En Chihuahua, la violencia familiar, sexual, la desaparición y el desplazamiento forzado están dejando secuelas profundas en niñas, niños y adolescentes, quienes permanecen invisibilizados en los procesos de justicia; Cedhem urgió al Estado a reconocerles como víctimas directas y a crear políticas públicas específicas para su atención y reparación.
Karla Quintana/ Raichali
Fotografía de archivo: Rey R. Jáuregui / La Verdad Juárez
En el marco de la conmemoración del Día del Niño y de la Niña, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) presentó el informe “Las infancias que no vemos, cómo las graves violaciones de derechos humanos están moldeando a niñas, niños y adolescentes en Chihuahua”, un documento que reúne casi dos décadas de acompañamiento a familias atravesadas por violencia familiar, violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.
La directora de Cedehm, Ruth Fierro, explicó que la presentación del informe busca visibilizar la urgencia de que la política pública de atención a víctimas incorpore de manera específica a niñas, niños y adolescentes.
“Queremos compartir que hemos seleccionado este marco de conmemoración del Día del Niño y de la Niña para llamar la atención sobre la necesidad de enfocar la política pública de atención a víctimas específicamente en la niñez y adolescencia”, señaló.
Indicó que el documento concentra lo observado durante años de trabajo directo con familias que enfrentan graves violaciones a derechos humanos.
Actualmente, dijo, el centro acompaña a más de mil personas en procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.
“Nuestra experiencia es actualmente de acompañar a más de mil personas que se encuentran en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral frente a casos de violencia familiar, violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno a causa de la violencia y personas defensoras de derechos humanos”, mencionó.
Violencias múltiples que marcan el desarrollo de la niñez
Ruth explicó que las afectaciones que viven niñas, niños y adolescentes no son distintas a las de las personas adultas, pero sí se presentan con mayor profundidad debido a que ocurren durante etapas clave del desarrollo físico, emocional, cognitivo y social.
Añadió que estas experiencias modifican profundamente la forma en que las infancias construyen su percepción de seguridad, identidad y confianza.
“Esto termina impactando de manera muy importante cómo la niña, los niños y los adolescentes construyen la idea sobre seguridad básica, sobre su propia identidad, sobre la confianza en otras personas y en sí mismos, así como su lugar y la forma de habitar el mundo”.
Además, advirtió que estas violencias rara vez ocurren de manera aislada.
“Muchas veces de forma acumulada, es decir, en muchas niñas, niños y adolescentes concurren más de una de estas violencias, se interrelacionan y también eso es importante advertirlo”, explicó.
Violencia familiar: la agresión más frecuente
La directora del Cedehm identificó que la violencia familiar es una de las principales afectaciones que atraviesan las infancias, particularmente en contextos donde la violencia se ejerce contra las madres.
“Las violencias que más atraviesan las infancias son precisamente la violencia familiar. Es decir, todas aquellas niñas, niños y adolescentes que crecen en contextos donde se ejerce violencia familiar en contra de sus madres suelen resentir impactos profundos y duraderos”, indicó
Subrayó que, aunque jurídicamente no siempre son reconocidos como víctimas directas, el daño existe.
“Basta con estar sometidos a un ambiente hostil, a vivir con miedos, con incertidumbres, o incluso desarrollarse al lado de una madre que tiene su vida mermada por la violencia les genera afectaciones relevantes negativas en su bienestar y su sano desarrollo”.
El informe documenta que entre 2015 y 2025, en Chihuahua se registraron 138 mil 235 denuncias por violencia familiar y 22 mil 615 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, para un total de 160 mil 850 denuncias en once años, lo que equivale a más de 14 mil 600 denuncias anuales y más de mil 200 cada mes.
Además, Cedehm retomó datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), que reportó que durante 2023 más de 20 mil niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en hospitales del país por violencia familiar.
Violencia sexual infantil: impunidad persistente
María Luisa Salazar, coordinadora del área de Delitos de Género del Cedehm, expuso que la violencia sexual infantil continúa siendo una de las violaciones más graves y con mayores niveles de impunidad.
“La violencia sexual infantil se caracteriza porque existe una profunda asimetría de poder entre quien la ejerce y quien la sufre. Esta asimetría se profundiza más cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, cuando pertenecen a un pueblo originario o cuando tienen alguna discapacidad”, explicó.
Señaló que Chihuahua continúa entre las entidades con mayores índices de violencia sexual denunciada.
“Desafortunadamente, Chihuahua desde hace ya bastantes años sigue repuntando en los primeros lugares de las entidades federativas a nivel nacional con estos altos índices de violencia sexual”, dijo.
A pesar de la falta de registros desagregados por edad y sexo, mediante solicitudes de transparencia a la Fiscalía General del Estado, CEDHEM identificó que desde 2020 existe un promedio de alrededor de 2 mil denuncias anuales de niñas, niños y adolescentes por este tipo de delitos.
“Aun y cuando no sean las cifras reales, resulta alarmante”, comentó.
También denunció que durante los procesos judiciales las víctimas son tratadas como prueba principal y enfrentan revictimización constante.
“Hemos contabilizado entre cinco o seis ocasiones en las que las víctimas tendrán que relatar los hechos sufridos sin una debida protección, lo cual se traduce en replicar o perpetuar la violencia a través de la revictimización”, expresó.
Desaparición: una ausencia sin cierre
Antonio Palacios, abogado del área de Personas Desaparecidas, Personas Desplazadas y Personas Defensoras de ese centro derechohumanista abordó el impacto de la desaparición de personas en niñas, niños y adolescentes, al señalar que se trata de una violencia marcada por la incertidumbre permanente.
“Hay que empezar a entender la desaparición de personas como una ausencia que es incierta. A diferencia de otras violencias, implica que no hay cierre, no hay verdad, no hay conocimiento del paradero de la persona y tampoco hay una explicación de lo sucedido”, afirmó.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, existe un registro histórico de 5 mil 741 desapariciones de niñas, niños y adolescentes en el país.
Sin embargo, señaló que el problema va más allá de ese número.
“El problema va a la cantidad de niñas, niños y adolescentes que crecen en familias atravesadas por la desaparición”.
En Chihuahua, mediante acceso a la información ante la Fiscalía, CEDHEM obtuvo que hasta marzo existen 5 mil 25 carpetas de investigación vigentes por desaparición de personas.
“Significa que hay una alta probabilidad de que una proporción importante de estos casos eran madres, padres o figuras de cuidado”, explicó.
Añadió que no existen datos exactos sobre cuántas infancias han sido afectadas por estas ausencias, pero el impacto es masivo e invisibilizado.
Desplazamiento forzado: perder hogar, lengua e identidad
Por su parte Antonio Alejandro Sánchez Félix, también abogado del Cedehm, señaló que el desplazamiento forzado interno constituye una grave violación a derechos humanos, especialmente cuando afecta a niñas, niños y adolescentes.
“Deben ser considerados sujetos de derecho y no solo víctimas pasivas”, afirmó.
Explicó que la falta de reconocimiento impide la construcción de políticas públicas adecuadas y limita el acceso a la justicia y la reparación.
Durante la elaboración del informe, CEDHEM retomó estimaciones del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, por sus siglas en inglés Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), que indican que cerca del 47 % de las personas desplazadas son menores de edad.
Las consecuencias, explicó, van más allá de la pérdida material.
“Las familias suelen empobrecerse rápidamente porque es iniciar desde cero en un lugar diferente. Esto deriva en problemas de alimentación, falta de vivienda adecuada y condiciones de vida inestables”.
Además, señaló que las infancias desplazadas también pierden vínculos culturales fundamentales.
“No solo pierden su hogar, también pierden su lengua, su cultura, su territorio y su identidad comunitaria”.
La impunidad también es violencia
Jacqueline Islas, del área psicosocial, sostuvo que en Chihuahua la violencia no termina con el hecho delictivo, sino que se profundiza con la respuesta fallida del Estado.
“Para las niñas, niños y adolescentes, el daño inicial provocado por la violencia familiar, sexual, la desaparición o el desplazamiento, se ve sistemáticamente agravado por la impunidad y la respuesta fallida del Estado”, señaló.
Agregó que la falta de reconocimiento jurídico también constituye una forma de violencia.
“El informe destaca que con frecuencia las niñas, niños y adolescentes ni siquiera son reconocidos como víctimas en los expedientes, lo que les excluye de medidas de protección y acompañamiento especializado. Esta invisibilización jurídica es una forma de violencia”.
Proponen mecanismo estatal permanente
Ante este panorama, Cedehm propuso al Sistema Estatal de Atención a Víctimas la creación de un mecanismo interinstitucional, interdisciplinario y permanente con enfoque específico en niñez y adolescencia, con fundamento en el artículo 7, fracción XV de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua.
Este mecanismo tendría como objetivo coordinar y supervisar la incorporación transversal del enfoque de infancia en la respuesta institucional frente a violaciones a derechos humanos.
Entre sus funciones estaría articular de manera obligatoria a autoridades de procuración y administración de justicia, salud, educación, niñez y búsqueda de personas; establecer protocolos específicos de atención; fortalecer sistemas de información para superar la falta de datos y la “cifra negra”; así como garantizar medidas de reparación integral y acompañamiento psicosocial sostenido.
El organismo subrayó que esta medida no es discrecional, sino una obligación del Estado.
“La creación de este mecanismo no constituye una medida discrecional, sino una obligación derivada del marco constitucional y convencional en materia de derechos humanos”, concluye el informe.
