Karla Quintana/ Raichali
Chihuahua – Una adolescente que estaba bajo resguardo de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua desde 2021, fue trasladada dos años después a Boca del Río en el estado de Veracruz sin avisar a su familia y falleció en aquel estado, lo que derivó de una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por las omisiones del gobierno chihuahuense.
Ante eso, un grupo de organizaciones civiles en Chihuahua exigieron justicia y verdad sobre la muerte de Abril A.A.A.R, quien perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia del gobierno estatal.
A través de una publicación, las asociaciones señalaron que la joven “fue trasladada sin avisar a su familia, medicada y aislada. Días después, informaron su muerte. Nada de esto es normal. Nada de esto debe repetirse. Las autoridades tienen la obligación de explicar, investigar y garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean protegidos, no vulnerados”.
También denunciaron que la adolescente fue enviada a una clínica psiquiátrica en Boca del Río, Veracruz sin notificación a sus familiares:
“Ahí fue fuertemente medicada y sólo pudo comunicarse en secreto mediante dos videollamadas donde se le veía sedada. Murió por presunta broncoaspiración y su familia fue informada seis días después. Durante el funeral, además sus familiares fueron custodiados por personal del DIF”.
El caso quedó documentado en la recomendación emitida el 26 de diciembre de 2025 por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua dentro del expediente CEDH:10s.1.3.012/2024. La queja fue presentada desde el 15 de enero de 2024.
De acuerdo con la recomendación, la adolescente quedó bajo el cuidado de familiares luego de que su madre falleciera cuando ella tenía dos años y su padre fue detenido en Estados Unidos. A.A.A.R fue a vivir con una tía en Chihuahua, de donde se escapó en 2021 para trasladarse a Ciudad Juárez.
Ese mismo año fue localizada por la Policía Municipal de Juárez “en grave estado de ebriedad e intoxicada” y el 9 de mayo de 2021 ingresó al DIF. Meses después, su tía acudió para solicitar información, pero, según quedó asentado en la recomendación, no recibió respuesta clara ni acceso a la joven.
La familiar relató que la adolescente fue sometida a entrevistas y evaluaciones para determinar si podía hacerse cargo de su sobrina, pero nunca obtuvo una resolución formal. “Así pasó todo el año”.
En enero de 2022, el hijo de la tía encontró a la adolescente en el albergue “Unidas por Amor”, en la ciudad de Chihuahua. A partir de entonces se autorizaron convivencias familiares e incluso pudieron organizarle su fiesta de quince años.
“Durante varios meses, los fines de semana nos permitían vernos, dejándola salir los viernes, regresándola el domingo, siempre y cuando tuviera buena conducta, al igual que nos permitió organizarle su fiesta de 15 años”, cita la recomendación.
De acuerdo con una tarjeta informativa del DIF de Chihuahua, la dependencia informó que Abril A.A.R. permaneció bajo tutela pública del Estado desde mayo de 2021, luego de ser localizada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Juárez “en situación de abandono y omisión de cuidados”.
El DIF estatal señaló que durante el tiempo que permaneció bajo resguardo, estuvo alojada en ocho Centros de Asistencia Social y que presentó “constantes salidas no autorizadas”, además de conflictos con otros residentes derivados de una “inestabilidad emocional y conductual”, situación que, según indicó, dificultó su resguardo.
La tía sostuvo que el DIF perdió control sobre el seguimiento del caso. “Es decir, dicha dependencia se desatendió del caso de mi sobrina, no tenía ningún control de esta situación”.
En mayo de 2022, la adolescente volvió a vivir con su familia. Sin embargo, meses después atravesó una crisis emocional y pidió regresar al albergue. Posteriormente fue trasladada nuevamente a Ciudad Juárez y la familia dejó de tener información sobre ella.
La dependencia estatal dio a conocer que “a pesar de los esfuerzos de la PPNNNA por integrar a A.A.A.R en un entorno familiar – incluyendo la evaluación en dos ocasiones de una tía y, posteriormente, de una prima interesada en acogerla, quien desistió por motivos personales—, estas opciones no resultaron viables, dejándola sin apoyo familiar.
“En ese sentido, y ante un desamparo familiar total que pudiera ejercer los cuidados, resguardos y necesidades médicas específicas de la adolescente, se ordenó iniciar el juicio de la pérdida de la patria potestad, para que, en su caso, una vez concluido el referido juicio, existiera la posibilidad de ser susceptible de adopción y asegurar un hogar estable para la adolescente”.
El DIF afirmó que esto derivó en la necesidad de brindar “seguimiento médico más especializado” y que, de acuerdo con el diagnóstico de un médico especialista, se consideró necesario internarla en el Hospital Civil Libertad, en Ciudad Juárez, para recibir tratamiento.
Fue hasta marzo de 2023 cuando la tía recibió mensajes a través de Messenger enviados por la propia adolescente, quien le informó que había sido trasladada en avión a una clínica psiquiátrica en Boca del Río, Veracruz.
Respecto al traslado a Veracruz, el DIF informó que tras concluir su estancia hospitalaria en Ciudad Juárez se recomendó continuar con atención especializada, por lo que fue enviada a la Clínica Citlaltepetl, en Boca del Río, Veracruz, institución con la que —aseguró— mantiene un convenio de colaboración.
“Me mandó foto diciéndome que se encontraba bien, que me extrañaba mucho y que me quería”, narró la familiar. También explicó que la joven le proporcionó el nombre de la clínica y pidió que se comunicaran con una psicóloga para solicitar llamadas, aunque nunca obtuvieron información.
Sobre este punto, María Luisa Salazar Olvera, coordinadora general del área de Delitos de Género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), afirmó que en el expediente existían antecedentes médicos relacionados con TDA y ansiedad, pero no elementos que justificaran un internamiento psiquiátrico.
“Cabe mencionar que en el expediente que de DIF obran atenciones médicas que se dieron a esta adolescente, donde efectivamente ella tenía este TDA, tenía ansiedad, tenía situaciones médicas de este tipo, pero ninguna que justificara un internamiento en un hospital psiquiátrico”, explicó.
Añadió que incluso especialistas en psiquiatría recomendaron únicamente tratamiento médico ambulatorio.
“Inclusive hay uno o dos paidopsiquiatras que la estuvieron atendiendo que sólo recomendaban atención médica en cuanto a tomar medicamentos, no un internamiento ni ningún otro tratamiento adicional. Es decir, lo que vemos nosotros es que no hubo una justificación médica para trasladarla a un hospital psiquiátrico y menos ella siendo una menor de edad”, indicó.
Salazar Olvera también señaló que durante las investigaciones realizadas por la CEDH detectaron presuntas irregularidades en la operación de la clínica donde fue internada la adolescente.
La recomendación señala que el DIF no notificó formalmente a la familia sobre el traslado a Veracruz ni sobre las razones médicas para internarla en un hospital psiquiátrico.
Meses después, la familia consiguió una videollamada con la adolescente. La tía relató que la joven se veía sedada y con reflejos lentos.
“El día 28 de septiembre mi hija acude a la cita y habla con la joven por videollamada durante 10 minutos aproximadamente. (…) Mi hija comentó que su sobrina se veía muy mal, sus reflejos eran lentos y su voz tardía”, se lee en el documento.
El 27 de noviembre de 2023 la familia recibió una llamada del DIF para informarles que la adolescente había fallecido por asfixia. Sin embargo, señalaron que la muerte ocurrió desde el 21 de noviembre y que fueron notificados varios días después.
La dependencia sostuvo que la adolescente permaneció en esa clínica “bajo estricta supervisión médica y terapéutica” y señaló que falleció el 21 de noviembre de 2023 “por complicaciones derivadas de su padecimiento”.
La familia también denunció que el cuerpo ya había sido trasladado a Ciudad Juárez y que el funeral y entierro estaban organizados sin consultarles. También solicitaron una segunda autopsia, pero les indicaron que debían realizar los trámites en Veracruz. De igual forma denunciaron irregularidades en el manejo del cuerpo.
Según el testimonio incluido en la recomendación, personal de una funeraria les informó que el cuerpo “estaba muy deteriorado”, sin adecuada refrigeración y “envuelto en una sábana”.
La tía cuestionó la versión oficial sobre la muerte de la adolescente.
“Me permito asegurar que mi sobrina no pudo haber muerto de asfixia, ya que era una joven sana, tampoco tenía que estar bajo esos medicamentos tan fuertes, que tal vez fueron los causantes de su muerte”.
La familia también denunció diversas violaciones a derechos humanos, entre ellas la falta de notificación sobre cambios de albergue, obstáculos para el reintegro familiar, ausencia de información médica, medicación sin explicación, retraso en la notificación del fallecimiento y presencia de personal del DIF durante el funeral.
Las organizaciones que se sumaron a la demanda y exigieron justicia son el Cedehm, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, Fátima IBP, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Abogadas Demócratas, Unión Campesina Democrática y Casa Amiga “Esther Chávez Cano”.
