El ejido de Buenaventura recuerda los asesinatos de Ismael Solorio y Manuela Solís y la decisión de su Asamblea de restringir la actividad minera durante 100 años. Urge intervención preventiva de las autoridades para evitar otra tragedia.
Karla Quintana/Raichali
Imagen principal: Mural en honor a Manuelita Solis e Ismael Solorio
Chihuahua – Integrantes del ejido Benito Juárez, ubicado en el municipio de Buenaventura, advirtieron que después de que la asamblea decidió en 2012 impedir el ingreso de mineras durante 100 años, una empresa minera intenta retomar actividades extactractivas en las región, lo cual, anticipan, pudiera provocar la división de la comunidad.
A casi 14 años de los asesinatos de los defensores del territorio Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, habitantes de ese ejido, la preocupación se elevó por la posibilidad de que se pretenda reabrir la actividad minera en sus tierras.
A través de un comunicado, la comunidad hizo un llamado a autoridades, organismos de derechos humanos, organizaciones nacionales e internacionales y medios de comunicación para que atiendan la situación antes de que el conflicto derive nuevamente en violencia.
“No queremos violencia. No queremos enfrentamientos. No queremos familias divididas. No queremos que nuestros hijos vuelvan a crecer con miedo. Y, sobre todo, no queremos otra tragedia”, señala el posicionamiento.
El ejido, ubicado en el municipio de Buenaventura, recordó el conflicto que se generó alrededor de la minería y que, de acuerdo con la comunidad, provocó divisiones entre habitantes, enfrentamientos, amenazas y un clima de tensión.
El 22 de octubre de 2012, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras fueron asesinados. En su comunicado, Benito Juárez los recuerda como defensores del agua, la tierra y la comunidad.
Después de los asesinatos, el 17 de noviembre de 2012, la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido Benito Juárez acordó restringir durante 100 años la exploración y explotación minera dentro de sus tierras y solicitó el retiro de la empresa minera que operaba en la zona, de acuerdo con el comunicado.
La comunidad sostiene que aquella decisión fue tomada después de años de conflicto y preocupación por las consecuencias de la actividad minera. El documento agrega que en 2014 el Tribunal Unitario Agrario confirmó la validez de aquella Asamblea.
Ahora, en 2026, habitantes del ejido aseguran que existe nuevamente preocupación ante la posibilidad de que se pretenda abrir la puerta a actividades mineras en su territorio.
El comunicado, sin embargo, no identifica a una empresa, proyecto minero o autoridad específica como responsable de esta posible reactivación. “No queremos esperar a que vuelva la violencia para pedir que alguien nos escuche. Queremos que nos escuchen ahora”, expresa el documento.
“Defender nuestro territorio no significa estar en contra del desarrollo”
El ejido también rechaza que su oposición a la actividad minera pueda interpretarse como una postura contraria al desarrollo. “Significa defender nuestro derecho a decidir qué queremos para nuestra comunidad”, sostiene el comunicado.
Para los habitantes de Benito Juárez, la defensa del territorio está relacionada con el agua, las tierras y la tranquilidad de las familias, así como con el respeto a las decisiones tomadas por la Asamblea General de Ejidatarios.
Por ello, solicitaron a las autoridades mexicanas atender el conflicto de manera preventiva, imparcial y transparente; a los organismos de derechos humanos, observar lo que ocurre en la comunidad y acompañarla; y a organizaciones nacionales e internacionales, contribuir a visibilizar la situación.
También hicieron un llamado a periodistas e investigadores para que conozcan la historia del ejido y den seguimiento a lo que ocurre en el territorio.
La comunidad afirma que no busca un nuevo enfrentamiento, sino que sus diferencias sean atendidas mediante el diálogo. “Queremos seguir viviendo en paz en nuestra tierra”, concluye el posicionamiento.
