Chihuahua

domingo 21 julio, 2024

Historia de una disculpa obligada por seis feminicidios

“El Estado mexicano violó el derecho fundamental de estas niñas y mujeres a la vida. No solo las autoridades no les protegieron sino que en muchos casos fueron estas las que perpetraron o toleraron la violencia hacia las niñas y mujeres de Ciudad Juárez”: Arturo Medina Padilla, es subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob

POR MARCO ANTONIO LÓPEZ / LA VERDAD

Ciudad Juárez– Hay un hombre sentado sobre el estrado. Sus cejas son dos arcos que nacen en el entrecejo ceñido que delatan dos arrugas que se forman en la frente. Las comisuras de sus labios claramente decaídas, a ratos se alzan un poco, como queriendo disimular la evidente incomodidad que coronan, en el rictus que es su cuerpo, las manos entrelazadas sobre el estómago, los dedos que se aprietan entre sí.

A veces, detrás de lo que se dice, habla más aquello que no se dice. Sobre todo cuando lo que se ofrece al hablar es una disculpa obligada, que llega además, a la vuelta de más de 20 años.

¿Qué puede decir el Estado mexicano a las víctimas de feminicidio y sus familias que no haya atropellado antes?¿qué palabras puede usar para atravesar de nuevo ese terreno de lo destruido sin provocar otro derrumbe de lo esencial para la vida?¿o qué vida puede respetar cuando se hace mención a las condiciones en que floreció la muerte?

¿De qué manera se habla bajo la presión internacional ante la que se tuvo que llegar tras décadas de silencio, empujados al atril por otras fuerzas y no las propias?

Nada puede decir de manera sincera que no toque y remueva en la herida más honda ni en la más dolorosa imagen.

Fotografía: Marco Antonio López / La Verdad

Aún así el hombre se levanta de su silla en el estrado y dirige sus pasos hacia el atril con su traje negro y su camisa blanca ajustada del cuello por la corbata negra con puntos claros. Lleva encima el gran peso histórico de representar al Estado mexicano para volver a disculparse al mismo lugar en que ya lo había hecho y por las mismas razones pero a otras víctimas y ante otras personas, lleva un folder con un par de hojas dentro de las que inicia la lectura de un discurso ensayado y correcto.

Aunque podría tener cualquier nombre, el hombre del traje negro se llama Arturo Medina Padilla, es subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y viajó de la Ciudad de México a Ciudad Juárez para ofrecer una disculpa pública a nombre del Estado mexicano que inicia sin decir muy bien porqué, más allá de las generalidades por las que va evitando detenerse en cada caso, ni quiénes fueron los responsables, qué delitos cometieron, ni cuáles fueron las consecuencias y las sanciones.

Ahí, en el estrado están sentadas las familiares de las víctimas y, aunque comparten espacio con autoridades, es clara la separación que deja a las familias del lado más alejado del atril y a los funcionarios del más cercano.

Lo voltean a ver Julia Caldera Chávez (madre de María Elena Chávez Caldera, víctima de feminicidio en el 2000); Paula Flores Bonilla (madre de María Sagrario González Flores, víctima de feminicidio en 1998); Irma Pérez Franco (madre de Olga Alicia Carrillo Pérez, víctima de feminicidio en 1995); Juana Rodríguez Bermúdez (madre de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, víctima de feminicidio en 2003); Nidia Aguilar (hermana de Cecilia Covarrubias Aguilar, víctima de feminicidio en 1995 y tía de la bebé Ibarra Covarrubias, desaparecida desde 1995); Ramona Morales Huerta y su nieta Silvia Elena Rivera Ceballos (madre y sobrina de Silvia Elena Rivera Morales, víctima de feminicidio en 1995). Y en el público, alrededor de una centena de asistentes entre familiares, derechohumanistas, activistas, público en general y más funcionarios.

Todos los casos forman parte del expediente identificado como “caso Silvia Elena Rivera Morales y Otras Vs. México” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Arturo Medina recurre a un pretérito perfecto –como se conjugan los verbos de acciones que quedaron en un pasado apartado y puntual del que no vuelven nunca– cuando se refiere de manera muy breve a las violencias ejercidas sobre las víctimas, por ejemplo, dice:

“Especialmente, las jóvenes fueron víctimas de por lo menos una triple vulnerabilidad: por ser mujeres, por ser jóvenes y por vivir en condiciones de pobreza y desigualdad. Sufrieron violencia en las calles, en el trabajo y por parte de autoridades indolentes, sus vidas fueron truncadas de manera brutal, dejando un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad”, dice.

María Elena Chávez Caldera, Cecilia Covarrubias Aguilar, María Sagrario González Flores, Olga Alicia Carrillo Pérez, Silvia Elena Rivera Morales y Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez

Al Estado mexicano y autoridades, a pesar de representarlas, se refiere en tercera persona y en pasado también como algo que ya no existe, de tal manera que dice: “el Estado mexicano violó”, pero no dice, como Estado mexicano violamos. O por ejemplo cuando dice: “las autoridades no les protegieron”, pero no dice, las autoridades no les protegimos o mejor aún, no les protegemos.

Arturo Padilla habla representando al Estado como un ente fuera de él, en otro lugar que no es el Memorial del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, este 6 de marzo de 2024 al filo de las dos de tarde.  

Luego usa fragmentos del discurso feminista para hilar oraciones como las siguientes:

“Tenemos que ser agentes de transformación contra el patriarcado que la fomenta. La modalidad más extrema de violencia se refleja a través del feminicidio que es un espejo de la violencia sistemática y estructural que sufren las mujeres durante décadas en nuestro país y que es un crimen que estamos empeñados en erradicar mediante el trabajo diario. Las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a ser respetadas y valoradas en todos los aspectos de su vida, a tener libertad en el desarrollo de su personalidad sin prejuicios ni estereotipos de la sociedad, como de las instituciones”.

“La discriminación imposibilita el acceso al ejercicio de los derechos fundamentales, impide el goce del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la salud, entre otros, es necesario indicar que falta mucho por hacer, no obstante que el aparato gubernamental de protección a los derechos de las mujeres se ha fortalecido y se trabaja con voluntad e interés genuino por la garantía de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en México dando una particular atención al estado de Chihuahua”.

Fotografías: Marco Antonio López / La Verdad

Y entonces con el terreno preparado y el discurso tan correcto y pulcro, da una vuelta de tuerca y gira el tema hacia una especie de publicidad, campaña o proselitismo político para enarbolar la bandera de lo que denominan cuarta transformación y el nombre del presidente de la República como detonadores de un gran cambio del que se habla pero no se puede ver, y a cuyas acciones se refiere con gerundios –infinitivos que indican algo que está ahí como desde el principio, sucediendo siempre– y dice:

“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado un compromiso inquebrantable en la lucha contra la violencia feminicida y la protección de las niñas y jóvenes, bajo su liderazgo se han implementado políticas y programas integrales para prevenir y erradicar la violencia de género, tenemos certeza de que este proyecto de nación busca la transformación de México y sólo será posible si se reconoce el trabajo y las contribuciones de las mujeres que representan más de la mitad de la población del país y son el motor para generar el bienestar de todas y todos”.

“Rechazamos categóricamente las conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Debemos entender que los tiempos han cambiado y que el sistema de dominio patriarcal ya es insostenible, es tiempo de transformarnos.

El presidente López Obrador ha enfatizado la importancia de cambiar las estructuras sociales y culturales que perpetúan la violencia en contra de las mujeres y las niñas y ha instado a todos los niveles de gobierno a tomar medidas decisivas para proteger sus derechos. Este compromiso se refleja en cada acción que tomamos como gobierno y continuaremos trabajando”, menciona, ahora sí, asumiéndose como parte del Estado al que representa, con un plural de la primera persona.

Nada dijo el Estado mexicano que las víctimas no hayan oído antes. Nada dijo que repare la maltrecha relación y la desconfianza de las víctimas.

A veces, detrás de lo que se dice, habla más aquello que no se dice. Pero lo que no dice Arturo Padilla o el Estado mexicano, lo dicen las víctimas y sus representantes.

¿Qué le puede decir Arturo Padilla a Julia Caldera y a Martín Chávez, madre y hermano de María Elena Chávez Caldera, desaparecida hace casi 24 años y cuyo cadáver enterraron y desenterraron tres veces ante la duda y las fallas en la identificación del cuerpo, que no hayan oído antes?

MARÍA ELENA, ENTERRADA TRES VECES EN LA DUDA.

El 23 de enero de 1993 la colonia Campestre Virreyes podía ser considerada el fin de la ciudad, hacia el sur. Alguien asesinó a Alma Chavira Farel, abandonó su cuerpo en el espacio público. El cuerpo de niña de 13 años, golpeada, estrangulada, abusada sexualmente. Con su suéter blanco, sin su pantalón. Y se consideró el principio de los feminicidios en Ciudad Juárez y en el país. Dolor y miedo que no dejaron de crecer en los siguientes años, no dejan, todavía.

No pararon los feminicidios, es decir, homicidios de mujeres con características específicas, el abandono del cuerpo en un espacio público, la tortura, la violación, la mutilación, la extrema violencia sobre el cuerpo, matar mujeres por ser mujeres. No pararon en 1993 hasta llegar a 17.

Angelina Luna Villalobos; Jéssica Lizalde León; Luz de la O; mujer desconocida; Elizabeth Ramos; mujer desconocida; Verónica Huitrón Quezada; mujer desconocida; Ivonne Estrada Salas; mujer desconocida; Marcela Santos Garza; Mireya Hernández Méndez; Tomasa Salas Calderón; Esmeralda Leyva Rodríguez; Yolanda Tapia; mujer desconocida.

El año 1993 es considerado el inicio. De ese año a este han pasado 31, y los casos, en su mayoría, no se resuelven, carpetas se acumulan en la Fiscalía General del Estado. En la Fiscalía de cada estado de este país.

Anapra es una colonia que nació de la necesidad de los obreros de la industria maquiladora que llegaron a la ciudad sin un lugar para vivir. Los terrenos desérticos de este espacio fronterizo fueron ocupados por familias migrantes en su mayoría. Casas de cartón y madera comenzaron a ser el refugio de cientos de familias hacia el norponiente de la ciudad. Calles de tierra, caminos hechos de andarlos, sin alumbrado público, con cables de corriente eléctrica recorriendo el suelo a falta de postes, sin agua potable, sin escuelas ni parques, inició la vida comunitaria de esta colonia en la década de 1970.

La calle principal ahora está pavimentada, hay energía eléctrica, hay agua, gas, telefonía, supermercado, parques, escuela, iglesias, un campus universitario, negocios. Ahora hay. Una calle de tierra como brazo de la principal avenida que va hacia el norte, poco antes del muro que se instaló para dividir la frontera, apenas unos metros, pasa por la casa donde vive Martín Chávez Caldera y sus padres, Daniel Chávez y Julia Caldera.

La familia llegó de Durango en 1998, unos meses después que Daniel. Una vez que él consiguió trabajo llamó a Julia que dejó el Municipio de Guadalupe Victoria para viajar a Ciudad Juárez con sus siete hijos, Judith, Mario, María Elena, Enrique, Brenda, Gabriel y Martín, el más pequeño.

Se instalaron en el último rincón del estado de Chihuahua, una esquina del norte que hace frontera con Texas y con Nuevo México, la colonia Anapra. En un pequeño cuarto de madera que tenía una litera donde dormían todos y un refrigerador grande y feo que no servía y usaban como mesa, recuerda Martín.

Julia Caldera Chávez, madre de María Elena Chávez Caldera, víctima de feminicidio en el 2000

El 20 de junio del 2000 María Elena Chávez Caldera, de 15 años, la tercera de sus siete hermanos, no regresó de su trabajo como empleada doméstica, algo que no había pasado antes. Entonces, la vida de su familia cambió radicalmente.

Hace más de 23 años de ese día. Si los contamos dan alrededor de 8 mil 500. Cada uno de esos días su hermano menor piensa en ella y se pregunta qué pasó. Hace 23 años que no hay respuesta. Alguien asesinó a María Elena, no sabe por qué. Hay un cuerpo, y Martín duda que sea el de ella.

Martín duda de todo lo que le diga un juez o un ministerio público, o un presidente municipal o un gobernador o un magistrado o un fiscal o un subsecretario de la Segob o un presidente de la República porque todos han dicho cosas que no han cumplido. Y su vida está ahí, como suspendida, buscando una respuesta.

“Yo veo a mi mamá que agarra el expediente y se pone a leerlo y dice, todo esto está mal, está lleno de mentiras y yo me quedo pensando qué puedo hacer para cambiarlo porque a pesar de los años sigues viviendo lo mismo, no sé… de alguna manera no puedes dejar eso atrás y empezar de nuevo y hacer las cosas desde cero. Siempre tienes ahí presente a María Elena en el día a día. No hay día que no pueda dejar de pensar en ella, en lo que pudo haber sido, en lo que no fue, en lo que le pasó y no sé cómo podamos empezar de nuevo, día a día es un constante recordar de ella”, cada día, durante 23 años.

El 20 de junio era martes, Julia sintió pasar el tiempo con miedo. María Elena debía volver alrededor de las cuatro de la tarde. En la noche ya con la angustia atravesada en todo el cuerpo se acercó a una unidad de la Policía Municipal para pedir ayuda. Le dijeron que debía esperar 72 horas, que seguramente su hija estaba con el novio.

Muy temprano al día siguiente, sin dormir, Julia fue a Fiscalía, Martín la acompañaba porque era el más chico, tenía ocho años y desde el día uno no hubo quién lo1 cuidara y perdió dos años de escuela, se volvió la compañía de su mamá a cada momento. La respuesta en Fiscalía fue la misma, debía dejar pasar 72 horas.

Entonces volvieron a casa, con la única foto de María Elena que tenían, hicieron una pesquisa, sobre la misma foto en el espacio que quedaba al lado del rostro escribieron con pluma sus datos, la frase “SE BUSCA” sobre su cabeza, sacaron copias y empezaron a pegar por toda la colonia. Fiscalía nunca generó una pesquisa oficial, esa es la única que existe.

Hasta que cuatro meses después, el 23 de octubre del 2000, Fiscalía recibió el reporte de unos hombres que cazaban liebres en una zona desértica al oriente de la ciudad y encontraron el cadáver de una mujer semienterrado. Para cuando llegaron las unidades ya era de noche y no pudieron dar con el cuerpo. La mañana del 24 de octubre retiraron el cadáver de una mujer de entre 15 y 17 años de edad en estado de descomposición y lo llevaron al Servicio Médico Forense.

El 26 de octubre el análisis forense determinó que la mujer cuyos restos fueron encontrados murió a causa de un traumatismo craneoencefálico y que recibió golpes en diversas partes del cuerpo. Que el cadáver tenía entre 14 y 18 semanas en ese lugar desde que perdió la vida.

La entonces fiscal especial de Homicidios de Mujeres, Sully Ponce Prieto, declaró que “lo más probable es que se trate de María Elena, las características y los tiempos coinciden” y llamó a Julia y a Daniel a reconocer el cuerpo.

Pero se trataba de un cadáver cuyo cabello además estaba teñido y María Elena nunca se pintó el cabello, de acuerdo con los padres, Julia y Daniel, que no aceptaron el cuerpo. Y así el caso quedó suspendido otra vez, sin avances, ninguno.

Les pidieron sangre para realizar una prueba de ADN, después de años, otra vez, lo mismo. Y después otra vez, sin entregar resultados de las anteriores. Fiscalía General del Estado dijo entonces que las dos primeras pruebas se echaron a perder, por lo que se solicitó una tercera prueba a los laboratorios de la entonces Procuraduría General de la República.

Sin embargo, de acuerdo con la familia y sus representantes legales de entonces, la organización Voces sin Eco, los primeros dos resultados no se echaron a perder sino que resultaron negativos.

El 13 de junio de 2004, a siete días de cumplirse cuatro años de la desaparición de María Elena, la Fiscalía Especial de Crímenes contra Mujeres de la Procuraduría General de la República le entregó a Julia, en su casa, los resultados de la prueba de ADN que confirmaban que el cadáver que continuaba en el Servicio Médico Forense era de su hija.

Y hubo que recibir al siguiente día, lunes 14 de junio, los restos de quien les dijeron era María Elena, en un ataúd blanco. Martín barrió un cuarto de madera que estaban construyendo y que estaba a medio terminar mientras sus padres llegaban a casa con el pequeño féretro detrás de la carroza fúnebre.

Dos días se veló el cadáver en su casa de la colonia Anapra. “Fueron cuatro años muy duros en los que creíamos que iba a regresar y mire, regresó, pero vea cómo”, dijo entonces Daniel a un reportero.

El miércoles se hizo la misa y de ahí partieron al panteón Jardín del Recuerdo donde dejaron la caja blanca.

El 20 de septiembre de 2004 Julia Caldera le pidió al Ministerio Público encargado del caso, Manuel Esparza Navarrete, la carpeta de investigación y se la negaron argumentando que podía entorpecer la investigación. En julio del 2005 Julia presentó una denuncia en contra de los funcionarios relacionados con el caso, entre ellos Esparza Navarrete y la fiscal Sully Ponce, por ocultar los primeros dos dictámenes, por negligencia, por esperar 72 horas para aceptar su denuncia, por iniciar la búsqueda 15 días después del reporte, por extraviar la ropa del cadáver, por no avanzar nada, por incompetentes. Pero todos fueron absueltos.

A pesar del resultado de la PGR las dudas continuaron para la familia y el 30 de julio del 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó los restos para examinarlos. Entregaron los resultados definitivos el 5 de diciembre del mismo año confirmando que el cadáver es de María Elena. Entonces otra vez el dolor y el duelo, velar el cuerpo en la misma casa y enterrar otra vez la caja en el mismo espacio del mismo panteón.

Y esperar. Y dudar. Y buscar respuestas. Y dudar, sobre todo eso.

Martín Chávez era un niño de ocho años que dejó de ver a su hermana “Nena”. Que dejó la escuela primaria dos años para andar pegando pesquisas, en la Fiscalía, en reuniones con Ministerios Públicos, en manifestaciones, en reuniones de familiares de víctimas de desaparición y de feminicidio, en marchas.

El 7 de septiembre de 2011 la Fiscalía General del Estado de Chihuahua presentó a Irineo Quezada Peña, un hombre de entonces 36 años con antecedentes penales, como presunto responsable del asesinato de María Elena Chávez Caldera. Irineo vivía a tres casas de la casa de la familia Chávez Caldera. 

Y a pesar de que en un principio se mencionó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, en ese momento el fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Jorge González Nicolás, aseguró que Irineo atacó a María Elena a cuchilladas y que después la estranguló.

En 2007 Julia Caldera interpuso con sus representantes legales una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión notificó al Estado mexicano de la demanda interpuesta en su contra antes de ese 7 de septiembre de 2011.

El día que se presentó a Irineo como culpable Jorge González Nicolás, entonces fiscal general del Estado, dijo a los medios de comunicación: “Lo importante aquí es que se evitará una sanción por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de feminicidios”, no tenía manera de saber que estaba equivocado y que al menos 13 años después el Estado mexicano tendría que ofrecer una disculpa pública por todas esas omisiones. Aunque al fiscal no le tocaría ver, ni oír esa disculpa y menos asumir responsabilidad porque falleció dos meses antes, de una complicación médica en un hospital de la ciudad, donde llevaba su vida de manera tranquila impartiendo clases en la facultad de Derecho de la UACJ.

El 24 de abril de 2013 Irineo Quezada Peña fue sentenciado a 15 años de prisión por el homicidio, por el testimonio de un testigo que dijo que otra persona dijo que Irineo dijo que mató a María Elena. Sin que hasta el momento el sentenciado haya rendido declaración, de acuerdo con Martín Chávez, quien ha solicitado hablar con el detenido en repetidas ocasiones sin que haya sido posible.

“Yo me siento impotente de que hay tantas inconsistencias y tanta negligencia en el caso, tan pues lleno de dudas todo el caso, que nada tienes claro y la Fiscalía nunca ha hecho nada para otorgarte esa justicia o al menos la satisfacción de saber la verdad”, dice Martín.

Tal vez fue Irineo, tal vez no. La familia Chávez Caldera no encontró en esa sentencia justicia, ni verdad, ni respuesta.

El Estado mexicano se disculpó en el caso Silvia Elena Rivera y otras contra México justo porque se llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte.

Ni Martín ni su familia van al panteón porque en ese espacio lo que existe es una duda inmensa y un dolor que no se cura porque no se aclara, como una noche larga, una noche de más de veinte años.

¿Qué puede decir Arturo Medina que repare lo sucedido?

“La exigencia más grande sigue, que se haga justicia y se acceda a la verdad, esta disculpa es apenas un escaloncito de la gran escalera”, dice Martín en el Memorial del Campo Algodonero antes de que el hombre del traje negro se levante de su silla y camine hacia el atril en el estrado.

Un escaloncito de 23 años en la gran escalera que hay que subir y que representa el Estado mexicano.

LO QUE NO SE DIJO

Lo que no dijo, pues, el Estado mexicano, en su disculpa, fue esto, que dijo Ivonne Mendoza, representante legal de las víctimas desde el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac):

“En nuestra querida ciudad se violan los derechos de las personas, se viola el derecho de las personas desaparecidas, se viola el derecho a la manifestación. El 27 de marzo de 2023 quedará para siempre como doloroso testimonio de que aquí también se viola el derecho al asilo y otros derechos de las personas migrantes y en movilidad.

Y sobre todo Ciudad Juárez es conocida por la violación a los derechos de las mujeres.

Es difícil hablar después de escuchar a las madres y familiares de María Elena, Sagrario, Silvia Elena, Brenda Berenice, Olga y Cecilia porque acompañándolas hemos visto cómo su vida se transformó con la desaparición y feminicidio de sus hijas y cómo de su sufrimiento sacaron fuerza y denunciaron que en Juárez niñas y mujeres eran desaparecidas y asesinadas y las autoridades respondían con indiferencia.

Así lograron que el mundo volviera sus ojos hacia nuestra ciudad y despertaron conciencias e hicieron que nos movilizáramos en torno a la denuncia de la violencia hacia las mujeres. A este grupo de madres les debemos mucho como mujeres y como defensoras.

Como cuando agentes de la Fiscalía fueron a casa de doña Ramona Morales para llevarla al Semefo a reconocer el cuerpo de su hija Silvia Elena y no permitieron que nadie le acompañara, entró solita a la morgue y en el peor día de su vida, cuando salió del semefo, los agentes le dijeron que no podían regresarle a su casa y ella tuvo que pedir dinero en la calle para juntar para la rutera y poder regresar así después de haber visto los restos de su única hija, de su niña de 17 años.

Porque a Irma Pérez nunca le creyeron cuando acusó a un hombre de la desaparición de su hija, este hombre resultó años después acusado de pertenecer a una banda de trata que asesinó a once jovencitas, el titular de la Fiscalía de Género de entonces utilizó como testigo a la señora Irma para abonar al juicio que llevaba contra la banda de trata pero nunca investigó con la debida diligencia la desaparición y feminicidio de Olga.

Porque María Elena, la hija de Julia Caldera fue asesinada en el año 2000 y su cuerpo permaneció durante cuatro años en el Semefo mientras su madre la seguía buscando y la Fiscalía seguía haciendo dudosos exámenes de ADN.

Porque a Juanita Rodríguez, la mamá de Brenda Berenice, agentes de la Fiscalía la sacaron de su casa, la subieron a un automóvil y le quitaron el celular para que no se pudiera comunicar con su representación ni con su familia. En la Fiscalía la tuvieron durante horas tratando de que firmara una confesión ya elaborada donde ella aceptaba haber asesinado a su niña de seis años. Cuando supimos que estaba en la Fiscalía la fuimos a buscar y la fiscal de ese entonces nos dijo que ahí no estaba, afortunadamente Juanita escuchó nuestros gritos y salió del lugar donde la tenían y así pudimos rescatarla.

Porque la familia de María Sagrario González fue quien buscó y encontró al único procesado hasta hoy por su feminicidio, la Fiscalía solo llegó a detenerlo al lugar donde la familia ya lo tenía ubicado y vigilado.

Porque doña Soledad Aguilar no solo perdió a su hija Cecilia sino a su nieta de 24 días de nacida que Cecilia llevaba en sus brazos el día que la asesinaron y que hasta ahora su mamá no ha vuelto a ver, ni esa bebé de entonces sabe que la familia de su mamá la sigue buscando.

Por todo esto creemos que es pertinente la disculpa por parte del Estado mexicano y es pertinente que el Estado se haga cargo de que no protegió los derechos de las víctimas y de sus familias.

Hace dos años estuvimos precisamente en este espacio emblemático en un acto público como este donde el Estado se disculpó con la familia Arce por los derechos violados de Silvia Arce, víctima de desaparición, también estuvimos aquí en 2010 en un acto similar por las víctimas de feminicidio de Campo Algodonero durante aquellos eventos, se escuchamos muchas promesas de autoridades acerca de qué harían para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

Sabemos que se escucharán más promesas incluso algunas apropiándose del discurso de la lucha feminista, sobre todo en esta semana del 8 de marzo, pero las mujeres sabemos distinguir las verdaderas alianzas de nuestras causas y tenemos la convicción de seguir luchando para que las instituciones del Estado mexicano cumplan con su obligación de realizar cambios estructurales que lleven hacia la erradicación de la violencia hacia las mujeres en nuestra ciudad, porque desde nuestros diferentes espacios y formas de acción no son diferentes en la lucha por los derechos de todas las mujeres y las niñas de Ciudad Juárez ya sea que vivan aquí de manera permanente o que sean mujeres y niñas en situación de movilidad a quienes la violencia también ha tocado, porque seguiremos luchando por la verdad la justicia y la reparación para las víctimas de violencia de género y seguiremos alzando nuestro grito de lucha: ¡Ni una más!”.

Es en este contexto que se puede contar la historia del día en que el Estado mexicano ofreció una disculpa, por segunda vez, por sus omisiones y violaciones a derechos humanos en casos de feminicidios, en el mismo lugar, a la vuelta de dos años, por las mismas razones. La historia de esta disculpa se cuenta tratando de oír lo que el Estado mexicano no dijo esa tarde.

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Este contenido fue realizado por La Verdad, integrante de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Ve aquí su publicación original.


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