El colectivo denunció que, pese al presupuesto asignado a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, solo una parte mínima fue destinada a este sector, mientras se priorizan obras sin impacto social. También cuestionaron el incumplimiento de 36 iniciativas ciudadanas en materia de inclusión.
Karla Quintana / Raichali
Chihuahua – Integrantes del colectivo Inclusión con Dignidad se manifestaron este viernes 13 de junio frente al Palacio de Gobierno, en el antimonumento de la llamada Cruz de Clavos, para exigir que todas las personas con discapacidad que se inscribieron al programa de becas con tarjeta de vales reciban el apoyo correspondiente, destinado a grupos vulnerables.
Durante la protesta, las y los manifestantes bloquearon por varias horas la calle Juan Aldama, justo frente al Palacio de Gobierno, como forma de presión para exigir una respuesta concreta por parte de las autoridades municipales. La movilización provocó el cierre de las puertas del Palacio, lo que impidió el ingreso de personas al edificio.
Según el colectivo, aproximadamente 2 mil 600 personas con discapacidad se registraron en el programa, el cual otorga una tarjeta de vales con valor de 8 mil 800 pesos al año. Sin embargo, solo mil 10 personas resultaron beneficiadas, lo que representa una inversión total de 8 millones 888 mil pesos por parte del municipio para este grupo, a pesar del presupuesto global asignado.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2025 del Municipio de Chihuahua, la Dirección de Desarrollo Humano y Educación cuenta con un presupuesto de 281 millones 372 mil 777 pesos, dentro del cual se asignan recursos a subdirecciones encargadas de atender a personas vulnerables. No obstante, las y los manifestantes denunciaron que los recursos no se reflejan en acciones concretas para las personas con discapacidad.
“Ahorita nos dicen: ‘de los 150 millones que recibí, les di 49 mil despensas a 7 mil 500 personas’. O sea, que ni siquiera diez despensas al año van a dar. ¿Van a dar 6 mil pesos?”, reclamó Luz María Cisneros, integrante del colectivo.

La activista también cuestionó la distribución territorial del apoyo: “Me dijeron que iban a priorizar las áreas más vulnerables de Chihuahua, pero no es cierto. Tengo amigos en Guadalupe y Calvo y les dijeron que no les iban a dar despensas a todos. En Guerrero tampoco les están dando. En Guachochi tengo grupos indígenas que tampoco reciben apoyo. Dicen que hay comedores pero no es cierto, son las asociaciones civiles quienes los sostienen”.
También señaló que gran parte del presupuesto se diluye en gastos administrativos, que la Secretaría de desarrollo Humano y Educación utiliza entre el 50% al 60% del presupuesto en la parte administrativa y exige que sea directamente el apoyo a las personas con discapacidad.
La representante del colectivo también denunció que, aunque participaron en mesas de trabajo y presentaron 36 iniciativas como parte del ejercicio de consulta, ninguna ha sido implementada.
“Se hacen proyectos y se ponen en iniciativas. Esas iniciativas sorprendentemente se aprueban al 100%, pero no se lleva a cabo ninguna. Hicieron propuestas tan importantes como la adecuación de calles, banquetas y semáforos. No hay dinero para eso. Sólo hay dos semáforos accesibles en toda la ciudad y a veces ni sirven”, lamentó.
Cuestionó “¿de qué nos sirven las 36 iniciativas? es una mentira, es un requisito cínico y de protocolo hacer las iniciativas para hablar de inclusión con dignidad. No hay manera de hacer iniciativas que se implanten realmente. Todo queda archivado”, reclamó Cisneros
Benjamín Esparza Arzola, integrante del colectivo Inclusión con Dignidad, lamentó que el gobierno municipal destine recursos millonarios a proyectos como albergues para animales, campos deportivos con pasto sintético y obras que, a su juicio, no representan mejoras reales para la calidad de vida de la población. Señaló que las personas con discapacidad deberían ser una prioridad en el ejercicio del gasto público, dado que enfrentan múltiples necesidades no resueltas.
Explicó que la mayoría de las personas con discapacidad en Chihuahua tienen entre 29 y 65 años, y muchas de ellas son jefas o jefes de familia que deben cubrir gastos básicos como alimentación, transporte, servicios de salud, medicamentos, luz y agua, sin contar con apoyos suficientes. También subrayó la urgencia de implementar un plan de movilidad urbana adecuado y políticas públicas que respondan verdaderamente a las condiciones de vida de este sector.
Finalmente, Luz Cisneros dijo :“Estos partidos panistas, tanto Corral como Maru Campos, han sido crueles e inhumanos con todos los grupos vulnerables. Estoy hablando de indígenas y personas con discapacidad. Nos tienen en el olvido”.
