La organización cuestionó que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres promoviera una actuación ante el DIF Estatal respecto de la hija de la exagente de policía municipal Cristina Fabiola mientras, según la denuncia, la atendía como víctima de violencia laboral. Exigió transparencia y el esclarecimiento de la actuación institucional.
Karla Quintana / Raíchali
La Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua (AFECH) exigió al Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) explicar los fundamentos técnicos y jurídicos por los que notificó al DIF Estatal sobre una presunta situación de riesgo para la hija de Cristina Fabiola, exoficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quien desde 2022 denuncia haber sido víctima de violencia sexual, laboral e institucional.
Mediante un pronunciamiento público, la organización manifestó su preocupación por un documento oficial del Ichmujeres, firmado por su directora general, en el que se solicita al DIF Estatal realizar investigaciones, visitas domiciliarias y adoptar medidas de protección respecto de la hija de la exagente.
AFECH señaló que uno de los aspectos que considera más delicados del caso es que la servidora pública designada como enlace institucional para coordinar esa actuación era la misma funcionaria encargada de brindar atención a Cristina Fabiola como víctima de violencia laboral.
“Es decir, mientras Cristina acudía al Instituto buscando protección y acompañamiento, el propio Instituto promovía una actuación institucional respecto de su familia”, expuso la organización.
De acuerdo con el posicionamiento, Cristina Fabiola sostiene que la investigación realizada por el DIF concluyó sin acreditar omisión de cuidados hacia su hija.
También afirma que, después de cuestionar al Instituto sobre esa actuación, dejó de recibir respuesta a sus llamadas y mensajes, por lo que quedó sin acompañamiento durante su proceso.
La Asamblea precisó que no cuestiona la obligación legal de las autoridades de intervenir cuando exista un posible riesgo para una niña, niño o adolescente, sino la manera en que, según denuncia la exoficial, se desarrolló el procedimiento.
“Si una institución creada para proteger a las mujeres considera que existe una situación de riesgo para una niña, tiene la obligación legal de actuar. Lo que resulta inaceptable es que esa actuación ocurra sin transparencia, sin un acompañamiento claro hacia la mujer atendida y, según denuncia Cristina, mientras simultáneamente se le brindaban mensajes de confianza y apoyo”, indicó la organización feminista.
Ante ello, AFECH demandó que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres informe públicamente cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos que motivaron el envío del documento al DIF Estatal; si Cristina Fabiola fue notificada oportunamente de esa actuación y bajo qué protocolo se tomó la decisión; además de esclarecer la actuación de las servidoras públicas involucradas para determinar si existieron omisiones que derivaron en una posible revictimización.
Asimismo, solicitó que se garantice que ninguna mujer que acuda a solicitar apoyo sea objeto de represalias, abandono institucional o pérdida de confianza en las instituciones responsables de proteger sus derechos.
La organización sostuvo que la confianza entre las mujeres y las instituciones encargadas de atender la violencia constituye un elemento fundamental para el acceso a la justicia.
“Cuando una víctima siente que la institución que debía acompañarla termina actuando en su contra, el daño trasciende un caso individual: se envía un mensaje de desconfianza a todas las mujeres que están considerando denunciar violencia”, señaló.
Antecedentes del caso
En marzo de este año, Cristina Fabiola hizo pública su denuncia por presunta violencia sexual y laboral al interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, corporación en la que laboró durante 18 años.
Acompañada por AFECH, afirmó haber enfrentado omisiones y actos de revictimización por parte de diversas instituciones tras denunciar los hechos ocurridos desde 2022.
Posteriormente, en abril, la Asamblea Feminista también cuestionó la resolución judicial que no vinculó a proceso al presunto agresor, al considerar que la decisión careció de perspectiva de género y omitió valorar elementos probatorios relevantes, postura que fue dada a conocer públicamente por la organización.
En su pronunciamiento más reciente, AFECH reiteró que proteger a las infancias y garantizar los derechos de las mujeres no son obligaciones incompatibles, sino responsabilidades que deben cumplirse con perspectiva de derechos humanos, transparencia y apego al debido proceso.
“La violencia institucional también es violencia”, concluyó la organización.
