La defensa de Juan Carlos M.C. logró que el juez accediera a disminuir de 20 millones a 2 millones de pesos la garantía económica con la que puede dejar la cárcel; el acusado enfrenta cargos por homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público por la tragedia en la estación migratoria donde murieron 40 extranjeros
POR BLANCA CARMONA / LA VERDAD
Ciudad Juárez– Un juez federal modificó el monto de la garantía económica impuesta a Juan Carlos M.C., coordinador del Grupo Beta, para enfrentar en libertad el proceso penal por el que se encuentra detenido, como uno de los presuntos responsables del incendio ocurrido en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), donde murieron 40 migrantes extranjeros el pasado 27 de marzo.
El monto de la fianza se redujo de 20 millones a 2 millones de pesos, informaron Leonardo Lara Ferreiro y Daniel Álvarez Correa, abogados defensores de Juan Carlos M.C.
Además, el juez dio la opción de que la garantía económica sea mediante fianza, prenda o hipoteca, así como la posibilidad de que se sustituya por la imposición de un brazalete electrónico cuyo costo debe cubrir el procesado para llevar el proceso en libertad.
Juan Carlos está preso desde el 13 de abril de 2023, cuando fue detenido por la Fiscalía General de la República. El 19 de ese mismo mes fue vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público por la tragedia en la estación migratoria.
En noviembre del año pasado, el juez de Control, Juan José Chávez Montes dio cumplimiento a una orden emitida por un juez federal, en el sentido de abrir debate para que el Ministerio Público de la federación justificara la necesidad de la prisión preventiva oficiosa del imputado.
Al no acreditarse le necesidad de esa cautelar, el juez cambió la prisión preventiva por una garantía económica de 20 millones de pesos.
La cantidad que fue consideraba como impagable por Juan Carlos, su familia y abogados. Por lo que se promovió un incidente y el viernes 12 de enero de este año se realizó otra diligencia. En esta, el juez Chávez Montes modificó el monto que deberá pagar el acusado
“Promovimos un incidente innominado para sustituir esa garantía impagable y fue por ello que el juez nos concede la reducción de ese monto de 20 millones, lo baja a 2 (millones de pesos) y da la opción que sea mediante prenda, fianza o hipoteca, que también es una de las formas previstas por la ley, y aparte nosotros le sugerimos al juez que sustituyera esa garantía económica por la imposición de un brazalete electrónico, a lo cual también accedió”, dijo
El litigante explicó que habrá otra audiencia, por orden del juez, para la imposición del brazalete electrónico, cuyo costo deberá ser cubierto por Juan Carlos.
Además, refirió que se dará cumplimiento al pago de una garantía económica por 2 millones de pesos a través de una afianzadora pues la ley permite el uso de afianzadoras, o de la prenda, fianza o hipoteca.
“Estamos tramitando con una afianzadora, hay que poner a disposición algún bien o algunos bienes para garantizar obviamente que Juan Carlos no se va a sustraer de la acción de la justicia y nos expidan esa fianza, va a ser un inmueble que valga o cueste más de dos millones y digamos la afianzadora tomo como garantía ese inmueble y expide a fianza”, indicó el abogado.
Los representantes legales del acusado aseguraron que ya contactaron a una empresa que podría arrendar el brazalete. Este medio de vigilancia le permitiría al acusado llevar una vida ordinaria, salir de su casa y trabajar, con la única restricción de no salir del país, no acercarse a las víctimas, ni a las oficinas del INM.
El pasaporte y la visa láser del coordinador del Grupo Beta ya fueron depositados ante la Fiscalía General de la República (FGR), para dar cumplimiento a la cautelar de no abandonar el país.
La resolución judicial, emitida dentro de la causa penal 235/2023, causó alegría al acusado y a su familia, pues esta cantidad es más viable de pagar entre todos.
Además de Juan Carlos, por estos hechos ocurridos el 27 de marzo del año pasado en la estación del INM en la ciudad, otras 10 personas que están sujetas a proceso penal, de las cuales nueve están sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva, y dos en libertad.
Los otros detenidos son los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T., y Gloria Liliana R. G; así como Daniel G.Y., quien era el representante local Noroeste del INM (subdirector); el guardia seguridad privada Alan Omar P.V., y al migrante de Venezuela, Jeison D. C.R., se les sigue la causa penal 216/2023 por los delitos de homicidio y lesiones.
El contralmirante Salvador G.G., quien fungía como titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del INM, y Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales del INM, también están acusados y detenidos. A ellos se les inició la causa penal 235/2023 por los ilícitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.
Un segundo venezolano detenido por estos hechos es Carlos Eduardo C.P., a qjuien se le sigue la causa 355/2023 por los delitos de delitos de homicidio, lesiones y daños.
A Antonio Molina Díaz, quien fue director General de Control y Verificación del INM, se le detuvo e inició otra causa penal y se le permitió enfrentar el proceso en libertad. Él presuntamente ha incumplido con la medida cautelar que le fue impuesta, la firma, pero el Ministerio Público de la Federación no ha solicitado una revisión.
Y también Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM, enfrenta el proceso penal en libertad, se les sigue la causa penal 237/2023.
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Este trabajo fue publicado originalmente en La Verdad que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
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