organizado en TikTok”.
Para realizar este informe, publicado en abril de 2025, el equipo de investigación analizó 100 cuentas activas en TikTok y detectó las tácticas que usan los principales cárteles (tanto el de Jalisco como el de Sinaloa), como el uso de audiovisuales ágiles y llamativos, a veces musicalizados, para atraer y reclutar a jóvenes que buscan empleo, prometiéndoles trabajos bien remunerados. Y la existencia de un lenguaje que los grupos utilizan para hacerse propaganda basado en emojis, hashtags y códigos visuales.
El comandante Escobar coincide: “Tengo 27 años de servicio y [he visto] cómo, en los últimos tres años, con el tema de las redes sociales se ha intensificado el tema del reclutamiento, de las falsas ofertas de trabajo. Antes te llamaban a tu casa, en la calle, [te captaban] con volantes, ofertas de trabajo pegadas en los postes, pero con el tema de las redes sociales es más fácil enganchar a gente, si eres activo en redes sociales te empiezan a aparecer y aparecer [anuncios], y te enganchas con el tema”.
Sabe que las desapariciones en la nueva central se han publicitado tanto que los criminales seguramente ya prefieren operar en otras terminales de autobuses. Cuando se le pregunta sobre detenciones de reclutadores, dice que perseguir a los delincuentes se ha vuelto cada vez más complicado porque la gente no viaja junto a su captor. Las víctimas se suben a autos manejados por choferes aleatorios enviados a su destino por alguna plataforma. Reciben sus boletos electrónicos en el celular. Si tienen que hacer un trayecto largo y requieren un lugar donde dormir, casi seguramente no pasarán por hoteles, recibirán la reserva de un Airbnb. Todo se hace entre particulares que no se conocerán ni verán las caras. Porque en las plataformas las transacciones son entre desconocidos. No hay personas concretas o responsabilidades que la justicia fácilmente pueda perseguir.
“No vayas, es un engaño”
Mientras veía en vivo la transmisión de Facebook de Guerreros Buscadores desde el Rancho Izaguirre, Rubí se puso nerviosa al reconocer entre las prendas que mostraban unos objetos de su hermana Merari Noemí García Mejía, desaparecida el 20 de mayo de 2024. Sus tenis, su maletin y una Biblia.
La última pista que se tuvo sobre Merari Noemi, madre soltera de 19 años, fue la selfie que se tomó desde el taxi de plataforma que pasó por ella para llevarla a la terminal de autobuses del municipio de Zapopan, desde donde sería trasladada a su nuevo trabajo como guardia de seguridad, en el que le ganaría 6 mil pesos de salario. En las fotos que subió al Facebook se le ve con una mirada audaz, contenta.
Merari se consideraba creadora de contenido. Su vida digital era activa. Si se comunicaba con su familia era a través de videos. Su abuela fue la primera que notó que algo andaba mal con su nieta porque no había mandado mensajes. Tenía seis cuentas de Facebook con distintos nombres que este equipo pudo localizar, y tres de Instagram, y un número no determinado en TikTok donde era notorio lo difícil que fue su corta vida —la muerte de su primera bebé en 2021, después de un largo tiempo en el hospital— y sus diferentes facetas: los cambios de vestimenta, el amorío con un trailero, los filtros para sus interpretaciones y chistes, sus poses de mujer fatal y de niña.
Tenía un empleo mal pagado de guardia de seguridad. Por la necesidad, dejaba a su hijo de un año y cuatro meses a cargo de su mamá, y no siempre completaba para los pañales y la leche.
Su hermana recuerda que, días antes de marcharse, Merari le había compartido un anuncio que sacó del Facebook, en el que una compañía de Zapopan buscaba personal como guardia de seguridad, y el salario de 6 mil pesos era el doble del que ganaba. En cuanto lo leyó, Rubí le advirtió que era falso.
“Le dije que era una estafa, que era mucha paga para alguien como ella, que no terminó la secundaria”, afirma. Pero Merari no quiso dejar pasar la oportunidad. Necesitaba dinero para sostener al bebé que le cuidaban. Y se subió al transporte que le enviaron a casa para recogerla.
En el camino hizo tres llamadas desde su celular, se tomó la selfie, la subió a sus redes. Y ya no volvió a tener comunicación.
Cuando las prendas aparecieron en las noticias y su hermana publicó que eran de su hermana, su historia se hizo viral. La mamá de Merari, Ruth Mejía, y la hermana fueron amenazadas, les robaron los celulares y las hackearon. Por eso no conservaron la foto de la falsa oferta de empleo. Rubí recuerda que tenía la captura de pantalla que su hermana tomó de un grupo de Facebook de Zapopan donde se anuncian servicios y empleos.
La fiscalía otorgó a Ruth la calidad de víctima indirecta, y meses después le envió al celular un enlace para que viera la audiencia contra los detenidos del Rancho Izaguirre. Ahí escuchó a un testigo decir que mataron a Merari por haberse rehusado a asesinar a otra persona.
“Le dieron la orden a mi hija de que matara a otra persona. Merari soltó el arma, y él [el jefe] le pega con ella y mi hija cae. Después la violaron y la mataron. No quedó nada de ella”, dice Ruth, quien de puro recordar suelta el llanto.
Aunque, aparentemente, el caso de Merari no quedará en la impunidad, varios eslabones de la investigación del crimen siguen pendientes: el análisis de las prendas y objetos, la georreferenciación del celular de Merari y del otro número telefónico desde el que habló antes de que la incomunicaran, y el intercambio de mensajes en Facebook con los falsos empleadores.
—¿Las autoridades investigaron sus cuentas, sus redes?
—Según el MP, sí revisó el TikTok, pero a mí no me han dicho nada —contesta la madre.
“¿Quién se anima?”
“Aprovechen: últimas entradas a la mejor empresa: 4L3TRAS mujeres y hombres asta 9,000 semanales”. “Buena paga semanal. Hospedaje y comida. Vacaciones. Equipo táctico. Calzado y ropa”. “Grupo recluta: solo escribe, nosotros te recogemos”. “Anímate a ser parte de las filas de las 4 letras”. “Saca adelante a mamá (estamos reclutando)”.
Este tipo de mensajes se ven con frecuencia en las redes sociales. En mayo de 2025, cuando seguía el escándalo por el Rancho Izaguirre, durante la conferencia mañanera que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario federal de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Policía Cibernética, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, dio de baja “200 cuentas en diferentes plataformas” desde donde se enganchaba a jóvenes, y que 41 estaban en proceso de investigación. Al año siguiente, en marzo de 2026, en otra mañanera anunció que, en coordinación con Meta (la dueña de Facebook e Instagram) y TikTok, el gobierno federal dio de baja 180 sitios de diferentes plataformas utilizados para el reclutamiento, y anunció, sin dar más detalles, que presentaron denuncias y se detuvo a “una gran cantidad” de reclutadores.
Aunque en distintas ocasiones se solicitó una entrevista a la SSPC para profundizar en el tema, la dependencia nunca quiso contestar las preguntas para este reportaje.
A pesar del anuncio de la colaboración, también en mayo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores emplazó a Meta y a TikTok a instalar, en un máximo de 15 días, una mesa de trabajo con colectivos de búsqueda y expertos para pensar una solución al reclutamiento. A través de un comunicado, el grupo exigía a las plataformas la verificación obligatoria de ofertas laborales dirigidas a jóvenes; la detección de patrones vinculados al reclutamiento y a la desaparición; instalar mecanismos de denuncia con respuesta prioritaria e informes públicos periódicos sobre sus acciones. Terminaba con un: “No podemos seguir permitiendo que las redes sociales sean herramientas de libre acceso para la desaparición de nuestros hijos”.
“La urgencia es convertir esas capacidades en acciones concretas. La protección de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida”, indicaron en el comunicado donde advierten sobre los algoritmos que encaminan a las y los jóvenes a acercarse a los grupos armados.
Esta alianza periodística preguntó a TikTok, y un vocero, que pidió anonimato por razones de seguridad, negó que tenga evidencia de que el reclutamiento de adolescentes ocurra en sus plataformas. “No hemos identificado patrones específicos que indiquen que estos grupos estén dirigiéndose directamente a menores”, respondió.
De “pueblo mágico” a “pueblo trágico”
En el “pueblo mágico” de San Pedro Tlaquepaque, conocido por su ambiente festivo, que atrae turistas por la charrería, las artesanías de barro, las cantinas tradicionales, las cazuelas de tequila, la comida mexicana gourmet o las serenatas con mariachis, no todos están contentos con la mala fama que se ha hecho al municipio. La alcaldesa Laura Pérez Segura reconoce que las noticias sobre las desapariciones en la central camionera incomodan, pero explica que, desde que descubrió que el lugar que gobernaría era inseguro, decidió tomar medidas.
En un intento por prevenir más desapariciones instaló en la central videocámaras de vigilancia y detectores de perfiles biométricos, los módulos tipo remolque de auxilio y monitoreo, y torniquetes en los accesos a los andenes. También ordenó intensificar los rondines policiacos. Exigió que cada pasajero muestre su credencial de elector y certifique su mayoría de edad antes de abordar un camión. Invitó a comerciantes y taquilleros de las líneas de autobuses a convertirse en informantes si observan algo raro. Abrió doce espacios en las paredes del municipio para que las familias buscadoras peguen afiches de búsqueda de sus parientes desaparecidos (aunque estas también tapizaron todos los postes del corredor turístico con los rostros de sus seres queridos no localizados). E implementó una campaña publicitaria contra las ofertas laborales falsas. Todavía tiene pendiente otra para instruir a niños y niñas a que bloqueen sin miedo a los contactos que los atemoricen por WhatsApp.
“Pues sí, se generó un poco de alarma, ¿no? Pero, al final, el objetivo principal era inhibir ese delito. Se empezó a hablar tanto del tema que hoy mucha de la gente observa a un menor, observa a una persona con su mochila, como esperando a alguien, y nos avisa”, dice en la entrevista realizada en mayo.
Menciona que las redes sociales son algunas de las principales puertas de entrada para estas captaciones, pero no se ha acercado a sus representantes en México. Sabe que las páginas se pueden reportar.
“Lo que tenemos identificado es que ofrecen a través de las redes sociales o a través de conocidos trabajos muy atractivos, […] con un muy buen salario en otro estado, no sabemos si les comentan el lugar real. Lo cierto es que las citan ahí en la central camionera, les entregan un pase de abordar, y abordan el camión y ya no se sabe de ellos”. La directora de Comunicación Estratégica del municipio, Daniela Geomar Neri, agrega que a veces los espera en la terminal una persona que les entrega el boleto del sitio a donde los van a enviar.
En el municipio conocen el caso del hijo de un empleado que se despidió y se enroló por su propia “voluntad”. Pero dice que no puede afirmarse que es “voluntariamente” cuando se trata de menores de edad. Al joven lo recuperaron tres meses después.
—¿Han hablado con las plataformas de redes sociales donde reclutan?
—En mi experiencia es supercomplicado. No hemos subido como tal una iniciativa. Sabemos que ya hay muchas reglas y opciones para denunciar páginas y para poder inhibir ese tipo de publicaciones o generar carpetas de investigación, denunciarlas.
En 2011, 2015 y 2024 el Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió a México tipificar el reclutamiento forzado, para darle respuesta institucional y desarrollar programas preventivos y rescates.
Juan Martín Pérez, consultor de diversas plataformas, dice que se han presentado más de 50 iniciativas de ley en los congresos federal y estatales para establecer el delito de reclutamiento forzado, pero no han tenido éxito. Solo Jalisco, Zacatecas e Hidalgo han aprobado iniciativas locales que lo penalizan.
El delito en su máxima intensidad
Aunque se desconoce el porcentaje de los 18 mil niños, niñas y adolescentes menores de 18 años desaparecidos en México que forman parte de grupos criminales, para la antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Elena Azaola, por la velocidad que alcanza el fenómeno de la desaparición por el creciente número de víctimas no le queda duda que actualmente el reclutamiento forzado es la primera causa.
Tomando como fuente el estudio sobre reclutamiento, basado en un modelo matemático, que publicó la revista Science en 2023, que indicaba que los cárteles serían el quinto empleador del país, por encima de empresas como Oxxo o Bimbo, la investigadora señala que, para 2027, las organizaciones criminales necesitarán reclutar 500 personas por semana, y que sus ejércitos serán engrosados por más de 220 mil miembros.
Esta antropóloga y psicoanalista que desde hace décadas entrevista y estudia a niños y niñas en conflictos con la ley, autora del libro Nuestros niños sicarios, explicó que los roles que desempeñan los más jóvenes en las filas de los grupos armados varían según la edad: entre los 6 y 12 años son utilizados como mensajeros, reclutadores, halcones (informantes) y transportadores de drogas, y entre los 13 y 17 se dedican principalmente a la venta de droga, extorsión digital y telefónica, vigilancia de casas de seguridad, ejecución de personas, desaparición de cuerpos y traslado de armamentos.
En cada charla que da sobre el tema comienza diciendo que no hay que olvidar la triada desaparición-reclutamiento-homicidio porque “una persona que es reclutada tiene una probabilidad más de 100 veces más alta de ser víctima de homicidio”.
Ella señala también al modelo de negocio de las plataformas de redes sociales por la velocidad con que los cárteles atraen a las juventudes.
La periodista y académica Alejandra Guillén ha estudiado desde 2017 casos de desapariciones en Jalisco que involucran ofertas falsas de trabajo a través de Facebook, en grupos llamados “Bolsa de Trabajo GDL” y “Trabajos Guadalajara”, que derivaron en que a los interesados los agregaron a un grupo de WhatsApp, en el que les pidieron acudir a un entrenamiento al municipio de Tala, Jalisco, donde les darían 4 mil pesos por adelantado.
“Luis iba ilusionado. Jamás pensó que, al llegar a su primer día de trabajo, los meterían en casas de seguridad y luego los treparían a campamentos de la Sierra de Ahuisculco, pero no para matarlos, sino para entrenarlos y obligarlos a trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las familias de algunos de ellos los reportaron como desaparecidos, sin saber que estaban vivos en manos del crimen organizado”, se lee en la investigación “El regreso del infierno; los desaparecidos que están vivos”, que Guillén realizó con Diego Pettersen.
Guillén, quien actualmente es académica del ITESO, por haber seguido durante años los casos de reclutamiento a través de redes sociales, notó que fue hasta siete años después del reclutamiento masivo de jóvenes de Tala, y a raíz del escándalo que generó el Rancho Izaguirre, que las autoridades federales desarticularon páginas del cártel que ofrecían falsas ofertas de trabajo que seguían activas, aunque las familias de víctimas de desaparición las habían reportado.
Señala que, a raíz de la muerte de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del CJNG, en febrero de 2026, la desaparición de personas se ha agudizado porque, como explica, “estas empresas criminales necesitan sicarios para sus guerras, no es que ya tenían un grupo de gente adiestrada esperando a combatir, ellos tuvieron que salir a armar a su propio ejército, y a llevarse a quien pudieran”.
Ubica como uno de los sitios del circuito de la desaparición la central camionera de Tlaquepaque.
Hablan las plataformas
Invitada por la Comisión de Derechos Digitales del Senado, Eliana Pérez Gaffney, gerente de política pública para México, Centroamérica y el Caribe de Meta, fue cuestionada sobre las medidas que emplea esa compañía para cuidar a niños y adolescentes. Respondió que se han gastado millones de dólares en temas de seguridad, en automatizar el monitoreo y mantenerlo también de manera manual, y que además tienen alianzas con organizaciones sociales que les ayudan a monitorear.
Agregó que en plataformas de Meta —como Facebook e Instagram— se prohíbe cualquier forma de representación o apoyo de estas organizaciones y también a nivel individual. Señaló que no pueden eliminar todo contenido que mencione a un capo de la droga (“si tú decides que se elimina cualquier mención pues te llevas de calle todas las noticias o reportes que también pueden ser valiosos”).
Mencionó que las plataformas de Meta restringen que sólo puedan verlas mayores de 18 años y tienen limitaciones para que solo ingresen niños a partir de los 13 años, pero con controles; además de que “se ajusta el algoritmo para que se baje la exposición y la viralidad” de este contenido que menciona a las organizaciones criminales.
“En el caso de México, tristemente fuimos el primer país donde se desarrollaron mensajes preventivos para la población de entre 13 y 21 años que interactuaba con contenido sobre organismos, organizaciones e individuos peligrosos, los que están clasificados y designados por Meta. Así hay muchas organizaciones en México, en la designación de hecho somos también tristemente el país que tiene más organizaciones designadas por Meta como peligrosas dentro de esa política”.
“El problema con las redes cuando se comete un delito”, explica la exconsejera de TikTok, Angie Contreras, “es que solo si se le pide a la plataforma se almacena seis meses la información; después de ese tiempo, se borra. Y nuestras fiscalías no tienen personal capacitado ni tiempo libre para investigar en redes”.
Como experta en el tema de abuso sexual infantil y directora de Cultivando Género, A. C., sabe que en las plataformas el “enganche es sutil”, a través de grupos de fandom de K-pop, en cuyos videos invitan a las niñas a integrar clubes de fans que los llevan a grupos de WhatsApp o de Telegram. “Ahí, TikTok no tiene injerencia porque te sales de su plataforma y te vas a otro grupo”. Ella cree que usan la misma técnica para el reclutamiento.
Explica que las plataformas se defienden diciendo que restringen contenidos para menores de edad, y que son las personas usuarias quienes mienten sobre su edad. “Si tú le preguntas a TikTok, a Instagram, a Facebook, que son las más populares, te van a decir: ‘aquí no toleramos ese tipo de contenido’. Pues no, porque la gente no va a publicar el contenido así directamente visible. El enganche es de otras formas. Eso es lo que no se ha logrado: buscar las formas de prevenir”.
Aunque un perfil nocivo sea eliminado, señala, la persona puede crear “cuantos perfiles” pueda, sin límite. “¿Cómo le haces para que tú, empresa, realmente te responsabilices y tú, gobierno, también?”, reflexiona.
Para ella, los anuncios que ha hecho el gobierno federal mexicano sobre su colaboración con las plataformas para bajar contenido peligroso no son medidas nuevas ni diferentes.
“¿Cómo vas a tener esta cooperación con los gobiernos para que pueda servirles para investigar quiénes están detrás [de las cuentas], dónde se está dando, dónde están reclutando? Esa cooperación es la que no sabemos si realmente se está dando o no. Porque los tiempos de las empresas son distintos a los tiempos del gobierno”.
Dice que, además del exceso de casos y de la falta de capacitación en las fiscalías estatales para denunciar ante las plataformas contenido nocivo, sabe que no investigan delitos contra la infancia de manera expedita, y que estas compañías les dan un plazo de seis meses para que soliciten la información que tienen almacenada. Y, por eso, a los perpetradores no se les investiga.
El negacionismo mexicano sobre el reclutamiento
Tejiendo Redes Infancia es una de las organizaciones latinoamericanas certificadas por Meta para solicitar que bajen un contenido nocivo, sin que tengan que evaluar la petición, como se procede en casi todos los casos.
Juan Martín Pérez, su director, y quien dirigió la Red por los Derechos de las Infancias (Redim), dice que es una tarea de nunca acabar la de realizar peticiones para bajar, uno por uno, los anuncios o cuentas que encuentran en las plataformas que dañan a las infancias. Y que, por más protocolos nuevos que anuncien las empresas de tecnología, el problema es el modelo de negocio.
Hace ocho años, su organización descubrió que en la plataforma de mensajería Discord se armaban grupos que jugaban a ser miembros de los cárteles de Jalisco, Medellín o del Golfo, así como soldados, justicieros o guardias nacionales, y que se disfrazaban o creaban personajes para jugar en el videojuego Roblox. Tiempo después, en sus vigilancias detectó las ofertas falsas de trabajo por Facebook, y lo denunció a Meta.
Desde hace más de una década, tiene contacto con las plataformas que lo buscan para pedirle su opinión en una relación que llama “de amor-odio”, y han discutido temas como pederastia, pornografía, explotación sexual infantil y trata.
“Lo que hay que regular no es el producto, como hicieron los fiscales de Estados Unidos de irse contra una aplicación, es el modelo de negocio. Porque lo mismo que están reclamando [prohibir] en Facebook y en Instagram está en TikTok y Snapchat y en otras que no tenemos visibilizadas. El modelo de negocio está bajo la lógica de capturar nuestros datos y nuestra atención el mayor tiempo posible”.
Menciona que desde 2015 participó en las discusiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que derivó en las observaciones sobre los derechos de niños y niñas en entornos digitales lanzadas por el Comité de Derechos del Niño del organismo, donde ya señalaban que el modelo de negocio perfila los datos de niños y niñas, su trayectoria emocional y su huella digital, sin ningún tipo de control ni de rendición de cuentas.
—¿Cómo comenzaron a notar el reclutamiento en redes?
—Las ofertas falsas de empleo que industrializó el Cártel Jalisco Nueva Generación eran fundamentalmente en Facebook, porque tiene todo un mercado, un modelo de negocio para que tú compres publicidad segmentada para municipios, códigos postales, edades y demás, y no hay ningún tipo de supervisión. Estaban reclutando para guardia de seguridad, para electricista, para cualquier cosa, y eso no viola las normas de la comunidad. Todo esto se lo avisamos a Meta hace como cuatro años. Los grupos criminales descubrieron que era mejor no asociarse con una sigla, un nombre [del cártel] y demás, aunque lo hacen en los lugares donde los grupos criminales tienen el control territorial porque necesitan que [sus reclutados] tengan fidelidad para que no entren a otros grupos criminales. El Colmex eligió analizar TikTok, pero lo mismo ocurre en Facebook, o en Instagram o en Snapchat, que están usando más porque son mensajes o reels que desaparecen y no dejan rastro. Y son cosas que los propios adolescentes y jóvenes a los que les encargan reclutar están aprendiendo.
—Como socios de confianza de Meta, ¿qué hacen ustedes cuando detectan una cuenta donde se recluta?
—Desde nuestro correo mandamos a su correo de seguridad y automáticamente bajan esos contenidos, pero ni tenemos la capacidad ni tampoco es nuestra tarea […]. En las plataformas son super amables y dicen: “sí, claro, mándanos los datos y los bajamos”. Pero tendrían que trabajar el algoritmo; eso sí lo pueden hacer. Con TikTok ahora mismo estamos trabajando lo que ya hemos hecho con Facebook: las búsquedas específicas. Así como se hizo hace años con el tema del suicidio, de detectar por las preguntas o palabras clave si alguien quiere suicidarse, ahora automáticamente el algoritmo te lleva a sitios de ayuda. Eso mismo lo trabajamos en Meta para el tema de reclutamiento, y si buscas ciertas palabras (como las obvias: Chapo, Mayiza, Chapitos, Mencho, Cártel Jalisco y demás), te las bloquea el algoritmo. Entonces, técnicamente las plataformas responden y trabajan con las autoridades, pero aquí llegamos a los problemas de la vida real: ni la Policía Cibernética federal ni las de los estados tienen gente profesional dedicada a hacer mapeo o patrullaje cibernético. Los ciberpatrullajes no existen. Entonces, cuando se llevan gente, si una mamá dice: “chateó con alguien, se fue, cogió un autobús”, ahí tienen que abrir su Facebook para investigar, tiene que haber un proceso de investigación. Y, hasta donde yo entiendo, las redes sociales tienen las bases de datos completas de todo tu historial, no las borran. […] Por la interacción que tengo con las plataformas es que, dependiendo de la Policía Cibernética y del tono [que usen], se resisten o no a dar la información. Y los MP [ministerios públicos] obvio que no van a investigar, no tienen tiempo, no hay dinero, no hay personal, no hay especialización. Lo que se investiga es porque es viral, porque tiene presión política o por la presión de las madres buscadoras.
Pérez menciona que, aunque pudieron incorporar en la Ley General en Materia de Desapariciones un capítulo sobre búsqueda de niños, niñas y adolescentes en el que se enfatiza la “urgencia de revisar las redes sociales” y su entorno familiar o de amistades (“porque generalmente le avisan al hermanito o al compañero de escuela), las autoridades no lo cumplen.
El 30 de agosto, cuando realizamos esta entrevista, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la firma de una alianza tecnológica con Google para prevenir y combatir el reclutamiento forzado y las desapariciones en el estado utilizando una herramienta de inteligencia artificial que desactive los perfiles falsos que publican ofertas de trabajo engañosas. Pérez dijo, escéptico, “eso ya se hace”.
“La clave está en acabar con la industria de reclutamiento”, aseguró. “Y eso pasa por tipificar el delito, por seguir el rastro del dinero que deja, porque es un negocio, y por la impunidad. No hay legislación para procesar a los detenidos en el Rancho Izaguirre por reclutamiento, ni aunque la propia presidenta y [García] Harfuch reconocieron que era un campo de entrenamiento”.
“Este es un tema geopolítico. No podemos creer que las plataformas se van a regular solitas porque, mientras no les afecta el modelo de negocio, van a hacer todo lo que pidas. Pero lo que hacen como método, no sé si intencionado o no, [de pedirte denunciar cada caso], es imposible. Entonces tienes más bien que entrar a regular el modelo de negocio global, ¿no?”.
Las madres siguen buscando niños y adolescentes
Cada 14 días, en promedio, el municipio de Tlaquepaque “rescata” a una persona menor de edad de un posible reclutamiento o la libra de una desaparición en la terminal de autobuses. Cada día miles de adolescentes de México están expuestos en redes sociales a información nociva que podría terminar en su reclutamiento. Las organizaciones de derechos humanos y las fiscalías o policías que detectan casos de promocionales de grupos armados en redes sociales de trabajos para los cárteles no se dan abasto.
Los casos en los que enganchan y desaparecen a personas mediante ofertas falsas de trabajo, por lo general, no son investigados. No existe una ley federal que sancione meter a niños, niñas y adolescentes a grupos criminales armados. Las madres buscadoras piden más responsabilidad a las plataformas porque saben que el tiempo apremia, pero no tienen respuesta. Ahorita mismo alguno de sus hijos o hijas, o los de familias que aún no conocen, puede estar a punto de intercambiar en su celular información personal con criminales.
El pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Indira Navarro, la líder de Guerreros Buscadores, dijo que ni Meta ni TikTok respondieron a su exigencia del año pasado a combatir el “problema de desigualdad algorítmica” que invita a ciertos perfiles de personas a seguir a los grupos criminales.
Reclamó que las plataformas de TikTok o Meta podrían crear una “alerta inmediata” ya que tienen tecnología avanzada para detectar cuentas y perfiles peligrosos para las y los jóvenes.
“Estamos viendo que hay cada vez más anuncios, más videos, y es lo que queremos pedir: que haya regularización por parte de ellos [las plataformas], porque al final de cuentas están siendo parte de este problema ¿Por qué? Porque ya están siendo cínicos, están permitiendo subir a las plataformas este tipo de videos específicos, que dicen ‘necesitamos gente para tal cártel’, que ya no se esconden tras de una mentira o algo engañoso, aunque también sigue habiendo [mensajes disfrazados], pero ya son muy cínicos”, señaló Navarro en entrevista para esta investigación.
Se quejó de que aunque ella y sus compañeras buscadoras reportan cuentas peligrosas ante las autoridades, “no las bajan”.
Reiteró lo dicho en el comunicado anterior que fue ignorado. “Mientras tanto, seguimos acumulando fichas de búsqueda de adolescentes y jóvenes”.
* Apoyaron en este reportaje Julie Flanderau, Montserrat Peralta y Ulises Ruíz.
Ilustración: Sebastián Angresano / Clip
El Algoritmo Reclutador es una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con Indómita Media (Ecuador), Cuestión Pública (Colombia) y Quinto Elemento Lab (México) que busca entender cómo el crimen organizado usa las redes sociales para reclutar niños, niñas y adolescentes en América Latina, y qué han hecho las grandes empresas tecnológicas al respecto. Con el apoyo de Oak Foundation y la revisión legal de El Veinte.
