Chihuahua

sábado 20 abril, 2024

Cinco décadas en el desamparo

Este trabajo es parte del especial “Desterrados por el narco: el invisible desplazamiento forzado en México”, realizado por la revista Proceso y Connectas, la plataforma periodística para las Américas. Es replicado por Raíchali con la autorización de sus autoras.

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La comunidad rarámuri Coloradas de la Virgen ha sufrido constantes despojos de su territorio desde hace más de medio siglo. Lejos de obtener justicia, ven crecer la impunidad de sus agresores en complicidad con empresas y autoridades.

Por Patricia Mayorga

Fotografías de Raúl F. Pérez / Raíchali

Entre las zonas montañosas de Sinaloa, Chihuahua y Durango se encuentra una comunidad rarámuri con larga historia de violencia: Coloradas de la Virgen. Registra, por lo menos, 14 asesinatos de sus habitantes en los últimos ocho años y décadas de desplazamiento forzado interno, cuya última ola no se ha detenido desde 2021.

Trinidad Baldenegro López es el más reciente defensor del bosque asesinado en ese lugar, el 10 de marzo de 2022. Su vivienda y su camioneta naranja siguen ahí, calcinadas, después del crimen y del desplazamiento forzado de su familia. Esa imagen es símbolo del despojo que durante años ha sufrido la comunidad por resistirse a que caciques, taladores, narcotraficantes y crimen organizado se apropien de manera ilegal de los recursos naturales.

Pobladores que han perdido sus propiedades aseguran que el mayor problema es la tala inmoderada y la presencia de dos cárteles: el de Sinaloa, que lleva décadas operando en el territorio, y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), apoyado por el Cártel de Juárez. Este grupo llegó en 2021 a este territorio de casi 50 mil hectáreas, ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo.

En junio de ese año, la violencia creció en esta región del Triángulo Dorado, en el cruce de Sinaloa, Chihuahua y Durango, la zona dominada por el cártel del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán Loera. Los pobladores de las rancherías afectadas identificaron a personas que se habían ido de la región hace décadas y se sumaron a las filas de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Según sus testimonios, el Cártel Jalisco y La Línea han avanzado en el control del territorio.

El actual desplazamiento masivo en Coloradas de la Virgen y otras comunidades vecinas comenzó en ese tiempo. Fue cuando un grupo delictivo, que las víctimas relacionan con el Cártel Jalisco, incendió la casa y la tienda de abarrotes de Valentina Castro y de su esposo, Anselmo Molina, en la ranchería Los Ángeles.

Asimismo, fue ultimado Raúl Chávez Palma, de 45 años, en Puerto Amarillo, otra comunidad aledaña. Su familia huyó y abandonó sus propiedades, de acuerdo con los testimonios de las víctimas.

Los criminales también quemaron casas de varias rancherías y saquearon las escuelas de Santa Cruz y Los Ángeles. De esta última se robaron la camioneta pick up de una maestra, quien denunció los hechos ante la Zona Militar 42 y la Fiscalía Zona Sur. Hasta ahora no hay detenidos.

En ese mismo año, la Secretaría de Medio Ambiente clasificó a Chihuahua como “foco rojo”, junto con Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco y el Estado de México, porque “inciden en más de alguna incidencia delictuosa” relacionada con la tala ilegal, según dio a conocer en rueda de prensa la titular de la dependencia, María Luisa Albores. Se cuenta que 50 personas, entre ellas niñas y niños, salieron de Guadalupe y Calvo y caminaron durante siete días hasta llegar a otra comunidad para salvar sus vidas.

Fuente: testimonio de personas desplazadas

Tala y minería, los negocios

El problema viene de mucho antes, con la llegada de una familia de apellido Fontes a Coloradas de la Virgen en la década de 1970. Desde entonces, los Fontes se han apoderado de territorio indígena, convirtiéndose en ejidatarios, muchas veces con amenazas e intimidaciones. Las autoridades federales y estatales no han hecho justicia a la comunidad, que ha interpuesto diversas denuncias ante instancias penales, civiles y agrarias durante décadas.

Hoy los descendientes de la familia Fontes son caciques mestizos que continúan despojando y controlando Coloradas de la Virgen, así lo han testificado las víctimas de desplazamiento que por eso han salido para salvar su vida.

Los caciques en México son las personas que ejercen poder abusivo en una colectividad. En el caso de la Sierra Tarahumara, son quienes se apoderan de ejidos, comunidades y otros territorios, con abuso de poder.

Julio Baldenegro fue el primer líder indígena que los denunció por invadir tierras. Lo hizo ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la fiscalía del estado, la entonces Procuraduría General de la República, así como en instancias internacionales. Fue asesinado en 1986. Cientos de pobladores abandonaron la comunidad por miedo a represalias.

El día del homicidio, el obispo Manuel Talamás Camandari publicó un comunicado para solidarizarse con la lucha a favor de la defensa de los derechos legítimos “de todos los indígenas tarahumaras y tepehuanes que nuestros hermanos sacerdotes de Baborigame vienen sosteniendo desde hace ya varios años”. Advirtió que, si algo sucedía a los sacerdotes o al pueblo de Baborigame, tomarían medidas.

Diez años después, la organización Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos, AC denunció: “Fueron los caciques quienes mataron a un líder indígena, Julio Baldenegro, porque se opuso a los malos manejos de éstos. Julio había sido gobernador indígena, encargado del templo de Coloradas de la Virgen, un hombre valiente y honesto. Lo venadearon. Él iba a Turuachi, a Chihuahua, a Guachochi y hasta al Distrito Federal a defender su causa”.

Ese crimen ha sido denunciado en diferentes instancias, sin que hasta ahora haya justicia. En la actualidad, el grupo de caciques señalados por Baldenegro y su comunidad en los años 80 se ha expandido.

Desde los años 90 ya se hablaba de Coloradas de la Virgen como un pueblo fantasma porque la gente se había desplazado a otro lugar del mismo municipio. Sin embargo, lograron regresar y se quedaron hasta 2018. Denunciaban el mal manejo forestal e irregularidades en la constitución del ejido desde 1937, así como amenazas y la complicidad de las autoridades para que los Fontes y sus aliados se enriquecieran con los recursos forestales, además del despojo a familias rarámuri para sembrar mariguana y amapola.

La casa de un miembro de la familia Baldenegro, en Coloradas de la Virgen, abandonada. 2023. Foto: Raúl F. Pérez Lira.

En 2018, otro homicidio causó el desplazamiento masivo de casi un centenar de personas. Mataron a Julián Carrillo Martínez, a quien ya le habían asesinado a su hijo Víctor Carrillo en 2016. Julián denunciaba la existencia de cuatro concesiones mineras en su territorio, que fueron otorgadas por la Secretaría de Economía en 2010 sin consultar a los habitantes.

La dependencia federal otorgó la concesión de exploración minera La Mesa del Cobre a Mario Humberto Ayub Touché y a los hermanos Arcadio y Artemio Fontes Martínez para operarla por 50 años. Luego, en 2014, autorizó la concesión del proyecto minero San Miguel; en 2015, las minas llamadas Mapy 2 y Polo, mientras que, en 2018, los proyectos La Estrella, Mina Biburines 9, Mina Baiburines 4 y Baiburines 3.

Julián Carrillo llevó las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que le otorgó medidas provisionales a él y a la comunidad. La sentencia contra dos de sus asesinos materiales y de su hijo fue emblemática porque el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento en Materia Penal ordenó al Estado investigar a los autores intelectuales y tomó en cuenta el análisis de contexto para declarar como víctimas a las más de 20 personas rarámuri que declararon en el juicio.

En ese juicio, las organizaciones Alianza Sierra Madre y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) impulsaron la figura legal de análisis de contexto para declarar a la comunidad víctima de los delitos.

Además, la sentencia judicial reconoció, por primera vez, la responsabilidad del Estado en el asesinato de un defensor de ambiente y territorio, así como el impacto que este tipo de crímenes generan en una comunidad.

Por tal motivo, el Tribunal de Juicio Oral ordenó al Estado mexicano garantizar el retorno seguro de la población y la investigación de los autores intelectuales, identificados por las víctimas. Sin embargo, en vez de mejorar, la situación en Coloradas de la Virgen empeoró. Desde entonces hay más desplazamientos, más pinos cortados, más impunidad.

Un recorrido por la desolación

En el camino que va de la ciudad de Parral a Coloradas de la Virgen se pueden ver decenas de tráileres o camiones troceros (donde trasladan la madera talada), sin placas. Todos cargados de troncos de pinos y encinos con un diámetro enorme. La ruta tiene un paisaje majestuoso interrumpido por terrenos “pelones”, debido al derribo de grandes pinos. Los taladores dejan troncos de diferentes tamaños tirados entre la maleza.

Al llegar al centro de la comunidad, desde la explanada del templo dedicado a la Virgen de Guadalupe se observa un extenso territorio desolado, como también lo están las laderas, los arroyos y el bosque. En un valle se ven casas quemadas. A un costado del recinto religioso hay una tienda Conasupo saqueada y destruida. Unos 500 metros adelante está la escuela, desmantelada. Hasta la iglesia luce descuidada, no tiene tantas manos para custodiarla como antes.

La comunidad está casi vacía y rodeada de las ocho concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal de 2010 a 2018. En las montañas de alrededor también se ven casas abandonadas y saqueadas, con residuos de comida, de camas o ropa tirada en el suelo dentro de las tapias. Unas pocas han sido ocupadas por los criminales, que se han beneficiado con la tragedia de quienes han huido para continuar viviendo y luchando para encontrar justicia, según la explicación de un guía de la comunidad.

Para llegar a otras rancherías también abandonadas en 2021, el camino se vuelve largo y peligroso por la presencia de hombres armados. Quedaron solos los cultivos que sembraban, el ganado doméstico que adquirieron y las viviendas.

En 2022 las amenazas incluso alcanzaron al gobernador indígena de Coloradas de la Virgen, quien fue desplazado de manera forzada con toda su familia. Sin embargo, él continúa en su cargo porque fue electo por la asamblea, quien le entregó el sello y los símbolos para gobernarlos, de acuerdo con sus costumbres.

Hace unos cinco años, las organizaciones del narco disputaron la tala de árboles a los caciques y la convirtieron en uno de sus negocios ilícitos más importantes. Según testimonios de mujeres y hombres del pueblo ódami y rarámuri, esto se dio porque la amapola dejó de ser rentable: en ese lapso, bajó de 100 mil a tres mil pesos por kilogramo (esto es, de casi 6 mil dólares a sólo 180). Han pasado 11 gobernadores del estado de Chihuahua y 10 presidentes de la República desde que se presentaron los primeros problemas de violencia. Ninguno ha hecho justicia.

Criminalización de las víctimas

La mayoría de las personas del último grupo de desplazados no fueron reconocidos durante dos años como víctimas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), pese a las denuncias, sino hasta diciembre del año pasado.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 señala que hubo 14 mil 652 personas que cambiaron de vivienda o lugar de residencia en el estado de Chihuahua para protegerse de la delincuencia en 2021.

En contraste, la Fiscalía General del Estado tiene registro de 896 personas en desplazamiento forzado interno. De esas, 572 corresponden a Guadalupe y Calvo: 320 son mujeres y 252 son hombres. Y de Coloradas de la Virgen suman casi 60, aunque por lo menos en cuatro municipios se encuentran más de 300 personas desplazadas de dicha comunidad, de acuerdo con datos de los mismos pobladores.

Según el censo de la CEAVE de Chihuahua, esas cifras no toman en cuenta a decenas de comunidades indígenas que han sido desplazadas desde 2011 a la fecha. Hay un subregistro importante y confusión en los nombres de los municipios.

Fuente: Encuesta de Caracterización de la población en situación de desplazamiento forzado interno en Chihuahua.

En Chihuahua se atiende a las víctimas de desplazamiento forzado a partir de 2017, cuando se creó la CEAVE y se aprobó dicha disposición en la Ley Estatal de Víctimas. Pero no estaba tipificado como delito, por lo que no las podían atender bajo el amparo del desplazamiento forzado, sino como víctimas de delitos como amenazas, extorsión, homicidios, entre otros que les ponían en riesgo y por lo tanto huían de sus territorios.

A partir de febrero de 2023, el desplazamiento forzado quedó tipificado como delito. El Congreso del Estado lo aprobó por unanimidad, en el decreto 0486/2922 I P.O, luego de consultar a organizaciones locales e internacionales. Un mes después lo reformó para agregar el siguiente párrafo: “No se considerará desplazamiento forzado interno si el sujeto pasivo propicia o participa en hechos de violencia contra el activo, con alguno de los propósitos descritos en el párrafo que antecede, con independencia de que se pueda cometer algún otro delito en su perjuicio”.

La iniciativa fue presentada por el morenista Benjamín Carrera Chávez, quien justificó que la aprobación del decreto era lo más que se podía avanzar porque urgía tipificar el delito debido a la gravedad del desplazamiento forzado en el estado, para que las familias víctimas tengan garantizada mayor protección de sus vidas.

Anahí Ruelas, directora de Vinculación y Derechos Humanos de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, critica ese párrafo, que representa un reto para las fiscalías al momento de comprobar qué es o no desplazamiento forzado. Para ella, este texto, en realidad, “estigmatiza a la víctima” y no permite que se acredite el delito. De acuerdo con expertos y expertas, también permitiría que las autoridades policiacas y judiciales criminalicen a las víctimas porque no se consideraría desplazamiento forzado interno si éstas participan en hechos de violencia contra “el activo”, es decir, no se podrán defender.

El secretario de la mesa técnica de la Comisión de Justicia, Guillermo Trejo Neder, dio a conocer que la instancia que presionó para agregar el párrafo que podría criminalizar a víctimas de desplazamiento forzado fue la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es Carlos Mario Jiménez, exfiscal de la Zona Centro y quien asumió el cargo el 8 de febrero de 2023. Una vez reformado el decreto, en febrero, ya no se consultó a las instituciones a las que previamente se había convocado.

Al cuestionar sobre el tema a Norma Ledezma Ortega, titular de la CEAVE, responde que la dependencia a su cargo atenderá a las víctimas enfocada en el derecho internacional, independiente del párrafo polémico del artículo que tipifica el desplazamiento forzado interno, sobre todo por las normas que rigen los derechos humanos de las personas víctimas. “A veces llegan sin nada. Aquí les damos un acompañamiento integral para hacer el proceso, incluso llegar hasta el Ministerio Público. O sea, las protegemos, les decimos si son ciertos requisitos, pero incluso guardar su identidad”.

Bordar el camino de regreso

A cientos de kilómetros de Coloradas de la Virgen, un grupo de mujeres y hombres desplazados se niega a abandonar la lucha por la justicia y borda su memoria. En lienzos de manta blanca, hace dos años comenzaron a documentar la información de su territorio y cómo ha cambiado geográficamente a partir de que con lujo de violencia lo dividieron en ejido.

Una de las mujeres desplazadas de Coloradas de la Virgen desde 2018, a quien llamamos Celia para cuidar su integridad física, junto con otras mujeres, borda cuatro mapas que dan cuenta de momentos históricos de Coloradas de la Virgen. Los mapas muestran el deterioro de la biodiversidad y la soledad actual de su tierra, que se quedó sin muchos de sus habitantes y casi sin pinos.

Celia expresa lo que piensa mientras pincha el lienzo blanco con la aguja: “Me imagino que un día pudiéramos regresar, que por los mapas la gente se diera cuenta de todo lo que está pasando. Es tener una esperanza de volver”.

Borda ágilmente. Aprendió desde niña, como todas en su tierra. En la Sierra Tarahumara las mujeres de los cuatro pueblos indígenas –rarámuri, ódami, warijío y pima– cosen su vestimenta y diferentes artículos. La costura perfecta es el patrimonio cultural de la región. En Coloradas de la Virgen y alrededores, el bordado es una de las principales actividades de las rarámuri y ódami.

La mujer de 50 años tiene una sonrisa permanente. Refleja su fortaleza interna también en sus manos firmes, duras, producto del trabajo en el campo que añora. Borda manteles para mesas y hace vestidos rarámuri del estilo de la Baja Tarahumara, porque se empeña en conservar su cultura y tradiciones para sus nietos y otros niños del refugio.

En la zona rural donde ahora viven se encuentran hacinados. Debido a que han sido vigilados aún donde se refugian, los han cambiado de sitio por seguridad. Ello implica un retraso escolar para las niñas y niños. Celia es abuela de más de una docena que viven con ella y con su esposo. “No estoy muy acostumbrada todavía aquí, extraño la sierra”, confiesa. “La comida no es igual, no cocina uno a gusto. No tenemos espacio”.

Su principal preocupación, como la de su esposo, es que sus nietos pierdan u olviden sus tradiciones y costumbres, como sembrar el maíz, escarbar y cosechar el agua, entre otras. Mientras tanto, ella y otras mujeres rarámuri bordan la esperanza de regresar a su tierra, así como la historia que heredarán a sus descendientes, para que nunca se les olvide la vida que empeñaron por defender el bosque, el agua y su cosmovisión.

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Este trabajo es parte del especial “Desterrados por el narco: el invisible desplazamiento forzado en México”, realizado por la revista Proceso y Connectas, la plataforma periodística para las Américas. Es replicado por Raíchali con la autorización de sus autoras.


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