Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress
Oaxaca – “Los más de 5 mil días “han sido un infierno, una injusticia y un abuso de poder” asegura Yolanda Pérez Cruz, esposa de Pablo López Alavés, defensor comunitario recluido desde hace 14 años en penal de Etla, Oaxaca por defender su bosque y el agua su comunidad zapoteca de San Isidro Aloapam en Ixtlán, Oaxaca.
De tener una vida comunitaria honrosa, sembrar sus alimentos -maíz, frijol y calabaza- y alimentar a sus gallinas, hoy en día Yolanda deambula de un lado a otro para sobrevivir a la ausencia de su esposo de 57 años de edad, detenido arbitrariamente y acusado de homicidio de uno de los pobladores de su comunidad, por el gobierno priista de Ulises Ruiz Ortiz.
Pero eso no es todo, la sentencia contra Pablo fue ratificada en el 2020, y Yolanda sigue viviendo amenazas por exigir justicia, pues en su comunidad, pareciera que nadie tiene derecho la defensa territorial.
“Hasta ahora todo ha sido muy difícil para mí”, describe la mujer de pelos plateados y voz firme, que no comprende porque su esposo está en el penal, cuando lo único que quería era evitar que talaran arboles y acabaran con los cuerpos de agua de la zona.
Recordó que los bosques – que Pablo defendia -Ixtashuni (cerro reducido), talac- bi (agua paloma), y el termalino que era un ojo de agua, así como Agua Molino, son considerados sagrados y no tenían permiso para que personas ajenas a la comunidad extrajeran agua y talaran maderas preciosas.
Con tristeza la mujer explica que la tala de arboles continua y no se ha detenido, al contrario, el paisaje no ha cambiado ni con Pablo en la cárcel desde hace 14 años, ni con ella como familia.
“Nos seguimos quedando sin arboles, el agua cada vez está mas escasa y Pablo sigue encarcelado” explica Yolanda, que tuvo que aprender a hablar el castellano para comunicarse y al mismo tiempo usar un teléfono inteligente para su localización.
Cada semana, Yolanda procura visitar a su esposo, y para ello se desplaza durante 3 horas hasta llegar al penal y recoger las piezas de madera que elabora como artesano dentro del refufio.
Yolanda y Pablo también son padres de familia. Tuvieron cinco hijos y un nieto, quienes de acuerdo con la propia Yolanda, han pagado las consecuencias como la criminalización, el acoso, el desprecio y el racismo por exigir su libertad.
“Te cambia la vida, a mí me la cambió totalmente, dejé mi parcela, mi rancjhito, para ahora estar acá en una ciudad donde vivo acelerada, trabajando para poder comer, y sin cansarme de exigir justicia”, recalcó.
Además de Pablo, otras 8 personas también fueron detenidas, entre ellas una mujer autónoma y ama de casa. El año pasado obtuvieron su libertad, la esperanza ahora es que Pablo, sea el ultimo perseguido y encerrado por el estado oaxaqueño
Oaxaca, punta de lanza en tema de criminalización: Defensoras
Con voz firme Yesica Sánchez Maya, defensora y directora de Consorcio Oaxaca enfatizó que Oaxaca es la punta de lanza de la criminalización de personas, porque ninguno de los exgobernadores “Gabino Cué, y Alejandro Murat” tomó cartas en el asunto, es decir, ninguno abogó por la libertad del defensor.
Lo mismo ocurre dijo la defensora refiriéndose al actual sexenio, que irónicamente llama “la primavera oaxaqueña”. El gobernador morenista, Salomón Jara Cruz, no ha querido ayudar a Pablo y dejarlo en libertad.
“Salomón no ha tomado cartas en el asunto. Este caso de Pablo es conocido internacionalmente, pues no es posible, que un defensor del bosque, que ama su territorio, por eso lo defiende, lleve 14 años encarcelado, eso es un abuso tremendo”, refirió
Dijo que no es posible que Pablo lleve 14 años de estar en paredes sin salida, en un ambiente hostil, dejar el campo estando en plenitud y vivir en un reclusorio. “Antes visitar a Pablo era mu fácil, el canal de visita era ampliado, ahora es un trámite muy burocrático, o así parece, pedir permiso para visitarlo, ahora se están cerrando los campos”.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association revisó y analizó documentos del caso y confirmó las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria y prisión preventiva, así como la conclusión del tribunal federal sobre la violación de su derecho a una participación efectiva.
Este organismo internacional determinó que, en repetidas ocasiones, los tribunales no le han proporcionado un análisis jurídico adecuado ni imparcialidad con arreglo al derecho internacional y nacional.
Dijo que las decisiones judiciales han aceptado los testimonios de cargo que eran inconsistentes y contradictorios, por otra parte, las pruebas de descargo, incluyendo documentación de autoridades locales que daba fe de que se afirmaba que Pablo López Alavés se encontraba en una comunidad diferente el día de los hechos, fueron reiteradamente desestimadas con enrevesadas justificaciones.
“En conjunto, el tratamiento de las pruebas en este caso violó el derecho del Sr. López Alavés a un tribunal competente e imparcial, así como la presunción de inocencia”, concluyó.
De acuerdo, con la organización Servicios para una Educación Alternativa “EDUCA A.C”, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que recientemente concluyó el 30 de septiembre de 2024, 58 defensoras y defensores fueron asesinados en esta entidad sureña, de los cuales, la mixteca, es la región más violenta.
Finalmente, EDUCA es quién ha dado seguimiento a las situaciones de criminalización contra defensoras y defensores en Oaxaca. En el 2022, contempló que 24 personas defensoras y 12 colectivas fueron criminalizadas por su lucha y defensa del territorio durante ese año.
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Este trabajo fue publicado originalmente en IstmoPress, integrante de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver su publicación.
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